Pedro Rolando Suarez Alva

Expediente 1907/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1907/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Pedro Rolando Suarez Alva
  • Titular de la Estacion Migratoria del Instituto Nacional de Migracion

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse concedido la suspensión de plano, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente las constancias remitidas por la autoridad responsable Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, consistentes en copia certificada del procedimiento administrativo migratorio EA/1S.9/BC/JUR/EM/MXL/7440/2022-11-24, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que el quejoso ******************** solicitó expresamente a la autoridad migratoria acogerse al beneficio de retorno asistido, lo que se acordó favorablemente; por tanto, se estima que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en lo que respecta al acto relacionado con la devolución del quejoso a su país de origen. El numeral invocado establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que la solicitud expresa formulada por el quejoso ante la autoridad migratoria responsable de acogerse al beneficio del retorno asistido, entraña el consentimiento del acto que aquí se combate, que al margen de la denominación que haya sido otorgada por el promovente, en esencia, consiste en la devolución a su país de origen. Esto es así, porque de las documentales previamente reproducidas se advierte que tal manifestación se efectuó en términos del artículo 118 de la Ley de Migración, la cual, según el propio contenido de dicha disposición, implica la voluntad del extranjero para sujetarse al beneficio del retorno asistido. Entonces, si en el caso concreto el directamente agraviado solicitó el beneficio de retorno asistido, como se anticipó, se estima que ello se traduce en una expresión de consentimiento sobre su regreso a su país de origen, lo que actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 148/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doscientos ochenta y nueve, tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de octubre de dos mil seis, Novena Época, registro 174120, de contenido siguiente: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado. Amparo en revisión 3277/98. Federico Cárdenas Pérez y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Amparo en revisión 298/2001. Teléfonos de México, S.A. de C.V. y otra. 25 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Amparo directo en revisión 1819/2003. Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V. 2 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 499/2004. Braniff Transport Carga, S.A. de C.V. 15 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot. Amparo en revisión 384/2005. Lauro Martínez Rosete. 15 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. Tesis de jurisprudencia 148/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de octubre de dos mil seis." Por otra parte, se estima que con motivo de la salida del país del quejoso, respecto de los restantes actos reclamados consistentes en la detención, así como su alojamiento en la estación migratoria y, en vía de consecuencia, su incomunicación, se surte el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, en el caso se actualiza la causa de improcedencia aludida, porque de las documentales previamente valoradas se obtiene que la autoridad migratoria comunicó a la parte quejosa sus derechos, lo que reconoció expresamente en su comparecencia y, con motivo de su solicitud expresa de regresar lo más pronto a su país de origen, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós se otorgó el beneficio de retorno asistido, lo que le permitió abandonar la estación migratoria respectiva y retornar a su país con el auxilio de la autoridad. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa estaba alojada en la estación migratoria y refirió que no se le había informado sobre sus derechos, tal afectación a su esfera jurídica cesó una vez que en su comparecencia ante la autoridad migratoria, manifestó que se le habían comunicado sus derechos y, con motivo de ello, indicó que era su deseo regresar a su país lo más pronto posible, acogiéndose voluntariamente al beneficio de retorno asistido, lo cual fue acordado favorablemente por la autoridad migratoria. De modo que todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al estar demostrada la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIII y XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo promovida por******************** y ********************, a favor del quejoso ********************.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo remitidos por el Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y remite constancia de hechos en la que asienta que el quejoso ******************** se negó a firmar las actuaciones correspondientes a su expediente administrativo migratorio.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos que remite el Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento de diez de mayo de dos mil veintitrés. Ahora, toda vez que las constancias remitidas por dicha autoridad relativas al expediente administrativo del quejoso Pedro Rolando Suárez Alva, carecen de la firma de este; en consecuencia, requiérase de nueva cuenta al Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, para que remita copia certificada del expediente administrativo del directo quejoso, donde obren las determinaciones y notificaciones firmadas por el interviniente, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización vigente, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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