Pedro Santos Santiago

Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
374/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Pedro Santos Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente asunto se formaron cuadernos de suspensión; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ....se resuelve. único. se sobresee en el presente juicio de amparo..

  3. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. En cumplimiento al acuerdo del día de hoy, que se dictó en el expediente principal del juicio de amparo 374/2021-3, promovido por Pedro Santos Santiago, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, y otras autoridades, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. En tal virtud, con dos copias de la demanda, fórmese el expediente incidental y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en un término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado su informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Además, deberán señalar con precisión en su informe previo, el delito por el cual se decretó la detención, y si está considerado como grave. Prevéngase a las autoridades responsables que de no atender lo antes ordenado, se les impondrá multa como corrección disciplinaria hasta por la cantidad de sesenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, conforme a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 55, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su numeral 2. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía electrónica al correo oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esta medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía electrónica, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celebridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para que tenga verificativo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, en el caso concreto, se estima que se encuentran reunidos los requisitos legales para el otorgamiento a la parte quejosa de la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que de conformidad con el 128 de la Ley de Amparo, fracción I, es quien solicita la medida suspensional en estudio. También, se cumple con el requisito señalado en la fracción II, del citado artículo, ya que con el otorgamiento de la medida cautelar no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, se concede la suspensión provisional a Pedro Santos Santiago, conforme a lo dispuesto en los artículos 138, 147, 162 y 163 de la Ley de Amparo, para el efecto que si el delito por el que se decretó la detención no merece prisión preventiva oficiosa, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y el citado agraviado no sea privado de su libertad personal hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Para el caso que el delito sí merezca prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión provisional solicitada para el único efecto que una vez que sea ejecutado el acto reclamado, el impetrante de amparo quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Ministerio Público de origen para la continuación del procedimiento, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136 y 162 de la Ley de Amparo, dicha medida suspensional surtirá efectos desde luego, pero dejará de tenerlo si la parte quejosa no cumple con el requisito siguiente: Que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exhiba una garantía de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley; monto que se le fija en forma discrecional. En relación, además, con el tiempo aproximado en que deberá resolverse en definitiva el juicio de amparo que nos ocupa; lo anterior, sin perjuicio de que el monto de la garantía pueda ser modificado con posterioridad, en atención a los informes que rindan las autoridades responsables y de acuerdo a las pruebas que obren en el sumario. La orden de detención combatida, podrá ejecutarse si fue dictada por un delito que la ley penal aplicable considere grave, igualmente, podrá llevarse a cabo la ejecución de la misma, si este Juzgado no comunica a las autoridades responsables, mediante oficio, que en el término referido, se depositó la garantía exigida, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, como también podrá ser detenido el impetrante de amparo, si es sorprendido en la comisión de flagrante delito o falta administrativa que amerite sanción corporal, y tratándose de caso urgente a que alude el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República. Asimismo, atento a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de Amparo, el peticionario de amparo deberá presentarse ante el Ministerio Público de origen dentro del plazo de tres días, en el entendido que esta medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo dentro del término que se les otorgó y en él manifiesten que es cierto el acto atribuido. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada de esta determinación, previa constancia que de su recibo se deje en autos; en la inteligencia que se tiene como autorizados para recibirla a las personas mencionadas en el escrito de demanda. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarlas en estado de indefensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Pedro Santos Santiago; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 374/2021-3, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Pedro Santos Santiago, contra acto del Agente Primero del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas y otras autoridades. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciban la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir el informe de ley vía electrónica al correo oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo; asimismo, proporciona el correo electrónico robertoflores_abogado@hotmail.com. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones., Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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