Pedro Serratos Valle
Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 75 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 75
- Última actuación
- 15/07/2022
Partes del expediente
- Pedro Serratos Valle
- Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Fiscalía General del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 75.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo se advierte que por actuación de dos de agosto de dos mil dieciocho se recibió la comunicación oficial suscrita por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió el testimonio de la resolución pronunciada el doce de julio de la presente anualidad, en el toca de revisión principal 4/2018, que en su parte resolutiva estableció lo siguiente: "PRIMERO.- Queda firme el considerando tercero de la sentencia recurrida en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de origen, respecto de los actos reclamados a la Dirección General del Centro Estatal de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad y Director de Política Criminal y Estadística de la Dirección General de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad, ambos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y Titular del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consistentes en la separación injustificada del puesto que ocupaba como Comisario de Seguridad Penitenciaria en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como la inscripción que hayan realizado en el Registro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública y en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en el sentido de que incumplió con los requisitos de permanencia al obtener el resultado de no aprobado en las evaluaciones de control de confianza que le fueron practicadas. SEGUNDO.- En lo que fue materia de revisión, resultó infundado el recurso de revisión intentado por las autoridades responsables Fiscalía General del Estado de Jalisco, y Encargado de la Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva de la aludida Fiscalía; y fundado en el recurso interpuesto por el quejoso Pedro Serratos Valle. TERCERO.- Se modifica la sentencia recurrida. CUARTO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Serratos Valle, contra los actos reclamados a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y Encargado de la Dirección de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva de la aludida Fiscalía, que quedaron precisados en los resultandos primero y tercero de esta ejecutoria, por los motivos, razones y para el efecto de que las autoridades responsables le paguen al impetrante la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tuviera derecho, como lo determinó el juez de Distrito, así como para que efectúen la anotación en su expediente personal, y en el Registro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública y/o en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, que fue separado o destituido de manera injustificada.". Por otra parte, tomando en consideración que se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos de: ".se impone conceder el amparo y la protección de la justicia de la Unión a PEDRO SERRATOS VALLE, ahora bien, respecto de los efectos de la concesión de amparo, se debe precisar que en el caso existe una causa de excepción constitucional, que impide que los efectos de la sentencia sean los de volver las cosas totalmente al estado en que se encontraban, hasta antes de la violación de garantías, tal como lo dispone el artículo 77 de la ley de Amparo. En efecto, el quejoso con motivo de la resolución reclamada, fue cesado en sus funciones como Policía Tercero Vial, de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. En ese sentido, no es dable la reinstalación en el puesto que desempeñaba el quejoso, pues la concesión del amparo no puede tener como efecto restituir las cosas exactamente como estaban, porque existe prohibición expresa en la Constitución con relación a la reinstalación, sea cual fuere la causa del cese y la ilegalidad ponderada a través de este juicio de garantías; además debe acatarse en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se originó al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, donde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó claro que tiene preferencia, la decisión del constituyente de impedir que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que hubieran causado baja, se reincorporen al servicio, sea cual fuere la causa de su baja o cese. No obstante lo anterior no debe perderse de vista que la autoridad responsable, si bien cuenta con la proscripción constitucional para reinstalar a la accionante del amparo, no lo releva de pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, como lo es pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Situación que deberá cumplir, en su momento, llevando a cabo el procedimiento de liquidación correspondiente, para determinar de manera clara, la cantidad liquida que con ese motivo le corresponda a la accionante del amparo, en caso de resultar procedente.". Después de varios requerimientos, en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio SSE-DGJ-DA/10485/2021, que remitió la responsable, mediante el cual adjuntó copia certificada de la comunicación SSE/DGA/DRH/10433/2021 emitido por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad en el Estado, donde acompañó las actualizaciones y Recargos del SEDARA, así como las Actualizaciones y Recargos IPEJAL con el oficio SSE/DGA/DRH/10290/2021; razón por lo que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y de los datos aportados por la autoridad, sin que hubiera manifestado algo al respecto, a pesar de que se le notificó el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio PF-DJL-JA-41989, que remitió la autoridad vinculada para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, mediante el cual adjuntó la comunicación SSE/DGA/4201/2021, donde acompañó el pago de aportaciones patronales en favor de la parte quejosa, por la cantidad liquida de $117,049.59 (Ciento diecisiete mil cuarenta y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional); razón por lo que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y de los datos aportados por la autoridad, sin que hubiera manifestado algo al respecto, a pesar de que se le notificó el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se le hace efectivo dicho apercibimiento, por lo que este órgano de control constitucional, procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, con las constancias que obran en autos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA).". Por tanto, toda vez que las autoridades encargadas del cumplimiento de la ejecutoria agregada en autos acreditaron el cumplimiento con las constancias que adjuntaron en sus comunicados antes citados; en consecuencia, este juzgado de Distrito, concluye que las citadas autoridades atendieron al núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, en virtud de que la quejosa ha sido restituido de su garantía violada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia visible en la página 301, Materia Común, del tomo XXX, Diciembre de 2009, de la Novena Época, correspondiente a la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Lo anterior con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Entréguese al Encargado del Archivo los cuadernos incidentales respectivos. Asimismo, el presente asunto se considera sin valor documental. Ahora bien, y en atención a la comunicación oficial suscrita por el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y en atención a lo que solicita, mediante oficio que recaiga en el presente acuerdo, se ordena remitirle copia criptográfica del testimonio de la resolución dictada en el toca de queja 328/2021, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para los efectos legales conducentes. Finalmente, y visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el treinta de junio de dos mil veintidós, en el toca de queja número 328/2021 de su índice, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: ".PRIMERO.- Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo recurrido de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en los autos del juicio de amparo indirecto 1130/2017, de su índice, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo a la superioridad y hágase saber lo anterior a las partes. Asimismo, realícese las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
ASÍ COMO LO SOLICITA LA AUTORIDAD SE LE OTORGA TERMINO DE CINCO DÍAS, PARA QUE REMITA LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS. TÉNGASE POR RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR DESIGNADOS DELEGADOS Y SEÑALANDO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. ASIMISMO SE AUTORIZA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que lo anterior implique permisos para notificarse electrónicamente, al no solicitarlo en forma expresa, como lo dispone el artículo 39 del mencionado Acuerdo.
- Principal
REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SE PRECISA, PARA QUE CUMPLA CON LA EJECUTORIA EMITIDA EN AUTOS, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASÍ SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A LA SUMA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN...
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