Pedro Santana y Galván
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pedro Santana y Galván
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa PEDRO SANTANA Y GALVAN,. el proveído de dos de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: "Téngase por recibido el oficio 149, signado por la secretaria del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al que adjunta el expediente 7/2022 de su índice, promovido por ...ontra actos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en virtud de que la magistrada de dicho Tribunal Alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. En ese contexto, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de este asunto; por tanto, acúsese el recibo correspondiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 172/2022. Ahora, primeramente, es conveniente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado por el magistrado Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dentro del recurso de revisión 35/2022, por el cual se desechó de plano dicho medio de impugnación. Al respecto, el suscrito advierte que en relación con dicho acto se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 61, fracción VI, y 62 de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Como se advierte, el precepto 61, fracción VI, de la ley de la materia, literalmente precisa que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. De ahí, que el juicio de amparo que se intenta, es notoriamente improcedente contra el acto reclamado, lo cual obliga a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO MOTIVO DE ESTE EXPEDIENTE POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, ello con fundamento en los artículos 61, fracción VI, 62 y 113, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que las resoluciones emitidas por los Tribunales de Circuito, en su calidad de Tribunales de Legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas, por ello, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encuentra apoyo lo anterior, por identidad de razón, en la tesis I.9o.C.34 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 838 del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado y, por autorizado a la persona que indica, para los efectos precisados en la demanda de amparo génesis de este sumario. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico proporcionado, para en su caso, entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa" toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 149, signado por la secretaria del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al que adjunta el expediente 7/2022 de su índice, promovido por ...ontra actos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en virtud de que la magistrada de dicho Tribunal Alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. En ese contexto, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de este asunto; por tanto, acúsese el recibo correspondiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 172/2022. Ahora, primeramente, es conveniente destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado por el magistrado Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dentro del recurso de revisión 35/2022, por el cual se desechó de plano dicho medio de impugnación. Al respecto, el suscrito advierte que en relación con dicho acto se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 61, fracción VI, y 62 de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Como se advierte, el precepto 61, fracción VI, de la ley de la materia, literalmente precisa que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. De ahí, que el juicio de amparo que se intenta, es notoriamente improcedente contra el acto reclamado, lo cual obliga a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO MOTIVO DE ESTE EXPEDIENTE POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, ello con fundamento en los artículos 61, fracción VI, 62 y 113, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que las resoluciones emitidas por los Tribunales de Circuito, en su calidad de Tribunales de Legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas, por ello, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encuentra apoyo lo anterior, por identidad de razón, en la tesis I.9o.C.34 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 838 del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CUANDO ÉSTOS DECIDEN CUESTIONES DE LEGALIDAD EN JURISDICCIÓN ORDINARIA. De los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito (a diferencia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito) fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad. Los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. Asimismo, se advierte que con motivo de las reformas que tuvo la Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación centrara su atención en aspectos meramente constitucionales, se trasladaron las atribuciones que tenía en materia de legalidad, como por ejemplo, la facultad de calificar las recusaciones, excusas o impedimentos contra Magistrados Unitarios de Circuito, como se advierte de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que originalmente estaba encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales, para resolver, entre otros, las recusaciones de referencia; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas; así, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado y, por autorizado a la persona que indica, para los efectos precisados en la demanda de amparo génesis de este sumario. Asimismo, se toma conocimiento del número telefónico proporcionado, para en su caso, entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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