Pedro Sánchez Concha

Expediente 695/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
695/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2015

Partes del expediente

  • Pedro Sánchez Concha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MES VI B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa y tercera interesada, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de dieciocho de febrero del presente año (fojas 143 a 146), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  2. Principal

    MESA VI B De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió al quejoso PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca (en representación de la tercera interesada), en auto de diecisiete de diciembre pasado, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así cabe destacar, que mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce (fojas 94 a 106), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria dicho fallo, dejara insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil catorce, dictada en la causa penal 44/2013, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, en los siguientes términos: 1.- Con base a los elementos que constituyen la materialidad del delito de lesiones, deberá señalar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento. 2.- Deberá mencionar que órgano del Poder Judicial de la Federación sustentó el criterio que invocó con el rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. AVERIGUACIÓN PREVIA. VALOR PROBATORIO QUE SE ATRIBUYE A SUS ACTUACIONES EN ESTA ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS" y "DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR DE [sic] PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA); además si son tesis de jurisprudencia o tesis aisladas 3.- Deberá verificar que la deposición de la pasivo Eugenia González Morales, presentada en comparecencia de veintiocho de julio de dos mil once, reúna los requisitos previstos en la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. 4.- Respecto al parte informativo de veintisiete de julio de dos mil once, suscrito por los policías preventivos Fernando Avendaño Santiago, Bulmaro Mateo Ángeles y Juan Javier Sangerman Vásquez, la autoridad judicial deberá valorar la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de la prueba testimonial. 5.- En el apartado de la probable responsabilidad, deberá motivar con qué prueba se acredita que la conducta del quejoso fue dolosa, misma que fundó en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal en el Estado. 6.- Respecto a las declaraciones del inculpado, aquí quejoso, la autoridad judicial deberá citar el fundamento o fundamentos en que se apoye para sustentar, que los argumentos defensivos únicamente contradicen las imputaciones que existen en su contra, más de ninguna manera la desvirtúan y que tampoco se acredita lo afirmado por el activo referente a que la denuncia presentada en contra del activo fue por represalia de la presidenta Municipal de Tlacolula de Matamoros. 7.- Deberá fundar su determinación respecto que las documentales consistentes en el expediente clínico de Pedro Sánchez Concha; las copias de los oficios BOO.00.506.04.4.0245/2008 suscrito por el director de Administración del Agua, de veinticuatro de marzo de dos mil ocho; el oficio de dieciocho de enero del citado año, signado por el coordinador general de Administración Red Federal de Servicio a la Ciudadanía; la minuta de acuerdos de ocho de marzo de dos mil once, celebrada por los integrantes del Ayuntamiento Municipal Constitucional Periodo 2011-2013 y los ciudadanos que fueron comisionados por la Asamblea General de Población; la copia de dos panfletos; la copia de una nota periodística; copia del escrito de Pedro Sánchez de veintitrés de septiembre de dos mil once; la copia del oficio BOO.00.R06.04.4.0825/2011, suscrito por el director de Administración del Agua; copia del ocurso signado por los integrantes de la Agrupación en etapa de Registro, denominada coordinadora para la defensa y protección de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula, se tratan de copias simples, y contienen hechos distintos al caso, y 8.- Con relación al interrogatorio practicado al perito médico José Manuel Antonio Javier y a la testigo de cargo Julieta Vicente, deberá citar las fechas en que se desahogaron esas pruebas, a fin de identificarlas, ya que en autos no aparece que en la fase de preinstrucción se hayan realizado; además deberá fundar y motivar esa determinación. En acatamiento a lo anterior, el Secretario Judicial encargado del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, autorizado por el Pleno para dictar sentencias, por oficio número 7473, remitió copia certificada de la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 44/2013 de su índice, de la que aparece que, por una parte, dejó insubsistente la diversa de tres de abril de ese año, y por otra, dictó nuevamente auto de formal prisión, contra PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Eugenia González Morales, subsanando los vicios formales destacados en la sentencia de amparo (fojas 120 a 135). Es así, toda vez que de la resolución en análisis, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento al fallo protector, subsanó los vicios formales que se destacan de la siguiente forma: 1.