Pedro Tapia Vergara
Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Pedro Tapia Vergara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de dieciocho de febrero actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otros, el cual fue radicado bajo el registro 60/2022 de su índice. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.
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MESA 4 .-Villahermosa, Tabasco, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, no fue notificada, en virtud de que no fue entregada al Actuario Judicial adscrito el día de su emisión; por lo tanto, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, tales determinaciones deben notificarse de manera personal cuando son emitidos fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de evitar futuras nulidades, se ordena notificar de manera personal dicho fallo en los términos autorizados a las partes, con fundamento en el numeral citado. Por último, hágasele saber al Secretario de este juicio, que en lo subsecuente deberá estar pendiente de que se turnan de manera oportuna las determinaciones a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para su diligenciación, caso contrario se procederá hacer el procedimiento disciplinario correspondiente. Cúmplase. SE ORDENA NOTIFICAR LA SENTENCIA CON ENGROSE DE 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 997/2021-4, promovido por Pedro Tapia Vergara, contra actos del Juez Primero Civil de Centro, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16, 25 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO. Por escrito recibido el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco al día posterior hábil, Pedro Tapia Vergara solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 Lo constituye la ilegal orden de reducción, descuento o embargo del total de la percepción económica que mensualmente percibo como "JUBILADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), correspondiente a la mensualidad del mes de junio de 2021 y las subsecuentes. 2 El embargo o retención ilegal, que hayan dictado las autoridades ordenadoras sobre mi percepción mensual, por su falta de notificación, falta de motivación y fundamentación. 3 La violación a mis Garantías Constitucionales, establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicarme sin ningún fundamento legal, la reducción, el descuento o embargo del total de la percepción económica, que mensualmente percibo como "JUBILADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 4 De las ejecutoras: la ejecución ilegal de la reducción, descuento o embargo de mi percepción mensual, que percibo como "JUBILADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), correspondiente a la mensualidad del mes de junio de 2021 y las subsecuentes, por su falta de notificación, motivación y fundamentación. 5 La violación a mis Garantías Constitucionales, establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicarme sin ningún fundamento legal, la reducción, el descuento o embargo del total de la percepción económica, que mensualmente percibo como "JUBILADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Primero Civil de Centro, Tabasco. 2 Juez Segundo Civil de Centro, Tabasco. 3 Juez Tercero Civil de Centro, Tabasco. 4 Juez Cuarto Civil de Centro, Tabasco. 5 Juez Quinto Civil de Centro, Tabasco. 6 Juez Sexto Civil de Centro, Tabasco. 7 Juez Primero Familiar de Centro, Tabasco. 8 Juez Segundo Familiar de Centro, Tabasco. 9 Juez Tercero Familiar de Centro, Tabasco. 10 Juez Cuarto Familiar de Centro, Tabasco. 11 Juez Quinto Familiar de Centro, Tabasco. 12 Juez Sexto Familiar de Centro, Tabasco. 13 Juez Séptimo Familiar de Centro Tabasco. 14 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 15 Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 16 Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 17 Director de Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 18 Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 19 Jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). SEGUNDO. RADICACIÓN Y RETURNO DEL EXPEDIENTE DE AMPARO 832/2021-IV. Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, radicó la demanda bajo el expediente 832/2021-IV de su índice. Seguidamente, en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional estimó que este Juzgado, conoció previamente del diverso juicio de amparo 951/2019, por lo que ordenó remitir los autos para que éste juzgado determinara lo conducente. TERCERO. SE ACEPTA COMPETENCIA Y ESTE JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado se avocó al conocimiento y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 997/2021-4; sin que fuera necesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables, en virtud de que obraban en autos, y con el cual se le dio vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: ? La falta de notificación a la orden de reducción, descuento o embargo de la pensión por jubilación que percibe del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco (ISSET). TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los precitados actos reclamados, en lo concerniente a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Civil, así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Familiar, todos de Centro, Tabasco, por