Pedro Telmo Gasca Mena
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Pedro Telmo Gasca Mena
Actuaciones
- Principal
: Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de seis de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el proveído de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción I, y 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente asunto no tiene relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en este juicio de amparo se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 21, inciso b) del citado acuerdo general se determina que el presente expediente, es susceptible de destrucción, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de tres años a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado.
- Principal
:Notificación electrónica a la parte quejosa del auto de seis de junio de dos mil veintidós.
- Principal
.Se notifica por lista a la parte tercera interesada la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que dice: "Cancún, Quintana Roo, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. V I S T O para resolver el juicio de amparo 475/2021-I, promovido por Adán Santiago Sánchez, por propio de derecho, contra actos del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el mismo día a este juzgado de distrito, Adán Santiago Sánchez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables 1] Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 2] Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; y, 3] Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado de Quintana Roo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (denominación correcta), con residencia en esta ciudad. Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- Los cuales se manifiestan bajo protesta de decir verdad.- - - - POLICIA ESTATAL C4: La ilegalidad de actuaciones y omisiones por cuanto he manifestado en los hechos de mi demanda, en primer término la Policía Estatal C4, violó el protocolo de primer respondiente, los (sic) cual se traduce en violación a las garantías constitucionales y de derechos humanos, relativos a la seguridad jurídica y debido proceso, al practicar una detención ilegal (practicada en fecha de 30 de marzo de 2021) ya que no media orden de aprehensión, (orden de aprehensión que fue otorgada en fecha 1 de abril de 2021); tampoco me encontraba cometiendo delito flagrante, siendo ellos quienes ingresaron sin orden de cateo o similar a mi domicilio allanándolo de manera ilegal. .- - - DEL JUEZ DE CONTROL: Violación a las garantías constitucionales y de derechos humanos, relativos a la seguridad jurídica y debido proceso ya que si bien es cierto en apariencia el acto de autoridad que se combate fue realizado de manera legal, esto no es así, primeramente fui detenido en virtud de una orden de aprehensión con fecha posterior a mi detención por un delito el cual no cometí, por lo que esta orden fue ejecutado cuando el suscrito se encontraba privado ilegalmente de mi libertad en la Policía C4, el auto que ordena la orden de aprehensión es ilegal, ya que el juzgador erró al emitirlo en virtud de que no tomó en consideración que no mediaba elemento de prueba que tendiera a generar convicción que el suscrito cometió el hecho punible que motivo dicha oren (sic), mucho menos en la audiencia el juzgador valoró que previo a la ejecución de la orden de aprehensión yo me encontraba privado ilegalmente de mi libertad personal, así también se combate el auto por el cual se me declara (por conocimiento de abogaos diversos a los que señalados en este escrito), prisión preventiva oficiosa, esto en virtud de que el juzgador no tomó en cuenta mi cualidad jurídica, nunca he cometido delito alguno, no hay temor de que me sustraiga de la acción de la justicia, esto ya que trabajo en esta ciudad, mi familia vive en esta ciudad, y el suscrito vive en esta ciudad, así como tampoco se me informa de poder tener alguna otra alternativa para poder gozar de mi libertad en lo que me defendía, también se combate el auto de vinculación a proceso el cual fue motivo en virtud de datos de prueba ambiguos y no contundentes, como lo son un supuesto reconocimiento hacia mi persona, mediante un video donde claramente se aprecia no soy actor del video, así como una fotografía con una persona que no se puede reconocer y que no soy, aunado a la deficiencia de mi defensa que si por si fuera poco tampoco previno el juez de control. - - - - FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.- La falsedad en la imputación, así como la violación al principio de lealtad y buena del proceso penal, ya que con base a mentiras y pruebas no contundente me imputa un delito que no cometí." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, en auto de veintinueve siguiente, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 475/2021-I; se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de negar el amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Reconoce terceros interesados. En acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a la Agente del Ministerio Público del fuero común que actúa en la carpeta administrativa 208/2021 del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y a Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes en su oportunidad fueron emplazados al presente sumario. CUARTO. Autoridad inexistente y audiencia constitucional. En acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo como autoridad inexistente a la señalada por la parte quejosa como "Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo", por lo que se suspendió toda comunicación con ella; y finalmente la audiencia constitucional se desahogó en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues en la especie se reclaman actos de un tribunal en materia penal, con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) La resolución de uno de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa 208/2021, del consecutivo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el que se decretó orden de aprehensión en contra del quejoso y su ejecución, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 145 Bis, fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y su ejecución. b) El auto de vinculación a proceso dictado contra la parte quejosa el siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa de origen como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. c) La medida cautelar impuesta en contra del quejoso en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa de origen, consistente en prisión preventiva oficiosa que tendría como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal sin poder exceder los dos años. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. La autoridad responsable Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado de Quintana Roo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director del Subcentro, Zona Norte, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos reclamados. Además, tal afirmación se corrobora con el contenido de los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, que son de contenido siguiente: Artículo 12. El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación del Estado (C4) es la unidad administrativa dependiente de la Secretaría, que en coordinación con las instituciones de seguridad pública en el Estado, se encarga de la integración, administración, operación, vigilancia y desarrollo de los sistemas tecnológicos aplicados a la seguridad pública, con las especificaciones otorgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Plataforma México), proveyendo su uso en favor de las mismas, conforme a los lineamientos a que se refiere la presente ley y demás ordenamientos legales aplicables." Artículo 13. El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación del Estado (C4), tendrá las siguientes funciones: I. Establecer en el Estado, la infraestructura de telecomunicaciones para la seguridad pública; II. Ejercer su administración y organización, y proveer lo necesario para el debido cumplimiento de las disposiciones en materia de la información sobre seguridad pública; III. Establecer, administrar y operar el sistema de radiocomunicación para uso exclusivo de las instituciones y corporaciones de seguridad pública; IV. Establecer y administrar la red de comunicaciones para la transmisión de voz, datos, imágenes y video para la seguridad pública; V. Establecer y operar los Centros de Atención Telefónica de Emergencia 066 y el Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089; VI. Establecer y operar los programas de mantenimiento y soporte de la infraestructura de la red estatal de telecomunicaciones; VII. Promover los procesos de capacitación y especialización del personal técnico de la unidad, para lograr el efectivo mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica y sus Sistemas de Información; VIII. Proporcionar los servicios de comunicación para el establecimiento de tareas de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como con las instituciones de auxilio como Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y las demás que se estimen necesarias para la atención ciudadana; IX. Establecer acciones coordinadas con otras unidades de enlace informático del país para apoyar las acciones entre autoridades en materia de seguridad pública de los estados y la federación; X. Integrar y mantener actualizados, los diversos medios tecnológicos que implemente el Sistema Nacional de Seguridad Pública en apoyo de las tareas de seguridad pública como son: registro de procesados y sentenciados, de parque vehicular y armamento de las corporaciones, de mandamientos judiciales pendientes de ejecutar, de vehículos robados y recuperados y de la estadística de seguridad pública, entre otras, y XI. Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables y el Secretario." De los anteriores artículos se advierte que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado de Quintana Roo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, es la unidad administrativa que se encarga de la integración, administración, operación, vigilancia y desarrollo de los sistemas tecnológicos aplicados para la seguridad pública en este estado, con las especificaciones otorgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Plataforma México). Asimismo, opera los Centros de Atención Telefónica de Emergencia 066 y el Sistema Estatal de Denuncia Anónima 089; así como proporciona los servicios de comunicación para el establecimiento de tareas de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como con las instituciones de auxilio como Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, entre otras funciones. Sin que dentro de las funciones mencionadas en los anteriores numerales se establezca el dictado o la ejecución tanto de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso dentro de una carpeta administrativa. En ese tenor, como se vio del marco normativo mencionado no se desprende que la autoridad responsable cuente con facultades para emitir o ejecutar los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Sin que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa desvirtúen tal afirmación pues con ellas únicamente acredita lo siguiente: 1. Fotocopia sin certificar del auto de uno de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta administrativa 206/2021, del consecutivo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el que se decretó orden de aprehensión en contra del quejoso. 2. Fotocopia sin certificar del acta de denuncia FGE/QROO/CAN/UAT/03/6128/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, que obra en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/03/5799/ 2021. 3. Fotocopia sin certificar del oficio FGE/QROO/CAN/UAT/03/8028/2021, que obra en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/03/5799/ 2021. Documentales a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y únicamente demuestran que probablemente sean una reproducción de su original, no así la participación de la autoridad responsable en los actos reclamados en estudio. 4. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana en favor de la parte quejosa. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que demuestre la existencia de los actos en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la autoridad responsable Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado de Quintana Roo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, en relación a los actos precisados en el considerando tercero, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, convino la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, se corrobora con los discos certificados que contienen los archivos adjuntos de audio y video de las audiencias de solicitud de orden de aprehensión de uno de abril de dos mil veintiuno y de vinculación a proceso de siete de abril siguiente; así como de la fotocopia certificada de las constancias que integran la carpeta administrativa 208/2021 del índice de la responsable a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte (tanto en el registro audiovisual como en la versión escrita) que la juez responsable, en la audiencia de uno de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa 208/2021, a solicitud del Agente del Ministerio Público del fuero común, decretó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 145 Bis, fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, por oficio FGE/QR/DGPI/CAN/UM/522/2021 el Agente de la Policía de Investigación del Estado adscrito a la Zona 1, Unidad de Mandamientos, de uno de abril de dos mil veintiuno, puso a disposición de la juez de control en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, al quejoso en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su contra. En audiencia de formulación de imputación por cumplimiento a una orden de aprehensión de dos de abril de la citada anualidad, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso del impetrante, por lo que el mismo solicitó la ampliación del término constitucional para decidir sobre su situación jurídica y se señalaron las diecisiete horas del siete de abril del año en cita y se fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término constitucional ampliado. El siete de abril de dos mil veintiuno, fecha señalada para decidir sobre la situación jurídica la Juez de Control adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Adán Santiago Sánchez, en la carpeta administrativa de origen como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable y se dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa que tendría como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal sin que pudiera exceder los dos años. Luego, son ciertos los actos reclamados. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." ?Cambio de situación jurídica. En ese tenor, en relación al acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta resolución consistente en la resolución de uno de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa 208/2021, del consecutivo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el que se decretó orden de aprehensión en contra del quejoso y su ejecución, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 145 Bis, fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que se ha producido un cambio de situación jurídica, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, como se vio, en el presente asunto se reclama orden de aprehensión de uno de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa 208/2021, del consecutivo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 145 Bis, fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable y su ejecución. Ahora, la Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, remitió en un disco compacto certificado que contiene los archivos de audio y video de las audiencias de solicitud de orden de aprehensión de uno de abril de dos mil veintiuno y de vinculación a proceso de siete de abril siguiente; así como, la fotocopia auténtica de la carpeta administrativa 208/2021 de su índice, a las que se concedió valor probatorio pleno de manera previa, de lo que se desprende que en audiencia de formulación de imputación por cumplimiento a una orden de aprehensión de dos de abril de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso del impetrante y este a su vez solicitó la ampliación del término constitucional para decidir sobre su situación jurídica; se señalaron las diecisiete horas del siete de abril del año en cita y se fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término constitucional ampliado. Luego, el siete de abril de dos mil veintiuno, la juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Adán Santiago Sánchez, en la carpeta administrativa de origen como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable y se dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa que tendría como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal sin que pudiera exceder los dos años, ordenando girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Retención Municipal. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en relación a la libertad personal del quejoso, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Adán Santiago Sánchez, en autos de la carpeta administrativa 208/2021, del índice del Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 145 Bis, fracciones I, V y VIII, en correlación con los diversos artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues la situación jurídica de la libertad del quejoso quedó legalmente sustituida cuando la Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante audiencia de dos de abril de dos mil veintiuno dentro de la citada carpeta administrativa, decretó como medida cautelar en su contra la prisión preventiva oficiosa por el término constitucional ampliado. Y posteriormente, el siete de abril de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Adán Santiago Sánchez y decretó prisión preventiva oficiosa que tendría como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal sin que pudiera exceder los dos años, de conformidad con los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 fracción XIV y 167 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que no es posible estudiar la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Por otro lado, este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente respecto de los actos precisados en el considerando tercero incisos b) y c)de esta sentencia. En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron valer un diverso motivo de improcedencia y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Octava Época No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 Genealogía: Gaceta número 42, junio de 1991, página 19. