Pedro Sandoval Murrieta

Expediente 66/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
66/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Pedro Sandoval Murrieta

Actuaciones

  1. Principal

    ... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del once de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de febrero de dos mil diecinueve. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental consistente en copia simple del oficio SDUS/DDU16449/10/2018, de uno de octubre del dos mil dieciocho, emitido por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla,misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, el quejoso ************ reclamó del Director de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, omisión de dar contestación al escrito del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con número de registro 18890, signado por el referido amparista, a través del cual solicitó a dicha autoridad, le informara si la Calle Miguel Hidalgo del Fraccionamiento Villas del Tratado, localizado en la Colonia San Diego Castillotla, de la ciudad de Puebla, Puebla se encontraba identificada como vía publica, así como si se había otorgado permiso para la instalación de una reja en la intersección del Antiguo Camino a Castillotla, y la referida calle. Ahora bien, en torno a la omisión de dar contestación al escrito petitorio, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: ... Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclamó del Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, la omisión de dar contestación al escrito del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con número de registro 18890, signado por *************, a través del cual solicitó a dicha autoridad, le informara si la Calle Miguel Hidalgo del Fraccionamiento Villas del Tratado, localizado en la Colonia San Diego Castillotla, de la ciudad de Puebla, Puebla se encontraba identificada como vía pública, así como si se había otorgado permiso para la instalación de una reja en la intersección del Antiguo Camino a Castillotla, y la referida calle. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización [manifiesta e indudable] de la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que se desprende la existencia del oficio SDUS/DDU16449/10/2018, de uno de octubre del dos mil dieciocho, emitido por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, a través del cual dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veinticinco de junio del dos mil dieciocho, tal como enseguida se advierte: En atención a su escrito con número 18890, a través del cual solicita se le informe si la Calle Miguel Hidalgo del Fraccionamiento Villas del Tratado, localizado en la Colonia San Diego Castillotla, se encuentra identificada como vía publica. Asimismo, requiere se le indique si esta Dependencia otorgo permiso para la instalación de una reja en la intersección del Antiguo Camino a Castillotla y la Calle referida. Lo anterior, debido a que dicha reja impide el libre tránsito. El Fraccionamiento Villas de Tratado -conforme a los registros que obran en esta Dirección-, se constituyó bajo el régimen de propiedad en condominio cumpliendo en tiempo y forma con el proceso de registro y aprobación, en donde la Cerrada Miguel Hidalgo no está considerada como vía publica, toda vez que forma parte de los indivisos de dicho fraccionamiento. En este sentido, la reja instalada que señala no obstruye en lo absoluto el libre tránsito. Sin otro particular, agradezco su atención. Como se advierte de lo anterior, el uno de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado de veinticinco de junio del dos mil dieciocho, signado por ***************; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de pronunciarse respecto del escrito del quejoso, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se advierta la notificación al quejoso de la respuesta que recayó a su escrito de petición del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, pues al haberse exhibido por parte de la autoridad responsable la Directora de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, significó que los efectos del acto reclamado desaparecieron. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, como ya se vio, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo inicialmente se reclamó la falta de respuesta al escrito del veinticinco de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, la autoridad responsable ya emitió la respuesta respectiva, por lo que surge la incógnita si respecto de este último acto, sería posible darle vista o no al quejoso, para que amplié la demanda de amparo relativa. Para contestar la interrogante, debe decirse que el caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo. De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1599, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de 2015, de texto y rubro siguientes: PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido. De igual forma, es ilustrativa, la tesis 2a. CXV/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al señalar el precepto citado que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, por excepción, la autoridad debe complementar dichos aspectos, también dispuso las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión, particularmente para la quejosa, pues impone el deber de que se le dé a conocer el contenido del informe que complemente el acto en sus aspectos formales, se le conceda un plazo razonable para que formule la ampliación de la demanda, se corra traslado a las demás partes, y que con todo y la complementación del acto por parte de la autoridad, prevalezca la excepción al principio de definitividad aplicable a actos administrativos carentes de fundamentación, además de impedir que la excepción aludida dé lugar a la improcedencia del juicio. Esto es así, pues su alcance se encuentra claramente acotado en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, caso en el cual las autoridades, como excepción, deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado, lo que en sí mismo no es inconstitucional, pues no se permite la existencia de actos carentes de fundamento legal y motivos de hecho adecuados a la norma, sino en todo caso, se exige que esos aspectos queden acreditados en el curso del procedimiento e innegablemente si esto no ocurre, sobrevendrá la declaración de inconstitucionalidad del acto, la cual se basará en la consideración de que se trata de un vicio de fondo (y no de mera forma), que impide a la autoridad reiterarlo, lo que revela, aún más, la intención del legislador de lograr una solución de fondo y final a la controversia. De ahí que el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo no es contrario a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de permitir la existencia de actos que no consten por escrito y no se encuentren fundados y motivados asegura, previo al dictado de la sentencia, que el acto reclamado cumpla con esos requisitos, considerados garantías instrumentales del derecho a la seguridad jurídica. (Décima Época, Registro: 2013083, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Página: 1550) No sobra decir que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto de la necesidad de distinguir entre el derecho de petición -y su respuesta- y el acto administrativo, pues del primero ha dicho que la vía mediante la cual los ciudadanos informan al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos, es decir, sólo tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún resultado específico, en tanto que el segundo, como ya se dijo, consiste en la declaración de voluntad por parte de un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, el cual puede emanar de forma unilateral, o bien derivado de una procedimiento administrativo -entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la emisión del acto administrativo-, que emana a instancia del particular. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA MISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas. Entonces, al no tratarse de un acto administrativo unilateral, de poco serviría otorgarle al quejoso la posibilidad de ampliar su demanda, si debe agotar previamente el juicio de nulidad, esto es, se le daría vista para ampliarla, pero al final se sobreseería, pues no cumplió con el principio de definitividad, lo cual haría ociosa la vista de que se trata. Sobre la necesidad de agotar el medio de defensa, aun tratándose de la ampliación de la demanda prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en la contradicción de tesis 110/2006-SS, resuelta el veinticinco de agosto de dos mil seis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo: (.) Lo anterior no irroga perjuicio alguno al sistema dispuesto en la Ley de Amparo para efecto de la procedencia de la demanda de garantías pues, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el acuerdo de la responsable como corresponda y estime conveniente y, si el quejoso opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, por razones de economía procesal, el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede y debe ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación o no, lo cual, de hecho, acontecería si el quejoso impugnara el acuerdo de la responsable a través de una nueva acción de amparo, con la sola particularidad de que se tendrían dos expedientes diversos. (.) No obsta a lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito se encuentre en posibilidad de considerar actualizada la fracción III del artículo 74, en relación con la diversa XVI del numeral 73, relativa a la improcedencia del juicio de amparo ante el cese de los efectos del acto reclamado, ello porque esta consideración podría acontecer por lo que respecta al acto de omisión de la responsable en emitir el acuerdo de respuesta pero no por lo que hace a la ampliación de demanda; en todo caso, podría sobreseerse respecto de los nuevos actos si el Juez Federal estima que en la especie se acreditan diversas razones para ello." Con base en lo anterior, es posible sobreseer el juicio, por cesación de efectos, dado que contra la respuesta procede el juicio de nulidad, y de nada serviría que se le diera oportunidad de ampliar la demanda, si a la postre se sobreseería por no agotarse el principio de definitividad. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 571/2017, sostuvo lo siguiente: De lo narrado con antelación, se constata que en la especie, sí se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XX del transcrito artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al rendir sus informes justificados las responsables remitieron la calificación registral negativa recaída a la solicitud de los impetrantes, por lo que fue hasta ese momento que éstos conocieron el contenido del acto reclamado en ampliación. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, era innecesario que los quejosos interpusieran ante el Tribunal Unitario Agrario, previo a la promoción de la demanda de amparo, el juicio de nulidad; de ahí lo fundado de los agravios así formulados. Sirve de apoyo a lo anterior, por compartirse, la tesis 12 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en las páginas 2936 y 2937, Libro 55, Tomo IV, Junio de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, SI SE ADMITIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN SU CONTRA.- En congruencia con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 149/2006 y 2a./J. 205/2008, de rubros: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. y CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.', respectivamente, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, por no agotarse el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, si se admitió la ampliación de la demanda contra esa contestación, en virtud de que sería un contrasentido que, tras haberse admitido ésta a trámite, en la sentencia se determinara la inejercitabilidad de la acción por no agotar previamente los recursos ordinarios procedentes, en tanto que el quejoso conoció dicho acto durante la tramitación del juicio constitucional, en el cual se le otorgó -por economía procesal-, la oportunidad de reclamarlo y, en ese contexto, resultaría denegatorio de justicia que, con posterioridad, al dictarse la sentencia, el Juez considere que debió accionar previamente los medios ordinarios de defensa pues, se insiste, es justamente en cumplimiento a lo determinado jurisprudencialmente por el Alto Tribunal que tuvo la oportunidad de impugnar ese acto, mediante la ampliación de la demanda. El Tribunal Colegiado de referencia, con base en la línea argumentativa de otro Tribunal, sostuvo que se le puede dejar en estado de indefensión al quejoso si: a) se le dio vista para ampliar su demanda, b) se admitió tal ampliación y c) se sobresee en sentencia el juicio de amparo por no haber agotado el recurso o juicio ordinario contra la contestación de su petición; sin embargo, con base en esa misma lógica, en el presente caso, no se podría dar vista para ampliar su demanda, si tiene que agotar el juicio de nulidad previamente contra la contestación de que se trata, y en esta etapa, contrario a lo que se estimó en el precedente, no existe el estado de indefensión que señaló el Tribunal Colegiado de Circuito, porque a partir de que se notifique la presente resolución el quejoso podrá impugnar la respuesta en el juicio contencioso local. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 66/2019-II; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***. Autoridad responsable. Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, Puebla. Acto reclamado. La omisión de dar contestación al escrito del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con número de registro 18890. Admisión de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de 15 días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Estrados: Con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones del presente juicio de amparo, mediante los estrados de este órgano jurisdiccional, tal como lo solicitó la parte promovente. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Se habilitan días y horas hábiles: Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Vista al quejoso para el caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación indicada. En caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica en la demanda no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese.

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