Pedro Ruiz González
Expediente 643/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Ruiz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
# pral 643/21016 mesa 5 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 27 a 30); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, A) que se encuentre corriendo el término de diez días para las autoridades responsables: f) juez Primero de lo Penal, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y g) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad, como se advierte de la constancia de notificación y acuse de recibo respectivos (foja 37 a 38); B) que no se cuente con el acuse de recibo con el cual se acredite que la autoridad responsable h) comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado, residente en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, haya quedado notificada de la resolución de mérito; porque carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Y por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, de rubro: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES". Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio (fojas 27 a 30), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. (mecb
- Principal
*pral. 643/2016 mesa amp. 5-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio número 2815, signado por la secretaria Encargado del Juzgado Primero de lo Penal, por Ministerio de Ley, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, toda vez que el mismo fue recibido vía fax el veintinueve de abril del año en curso, acordándose lo procedente en la misma fecha (fojas 23 y 27). Notifíquese.
- Incidental
*inc. 643/2016 mesa amp. 5-a TERCERO. Con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que por haberse negado la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 131 y 136 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a PEDRO RUIZ GONZÁLEZ, la suspensión definitiva, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 1 a pral. 535/2015-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 73 a 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por FRANCISCO ADALBERTO SANCHEZ CRUZ, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de esta sentencia, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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