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 285, página 191. IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo como quedó demostrado en párrafos que anteceden. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto que se transcriben a continuación: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por ser el quejoso imputado en el proceso de origen. En el considerando tercero, inciso a), se precisó que el quejoso Adán Santiago Sánchez, reclama del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa de su índice, como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII , en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así las cosas, del análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se advierte que resulta violatorio del derecho de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; [.]." Ahora, la presunción de inocencia es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso penal. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes del derecho: (1) como regla de trato procesal; (2) como regla probatoria; y (3) como estándar probatorio o regla de juicio. En esas condiciones, la presunción de inocencia como estándar probatorio o regla de juicio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración de la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). De acuerdo con lo anterior, pueden distinguirse dos aspectos implícitos en esta vertiente de la presunción de inocencia: (i) lo que es el estándar propiamente dicho: las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y (ii) la regla de carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que establece a cuál de las partes debe perjudicar procesalmente el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba. En este sentido, en materia penal la regla que establece la carga de la prueba es una regla de decisión que ordena absolver al imputado cuando no se ha satisfecho el estándar para condenar. Así pues, para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para desvanecer la presunción de inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) Página: 476 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar." Así, debe señalarse que la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos legales que disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Del análisis conjunto de las disposiciones legales transcritas, se desprende que los requisitos que se deben reunir para el dictado de un auto de vinculación a proceso son los siguientes: a) Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público, en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. c) Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos [indicios razonables] que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, el cual podrá clasificarse de forma distinta a la asignada por el Ministerio Público, en cuyo caso deberá hacérsele saber al imputado para los efectos de su defensa d) Que, con base en dichos antecedentes de la investigación, se desprenda la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito que se le atribuye. e) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. f) Que se expresen los fundamentos y motivos por los cuales se estimaron satisfechos requisitos anteriores. g) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. h) Que se expresen los datos personales del imputado. Ahora, en el caso no se cumple con el requisito identificado con el inciso d), consistente en que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos [indicios razonables] que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito que se le atribuye. En los hechos por los cuales se formuló la imputación al quejoso Adán Santiago Sánchez y que fueron expuestos por la Agente del Ministerio Público del fuero común en la audiencia de dos de abril de dos mil veintiuno manifestó (00:02:50) que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos una persona del sexo masculino vestido con una gorra de color negro, cubrebocas negro, una playera tipo polo color verde agua, pantalón negro, tenis blancos y debajo de su brazo izquierdo al parecer una bolsa roja de supermercado, se introduce en la tienda Oxxo Martinica, la cual se ubica en calle Isla Martinica, supermanzana 251, manzana 12, lote 1, edificio A número 103 P y 202 P del fraccionamiento Paseos del mar de esta ciudad y en ese lugar se encontraban laborando dos personas de nombre Sobabel Morales Damián y Víctor Sánchez Cano, cuando la empleada se encontraba en el área de cajas y el empleado de nombre Víctor se encontraba en ese momento en el baño, el sujeto antes descrito, se dirige al pasillo del área de productos para bebés, toma una bolsa de pañales y posteriormente hace fila en la caja en la que ya estaba esperando un cliente para que le cobraran, en ese momento la empleada para poder seguir cobrando debía hacer un retiro de la caja por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos sin centavos, moneda nacional) para depositarlos en la tómbola de la sucursal; cuando el sujeto activo se introduce al área de cajas y saca de entre su ropa un arma de fuego de color plateado con mango negro amenaza a la empleada y le dice que le diera el dinero porque se trataba de un asalto, le arrebatan los $2,000.00 (dos mil pesos sin centavos, moneda nacional) y le ordena que abriera las otras cajas, por lo que la empleada Sobabel Morales Damián se dirige a la caja 2, la abre mientras el sujeto activo le apunta con la pistola al cliente y le dice que no se mueva porque le haría daño, la empleada se agacha dentro de la isla de cobro, mientras el sujeto activo saca el dinero de las cajas, toma el