haberlos negado al rendir informe justificado. Es por ello que, si las autoridades responsables niegan los actos que se les reclaman, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa el impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos mencionados se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA REDUCCIÓN DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN. Es cierto el acto reclamado, atinente a la reducción de la percepción económica que mensualmente percibe como jubilado, respecto de las autoridades responsables Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, Jefe del Departamento de Prestaciones Socioeconómicas y Pensiones de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), no obstante que dichas autoridades fueron señaladas como EJECUTORAS, pues de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dichas autoridades vertieron a su informe con justificación documentos con los cuales desvirtúan la negativa que plasman en dicho informe. Tiene sustento a lo anterior, la Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2890, Registro 163703, Novena Época: "ACTO RECLAMADO. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA ACEPTE SU EXISTENCIA Y LA ORDENADORA LA NIEGUE REQUIERE DE UNA EVALUACIÓN DETENIDA QUE INCLUYA EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME JUSTIFICADO QUE RESPALDEN SUS MANIFESTACIONES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Si las autoridades responsables ordenadoras, al rendir su informe justificado niegan los actos reclamados pero las ejecutoras los aceptan, no debe razonarse sistemáticamente que los actos sean inexistentes por así haberlo dicho las primeras o que éstos existan por un mero reconocimiento de las segundas. El tema de la aceptación de la existencia del acto reclamado por la autoridad ejecutora es un aspecto procesal que debe evaluarse con detenimiento, pues no debe desconocerse que en el juicio de garantías la intervención de las autoridades responsables no se caracteriza normativamente por la sola formulación de manifestaciones genéricas de su parte, sino que, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, se exige que a los informes se les anexe justificación, o sea documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones, ya que el solo reconocimiento de los actos reclamados, sin el análisis de los aludidos elementos, puede resultar insuficiente para acreditar su existencia y, más aún, para proceder a un estudio de constitucionalidad, pues se trata, en todo caso, de hechos ajenos a dicha ejecutora y propios de la ordenadora, además, hay que recordar que la confesión no puede recaer sobre hechos ajenos a quien la produce." QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 624 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Tabasco, adujo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". Se desestima la aludida causal de improcedencia, toda vez que los motivos que la sustentan están íntimamente relacionados con el estudio de fondo, pues la litis se circunscribe a determinar si el acto reclamado -los descuentos realizados a la pensión jubilatoria del quejoso vulnera o no su derecho fundamental al debido proceso. Se afirma lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las causas de improcedencia propuestas en los juicios de amparo, deben ser claras e inobjetables; de lo que se desprende que, si se hace valer una -como en el caso- que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Sirve de apoyo la tesis con registro 187973, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Eenero de 2002, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama sustancialmente la orden de reducción, descuento o embargo del total de la percepción económica, que mensualmente percibe como "PENSIONADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno y las subsecuentes, así como su ejecución y la falta de notificación del embargo o retención precitada. Al respecto, aduce que se vulnera lo dispuesto en los artículos 1, 5, 14, 16, 25 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formuló los conceptos de violación correspondientes, mismos que se omiten transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Al respecto, esta juzgadora considera que es fundado el motivo de inconformidad en el que la parte quejosa arguye que los actos reclamados vulneran su derecho fundamental al debido proceso, tutelado en el artículo 14 de la Ley Fundamental. En efecto, el párrafo segundo del aludido precepto constitucional, dispone: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Conforme a lo establecido en el referido numeral, todo gobernado goza del derecho fundamental al debido proceso frente a la actuación del poder público, por virtud del cual deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento antes de la realización del acto de privación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente, que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: ? Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; ? Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; ? Oportunidad de alegar; y ? Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, el respeto al derecho fundamental en cuestión impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no observarse esas condiciones elementales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho fundamental de mérito, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado. En el caso concreto, el impetrante reclama la orden de reducción, descuento o embargo del total de la percepción económica, que mensualmente percibe como "PENSIONADO" del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno y las subsecuentes, aduciendo que la misma no le ha sido notificada y que no existe una resolución judicial que lo haya determinado. Al respecto, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Tabasco, en el informe justificado manifestó que el impetrante tiene conocimiento pleno de la causa y motivos de los descuentos de mérito, misma que refiere proviene de una orden de carácter judicial, que dio origen a la modificación del importe de su pensión, debido a que dicha disminución de la mensualidad del mes de junio de dos mil veintiuno, es consecuencia de la ejecutoria dictada en el amparo indirecto 951/2019-5 del índice este juzgado federal, promovido por el aquí quejoso. Asimismo, la aludida autoridad señaló que, derivado de la variación en el importe pagado con error en el cálculo aritmético y del que debió efectuarse con aumentos en salarios mínimos, existe una diferencia que debe reintegrar el quejoso a favor del instituto, por la call1idad de $221,474.80 (doscientos veintiún mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con ochenta centavos moneda nacional), de acuerdo con la cédula de cálculos de diferencia de pensión que remitió. No obstante, contrario a lo aducido por la autoridad de mérito, de la ejecutoria dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 951/2019-5, se obtiene que se concedió la protección constitucional a Pedro Tapia Vergara, para que el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social de Tabasco, dejará insubsistente el oficio DPSE/DPEP/2131/2019, de once de junio de dos mil diecinueve. En su lugar, emitiera otro, en el que para incrementar la pensión del quejoso Pedro Tapia Vergara, prescindiera de aplicar el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco y fijara el porcentaje al que debía incrementarse para el año dos mil diecinueve, de conformidad con el mecanismo previsto en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, abrogada, en el que debía determinar las diferencias que llegaran a resultar a favor del citado, respecto de los pagos, con motivo de la aplicación de la aludida Unidad de Medida y Actualización. Determinación que fue modificada por el tribunal de alzada, únicamente en precisar los efectos del amparo, relativo a quien le corresponde dejar insubsistente el oficio reclamado, es a su emisor Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social de Tabasco. Información que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal segundo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página 10, registrada con el número 2017123, del siguiente rubro, dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER |LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).". En ese tenor, se puede establecer que la protección constitucional concedida al impetrante en la ejecutoria de mérito, básicamente fue para que las autoridades responsables: (1) No le aplicaran en la esfera jurídica el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. (2) Dejaran insubsistente el oficio DPSE/DPEP/2131/2019 de once de junio de dos mil diecinueve, y en su lugar, (3) Emitieran otro en el que, para incrementar la pensión del quejoso Pedro Tapa Vergara, prescindieran de aplicar el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco y fijaran el porcentaje al que debía incrementarse para el año dos mil diecinueve, de conformidad con el mecanismo previsto en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, abrogada, en el que debía determinar las diferencias que llegaran a resultar a favor del citado, respecto de los pagos, con motivo de la aplicación de la aludida Unidad de Medida y Actualización. De ahí que, la materia del análisis, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo citada, se circunscribía a los aludidos efectos, sin llegar al extremo de examinar si las diferencias salariales que resultaran a favor eran o no correctas, así como el pago de otras prestaciones. Por tanto, no puede motu proprio ordenar el descuento de la pensión que por jubilación recibe. Al haberlo hecho así, vulnera el debido proceso tutelado en el artículo 14 constitucional, ya que no le dio oportunidad al impetrante de defenderse y alegar al respecto. Ello, tomando en cuenta que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevé un procedimiento para esos efectos, conocido doctrinal y jurisprudencialmente como juicio de lesividad. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLV/2018 (10a.) sostuvo que, aun cuando existe la obligación de todos los servidores públicos de desempeñar sus funciones con estricto apego a la Constitución y a los ordenamientos jurídicos aplicables, es claro que el Legislador tuvo en cuenta que dicha labor no es una cuestión automática que se actualice sin excepciones; al contrario, al ser las autoridades individuos, dotados de razón y voluntad, tomó en cuenta el factor consistente en el error (propio del individuo o cualquier agrupación humana incluso organizada, como lo es el Estado Mexicano), la falta de diligencia e incluso la mala fe en el ejercicio de la función pública y, por lo tanto, previó instrumentos legales para que la función de la autoridad fuera enmendada de serlo necesario, con estricto apego al orden jurídico mexicano. Lo anterior, por considerar el Máximo Tribunal del país que las propias disposiciones legales a las que se sujeta la autoridad administrativa para actuar, como cualquier norma general, son prescriptivas, es decir, son normas de comportamiento, por lo que su actualización no es una cuestión necesariamente infalible (como sucede con una ley natural que describe una relación necesaria entre fenómenos), sino contingente, en tanto que existe la posibilidad de que los sujetos a quienes se dirige la norma no la observen, o la observen de modo deficiente. Por ello, sostuvo que, como las normas generales por su propia naturaleza tienen implícita la posibilidad de su incumplimiento o cumplimiento parcial o deficiente, existen tanto a nivel local como federal, mecanismos ideados con la finalidad de hacer cumplir el orden jurídico mexicano a cabalidad, en caso de que las autoridades incurran en falta, tales como el juicio de amparo o el proceso contencioso administrativo, e incluso aquellos que pueden ser instados por la propia autoridad, como es el juicio de lesividad, que, en aras de cumplir con la ley, busca enmendar un error o subsanar una actuación ilegal mediante un proceso sujeto a decisión jurisdiccional con intervención del particular a quien se ha emitido un acto o resolución administrativos favorable, pues la autoridad administrativa no puede revocar motu proprio sus actos, en tanto que pueden existir derechos o beneficios otorgados en favor de los particulares. Como se dijo, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevé el juicio de lesividad, cuando una autoridad pretenda la nulidad de una resolución favorable a una persona. Lo anterior se deduce del artículo 42, relacionado con los diversos 37 fracción II, inciso d), 42, 43 fracción IV, 70 y 71, que, en su orden, instituyen: "Artículo 42.- El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rija, o del día siguiente al en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución. Cuando una autoridad pretenda, mediante el juicio de lesividad, la nulidad de una resolución favorable a una persona, la demanda deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación de la resolución, salvo que se hubieran generado efectos de tracto sucesivo, en cuyo caso podrá demandarse la nulidad en cualquier época, pero los efectos de la sentencia únicamente se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda". "Artículo 37.- Son partes en el procedimiento: . II. El demandado, pudiendo tener este carácter: . d) La persona física o jurídica colectiva a quien favorezca la resolución cuya nulidad sea demandada por la autoridad administrativa.". "Artículo 43.- La demanda deberá formularse por escrito dirigido al Tribunal y deberá contener: . IV. La autoridad o autoridades demandadas y domicilio para emplazarlas a juicio. Cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, el nombre y domicilio de la persona demandada.". "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros", Por lo que, si el cálculo aritmético realizado por las autoridades responsables, arrojó diferencias a favor de Pedro Tapia Vergara, respecto de los pagos, con motivo de la aplicación de la aludida Unidad de Medida y Actualización, así como el pago de otras prestaciones como en el caso la denominada el monto independiente de recuperación "MIR" . Ello no puede ser revocado unilateralmente por la misma, sino que, a fin de salvaguardar el debido proceso, debe agotar el juicio de lesividad, para que el beneficiado con la referida determinación, tenga la oportunidad de defenderse. Ya que una decisión de esa naturaleza equivaldría a privarlo de los medios indispensables para la vida, violando con ello los principios elementales de humanidad al disminuir indebidamente la pensión jubilatoria, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante de amparo la protección de la justicia federal. En ese tenor, deviene innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación, de acuerdo a la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 107, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, página 85, intitulada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS". SÉPTIMO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que las autoridades responsables: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE TABASCO. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO COORDINADORA DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. En el ámbito de sus respectivas competencias: (1) Dejen insubsistente los descuentos ordenados en la percepción económica, que mensualmente percibe Pedro Tapia Vergara, como "PENSIONADO", correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno y las subsecuentes. (2) Reintegre al aludido quejoso la suma total que arrojen los descuentos precitados. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por autos de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Pedro Tapia Vergara, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Pedro Tapia Vergara, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, hasta el día de hoy treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, que así lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario de Juzgado Jorge Tesla Salazar de la Cruz, que autoriza y da fe.
