Pedro Sanchez Castillo
Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Sanchez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio 26224/2019 de veintinueve de julio del año en curso dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, el cual fue devuelto con la leyenda "la autoridad que cita no está en el domicilio", por tanto, reexpídase el oficio de referencia su domicilio correcto el cual es: Calle General Gabriel Hernández # 56, Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06720 en la Ciudad de México, para evitar mayores dilaciones en el proceso, remítase vía mensajería acelerada "Estafeta". Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el cinco de julio del año en curso; pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les comunicó el citado proveído a las autoridades responsables que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no les causa perjuicio alguno, si no únicamente al directo quejoso, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 367/2019, firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin hacer mayor pronunciamiento ya que en acuerdo de cinco de julio del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. . Notifíquese.Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se acordó el escrito del quejoso de diez de enero de dos mil diecinueve, en el que solicitó los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, auto en el que el Juez responsable declaró improcedente dicha solicitud, en virtud de que previamente el quejoso había solicitado ese beneficio y le fue negado, mismo auto que le fue notificado el tres de mayo del año en curso, tal y como consta en la comunicación oficial 3376/2019. Ahora bien, se trae a colación que el veintidós de mayo del presente año, la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó el mismo día a este órgano jurisdiccional. En dicha demanda, el promovente reclamó de la responsable la omisión de acordar acerca de escrito de diez de enero del año en curso, por medio del cual solicitó el beneficio de libertad preparatoria anticipada o remisión de la pena, previsto en los numerales 540, 541, 542, y 543 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 84, 85 y 87 del Código Penal Federales. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Como se ha dicho, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, acordó el escrito del quejoso de diez de enero de dos mil diecinueve, y declaró improcedente su solicitud, en virtud, de que previamente el quejoso solicitó los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, y le fue negado en el incidente no especificado SD1014/2017, de veintidós de agosto de dos mil dieciocho por la aquí responsable, auto que le fue notificado el tres de mayo del año en curso. Por tanto, se concluye que el acuerdo fue dictado en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del veintidós de mayo del año en curso; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la negativa de acordarlo, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la negativa reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se le fue notificado el tres de mayo del año en curso. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que este juzgador pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la autoridad responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió la copia certificada donde acordó el escrito del quejoso, auto que le fue notificado el tres de mayo del año en curso, tal y como consta en la comunicación oficial 3376/2019. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora fijada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. Asimismo, resulta necesario destacar que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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