dinero y se dirige a la salida de la tienda manifestando que no lo siguieran porque les disparaba, corriendo fuera con rumbo desconocido. Con los anteriores hechos manifestó que se acreditaba el ilícito penal con los datos de prueba que a continuación se enumeran: 1. Entrevista de Jesús Manuel de Dios Hernández apoderado legal de la Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable de diez de febrero del dos mil veintiuno, quién acreditó su personalidad mediante escritura pública número 11,728 de siete de noviembre de dos mil dieciocho, del protocolo de la Notario Público Número 32, en el Estado de Nuevo León, Monterrey, por la cual compareció ante la representación social efecto de ratificar su escrito sin fecha por la que interpone formal denuncia contra quien y/o quienes resulten responsables por el delito de robo cometido en agravio de su representada por los hechos acontecidos el nueve de febrero de dos mil veintiuno, al cual anexó: La licencia de funcionamiento 0231770070 a nombre de Cadena Comercial Oxxo Sociedad Anónima de Capital Variable, nombre comercial Oxxo Martinica de diez de marzo de dos mil veinte, expedida por Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de Secretaría de Finanzas. Fotocopia sin certificar del ticket de corte Z de la caja uno, folio 5442 de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Fotocopia sin certificar del ticket corte Z de la caja 2, folio 1686 de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Fotocopia sin certificar del ticket de control de retiro de la caja uno, folio 76,384 de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Fotocopia sin certificar del reporte de ajuste de tienda por artículo, folio 10,710 de nueve de febrero de dos mil veintiuno, relativo al faltante de una bolsa de pañales por un monto de $76.00 (setenta y seis pesos, sin centavos, moneda nacional). 2. Ampliación de entrevista de Jesús Manuel de Dios Hernández apoderado legal de la Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno ante la representación social en la que refiere que se ha desahogado una diligencia de reconocimiento de persona por la empleada Sobabel Morales Damián en la que se identificó a la persona llamada Adán Santiago Sánchez, como quien participó en el robo cometido a su representada el nueve de febrero de dos mil veintiuno a la tienda Oxxo Martinica. 3. Entrevista de Sobabel Morales Damián ante la representación social de once de febrero del dos mil veintiuno, quién narró los hechos acontecidos el de nueve de febrero de dos mil veintiuno en el establecimiento comercial Oxxo Martinica, donde labora como empleada del mismo. 4. Informe previo de investigación de uno de marzo de dos mil veintiuno, número de oficio 740/2021 suscrito por el Agente de la Policía Ministerial Gradiel Argüelles, en el cual anexa i) el acta de entrevista que se le hace al apoderado legal Jesús Manuel de Dios Hernández el once de febrero de dos mil veintiuno en la que entrega un video en un CD-R de 700 megabytes, marca verbitim, color plata en el que se encuentran las grabaciones del día de los hechos del ilícito cometido en la tienda Oxxo Martinica, mismo que fue ingresado a la bodega de evidencias; ii) acta de entrega recepción de dicho indicio a la bodega de evidencias en once de febrero de dos mil veintiuno; iii) informe de investigación número de folio 1100 1000 169/2021 de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Agente Ministerial Javier Hernández Pec, en el que se agrega la entrevista también del apoderado legal de la moral agraviada por el que manifiesta comparecer toda vez que la empleada Sobabel Morales Damián y él tuvieron una entrevista, y ella les dijo que mediante la aplicación Facebook, vio una publicación donde habían detenido a tres personas y que entre ellas se encontraba la persona que robó en la tienda Oxxo Martinica el nueve de febrero de dos mil veintiuno, haciendo entrega de dos impresiones en tamaño carta de las personas aseguradas y de la de la publicación de la página de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo; iv) oficio de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se informa al Director del Instituto de la Defensoría en el Estado de Quintana Roo que hay una persona detenida por el delito de portación fabricación importación de armas prohibidas y que se relaciona con el hecho por el que se iniciaba tal carpeta de investigación. 5. Dictamen de planimetría con número de oficio 2842/2021 de once de febrero del dos mil veintiuno, suscrito por la perito oficial Bianca Marisol Cantú May, en la que describe el lugar correspondiente a un local comercial y señala que es del Oxxo Martinica, mismo que se encuentra ubicado en calle Isla Martinica, supermanzana 251, manzana 12, lote 1, edificio A número 103 P y 202 P del fraccionamiento Paseos del mar de esta ciudad; y del cual hace una fijación satelital del lugar donde acontecieron los hechos. 6. Dictamen pericial contable número de folio 2843/2021 de doce de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la perito oficial Nancy Guadalupe May Poot, misma en la que refirió en sus conclusiones que después del estudio de toda la documentación que se le entregó, señala que el detrimento patrimonial causado a la agraviada ascendía a la cantidad de $2,258.53 (dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos con cincuenta y tres centavos, moneda nacional) por concepto de numerario sustraído y $76.00 (setenta y seis pesos, sin centavos moneda nacional) por el producto sustraído consistente en una bolsa de pañales. 7. Dictamen de secuencia fotográfica número de folio 4288/2021 de tres de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el perito oficial Edwin Omar Yam Chi, en el cual se hace una fijación de veintisiete fotos de una secuencia de fotográficas del vídeo que fue introducido o entregado por parte del apoderado legal de la agraviada. 