Pedro Sebastián Ruvalcaba Chávez

Expediente 694/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
694/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Pedro Sebastián Ruvalcaba Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Desahoga prevención Agréguese el ocurso de la parte quejosa por el cual desahoga en sus términos la prevención formulada por auto de seis de junio del presente año en el presente asunto. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se aprecia que los actos reclamados por el quejoso consistente en: - Las determinaciones emitidas el once de mayo de dos mil veintitrés en la causa de control ********************, a través de las cuales, en la primera, admitió la prueba anticipada consistente en una videograbación que contiene el testimonio de ********************, y la segunda, recaída al recurso de revocación interpuesta contra la referida admisión probatoria, que confirmó el auto impugnado. Desechamiento Atento a lo anterior, el suscrito advierte que en presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario. Dichos numerales disponen que el amparo procede en la vía indirecta contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de ahí que para dilucidar en qué vía se puede reclamar una violación cometida en el curso del juicio de origen, habrá de distinguirse si tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, como se anticipó, la parte quejosa reclama las determinaciones emitidas el once de mayo de dos mil veintitrés en la causa de control ********************, a través de las cuales, en la primera, admitió la prueba anticipada consistente en una videograbación que contiene el testimonio de ********************, y la segunda, recaída al recurso de revocación interpuesta contra la referida admisión probatoria, que confirmó el auto impugnado. En ese sentido, se considera que en este caso no se ocasiona al gobernado una afectación de imposible reparación, ya que la transgresión reclamada no implica la privación de la vida, de la integridad personal, de la libertad o de la propiedad; por el contrario, tal cuestión, dada su naturaleza, trastoca únicamente derechos adjetivos o procesales, pues las actuaciones combatidas sólo implican que se admita una prueba en el proceso penal primigenio; de ahí que el acto reclamado no encuadra en las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo para ser examinado aisladamente en el juicio biinstancial. En efecto, como se mencionó, el motivo toral de reclamo radica en la admisión de la prueba anticipada consistente en una videograbación que contiene el testimonio de ********************, en razón que, desde su óptica, no podrá contrainterrogar a la ateste, aunado a que no se acreditó la necesidad del desahogo de dicho medio de convicción, violentándose así su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que rigen todo proceso penal. Sin embargo, se insiste, el suscrito considera que las determinaciones combatidas sólo tienen implicaciones de índole adjetivas, pues su afectación está supeditada a que trasciendan en el proceso penal de origen, dado que la probanza que pretende desahogarse en la etapa de juicio no se desahogará en su persona ni tampoco corre a cargo del imputado la presentación de la testigo ********************, por lo que puede afirmarse que no se trastoca ningún derecho fundamental del agraviado. En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 6/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Además, las violaciones de que se duele la parte quejosa pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen; situación ante la cual las consecuencias de los perjuicios alegados se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Empero, en el supuesto de que no obtenga sentencia favorable, podrá hacer valer las transgresiones manifestadas como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente o en última instancia puede ser combatida mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia definitiva que se emita, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se reflejaría la trascendencia de la violación procesal. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis XIII.1o.P.T.12 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, que reza: "PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA SU DESAHOGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que en la etapa de juicio oral y, por ende, en el amparo directo sólo pueden analizarse las violaciones que se cometan en la audiencia de debate, excluyendo lo que ocurra en las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal, también lo es que la prueba anticipada prevista en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una excepción a la regla general de que "prueba" es toda aquella que se desahoga públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes. En ese sentido, su valoración y efectos se trasladan a la etapa de juicio oral, donde el tribunal de enjuiciamiento deberá exponer las razones que tenga en cuenta para conferirle valor probatorio acorde con el numeral 359 de la mencionada legislación y, en su caso, considerarla como prueba de cargo en contra del acusado; en suma, el desahogo de una prueba anticipada, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que el tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." De igual forma resulta ilustrativa la jurisprudencia 3a. 20/90 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que expresa: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Radicación Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Sebastián Ruvalcaba..., por propio derecho; anótese su ingreso en el libro del juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número de expediente 694/2023-III. Prevención Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, con arreglo en los artículos 108, fracción III, IV y V, y 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1) Aclare cuál es el acto que reclama en el presente juicio constitucional a cada una de las autoridades responsables, ya que en el apartado relativo menciona que lo constituye la admisión de un medio de prueba; asimismo, en el punto 12 del capítulo de antecedentes refiere que contra la anterior determinación interpuso recurso de revocación; y, finalmente, solicita la suspensión contra la orden de aprehensión y orden de cateo. 2) Una vez que precise qué acto es el que combate en esta vía, deberá precisar a qué autoridad se lo atribuye. 3) En el supuesto de que reclame la admisión del medio de prueba que ofertó el Ministerio Público o la resolución recaída al recurso de revocación contra dicha determinación, es necesario que precise en qué consiste el medio de prueba que pretende desahogarse anticipadamente, así como el nombre de la persona sobre la que correrá a cargo la referida probanza. 4) Indique bajo protesta de decir verdad si ha promovido algún otro juicio de amparo contra el mismo acto que combate en esta instancia o contra algún otro que haya derivado de la misma carpeta de investigación o causa de control de origen, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, es necesario que proporcione el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se radicó. Cabe precisar que los datos exigidos son de gran importancia en la medida de que la adecuada comprensión de los actos reclamados y de sus antecedentes por parte del juzgador trasciende para resolver adecuadamente sobre la admisión o no del ocurso constitucional, tomando en consideración que, conforme al precepto 113 de la Ley de Amparo, la autoridad de amparo sólo está en aptitud de desecharla si advierte la configuración de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que será posible únicamente si se tiene claro cuáles son los actos que el gobernado reclama y el contexto fáctico en que éstos surgieron. Además, la falta de precisión de los datos solicitados genera incertidumbre no sólo al suscrito por desconocer qué aspecto será materia de la litis en este sumario, sino también a las autoridades responsables, pues no sabrán con precisión qué acto o actos se les atribuye y consecuentemente no estarán en aptitud de rendir sus informes previos y justificados. Apercibimiento Lo anterior conlleva el apercibimiento que de ser omiso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Tomando en cuenta que el quejoso se encuentra privado de su libertad, téngasele como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el lugar donde se encuentra recluido. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, de ser necesario, únicamente se hará uso de él con el propósito de mantener una comunicación no procesal entre este órgano jurisdiccional y la parte promovente. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad invocada, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Horario de atención Se informa que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.

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