- Precisó los medios de prueba con los que se acreditó los elementos del cuerpo del delito de lesiones. 2.-Señaló los datos de localización del criterio que invocó en su resolución, misma que se menciona en los párrafos que anteceden. 3.- Realizó una valoración de la querella de la ofendida Eugenia González Morales, presentada en comparecencia de veintiocho de julio de dos mil once, en donde motivó que la deposición de la pasivo reúne los requisitos previstos en la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, detallando cada uno de ellos. 4.- En cuanto al parte informativo de veintisiete de julio de dos mil once, suscrito por los policías preventivos Fernando Avendaño Santiago, Bulmaro Mateo Ángeles y Juan Javier Sangerman Vásquez, la autoridad judicial valoró la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de la prueba testimonial. 5.- En el apartado de la probable responsabilidad, motivó con qué prueba se acredita que la conducta del quejoso fue dolosa, en los términos de la fracción I del artículo 8 del Código Penal del Estado. 6.-Precisó que conforme al artículo 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado Oaxaca, a las declaraciones del inculpado, aquí quejoso, no le concedió valor probatorio alguno, ya que tales argumentos defensivos únicamente contradicen las imputaciones que existen en su contra, motivando debidamente su determinación. 7.- No otorgó valor probatorio alguno a las documentales descritas en el punto respectivo, ya que señaló que se tratan de copias simples y que contienen hechos distintos al caso; lo anterior, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. 8.- Citó las fechas en que se desahogaron los interrogatorios practicados al perito médico José Manuel Antonio Javier y a la testigo de cargo Julieta Vicente, a fin de identificar dichos medios de convicción. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA VI B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veinte de junio de dos mil catorce (fojas 39 a 41), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Notificación personal por lista. (Quejoso). MESA VI B De la certificación de cuenta se conoce que el plazo de tres días que se concedió al quejoso PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca (en representación de la tercera interesada), en auto de diecisiete de diciembre pasado, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, transcurrió sin que hubieren hecho manifestación al respecto. En ese orden, se procede a analizar oficiosamente el cumplimiento del fallo protector. Así cabe destacar, que mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce (fojas 94 a 106), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria dicho fallo, dejara insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil catorce, dictada en la causa penal 44/2013, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, en los siguientes términos: 1.- Con base a los elementos que constituyen la materialidad del delito de lesiones, deberá señalar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento. 2.- Deberá mencionar que órgano del Poder Judicial de la Federación sustentó el criterio que invocó con el rubro siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. AVERIGUACIÓN PREVIA. VALOR PROBATORIO QUE SE ATRIBUYE A SUS ACTUACIONES EN ESTA ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS" y "DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR DE [sic] PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA); además si son tesis de jurisprudencia o tesis aisladas 3.- Deberá verificar que la deposición de la pasivo Eugenia González Morales, presentada en comparecencia de veintiocho de julio de dos mil once, reúna los requisitos previstos en la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. 4.- Respecto al parte informativo de veintisiete de julio de dos mil once, suscrito por los policías preventivos Fernando Avendaño Santiago, Bulmaro Mateo Ángeles y Juan Javier Sangerman Vásquez, la autoridad judicial deberá valorar la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de la prueba testimonial. 5.- En el apartado de la probable responsabilidad, deberá motivar con qué prueba se acredita que la conducta del quejoso fue dolosa, misma que fundó en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal en el Estado. 