Pedro Santiago VàZquez Santos
Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Pedro Santiago VàZquez Santos
- PEDRO SANTIAGO VÀZQUEZ SANTOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
... Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de dieciocho de abril de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas VALORACION DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARATULA En conformidad con lo establecido en el artículo 35 háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Lucia Santos de la Cruz por propio derecho, contra los actos del Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla y de otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 395/2022. CONSIDERACIONES PREVIAS La promovente en los apartados correspondientes señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes III. AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORAS: 1.- Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla 2.-Director del Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit. IV. ACTO RECLAMADO: Señalo como acto recamado de cualquiera de las autoridades ordenadoras lo siguiente: ".El ilegal traslado de mi hijo Pedro Santiago Vázquez Santos a un centro de reinserción social Federal, fuera del Estado de Puebla, específicamente en Tepic, Nayarit, y fuera de la jurisdicción en donde fue enjuiciado y sentenciado, sin que el (sic) haya emitido un acuerdo por parte del Juez de Juicio Oral, con quien se encuentra a disposición ya que la sentencia que se le dictó ni siquiera ha causado estado, lo cual conlleva una violación flagrante a sus derechos constitucionales, puesto que se encontrara a miles de kilómetros de distancia de su familia, imposibilitando el contacto físico con sus hijos entre ellos la suscrita. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del escrito de demanda el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. En efecto el juicio de amparo resulta improcedente dado que en contra de la orden de traslado de Pedro Santiago Vázquez Santos del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, al Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit, por las autoridades señaladas como responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se advierte que previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, los artículos 107, 108, fracción II, 115, 116, 117 y 121, el segundo, cuarto y sexto de éstos en su fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; (.) "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; (.) "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) "Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: La persona privada de la libertad; (.)". De lo transcrito se advierte que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal, podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, en ese sentido, tienen legitimidad para formular peticiones ante las direcciones de los centros. Que tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de las autoridades penitenciarias; destacándose que en aquéllos casos donde los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, imponiéndose al director la obligación de resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Por lo cual, si en el caso la impetrante de amparo reclamara el traslado realizado de su hijo Pedro Santiago Vázquez Santos del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, al diverso Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit, resulta inconcuso que dicha cuestión es impugnable a través de la controversia judicial prevista en los artículos 108, 116, fracción I, y 117, fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es decir, deberá reclamar el traslado citado ante el juez de la causa o el de ejecución, según el estado procesal de la causa penal instaurada en contra de Pedro Santiago Vázquez Santos, por la cual se encuentra privado de su libertad. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, subsanar o nulificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en el sentido de que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de defensa legal denominado controversia judicial, diseñado para combatir la orden de traslado urgente o excepcional, cuando se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa; el cual, es susceptible de suspender los efectos del correspondiente acto, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la concesión de esa medida cautelar. Así como, la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida 41 (cuarenta y uno) Oriente número 2209 Colonia Centro en la Ciudad de Puebla, y por autorizado al profesionista Adán Gabriel Melgarejo que indica, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional respectivamente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado federal. . FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado.
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