Pedro Rubio Castillo

Expediente 657/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
657/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
10/08/2017

Partes del expediente

  • Pedro Rubio Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 657/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar en el juicio de amparo el doce de julio de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario JADILSON ALONSO NAVARRO, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 657/2017-V, promovido por PEDRO RUBIO CASTILLO , por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado el veinticinco de abril del año en curso, PEDRO RUBIO CASTILLO, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de: Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuautla, Morelos. Delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Cuautla, Morelos. Que hizo consistir en la baja del padrón vehicular del automóvil tipo microbús, modelo 2010, submarca urban panel, marca nissan, número de serie JN6AE52SXAX022238, motor QR25800999A, con capacidad para diecisiete personas y con placas de circulación del servicio con itinerario fijo 170361P. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo y se admitió a trámite por lo que se registró en el libro de gobierno con el expediente 657/2017-V-V, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia: Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este juzgador debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sentado lo anterior, se precisa que el quejoso reclamó la baja del padrón vehicular del automóvil tipo microbús, modelo 2010, submarca urban panel, marca nissan, número de serie JN6AE52SXAX022238, motor QR25800999A, con capacidad para diecisiete personas y con placas de circulación del servicio con itinerario fijo 170361P. TERCERO. Análisis de la existencia de los actos reclamados. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. CUARTO. Actos reclamados inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Mando Único Cuautla, Morelos (denominaciones correctas de las autoridades señaladas por el quejoso, como responsables), ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el impetrante haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna; en tal virtud, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Actos reclamados existentes. El Delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Cuautla, Morelos, no rindió informe justificado; por lo que se tiene por cierto dicho acto. SEXTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. En ese tenor, el suscrito Juez, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, es del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por lo tanto, en términos del artículo transcrito, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico), o bien, un interés legítimo individual o colectivo y, en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado conculca los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De lo que se colige que podrá promover el juicio de amparo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado vulnere las garantías o los derechos previstos en el artículo 1° de la Carta Magna, y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie, la parte quejosa hace derivar su reclamo básicamente en la baja del padrón vehicular del automóvil tipo microbús, modelo 2010, submarca urban panel, marca nissan, número de serie JN6AE52SXAX022238, motor QR25800999A, con capacidad para diecisiete personas y con placas de circulación del servicio con itinerario fijo 170361P. En el caso, para que la parte quejosa alegue que cuenta con la calidad de concesionario para ejercer el servicio público con itinerario fijo con placas de circulación 170361P, se estima necesario que acredite su interés jurídico, demostrando que tiene tal concesión, permiso o autorización y que se encuentra vigente. En efecto, en el caso concreto, el quejoso para demostrar su interés jurídico debió acreditar: 1. Ser titular de una concesión, permiso o autorización que lo faculte a prestar el servicio de servicio público con itinerario fijo con placas de circulación 170361P; y, 2. Que la misma se encuentra vigente al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de abril de dos mil diecisiete). Esto es, que cuenta con un permiso, autorización o concesión vigente para ejercer el servicio público con itinerario fijo con placas de circulación 170361P. Extremos que no se demuestran con la documental aportada por el solicitante de amparo en el presente sumario, pues a fin de acreditar su interés exhibió como prueba copia simple del contrato de arrendamiento relativo a las placas de circulación 170361P, fechado el veintitrés de abril de dos mil catorce, celebrado entre Ángel Franco Meza y Pedro Rubio Castillo (foja 7). Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el valor probatorio de las copias simples queda al prudente arbitrio judicial con el carácter y alcance de indicios, de manera que en su adecuada apreciación en relación con los hechos a probar, y atendiendo a su vinculación con otros elementos de prueba que obran en autos, cabe la posibilidad de que generen convicción en el ánimo del juzgador; sin embargo, en el caso sujeto a estudio, no ha lugar a otorgarle valor probatorio, ello porque en el caso se trata de un documento exhibido en copia simple que por sí mismo es insuficiente para demostrar el interés jurídico del promovente de amparo y por ende, que el acto reclamado le causa alguna afectación. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 2ª./J. 32/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 127, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." De igual forma, es de apoyo la tesis número 3a. 18, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero a junio de 1989, página 379, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Asimismo, apoya lo anterior, de manera analógica, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 213, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso Ahora, de lo anteriormente precisado lleva a establecer que el juicio de amparo es procedente, siempre que se promueva por parte agraviada, teniendo tal carácter quien cuente con cualquiera de los siguientes requisitos: a) Interés jurídico o b) interés legítimo. Al respecto, es dable destacar que los elementos del interés jurídico son: 1. