Pedro Sañudo Alcocer

Expediente 807/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
807/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Pedro Sañudo Alcocer

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se desprende que... HA CAUSADO ESTADO... archívese este asunto como total y legalmente concluido... remítase dentro del término de tres años el presente juicio para efectos de su DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 12/07/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 06/07/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".....Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Sañudo Alcocer, por propio derecho contra de actos de la Gobernador del Estado de Querétaro y otras autoridades. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 807/2018 que le corresponde. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del Juez de Distrito de examinar ante todo el escrito de demanda y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ahora bien, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, como enseguida se explica. En efecto, para acreditar la causal de improcedencia que se analiza, conviene transcribir el artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XIV establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- (.)- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.- (.)" De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal referido, precisa como supuesto genérico que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de garantías se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. En el caso respecto al acto de aplicación de la ley, contenida en el aviso recibo con número de servicio 078061101721, que consigna el pago, entre otros, del Derecho de Alumbra Público, se surte la causal de referencia. La citada causal se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres reglas esenciales la forma de computar el término para pedir amparo, pues establece que éste se contará desde el día siguiente: a).- Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b).- Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c).- Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Conforme a estos supuestos existen tres reglas de graduación del conocimiento de los actos reclamados. En el primer supuesto, se requiere una notificación expresa en forma, la cual debe constar probada de modo directo, sin inferencias con base en presunciones. En este supuesto, se atenderá a la fecha en que surta sus efectos dicha notificación conforme a la ley que rija al acto reclamado. En la segunda hipótesis ya no se hace referencia a una notificación, sino al día en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución. Y a falta de notificación expresa o de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos o de su ejecución, operará la tercera y última regla, conforme a la cual se atenderá simplemente a aquella en que la parte que promueve se hubiera ostentado sabedora de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, novena época, materia común, página 286, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por boletín judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Ahora bien, los ordenamientos jurídicos que reclama la parte quejosa, son de naturaleza heteroaplicativa; cuenta habida que es exacto que el Convenio de Colaboración celebrado entre el municipio de Querétaro y la Comisión Federal de Electricidad, y destacadamente la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2018, no contiene en sí un principio de ejecución, por lo que no puede decirse que se le haya aplicado a una persona, sino cuando ésta tiene conocimiento de la obligación de efectuar el pago del derecho reclamado; por tanto, el juicio de amparo deberá promoverse no contra la ley misma, sino contra su aplicación. Efectivamente, si se acata el criterio de distinción basada en el concepto de individualización incondicionada, a tal pragmática combatida le resulta una naturaleza heteroaplicativa. Tiene apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, visible en página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De lo anterior se desprende que el acto que por esta vía combate la parte quejosa, no se encuentra dentro de las excepciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir no se reclama una ley autoaplicativa, ni un acto que implique peligro de privación de la vida, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el numeral 22 Constitucional, la incorporación forzosa a las fuerzas armadas, que provenga de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni tampoco se puede considerar que dicho acto restrinja la libertad personal, de ahí que sí el término para impugnar el acto que aquí se reclama a través del amparo indirecto, no queda comprendido en las hipótesis de excepciones, la demanda de amparo en su contra deberá presentarse dentro de los QUINCE DÍAS que prevé el numeral 17 del propio ordenamiento, contados a partir de que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Ahora bien, de la prueba documental aportada por la parte quejosa, destaca: 1. Copia simple del Aviso Recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a favor de SENUDO (sic) ALCOCER PEDRO, relativo al número de servicio 078061101721, por el periodo de consumo que va del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el monto de $238,003.39 (doscientos treinta y ocho mil tres pesos 39/100 moneda nacional) de los cuales $15,354.96 (quince mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional) corresponden al concepto de Derecho de Alumbrado Público. 2. Pago impreso de Banco Nacional de México (Váucher), del que se desprende que se realizó el pago correspondiente el once de junio de dos mil dieciocho. Documentales que tienen el valor probatorio a que se refieren los artículos 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismas que adminiculadas con la presunción de certeza del acto reclamado atribuida a la autoridad responsable permiten concluir que la quejosa efectúo el pago por la referida cantidad por concepto de Derecho de Alumbrado Público el once de junio de dos mil dieciocho. De lo anterior, emerge que el cobro de Derecho de Alumbrado Público que reclama la parte quejosa en cuanto al número de servicio 078061101721, aconteció al abonar la cantidad total contenida en la copia simple del aviso recibo relativo a ese número de servicio, que abarca el monto a pagar por concepto de Derecho de Alumbrado Público que reclama la parte quejosa, lo cual se verificó el once de junio de dos mil dieciocho, como se corrobora con la documental relativa al pago, ya referida, probando en contra de la parte peticionaria de amparo, por haberlo exhibido ella misma. Luego, si el cobro del derecho de alumbrado público que reclama la parte quejosa en cuanto a ese número de servicio, fue pagado el once de junio de dos mil dieciocho, entonces, el término para ejercer la acción constitucional comenzó a transcurrir al siguiente día hábil de esa fecha, esto es, el doce de junio del citado año, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo y concluyó el dos de julio de dos mil dieciocho, habiéndose descontado de dicho lapso los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, y uno de julio del año en curso, al haber sido inhábiles. Adicionalmente, de autos se aprecia que la demanda de amparo, fue presentada el cuatro julio de dos mil dieciocho, según la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Concatenando la constancia de autos, resulta inconcuso que la acción de garantías fue ejercida cuando había pasado el término concedido en el numeral en cita. Por tanto, es evidente que el promovente no reclamó el acto con la debida oportunidad, esto es, en el plazo que para tal efecto fija la ley, y al constituir dicho recibo el primer acto de aplicación de las leyes que se tachan de inconstitucionales, se implica que es extemporánea su impugnación a través de este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, el criterio que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. COMPUTO DEL TÉRMINO PARA INTERPONERLO. Existen, en principio, tres momentos en los que puede reclamarse la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o decreto gubernativo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, a saber: a) Dentro de los treinta días siguientes al de la fecha en que se inició su vigencia, si se trata de una disposición autoaplicativa; b) Dentro de los quince días que siguen al de la notificación o conocimiento del primer acto de su aplicación concreta y, c) Dentro de ese mismo lapso, contado desde el siguiente día a aquel en el que surte sus efectos la notificación del fallo o resolución que recayeron al recurso o medio de defensa que la propia disposición legislativa otorgue al gobernado, por virtud del cual ese acto de aplicación pudo ser modificado, revocado o nulificado. Si en cualquiera de esas hipótesis, no se acude en demanda de la protección federal en los lapsos que se indican, conforme a lo que disponen los artículos 21 y 22 de la propia ley reglamentaria, resulta procedente sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la propia Ley de Amparo." (Tesis sustentada por el Primer Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 124, del tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación)." Finalmente, la Jurisprudencia que se lee: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y en la que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." (Jurisprudencia consultable en la página 160 del Tomo I, Materia Constitucional, Precedentes Relevantes, Vol. 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000)" Por las razones apuntadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, ésta en su segundo párrafo, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en 113 del propio ordenamiento jurídico, DEBE DESECHARSE LA DEMANDA ANTE SU NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA. Por otra parte, con fundamento en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías; y autorizando en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Ortiz Pérez de los Reyes.y en términos del diverso 24 del mismo ordenamiento legal, a las demás personas que señala en su escrito inicial hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. . ......." ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

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