Pedro Salas Rivera
Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Pedro Salas Rivera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el consecutivo 326/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veinticuatro de marzo de este año, dictado en la etapa de ejecución de convenio en el juicio extraordinario civil 150/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, en el cual se le requiere para que se presente ante el Notario Público 26, con ejercicio en la ciudad de San Luis Potosí, a efecto de que firme la escritura correspondiente al inmueble denominado "La Vaina" ubicado en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, en cumplimiento al convenio celebrado el once de diciembre de dos mil nueve, apercibido que de no hacerlo se expedirá la escritura en rebeldía. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causas de improcedencia. I. Hipótesis. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. II. Antecedente. a) J. Santos Guerrero Galaviz demandó a la parte quejosa por el cumplimiento de un contrato de comodato, de dicha controversia conoció el Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí bajo el expediente 150/2006. b) En dicho juicio extraordinario civil, el once de diciembre de dos mil nueve, las partes celebraron un convenio en el cual la parte demandada se comprometió a entregar el bien inmueble denominado "La Vaina", ubicado en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y el actor se comprometió a escriturar a favor de Pedro Salas Rivera una porción de dicho terreno. c) Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, dentro de la etapa de ejecución de convenio del juicio extraordinario civil 150/2006, requirió al quejoso Pedro Salas Rivera para que se presentará ante el Notario Público 26, con ejercicio en la ciudad de San Luis Potosí, a efecto de que firme la escritura correspondiente al inmueble denominado "La Vaina" ubicado en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, en cumplimiento al convenio celebrado el once de diciembre de dos mil nueve, apercibido que de no hacerlo se expedirá la escritura en rebeldía. Determinación que constituye el acto reclamado. III. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 107, fracción IV, de la misma legislación, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". El sentido literal del último artículo transcrito permite establecer que cuando se trata de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, como ocurre en ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente. No obstante, el Pleno del Más Alto Tribunal en el País ha considerado que procede de manera excepcional el juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, aun cuando no se haya emitido la última resolución, en el supuesto de que el acto reclamado afecte directamente derechos sustantivos, si es que tal afectación no es consecuencia directa ni necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. IV. Análisis del caso concreto. En ese sentido, el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que ordenó en etapa de ejecución de convenio requerir al quejoso para que se presentará ante el Notario Público 26, con ejercicio en la ciudad de San Luis Potosí, a efecto de que firme la escritura correspondiente al inmueble denominado "La Vaina", no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución de convenio del juicio natural en tanto no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente. De modo que, dicho proveído no puede ser analizados en el presente juicio de amparo, sino que el quejoso podrá hacer valer las violaciones que a su criterio lo hubiere dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación y su ejecución de que se duele hasta que se pronuncie la última resolución en esa etapa. Sostener un criterio contrario, implicaría que con motivo de la promoción del presente juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio de origen, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. No obsta el hecho de que el acto reclamado pueda afectar el patrimonio del peticionario de amparo, en cuanto al bien a escriturar y por los gastos de traslado, ya que tal afectación no es ajena a los derechos sustantivos que se puedan menoscabar por la propia ejecución del convenio pactado en el juicio de origen, cuyo contenido reviste las características del principio de cosa juzgada y, por ende, su cumplimiento inaplazable y obligatorio. Esto es, la afectación al patrimonio del quejoso originada con motivo del dictado del acto reclamado es una consecuencia directa y necesaria de la convención de voluntades pactada que se encuentra en la categoría de cosa juzgada en el juicio natural, cuyo incumplimiento se pretende ejecutar a través del procedimiento de ejecución, pues se obligaron a cubrir las prestaciones reclamadas y no se alega acuerdo específico sobre el lugar de la firma de la escritura. Tampoco es obstáculo lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que al trasladarse a la notaria respectiva corre el riesgo de contagiarse de COVID-19, en razón de que en el acuerdo reclamado sólo se le apercibió que de no comparecer, el juez responsable otorgaría la escritura respectiva en su rebeldía, por lo que está en aptitud decidir si comparece o no ante el notario por considerarlo riesgoso, y si decide no acudir no se vulnerarían en su perjuicio derechos ajenos a la cosa juzgada en tanto el otorgamiento de la escritura referida ya es una cuestión que reviste el carácter de cosa juzgada. Además, al dictarse la última resolución en la etapa de ejecución de convenio del juicio natural, podrá hacer valer todas las violaciones inherentes a la ejecución, entre ellas si se escrituró un bien inmueble que no corresponde a la convención de voluntades, o bien, una superficie mayor a la convenida, de modo que, si el quejoso decide no acudir al notario por considerarlo riesgoso no queda en estado de indefensión, pues podrá controvertir la ejecución de lo convenido al dictarse la última resolución. Es así que, la promoción de la acción constitucional intentada no tiene otro fin mas que el de impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva en el juicio de origen, a través del convenio pactado que reviste la categoría de cosa juzgada, pues en el momento en que ese acuerdo adquirió la naturaleza de cosa juzgada sus efectos materiales sobre las cosas y la persona del quejoso inevitablemente se consumaron en forma irreparable. Así, atento a la ratio legis del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de juicios de amparo, se concluye que el acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución del juicio natural, no es impugnable, por el momento, mediante el presente juicio de derechos fundamentales, al no tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento, en tanto no aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenan el archivo definitivo del expediente, y dado que con la promoción del amparo se entorpecería la ejecución de lo sentenciado, lo cual se encuentra firme y, por ende, bajo los efectos del principio de cosa juzgada. En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual denuncia la violación a la suspensión definitiva decretada en interlocutoria de diez de junio de dos mil diecinueve; en atención a su contenido se provee: No ha lugar a tramitar el incidente de violación a la suspensión definitiva que promueve la parte quejosa, ya que existe sentencia ejecutoriada en este juicio de amparo y en términos del numeral 206 de la Ley de Amparo, dicha inciden sólo procede mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio. Notifíquese personalmente.
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