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2. Que el acto de autoridad o ley afecte ese derecho. En tanto que los componentes del interés legítimo son: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, materia común, página 1854, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el caso concreto, el quejoso debió demostrar su interés jurídico, ya que este se actualiza cuando existe una norma (constitucional, legal o contractual), que confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma disposición legal tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior conduce a determinar que la parte impetrante debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. De ahí que la parte quejosa deba acreditar, en primer término, que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Por tal razón, en el interés jurídico, es menester que exista un agravio personal y directo a un derecho tutelado por una norma. En tanto que para tener por demostrado el interés legítimo, la afectación no necesariamente debe ser directa, sino colateral, esto es, requiere de un agravio personal e indirecto. Por su parte, el artículo 107, fracción I, Constitucional, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha norma establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. Dicho interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Por tanto, es evidente que el impetrante debió demostrar que es titular o poseedor del derecho que aduce le fue volado, para así probar que resiente una afectación a su esfera de derechos con motivo de la orden de baja del padrón vehicular que reclama, lo cual no acontece, pues fue omiso en exhibir concesión, permiso o autorización alguna para ejercer el servicio público con itinerario fijo con placas de circulación 170361P, y como se estableció, el documento exhibido no es idóneo para acreditar que posee un permiso para ejercer el servicio público con itinerario fijo que aduce. A mayor abundamiento, el impetrante tampoco acreditó ser propietario o poseedor del vehículo tipo microbús, modelo 2010, submarca urban panel, marca nissan, número de serie JN6AE52SXAX022238, motor QR25800999A, con capacidad para diecisiete personas y con placas de circulación del servicio con itinerario fijo 170361P. Lo anterior, no obstante de corresponderle la carga probatoria de hacerlo, a fin de acreditar la afectación al interés jurídico que ostenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en la página 903, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." También es aplicable en este punto, la jurisprudencia Registro No. 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común, "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No es óbice a lo anterior, que el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad, que el contrato original del cual exhibió en copia simple, se encuentra en posesión de Ángel Franco Meza; sin embargo, no puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia Registro No. 187777, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que la parte quejosa reclama al Delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Cuautla, Morelos. En ese orden de ideas, es menester precisar que no basta para tener por acreditado el interés jurídico del inconforme, la sola presentación de la demanda de amparo, pues ello implica únicamente la pretensión de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que el acto reclamado lesiona su interés jurídico. Tampoco la manifestación contenida en la demanda bajo protesta de decir verdad, en razón de que dicha fórmula únicamente se trata de un requisito meramente formal que la Ley de Amparo exige en el contenido del escrito inicial de demanda. Pero tal declaración no entraña acreditar un derecho, ni el interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sino la satisfacción por parte del inconforme de los requisitos exigidos por la ley, que debería ser robustecida con elementos de convicción que hagan prueba plena. Sobre el particular, es aplicable el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4, de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Atento a lo anteriormente vertido en este considerando, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis aislada, cuyo tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por último, es necesario indicar que las jurisprudencias citadas en el cuerpo de esta resolución, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio del: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", de veinte de marzo de dos mil trece, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley: "..SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Rubio Castillo, respecto de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expuestos en el cuarto y sexto considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de julio de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair Garcia Meza, que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del doce de julio del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pedro Rubio Castillo, respecto de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo, por los motivos y consideraciones expuestos en el cuarto y sexto considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de julio de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair Garcia Meza, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalado para el día hoy el verificativo de la audiencia constitucional, sin embargo, no es posible su desahogo; toda vez que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Cuautla, Morelos, por auto de veintiséis de abril dos mil diecisiete, para rendir su informe justificado, en virtud que de las constancias que integran el presente juicio se advierte que fue notificada el dos de junio del año que transcurre; por lo tanto, para dar tiempo a la llegada del mismo, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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