Pedro Sanchez Sotelo
Expediente 1679/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1679/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Sanchez Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con nueve minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 1679/2017, promovido por PEDRO SÁNCHEZ SOTELO, por su propio derecho. Abierta la misma, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A continuación el juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que ninguna de las partes ofreció probanza alguna, por lo que se autoriza el cierre de esta etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el cual se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Enseguida, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1679/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de tales Juzgados, turnada en esa misma fecha (diecisiete de octubre de dos mil diecisiete) a este órgano jurisdiccional, PEDRO SÁNCHEZ SOTELO, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo y Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, y Cuautla, Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, de Jojutla, Morelos, Fiscal Regional Oriente, de Cuautla, Morelos, Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado, Director General de la Unidad Jurídica, en ausencia del Fiscal General del Estado, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitana, con sede en esta ciudad; los cuales acto hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de detención y/o aprehensión girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. B).- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de detención con fines de extradición girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. C).- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de búsqueda, localización y presentación girada en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables. D).- Se reclama de las autoridades señaladas como responsables, la averiguación previa que existe en mi contra por parte de las autoridades señaladas como responsables." Actos que considera violatorios de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 22 de la carta magna. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos a quien por turno tocó conocer de la demanda de amparo promovida por PEDRO SÁNCHEZ SOTELO, la admitió a trámite, radicándose con el número de expediente 1679/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo fracción XVIII y cuarto fracción XVIII, de los Acuerdos Generales 03/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el Territorio de la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Para el efecto, se precisa que debe analizarse en su integridad la instancia constitucional para determinar cuál es el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, armonizando los datos proporcionados por la parte quejosa, con los que arrojan las constancias remitidas por las responsables. Lo anterior, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, se advierte que el acto reclamado en esta vía consiste en lo siguiente: "La orden de detención y/o aprehensión, la orden de detención con fines de extradición, la orden de búsqueda, localización y presentación girada en mi contra, así como la averiguación previa que existe en contra del aquí quejoso" TERCERO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables, Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo y Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, Morelos, y Cuautla, Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, de Jojutla, Morelos, Fiscal Regional Oriente, de Cuautla, Morelos, Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado, Director General de la Unidad Jurídica, en ausencia del Fiscal General del Estado, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitana, con sede en esta ciudad, en su totalidad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye, sin prueba en contrario de la parte quejosa que desvirtúe tal negativa vertida por las autoridades responsables. Así, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos por advertirse la actualización de una causal de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En ese sentido, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que en su parte relativa establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." En la especie, se sostiene que la inexistencia de los actos reclamados, se da en razón de que las autoridades responsables en forma tajante y categórica negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas. En relatadas condiciones, resulta incuestionable que los actos reclamados son inexistentes, ya que como se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables por el impetrante, no existen tales actos de molestia en contra de la parte quejosa, con lo que se actualiza la causal de sobreseimiento que contempla la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis visible a página 254, Tomo XIII, Enero 1994, del Semanario Judicial de Federación, Octava Época; Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito; que dispone: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no aportó prueba suficiente, idónea y fehaciente en contrario para desvirtuar lo asentado en los informes justificados rendidos por las responsables, resulta incuestionable que los actos reclamados son inexistentes, actualizándose por tanto, la causal de sobreseimiento que contempla la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se reitera, al no quedar acreditada la existencia de los actos que combate la reclamante mediante esta vía constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura de la presente sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por PEDRO SÁNCHEZ SOTELO, en contra de los actos y autoridades señalados en el resultado primero de esta resolución y por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Por las razones precisadas en el considerando último de este fallo, se ordena la captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido por María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ****, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, y por las razones precisadas en el considerando único de esta interlocutoria.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio número 771/2017-B, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en los autos del incidente en revisión administrativa 587/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Ruth Aparicio Báez, por conducto de su autorizada Liliana Pérez Rodríguez; asimismo, remite los autos originales del incidente de suspensión número 709/2017. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que en la ejecutoria de mérito, la Superioridad determinó confirmar la resolución interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución interlocutoria recurrida. "SEGUNDO.- Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, dadas las razones expuestas en la última consideración de esta ejecutoria." Finalmente, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes respectivo, para que obre como corresponda. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Pedro Roman Castañeda190/2023
- Pedro Roman Garcia Muciño662/2023
- Pedro Saavedra Valle1640/2016
- Pedro Saavedra Villaseñor657/2018
- Pedro Salas Damian1807/2017
- Pedro Salazar Mejia1417/2021
- Pedro Sota Reyes1766/2017
- Pedro Terán Flores582/2020
- Pedro Teran Flores1341/2015
- Pedro Teran Flores1717/2019
- Pedro Valero Nuñez450/2016
- Pedro Valero Nuñez855/2015