Pedro Silva Velázquez
Expediente 427/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Pedro Silva Velázquez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto: el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo directo 427/2022, el toca civil 621/2021 y el expediente 330/2021, para los efectos legales conducentes. Finalmente, al haberse tenido por consentida la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por la cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, a través del proveído de once de mayo siguiente, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diez de los corrientes, siendo días inhábiles entre esas fechas el cinco, seis (no corrieron términos), siete y ocho de mayo del presente año, sin que Valery Denise Vargas Meneses, apoderada legal de Pedro Silva Velázquez, haya impugnado el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida, en contra de la resolución de diez de marzo del presente año, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 621/2021; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto y anexos, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, requiérase al juez de distrito que corresponda conocer de la citada demanda, informe la radicación de dicho asunto a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS. Visto; el oficio de cuenta, suscrito por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 2086/2022, con el que remite el escrito de presentación, asó como original con copia de la demanda de amparo promovida por Valery Denise Vargas Meneses, apoderada legal de Pedro Silva Velázquez; constancias de emplazamiento en dos fojas, el testimonio notarial con número de escritura treinta mil quinientos setenta y tres, el diverso instrumento notarial cuatro mil seiscientos sesenta y nueve, relativo a una Fe de Hechos, la comunicación 230/2022, el expediente 330/2021 y el toca civil 621/2021; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima que este órgano federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por Valery Denise Vargas Meneses, apoderada legal de Pedro Silva Velázquez. Para evidenciar lo antes afirmado es importante precisar que la solicitante del amparo Valery Denise Vargas Meneses, apoderada legal de Pedro Silva Velázquez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "C).- AUTORIDADES RESPONSABLES: Los C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, (.). D).- ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye la resolución emitida con fecha 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil número 621/2021." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes, entre otras, en el expediente 330/2021, misma que por ser documento público merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se desprende que Pedro Silva Velázquez, por conducto de su apoderada legal Andrea Silva Cadena, demandó en la vía especial de desahucio a Miguel Ángel Muñoz Cornejo y Celso Tapia Samperio el pago de diversas prestaciones. Luego, por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Jueza Tercera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, ordenó registrar y formar expediente bajo el número 330/2021 Seguido el juicio en sus trámites, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la Jueza de origen, Celia Ramírez Godínez, se excusó para seguir conociendo del expediente 330/2021, remitiéndolo a la Sala Civil y Familiar en Turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el fin de que calificara la procedencia de la excusa planteada. Posteriormente, por razón de turno, tocó conocer a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, quien mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, resolvió declarar improcedente la excusa planteada por la Jueza Tercera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y estableció que debe seguir conociendo del expediente 330/2021. Inconforme con dicha resolución Valery Denise Vargas Meneses, apoderada legal de Pedro Silva Velázquez, hoy quejosa, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo anteriormente expuesto, se colige que el acto reclamado es la resolución de diez de marzo del presente año, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a través de la que determinó declarar improcedente la excusa planteada por la Jueza Tercera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, estableciendo que deberá seguir conocimiento del asunto con número 330/2021, por lo que, si bien es cierto es una resolución de segundo grado, que no puede ser modificada o revocada por ningún recurso ordinario, también lo es que no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, ENVÍESE el presente expediente y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."
- Juicio de Amparo Directo
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