Pedro Rodriguez Tovar

Expediente 368/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
368/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Pedro Rodriguez Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En seis de mayo de dos mil diecinueve el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil diecinueve Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Pedro Rodríguez Tovar y/o Pedro Tovar Rodríguez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de doce de abril del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Pedro Rodríguez Tovar y/o Pedro Tovar Rodríguez, contra actos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y de otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 17 y 23 de la Constitución General de la República, fórmese expediente de amparo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 368/2019-II. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar al momento de estudiar una demanda, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la misiva de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: 1. De la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí: La omisión de dar cumplimento al laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/214/E-5, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado se está ante una omisión de carácter administrativo, ante lo cual el estudio de la misma consistirá en analizar la existencia de una obligación por parte de la citada secretaría de llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento al laudo de mérito. Y, en caso de que se concediera el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a dar cumplimiento al laudo dictado por el Tribunal responsable 2. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, requerido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y veinte de marzo del año en curso, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado, se está ante un acto de carácter jurisdiccional (no administrativo), emitido en un juicio laboral, ante lo cual el fondo del presente juicio de amparo consistiría en determinar si dicha actuación es o no constitucional, atendiendo a las normas de derecho del trabajo. Y, en caso de que se concediera el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir al Tribunal responsable a que dentro de sus atribuciones vigile el cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, de su índice. Ante ello, resulta incuestionable que las omisiones reclamadas, si bien se encuentran relacionadas a su pretensión de que se ejecute el laudo respectivo, por su naturaleza y objeto litigioso, se encuentran desvinculadas entre sí, por lo que no guardan una estrecha relación entre sí, puesto que la omisión reclamada precisada en el punto 1 tiene una naturaleza eminentemente de derecho administrativo, mientras que el diverso reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se rige por las reglas del derecho del trabajo, de ahí que es claro que se encuentran desvinculado lo que constituiría la materia de análisis de las diversas omisiones, al grado de que generarían efectos distintos las resoluciones que eventualmente se emitieran al respecto. Lo que trae como consecuencia que técnicamente dichas omisiones no puedan ser analizadas y resueltas en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: 1. En la primer demanda, se reclama: De la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí: La omisión de dar cumplimento al laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/214/E-5, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 2. Mientras que en la segunda demanda se reclama: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, requerido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y veinte de marzo del año en curso, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Por consiguiente, continúese el trámite ya descrito en relación con la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a la omisión reclamada de la autoridad precisada en el punto 2 que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el punto 1 y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo derivado del que se actúa, provea lo que considere adecuado. NP.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto de la omisión reclamada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en no llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, requerido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y veinte de marzo del año en curso, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En ese tenor, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En ese contexto, el suscrito advierte que respecto de la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, requerido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y veinte de marzo del año en curso, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA." "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ahora bien, como se señaló anteriormente, el quejoso reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, requerido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve y veinte de marzo del año en curso, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En relación con dicho acto reclamado, en sus conceptos de violación el quejoso manifiesta que "ha transcurrido casi 10 meses a partir del mismo, razón por lo cual no ha realizado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje las medidas necesarias para el cumplimiento del mismo" asimismo agrega que "la autoridad responsable denominada Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje violenta mi derecho de recibir justicia de manera pronta y expedita, ya que habiéndose satisfecho todas las etapas procesales, por causas que desconozco se ha abstenido de vigilar el cabal cumplimiento del laudo laboral en mención". Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse al presidente de un Tribunal laboral para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De ahí que, si en el caso en estudio, el quejoso reclama genéricamente la omisión de llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del laudo emitido el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 730/2014/E-5, y ello lo hace depender de las afirmaciones ya descritas, en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, pues dicho supuesto se ubica en la hipótesis prevista por la jurisprudencia citada con antelación, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor, como en el presente caso se promovió el presente asunto; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo anterior, constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia según lo sustentó el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), localizable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Igualmente, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda, y toda vez que el presente asunto es materia laboral y el quejoso es la parte trabajadora, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley referida, a las personas que menciona. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.

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