8. Diligencia de reconocimiento de persona efectuada del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno realizada ante el Agente del Ministerio Público del fuero común, del defensor público Jorge Humberto Ávila Flota y la testigo Sobabel Morales Damián, en la que se realiza una primera y única ronda donde se exponen a la vista de la testigo a cuatro personas del sexo masculino que comparten características físicas estando en el lugar número 3 el imputado, aquí quejoso y del cual la testigo señala y reconoce como la persona que entra a la tienda Oxxo donde trabaja, manifestando que lo reconoce por su cabello, por cejas, ojos y complexión. En ese tenor, como se vio con lo anterior el fiscal del ministerio público solicitó la vinculación a proceso del quejoso. Posteriormente, el inculpado solicita la ampliación de término constitucional para que se resolviera sobre su situación jurídica, razón por la cual se fijaron las diecisiete horas del siete de abril de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia en la que se resolviera sobre la vinculación a proceso (00:37:30). Así, en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, después de la individualización de las partes, la juez responsable justificó los motivos de su competencia (00:04:43) para posteriormente, dar la voz a la defensa. En dicha audiencia, la defensa ofreció como dato de prueba (00:09:27), la videograbación del día de los hechos sobre el ilícito cometido en la tienda Oxxo Martinica, mismo que había sido entregado a la representación social por el apoderado legal de la agraviada, y se solicitó la reproducción del mismo en la audiencia a fin de que la juez responsable pudiera analizar las circunstancias sobre las cuales se había ejecutado la conducta ilegal, sin objeción de la representación social en relación a ello. Luego, en virtud de que el dato de prueba fue admitido por la juez de control (00:14:00) se procede a la reproducción de la videograbación (00:20:00), para lo cual al terminar la misma toma el uso de la voz al defensa en esencia refirió que el nueve de febrero de dos mil veintiuno ocurrieron los hechos y fue hasta el treinta y uno de marzo de la citada anualidad que el apoderado legal de la agraviada y la ateste Sobabel Morales Damián, acudieron ante la representación social y se realizó la diligencia de reconocimiento y en la misma únicamente dijo la testigo que "lo reconozco por su cabello, cejas y complexión" y que como se pudo apreciar en el video, la persona que había cometido el hecho delictivo usaba un cubrebocas negro, una gorra negra, dejando solo al descubierto la mitad de su cara; esto es, sus ojos y cejas. No obstante, manifestó dicha defensa que en la diligencia de reconocimiento, la testigo Sobabel Morales Damián, reconoció al imputado, aquí quejoso, como la persona quien cometió el ilícito al reconocerlo por su cabello, ojos, cejas y complexión, no obstante que las fotografías obtenidas a través de la red social Facebook y que fueron exhibidas por la parte agraviada se advertía que se encuentra distorsionada la parte del rostro consistente en los ojos y cejas, por haberse usado como técnica para no violar el principio de inocencia, la cámara Gesell, sosteniendo tal argumento en la tesis aislada XVII.2o.P.A.26 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito con registro 2015274 , por lo que el hecho de que el delito sucedió en razón de segundos el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la persona que cometía el ilícito se encontraba cubierto de la cara por el cubrebocas que usaba, y hasta el treinta y uno de marzo de la citada anualidad, la testigo Sobabel Morales Damián, dijo reconocer al quejoso como quien cometió tal ilícito a través de una fotografía en la que se encontraban cubiertos los ojos y las cejas del mismo, manifestando que lo reconocía por su cabello, ojos, cejas y complexión, cuando además tal descripción varía en relación a la que la misma había proporcionado en la entrevista realizada el once de febrero de dos mil veintiuno ante el fiscal investigador. Posteriormente (00:35:32), la representación social en uso de la voz, refirió que no compartía los argumentos de la defensa del aquí impetrante, manifestó que era cierto que las impresiones fotográficas por las cuales se reconoció al inculpado se encontraban borrosas de la parte de los ojos y cejas, máxime que expuso que existía una técnica del guiñado o entrecerrar los ojos que es usado comúnmente para realizar el reconocimiento a pesar de que los mismos se encuentren cubiertos o pixeleados y que en relación a la descripción de la persona, la misma puede variar en virtud de que cada individuo describe lo que considera a través de sus sentidos, por lo que puede ser distinta su percepción; sin embargo, para la vinculación a proceso era necesario un estándar probatorio bajo, tal y como sucedía en el caso. Así, de acuerdo a los antecedentes expuestos ante la juez de control, (00:50:16) resolvió que se cumplían los supuestos del antijurídico del delito de robo, ya que en concreto se podía apreciar de la denuncia realizada por Jesús Manuel de Dios Hernández apoderado legal de la Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable de diez de febrero del dos mil veintiuno, los hechos acontecidos el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la ampliación de dicha denuncia de once de febrero de la citada anualidad, en la que se entregó el CD con las videograbaciones del establecimiento comercial el día que ocurrieron los hechos, con el registro de entre, lo que se robustece con la entrevista de Sobabel Morales Damián de once de febrero de dos mil veintiuno y la diversa entrevista del apoderado mencionado de treinta y uno de marzo de la citada anualidad, en que refiere que la empleada Sobabel Morales Damián, refiere que de tres placas fotografías en la plataforma de Facebook, identificó al aquí quejoso como la persona que realizó los hechos delictivos el nueve de febrero anterior, dictamen de planimetría de la existencia física del lugar de los hechos. Se acreditó el detrimento patrimonial de la agraviada con el dictamen pericial contable en el que se concluyó el monto total de lo sustraído, dictamen de secuencia fotográfica de la mecánica de los hechos ocurridos. Con lo anterior, estimó que se acreditaban los hechos ocurridos el nueve