Pedro Santos Joel
Expediente 13/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Santos Joel
Actuaciones
- Principal
MESA IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso... interpusiera recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de febrero de dos mil quince, por el que se sobreseyó en este juicio, transcurrió del veinte de febrero al cinco del mes en curso, en términos de la certificación que antecede, sin que interpusiera dicho recurso; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo y en virtud de que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del multicitado acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA IV-A * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 13/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito recibido el siete de enero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y por razón de turno en esa misma fecha en este juzgado, cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Pedro Santos Joel, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al presidente de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la falta de administración de justicia en los términos y plazos para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3), así como la omisión para emitir el acuerdo respectivo a su ocurso de siete de noviembre de dos mil catorce, en el referido expediente. El peticionario del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como sus derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de ocho de enero de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 13/2015; admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde al representante social de la adscripción (foja 7), y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo trámite del juicio, se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; su tramitación corresponde a la primera instancia, y la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO.- Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Pedro Santos Joel, reclamó del presidente de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: La falta de administración de justicia en los términos y plazos para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3), en el contexto de la omisión para emitir el acuerdo respectivo a su ocurso de siete de noviembre de dos mil catorce. TERCERO. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, negó los actos reclamado pues así de aprecia de su informe justificado (foja 10) y agregó: "SE NIEGA el acto reclamado que se hace consistir en: "La falta de administración de Justicia en los términos y plazos que señala la ley aplicada al caso en concreto, para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral número 784/2008(3), así como la indebida omisión para emitir el acuerdo respectivo que recaiga a mi promoción de fecha siete de noviembre de dos mil catorce dentro del expediente antes mencionada". Lo anterior se niega porque como consta en el acuerdo de fecha trece de enero de dos mil quince, se tuvo por acordado por mi autoridad el escrito de fecha que se cita y asimismo le fue notificado el mismo a las partes, en el que consta que se señalaron las once horas de día dieciocho de febrero del año en curso para la audiencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados en el presente asunto, como consecuencia procede el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto en cuestión por la razón indicada.". Del contenido de ese informe se advierte que la autoridad responsable niega ese acto reclamado, bajo el argumento que el trece de enero de dos mil quince, acordó el escrito presentado por la parte quejosa, mismo que le fue notificado el diecinueve siguiente (foja 12). Empero, respecto a ese específico acto reclamado, a la fecha de presentación de la demanda (siete de enero de dos mil quince) sí existía éste, ya que aún no se acordaba la petición del hoy quejoso, por ende, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 12, localizable en la página 10 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA". CUARTO. Causa de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto planteado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de dicha Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de la lectura de las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley de Amparo, se advierte que Pedro Santos Joel, reclamó: la omisión para emitir el acuerdo respectivo a su ocurso de siete de noviembre de dos mil catorce en el expediente784/2008(3). Dicho escrito se acordó por la autoridad responsable el trece de enero de dos mil quince (esto es, después de la presentación de la demanda, que fue el siete de enero de dos mil quince fojas 2 a 4), en los términos siguientes: "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca a trece de enero del dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito del C. PEDRO SANTOS JOEL, actor en el presente juicio laboral, fechado el siete de noviembre del año dos mil catorce y recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el mismo día de su fecha. Visto el contenido, como lo solicita y al haber concluido las diligencias de embargo y reunidos los requisitos legales, con fundamento en los artículos 967 y 968 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al presente asunto, se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, siguiente día hábil con que cuenta esa Junta de conocimiento, para que tenga lugar la audiencia de remate en primera almoneda de los bienes muebles embargados en este asunto, cuyas características corren agregadas a los autos, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo que obra en el expediente, por tal motivo se convocan postores que deseen intervenir por medio de edictos que se fijen por el término de quince días hábiles en los tableros de avisos correspondientes a esta Junta, de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y al Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Santa María del Tule, Oaxaca; debiendo girar los oficios correspondientes. Finalmente se ordena al actuario de esta Junta notifique este acuerdo de forma personal a la parte demandada en el domicilio en el que fue emplazada, o en su caso, en términos de los establecido en el artículo 751 de la ley en cita.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo acordó el C. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ante su Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE". Determinación que fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de enero de dos mil quince, como se advierte de autos (foja 12). En esa tesitura, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez que lo pretendido por el afectado al promover el juicio de amparo, era que se emitiera el acuerdo al ocurso presentado ante dicha autoridad el siete de noviembre de dos mil catorce en el referido expediente. Lo cual aconteció, toda vez que el trece de enero de dos mil quince, la autoridad responsable señaló las once horas del dieciocho de febrero de dos mil quince, para que tenga lugar la audiencia de remate en primera almoneda de los bienes inmuebles embargados en el expediente laboral 784/2008(3), en contestación al ocurso presentado por la parte quejosa el siete de noviembre de dos mil catorce ante dicha autoridad, notificado el diecinueve siguiente, como se advierte de autos (foja 12). En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, procede sobreseer en el juicio respecto a la omisión para emitir el acuerdo respectivo a su ocurso de siete de noviembre de dos mil catorce. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". QUINTO. En ese contexto, el diverso acto reclamado, consistente en la falta de administración de justicia en los términos y plazos para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3); igualmente la responsable negó ese acto, bajo el argumento que mediante acuerdo de trece de enero de dos mil quince, señaló las once horas del día dieciocho de febrero del año en curso, para la audiencia de remate en primera almoneda de los bienes embargados. Empero, dicha negativa se desvirtúa ya que el señalamiento de esa diligencia aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (7 de enero de 2015); en consecuencia, se tiene por cierto ese acto. Sin embargo, el suscrito considera que en la especie se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.- "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.]. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.- [.]". En el artículo 77, fracción II, se recoge uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el llamado principio de restitución (también denominado doctrinalmente como de "potencialidad restitutiva"). Según ese principio, la finalidad de las sentencias de amparo en las que se otorgue la protección de la Justicia Federal es exclusivamente la de perseguir el objeto de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos); o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija (actos negativos). Cuando ese extremo no pueda satisfacerse, el juicio de amparo carecerá de motivo. Así pues, en atención a que el acto reclamado se hace consistir en la falta de administración de justicia en los términos y plazos para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3); se advierte que con la promoción de este juicio, no podrá restituirse al solicitante de amparo en el goce del derecho violado. Lo anterior, porque ante una hipotética concesión del amparo si no se recurre esa determinación, ello no le traería ningún beneficio al quejoso pues para la fecha en que esta sentencia sea legalmente exigible -seis de marzo de dos mil quince-, la señalada por la responsable a efecto de que tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda en el juicio laboral de origen, esto es, las once horas del dieciocho de febrero de este año, ya habría acontecido. En tales condiciones, los efectos de una probable sentencia amparadora no podrían concretar en la esfera jurídica del impetrante. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J.90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE". Así, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo establecido por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo. No pasa inadvertido para este juzgador que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió en el año dos mil siete, los siguientes criterios jurisprudenciales: Jurisprudencia 44/2007: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no "incurrir en mayores dilaciones." Jurisprudencia 45/2007: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige. Sin embargo, el último de los citados criterios jurisprudenciales (es decir, precisamente, el que establecía la posibilidad de otorgar el amparo por omisiones y dilaciones subsecuentes), fue abandonado por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, del cual derivó la tesis del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Como se observa, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País explicó que una nueva reflexión sobre el tema de los alcances que pueden existir en la concesión del amparo en este tipo de asuntos, conlleva a considerar que deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año dos mil trece; lo que implica, la imposibilidad de otorgar el amparo contra omisiones o dilaciones subsecuentes, que a juicio de este órgano constitucional, son actos futuros, inciertos e indeterminados. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo, promovido por Pedro Santos Joel, contra los actos reclamados al presidente de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en la falta de administración de justicia en los términos y plazos para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3), así como la omisión para emitir el acuerdo respectivo a su ocurso de siete de noviembre de dos mil catorce, en el referido expediente. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de enero de dos mil quince. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Santos Joel, contra actos del presidente de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en la falta de administración de justicia en los términos y plazos que señala la ley, para darle continuación al procedimiento de ejecución al expediente laboral 784/2008(3) y la omisión para emitir el acuerdo respectivo que recaiga a su promoción de siete de noviembre de dos mil catorce. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 13/2015. Ahora bien, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la referida demanda en sus términos. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa ni estar en alguno de los supuestos en que se tramita de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORMES. En términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguiente al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el plazo señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de febrero de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Como el agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, es parte en este juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, con fundamento en los artículos 26, inciso K), y 27 fracción I, del mismo ordenamiento legal, notifíquesele este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, entregándole copia íntegra de este auto, autorizada por la secretaria encargada del trámite de este asunto. Una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y se advierta su existencia emplácese al tercero o terceros interesados, de conformidad con lo dispuesto en artículo 5º de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y por autorizados para tales efectos en los términos solicitados a las personas que señala. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tienen derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx. Una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. NOTIFÍQUESE...
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- Pedro Tejeda Morales1025/2015
- Pedro Tomás García Martínez188/2019
- Pedro Valenzuela León1918/2016
- Pedro Vásquez Hernández587/2020
- Pedro Velasco Cuevas214/2020