Pedro Rodolfo Ortega Galindo
Expediente 1278/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- Pedro Rodolfo Ortega Galindo
- PEDRO RODOLFO ORTEGA GALINDO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: EPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, mediante el cual acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja 76/2021 de su índice, relativa al juicio de amparo indirecto 1278/2020; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia: declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la representante común de los quejosos KARINA SANDOVAL ESMERIO. Luego, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". De la citada porción normativa, se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la quejosa, de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época, la indica: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así también la diversa tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". A efecto de demostrar la actualización de la causal en análisis se indica que en el presente asunto los quejosos KARINA SANDOVAL ESMERIO, PEDRO RODOLFO ORTEGA GALINDO, BRAZIL AZAMAR NUÑO GUERRERO, ADRIANA FHARIDE SÁNCHEZ LÓPEZ y EFRÉN HELEODORO BERNAL RODRÍGUEZ, esencialmente reclaman: ". La determinación del otorgamiento de licencia Ilevada a cabo en sesión celebrada el día diecinueve de noviembre de 2020, con efectos a partir del día 15 de diciembre del año en curso, a favor del senador sin suplente Miguel Ángel Navarro Quintero, dejando a la cámara de senadores sin su debida integración, violando mis derechos humanos de igualdad." Ahora, es un hecho notorio que MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO actualmente no es senador de la República, sino que desde el diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, para el periodo 2021-2027 -dos mil veintiuno al dos mil veintisiete-. Por lo anterior, cabe precisar que no obstante que subsiste el acto reclamado consistente en la licencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con efectos a partir del día quince de diciembre del citado año, a favor del senador sin suplente Miguel Ángel Navarro Quintero, lo cierto es que ya no puede surtir efecto legal alguno dado que en su lugar fue electa en diciembre de dos mil veintiuno, la senadora ROSA ELENA JIMÉNEZ ARTEAGA, para ocupar la vacante del ex senador y actual gobernador de esta entidad federativa. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida por KARINA SANDOVAL ESMERIO, PEDRO RODOLFO ORTEGA GALINDO, BRAZIL AZAMAR NUÑO GUERRERO, ADRIANA FHARIDE SÁNCHEZ LÓPEZ y EFRÉN HELEODORO BERNAL RODRÍGUEZ, por su manifiesta e indudable improcedencia. Luego, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, mediante el cual acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en los autos del recurso de queja 76/2021 de su índice, relativa al juicio de amparo indirecto 1278/2020; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia: declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la representante común de los quejosos KARINA SANDOVAL ESMERIO. Luego, del análisis de esa demanda de amparo, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". De la citada porción normativa, se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la quejosa, de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época, la indica: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así también la diversa tesis 2a. XLVIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". A efecto de demostrar la actualización de la causal en análisis se indica que en el presente asunto los quejosos KARINA SANDOVAL ESMERIO, PEDRO RODOLFO ORTEGA GALINDO, BRAZIL AZAMAR NUÑO GUERRERO, ADRIANA FHARIDE SÁNCHEZ LÓPEZ y EFRÉN HELEODORO BERNAL RODRÍGUEZ, esencialmente reclaman: ". La determinación del otorgamiento de licencia Ilevada a cabo en sesión celebrada el día diecinueve de noviembre de 2020, con efectos a partir del día 15 de diciembre del año en curso, a favor del senador sin suplente Miguel Ángel Navarro Quintero, dejando a la cámara de senadores sin su debida integración, violando mis derechos humanos de igualdad." Ahora, es un hecho notorio que MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO actualmente no es senador de la República, sino que desde el diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, para el periodo 2021-2027 -dos mil veintiuno al dos mil veintisiete-. Por lo anterior, cabe precisar que no obstante que subsiste el acto reclamado consistente en la licencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con efectos a partir del día quince de diciembre del citado año, a favor del senador sin suplente Miguel Ángel Navarro Quintero, lo cierto es que ya no puede surtir efecto legal alguno dado que en su lugar fue electa en diciembre de dos mil veintiuno, la senadora ROSA ELENA JIMÉNEZ ARTEAGA, para ocupar la vacante del ex senador y actual gobernador de esta entidad federativa. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida por KARINA SANDOVAL ESMERIO, PEDRO RODOLFO ORTEGA GALINDO, BRAZIL AZAMAR NUÑO GUERRERO, ADRIANA FHARIDE SÁNCHEZ LÓPEZ y EFRÉN HELEODORO BERNAL RODRÍGUEZ, por su manifiesta e indudable improcedencia. Luego, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, por el que acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Karina Sandoval Esmerio, representante común de la parte quejosa, medio de impugnación que quedó registrado con el número 76/2021 de su índice. NOTIFÍQUESE.
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