- Incidental
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados por este juzgado de distrito para que tenga verificativo la presente audiencia incidental; encontrándose presente Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistida de la secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, procede al desahogo de la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, emitida en el incidente derivado del juicio de amparo 997/2021-4, promovido por PEDRO TAPIA VERGARA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Amparo, se declara legalmente abierta sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. La Secretaria procedo a hacer relación de las constancias que destacan en el presente sumario, siendo las siguiente: 1) Escrito inicial de demanda; 2) auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el cual se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; 3) resolución definitiva de diez de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el incidente de suspensión 832/2021-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco; 4) escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, por medio del cual José Antonio Ovis Pedrero, autorizado en términos amplios del quejoso PEDRO TAPIA VERGARA, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva; 5) proveído de veintidós de septiembre del presente año, por el que se admitió a trámite la incidencia planteada, y se solicitó informe a las autoridades responsables y 6) autos de veintinueve de septiembre, uno, cuatro y seis de octubre del año actual, por los que se dio vista a las partes, con los informes rendidos por el Juez Cuarto Civil, Juez Quinto Familiar, Juez Sexto Civil, Juez Segundo Familiar, Juez Sexto Familiar, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Jefe de Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones y Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas, todas del citado Instituto y Juez Primero Familiar, todos con residencia en esta ciudad, mismos que obran agregados en autos. Asimismo, se da cuenta con el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de octubre actual, registrado bajo el folio 11857. De igual manera, se hace constar que las autoridades responsables denominadas Juez Primero, Segundo, Tercero y Quinto Civil, Juez Tercero, Cuarto y Séptimo Familiar, todos de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, han sido omisas en rendir su respectivo informe, no obstante de encontrarse debidamente notificadas del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. A lo que la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta, así como agregadas las constancias que obran en autos, las cuales fueron ordenadas glosar con conocimiento de las partes y por rendidos los informes respecto al incidente por exceso o defecto a la suspensión interpuesto en el presente incidente, en términos del artículo 208 de la Ley de Amparo. Así también, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con transcripción del proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Jefe de Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones y Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas, todas del citado Instituto, en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de suspensión en que se actúa, el cual fue radicado bajo el incidente en revisión 464/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por el autorizado en términos amplios del quejoso Pedro Tapia Vergara, en su escrito de seis de septiembre del presente año, así como las exhibidas por las autoridades responsables Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Jefe de Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones y Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas, todas del citado Instituto, al rendir informe en relación al incidente planteado, mismas que obran en el presente expediente, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse por desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas con que se dio cuenta. Por otro lado, la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: No habiendo pruebas pendientes por desahogar, ni promoción pendiente dirigida al presente expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Visto; los autos para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 997/2021-4, promovido por Pedro Tapia Vergara, en contra del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En la demanda de amparo que formuló Pedro Tapia Vergara, solicitó la suspensión provisional, en contra del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, en los términos siguientes: - La orden de retención, reducción o embargo de la percepción económica que recibe mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, y las subsecuentes. SEGUNDO. PRESENTACIÓN DE LA INCIDENCIA Y TRÁMITE. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, signado por José Antonio Ovis Pedrero, autorizado en términos amplios del quejoso Pedro Tapia Vergara, promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva; por lo que por auto de veintidós de septiembre siguiente, se admitió a trámite la incidencia planteada, se requirió a las autoridades responsables rindieran el informe respectivo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos y pruebas correspondientes, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es competente para conocer del presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 35, 107 y 207 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; porque el incidente de suspensión deriva de un juicio de amparo indirecto del índice de este juzgado federal. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL INCIDENTE PROPUESTO. El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión es oportuno. El artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. En la especie, el incidente por defecto fue presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno y en el expediente principal del juicio de amparo indirecto se encuentra pendiente de emitirse la sentencia correspondiente. En consecuencia, el incidente es oportuno porque a la presente fecha no existe ejecutoria en el amparo respectivo. TERCERO. HECHOS. Con el objeto de verificar si en el presente asunto existe o no defecto en el cumplimiento en la suspensión definitiva, se resalta que mediante resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el homólogo Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, se concedió la suspensión solicitada en los términos siguientes: Por tal motivo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, suspendan la ejecución del descuento o reajuste al pago de pensión por jubilación del quejoso, hasta en tanto se resuelva el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión. En el entendido, que el otorgamiento de la presente medida suspensional, implica la devolución del descuento o reducción al quejoso previamente realizado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en cuanto al pago de la pensión jubilatoria que se le hizo, para que la reciba en forma completa, desde luego dicho descuento o ajuste tampoco se deberá realizar en meses subsecuentes. [.]" Por consiguiente, mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa manifestó: Que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a quienes les atribuye la violación denunciada, no han dado cumplimiento a las suspensiones otorgadas al quejoso Pedro Tapia Vergara, ya que han hecho caso omiso en acatar lo ordenado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en cuanto a la suspensión provisional y definitiva, toda vez que en el pago de la pensión de los meses de julio y agosto de esta anualidad, dichas autoridades debieron pagarle la cantidad de $47,816.20 (cuarenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 20/100 m.n), como se ordenó en la suspensión concedida, lo cual no sucedió, como lo demuestra con los respectivos recibos de pago, de los cuales se advierte un pago de la cantidad de $36,294.23 (treinta y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 23/100 m.n). CUARTO. INFORME. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Jefe de Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones y Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas, todas del citado Instituto, al rendir su respectivo informe con justificación, refirió lo siguiente: 1. No son ciertos los hechos denunciados por el quejoso, toda vez que se realizaron los trámites internos y administrativos tendientes a lograr el cumplimiento de la suspensión, tal como se demuestra del contenido de las siguientes documentales: ? Oficio DPSE/SPEP/DP/1714/2021 y anexos, de uno de septiembre del año en curso, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, mediante el cual informa los trámites realizados tendientes al cumplimiento la suspensión. ? Memorándum DPSE/SPEP/DP/1699/2021, de treinta de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, referente a la solicitud de dictaminación de la pensión del referido quejoso. ? Hoja de movimiento de pago de ajuste de pensión por sentencia. ? Cédula de ajuste de pensión que contiene el importe por concepto de retroactivo con motivo del otorgamiento de la suspensión y del monto actualizado de la misma. ? Memorándum DPSE/SPEP/DP/1712/2021, de uno de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, referente a la modificación de importe de pensión. ? Memorándum CODIPSE/336/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, signado por la Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas. ? Cédula de validación ? Oficios UAJ/GGM/7195/2021 y UAJ/GGM/7196/2021, signados por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico. ? Oficio UTIC/SSTM/DPI/0759/2021, de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Subdirector de Servicios Tecnológicos y Modernización del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. ? Oficio DF/DRF/05943/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el Director de Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Comprobante Fiscal Digital por internet, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, a nombre de Pedro Tapia Vergara. QUINTO. ANÁLISIS DEL INCIDENTE PLANTEADO. Los artículos 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, primer párrafo, 146 y 147 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Artículo 146. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." El artículo constitucional citado en primer término establece la posibilidad de suspender los actos reclamados cuando la naturaleza del acto lo permita, para lo cual se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La ley reglamentaria dispone que la suspensión surte efectos desde el momento en que se dicta la determinación relativa; que en la resolución que decida la suspensión definitiva se deben precisar de manera puntual los efectos de la medida cautelar, los cuales deben ser estrictamente cumplidos; finalmente, que el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En suma, dichos numerales establecen la obligatoriedad de las resoluciones en las que se conceda la suspensión de los actos reclamados y el deber de las autoridades responsables de acatarlas, pues en la fecha en que se dicta la resolución que concede la suspensión ésta surte inmediatos efectos paralizadores o restitutorios, que deben ser obedecidos por cualquier autoridad. De igual forma, la Ley de Amparo también prevé el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de las determinaciones cautelares en los siguientes preceptos, así como las sanciones que acarrea: Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:(.) III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; (.)" Lo antes expuesto permite concluir que para determinar si existe defecto o incumplimiento de la suspensión, que amerite sanción para la autoridad responsable, deben reunirse tres requisitos: 1. Que se conceda la medida cautelar; 2. Que exista constancia de que se notificó la suspensión a las autoridades responsables; y, 3. Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva las autoridades la incumplan.1 1 Son aplicables por analogía las siguientes tesis referentes al incidente de violación a la suspensión previsto en la Ley de Amparo abrogada, de contenido similar al incidente de que se trata. Tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 680 del Tomo XIII, Junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212,419, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562 del Tomo XIII, mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 212,745 que a la letra dice: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA." De igual forma, por analogía, norma la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 523 del Volumen 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, identificada con el registro 248, 211, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA. DEBE QUEDAR PROBADO EL MOMENTO EN QUE COMENZÓ A DARSE." Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 680 del Tomo XIII, Junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212,419, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562 del Tomo XIII, mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 212,745 que a la letra dice: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA." De igual forma, por analogía, norma la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 523 del Volumen 205-216, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, identificada con el registro 248, 211, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA. DEBE QUEDAR PROBADO EL MOMENTO EN QUE COMENZÓ A DARSE." El requisito identificado con el numeral uno se encuentra colmado, pues en diez de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables suspendieran la ejecución del descuento o reajuste al pago de pensión por jubilación del quejoso, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión (el cual se encuentra pendiente de emitirse la resolución correspondiente). El segundo de los requisitos también se acredita, pues se les notificó a las autoridades responsables la medida cautelar concedida, tal como lo reconocen en su informe rendido en esta incidencia. No obstante, el tercero de los elementos no se encuentra acreditado, como a continuación se explica. Una carga procesal es la situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta facultativa establecida en interés del propio sujeto, cuya omisión ocasiona una consecuencia gravosa para él. Así, a través de la carga de la prueba se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y aportar pruebas para obtener una sentencia favorable. Los artículos 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, establecen: Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad. De dicho dispositivo legal establece como regla general que la carga de la prueba corresponde al que afirma y no al que niega. En la mayoría de los casos corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia de los actos que desacatan una suspensión, pues generalmente los efectos de dicha medida son paralizadores, es decir, ordenan a las autoridades que no realicen el acto reclamado. De ahí que si la parte promovente del amparo manifiesta que las autoridades realizaron un acto contrario a la suspensión, será a éste a quien corresponderá probar su afirmación. 