6.- Respecto a las declaraciones del inculpado, aquí quejoso, la autoridad judicial deberá citar el fundamento o fundamentos en que se apoye para sustentar, que los argumentos defensivos únicamente contradicen las imputaciones que existen en su contra, más de ninguna manera la desvirtúan y que tampoco se acredita lo afirmado por el activo referente a que la denuncia presentada en contra del activo fue por represalia de la presidenta Municipal de Tlacolula de Matamoros. 7.- Deberá fundar su determinación respecto que las documentales consistentes en el expediente clínico de Pedro Sánchez Concha; las copias de los oficios BOO.00.506.04.4.0245/2008 suscrito por el director de Administración del Agua, de veinticuatro de marzo de dos mil ocho; el oficio de dieciocho de enero del citado año, signado por el coordinador general de Administración Red Federal de Servicio a la Ciudadanía; la minuta de acuerdos de ocho de marzo de dos mil once, celebrada por los integrantes del Ayuntamiento Municipal Constitucional Periodo 2011-2013 y los ciudadanos que fueron comisionados por la Asamblea General de Población; la copia de dos panfletos; la copia de una nota periodística; copia del escrito de Pedro Sánchez de veintitrés de septiembre de dos mil once; la copia del oficio BOO.00.R06.04.4.0825/2011, suscrito por el director de Administración del Agua; copia del ocurso signado por los integrantes de la Agrupación en etapa de Registro, denominada coordinadora para la defensa y protección de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula, se tratan de copias simples, y contienen hechos distintos al caso, y 8.- Con relación al interrogatorio practicado al perito médico José Manuel Antonio Javier y a la testigo de cargo Julieta Vicente, deberá citar las fechas en que se desahogaron esas pruebas, a fin de identificarlas, ya que en autos no aparece que en la fase de preinstrucción se hayan realizado; además deberá fundar y motivar esa determinación. En acatamiento a lo anterior, el Secretario Judicial encargado del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, autorizado por el Pleno para dictar sentencias, por oficio número 7473, remitió copia certificada de la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil catorce, en la causa penal 44/2013 de su índice, de la que aparece que, por una parte, dejó insubsistente la diversa de tres de abril de ese año, y por otra, dictó nuevamente auto de formal prisión, contra PEDRO SÁNCHEZ CONCHA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Eugenia González Morales, subsanando los vicios formales destacados en la sentencia de amparo (fojas 120 a 135). Es así, toda vez que de la resolución en análisis, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento al fallo protector, subsanó los vicios formales que se destacan de la siguiente forma: 1.- Precisó los medios de prueba con los que se acreditó los elementos del cuerpo del delito de lesiones. 2.-Señaló los datos de localización del criterio que invocó en su resolución, misma que se menciona en los párrafos que anteceden. 3.- Realizó una valoración de la querella de la ofendida Eugenia González Morales, presentada en comparecencia de veintiocho de julio de dos mil once, en donde motivó que la deposición de la pasivo reúne los requisitos previstos en la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, detallando cada uno de ellos. 4.- En cuanto al parte informativo de veintisiete de julio de dos mil once, suscrito por los policías preventivos Fernando Avendaño Santiago, Bulmaro Mateo Ángeles y Juan Javier Sangerman Vásquez, la autoridad judicial valoró la prueba de que se trata, conforme a los principios y normas reguladores de la prueba testimonial. 5.- En el apartado de la probable responsabilidad, motivó con qué prueba se acredita que la conducta del quejoso fue dolosa, en los términos de la fracción I del artículo 8 del Código Penal del Estado. 6.-Precisó que conforme al artículo 352 del Código de Procedimientos Penales del Estado Oaxaca, a las declaraciones del inculpado, aquí quejoso, no le concedió valor probatorio alguno, ya que tales argumentos defensivos únicamente contradicen las imputaciones que existen en su contra, motivando debidamente su determinación. 7.- No otorgó valor probatorio alguno a las documentales descritas en el punto respectivo, ya que señaló que se tratan de copias simples y que contienen hechos distintos al caso; lo anterior, en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. 8.- Citó las fechas en que se desahogaron los interrogatorios practicados al perito médico José Manuel Antonio Javier y a la testigo de cargo Julieta Vicente, a fin de identificar dichos medios de convicción. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

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