Pedro Sampablo Perez
Expediente 4365/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 4365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/05/2022
Partes del expediente
- Pedro Sampablo Perez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; uno de junio de dos mil veintidós. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Recepción del testimonio. Téngase por recibido el oficio y sus anexos de cuenta, signado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, por medio del cual, devuelve los autos del amparo en revisión administrativo 415/2017, el cuaderno principal del juicio de amparo 5022/2015, así como el testimonio de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el toca RA. 122/2018 de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Quedan firmes los resolutivos primero y tercero de la sentencia recurrida, en el que sobresee en el juicio de amparo y en el que se concede la protección constitucional, respectivamente, así como el resolutivo segundo en el que se niega el amparo con excepción de los actos reclamados consistentes en los artículos 28, fracción IV, 42, fracción IX y 53-B, del Código Fiscal dela Federación, así como el anexo 24 de las Resoluciones Misceláneas Fiscales 2015 y 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince y trece de enero de dos mil dieciséis, así como la cuarta resolución de modificaciones a la segunda de las mencionadas, publicada el cuatro de octubre de dos mil dijeseis, materia del presente recurso. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo indirecto 5022/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Mind Share de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, The Media Edge, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Wordldwide Mediacom México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Asesoría Estratégica Maxus, Sociedad Anónima de Capital Variable y The Groupm Esp Trading Company, Sociedad de Responsabilidad Limitada De Capital Variable, respecto de las disposiciones legales reclamadas, precisadas en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida." En consecuencia, se toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales conducentes, acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión al tribunal de alzada, glósese a los autos del cuaderno principal, las constancias originales que obran en el de antecedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal y comuníquese a las partes en el presente juicio lo resuelto por el tribunal oficiante. De igual forma, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Visto lo anterior, en el punto resolutivo TERCERO de la sentencia dictada en autos el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente efecto: "TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En ese contexto, en el punto resolutivo TERCERO de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto por este Juzgado, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Así, conviene precisar que respecto de los citados actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a los solicitantes de la protección constitucional, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, porque el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejarlos insubsistentes, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; por tanto, dichas autoridades legislativas no tienen que ejecutar acto alguno. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe lo siguiente: Si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y en caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y esta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Para tales efectos, se hace de su conocimiento que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las morales quejosas es el siguiente: EXPEDIENTE QUEJOSA RFC 5022/2015 1) MIND SHARE DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MSM981208FQ5 2) THE MEDIA EDGE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA DE CAPITAL VARIABLE MED8409065M6 3) WORDLDWIDE MEDIACOM MEXCICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE WMM9611211GA 4) ASESORIA ESTRATEGICA MAXUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE AEM061213423 5)THE GROUPM ESP TRADING COMPANY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE GET110812D77 Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto; apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Fundamento: Artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: mariadelcarmen.cerecedo.arreola@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Finalmente, remítase el R.A. (P-5/2013).-415/2017 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Notifíquese.
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