2 Luego, en el caso que se estudia, la medida cautelar se concedió para el efecto de que al quejoso Pedro Tapia Vergara, no se le aplique descuento o reajuste alguno en los pagos de su pensión por jubilación en los meses subsecuentes y se le devuelva el descuento efectuado en su recibo correspondiente al mes de junio, ya que expresamente se señaló: Por tal motivo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva para el efecto de que las 2 Así se precisó en la tesis número VII.2o.A.T.6 K que aparece publicada con el registro 193,164, en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1362, que dice: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho." autoridades responsables, suspendan la ejecución del descuento o reajuste al pago de pensión por jubilación del quejoso, hasta en tanto se resuelva el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión. En el entendido, que el otorgamiento de la presente medida suspensional, implica la devolución del descuento o reducción al quejoso previamente realizado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en cuanto al pago de la pensión jubilatoria que se le hizo, para que la reciba en forma completa, desde luego dicho descuento o ajuste tampoco se deberá realizar en meses subsecuentes. [.]" Bajo ese contexto, el inconforme estima que dicha medida cautelar se transgredió por defecto en su cumplimiento, dado que las autoridades responsables no obedecieron la suspensión definitiva concedida, ya que han hecho caso omiso en acatar lo ordenado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en cuanto a la suspensión provisional y la definitiva, toda vez que en el pago de la pensión de los meses de julio y agosto de esta anualidad, se siguió efectuando el descuento reclamado, y no se acató lo ordenado en la suspensión concedida, lo que se demuestra con los respectivos recibos de pago, en el que se aprecia le fue pagada una cantidad menor de la que le corresponde. Sin embargo, debe decirse que las autoridades responsables Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico por propio derecho y en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas, Director de Finanzas, Jefe de Departamento de Prestaciones Económicas y Pensiones y Coordinadora de la Comisión Dictaminadora de Prestaciones Económicas, todas del citado Instituto, al rendir su respectivo informe en relación a la denuncia presentada, fueron uniformes en manifestar que se realizaron los trámites internos y administrativos tendientes a lograr el cumplimiento de la suspensión, tal como se demuestra del contenido del oficio DPSE/SPEP/DP/1714/2021 y anexos, de uno de septiembre del año en curso, signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, mediante el cual informa los trámites realizados tendientes al cumplimiento la suspensión. Asimismo, con el oficio DF/DRF/05943/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que remitió en alcance a dicho informe, se desprende la transferencia bancaria del pago realizado al quejoso correspondiente al mes de septiembre, por la cantidad de $47,816.29 (cuarenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 29/100 m.n) así como de la cantidad de $20,019.60 (veinte mil diecinueve pesos 60/100 m.n), correspondiente a la devolución de los descuentos realizados a los meses de junio y julio y cédula de validación (caso de modificación por instrucción jurídica para nómina del mes de Agosto 2021) de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Ante tales negativas, era a la parte quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho, lo que no aconteció, pues aunque el incidentista al promover su denuncia exhibió los recibos de pago a nombre del aquí quejoso, de los meses de julio y agosto de dos mil veintiuno, de los que se desprende que efectivamente se le siguió realizado el descuento; sin embargo, en virtud de lo expuesto con anterioridad, ya se le efectuó el pago correspondiente al descuento realizado en los meses que refiere en su escrito incidental a través del retroactivo correspondiente, tal como se demuestra con los oficios detallados en párrafos que anteceden. Así se concluye, que si bien la medida cautelar se otorgó para el efecto de que no se le efectué al quejoso descuento alguno a su pensión por jubilación; no obstante, la violación de que se duele es infundada dado que las autoridades responsables con las documentales que adjuntaron a su informe y al oficio en alcance ya citado, demostraron los trámites internos y administrativos que se realizaron a fin de pagarle al quejoso su pensión por jubilación y se le devolvió el descuento efectuado. En consecuencia, con apoyo en el numeral 209 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar infundado el incidente planteado, pues de los informes rendidos en esta incidencia, se observa que no hay desacato de las autoridades responsables en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida, pues demostraron que se encuentran realizando los trámites necesarios para su cumplimiento. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por Pedro Tapia Vergara, por conducto de su autorizado en términos amplios, contra el Instituto de Seguridad Social del Estado, Director General, Director de Prestaciones Socioeconómicas y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de dicho Instituto, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución interlocutoria. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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