de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos una persona del sexo masculino vestido con una gorra de color negro, cubrebocas negro, una playera tipo polo color verde agua, pantalón negro tenis blancos y debajo de su brazo izquierdo al parecer una bolsa roja de supermercado, se introduce en la tienda Oxxo Martinica, la cual se ubica en calle Isla Martinica, supermanzana 251, manzana 12, lote 1, edificio A número 103 P y 202 P del fraccionamiento Paseos del mar de esta ciudad y en ese lugar se encontraban laborando dos personas de nombre Sobabel Morales Damián y Víctor Sánchez Cano, cuando la empleada se encontraba en el área de cajas y el empleado de nombre Víctor se encontraba en ese momento en el baño, el sujeto antes descrito, se dirige al pasillo del área de productos para bebés, toma una bolsa de pañales y posteriormente hace fila en la caja en la que ya estaba esperando un cliente para que le cobraran, en ese momento la empleada para poder seguir cobrando debía hacer un retiro de la caja por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos sin centavos, moneda nacional) para depositarlos en la tómbola de la sucursal; cuando el sujeto activo se introduce al área de cajas y saca de entre su ropa un arma de fuego de color plateado con mango negro amenaza a la empleada y le dice que le diera el dinero porque se trataba de un asalto, le arrebata los $2,000.00 (dos mil pesos sin centavos, moneda nacional) y le ordena que abriera las otras cajas, por lo que la empleada Sobabel Morales Damián se dirige a la caja 2, la abre mientras el sujeto activo le apunta con la pistola al cliente y le dice que no se mueva porque le haría daño, la empleada se agacha dentro de la isla de cobro, mientras el sujeto activo saca el dinero de las cajas, toma el dinero y se dirige a la salida de la tienda manifestando que no lo siguieran porque les disparaba, corriendo fuera con rumbo desconocido. En cuanto a la probable participación del imputado (01:11:08) señaló que debido a que el estándar probatorio en la etapa en la que se resolvía era mínimo, derivado de los argumentos vertidos por las partes y la videograbación reproducida en el audiencia, se apreció la mecánica en que sucedieron los hechos, determinó que no le asistía la razón a la defensa debido a que existió una diligencia de reconocimiento que se desahogó bajo la más estricta responsabilidad de la representación social, en la que obra el señalamiento directo de la testigo presencial Sobabel Morales Damián, que refiere que lo reconoció por el cabello, sus cejas, ojos y complexión y que se trata de la misma persona que entró el nueve de febrero de dos mil veintiuno al establecimiento comercial Oxxo Martinica con ubicación antes mencionada, ya que la valoración de que si es o no la persona quien realizó los hechos delictivos, se desahogaría en una etapa distinta ante un tribunal de enjuiciamiento. Por lo que tal señalamiento fue considerando como dato de prueba suficiente para establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, y fue quien realizó el ilícito motivo de tal carpeta, siendo el primordial dato de prueba que usa como motivo para decretar el auto de vinculación a proceso en contra de Adán Santiago Sánchez, como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ahora, de lo resumido, se advierte que no se cumple con lo establecido en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el caso si bien como se advirtió de los datos de prueba aportados por la representación social se encuentra la diligencia de reconocimiento de persona efectuada de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que en una primera y única ronda se pusieron a la vista de Sobabel Morales Damián, a cuatro personas del sexo masculino que comparten características físicas estando en el lugar número 3 el acusado, aquí quejoso Adán Santiago Sánchez y del cual la testigo señala que reconoce como la persona que entra a la tienda Oxxo donde trabaja, manifestando que lo reconoció por su cabello, por cejas, ojos y complexión. No obstante, tal hecho no se considera suficiente para que se acredite la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye; ello, ya que como se advirtió la ateste expresamente manifestó que lo reconocía por "su cabello, por cejas, ojos y complexión", cuando en dicha diligencia el reconocimiento se hizo por medio de impresiones fotográficas que contenían la técnica de cámara de Gesell; esto es, se encontraban pixeleados, cubiertos o borrosos parte de la cara superior de la persona a identificar como lo eran los ojos y las cejas. Entonces, resulta incongruente que la ateste hubiera manifestado que reconocía al aquí quejoso como quien cometió el ilícito al haberlo reconocido por sus ojos y cejas cuando estas se encontraban cubiertas debido a la técnica antes explicada. Asimismo, la complexión no resulta ser una característica que genere una identificación indiscutible, cuando el señalamiento adicional se hace a partir de características que no eran visible en la diligencia de reconocimiento. No se inadvierte, el hecho de que la representación social hubiese manifestado que existe una técnica del entrecerrado o guiño de ojos para poder alcanzar a ver si la persona identificada es o no la que cometió el ilícito, no obstante, la simple manifestación de la testigo de que lo reconoció por tales rasgos cuando los mismos se encontraban cubiertos es inverosímil, lo cual debió ser tomado en cuenta por la juez responsable. Pues la juez responsable consideró tal dato de prueba como el primordial para tener por acreditada la probable participación del acusado, manifestando que era suficiente el simple señalamiento de Sobabel Morales Damián, como la persona que cometió la conducta ilícita para acreditar dicho extremo. Y si bien el estándar probatorio para dictar un auto de vinculación a proceso es bajo, ya que basta tener por establecido mediante datos de prueba que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que el imputado probablemente participó en su comisión, eso no significa que basten meros señalamientos dubitables para tener por señalada la probable participación de alguna persona, pues en caso de duda, como acontece en este asunto, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, máxime que nada impide al fiscal que en caso de que se dictara un auto de no vinculación a proceso, procediera a continuar con la investigación para aclarar el señalamiento de la testigo hacia el quejoso, que en este momento por lo expresado por la ateste, genera duda en su participación. Además, que de la reproducción del video del hecho que se atribuye al imputado que se realizó en la audiencia, no genera un dato adicional de convicción para que se pudiera adminicular con el señalamiento de la testigo para considerar que en el caso el imputado probablemente participó en la comisión de ese hecho. Luego, dado que el juez responsable consideró suficiente para tener por señalada la probable responsabilidad del imputado únicamente el señalamiento directo realizado por la testigo Sobabel Morales Damián, sin tomar en cuenta las circunstancias en las que esta se desahogó, a pesar de que el fiscal no refirió datos de pruebas razonables para corroborar ese hecho, es evidente que el auto de vinculación a proceso resulta violatorio del derecho de presunción de inocencia del quejoso en su vertiente de estándar de la prueba, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal, ya que el único señalamiento que se le hizo resulta dudoso. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Adán Santiago Sánchez, por propio derecho, contra el acto reclamado del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra la parte quejosa el siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 208/2021 de su índice, como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable. La concesión del amparo debe hacerse extensiva en vía de consecuencia al acto precisado en el inciso c) del considerando tercero de este fallo, relativo a la medida cautelar impuesta en contra del impetrante en audiencia de siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa de origen, consistente en prisión preventiva oficiosa que tendría como duración el mismo tiempo que dure el proceso penal sin poder exceder los dos años, en virtud de que el auto de vinculación por la que se concedió el amparo resulta violatorio de derechos humanos, el mismo también resulta viciado. Al resultar fundado los conceptos de violación analizados en suplencia de la deficiencia de la queja, es innecesario entrar al estudio de los diversos motivos de inconformidad hechos valer por la parte solicitante de amparo; esto, porque sería ocioso su examen ya que en nada influiría en el sentido de la presente resolución y los efectos de la protección constitucional otorgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se cita. Séptima Época Registro: 917641 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 107 Página: 85 Genealogía: INFORME 1982, PARTE II, PÁGINA 8, TERCERA SALA, TESIS 3. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." NOVENO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, el juez responsable deberá señalar fecha y hora para audiencia en la que se cite a las partes en la que: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 208/2021, contra Adán Santiago Sánchez, como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en esa fecha. b) Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tomar como dato de prueba para resolver sobre la situación jurídica del quejoso, la diligencia de reconocimiento de persona efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno por la testigo Sobabel Morales Damián, debido a que en las condiciones en las que se desahogó genera que el señalamiento realizado contra el quejoso sea dudoso, de conformidad con los razonamientos expuestos en este fallo y con libertad de jurisdicción resuelva lo que a derecho corresponda en relación con la situación jurídica del quejoso para decretar su vinculación o no a proceso. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Adán Santiago Sánchez, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, inciso a), por los motivos expuestos en el considerando cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adán Santiago Sánchez, por propio derecho, contra los actos que reclama la autoridad responsable Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, incisos b) y c) y por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. Los efectos de la protección constitucional consisten en que el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo señale fecha y hora para audiencia en la que se cite a las partes en la que: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el siete de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 208/2021, contra Adán Santiago Sánchez, como probable autor material del hecho que la ley señala como delito de robo, ilícito previsto en el artículo 142 párrafo primero y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 145 Bis fracciones I, V y VII, en correlación con los diversos numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de la persona moral Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en esa fecha. b) Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que prescinda de tomar como dato de prueba para resolver sobre la situación jurídica del quejoso, la diligencia de reconocimiento de persona efectuada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno por la testigo Sobabel Morales Damián, debido a que en las condiciones en las que se desahogó genera que el señalamiento realizado contra el quejoso sea dudoso, de conformidad con los razonamientos expuestos en este fallo y con libertad de jurisdicción resuelva lo que a derecho corresponda en relación con la situación jurídica del quejoso para decretar su vinculación o no a proceso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista al tercero interesado; así como, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público del fuero común tercero interesado. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permiten, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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