Pedro Rocha Rodríguez

Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 37 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Rocha Rodríguez
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el original del escrito de agravios signado por el quejoso Pedro Rocha Rodríguez, copia simple del mismo, original del juicio de amparo 604/2022 y tres tomos de pruebas; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado, que el diez de marzo de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos, dando origen al recurso de revisión número 111/2023; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De la misma manera, infórmesele a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, tal como se advierte en la siguiente imagen: Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante envíese el archivo electrónico de la sentencia recurrida a la dirección del correo electrónico oficial de ese tribunal colegiado 2tc28cto@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que las partes han sido notificadas del recurso de revisión interpuesto en autos por la parte quejosa, en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, remítase el original del presente juicio de Partes Resolución recurrida Interposición de recurso Quejosa 09 de febrero de 2023 La parte quejosa interpuso el recurso el 24 de febrero de 2023, fue notificada del auto que dio trámite al recurso el 28 de febrero de 2023 Tercera interesada 10 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 Autoridad responsable 10 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 Agente del Ministerio Público Federal adscrito 14 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023 amparo, original del escrito de interposición de dicho recurso, escrito de agravios y copia simple del mismo, así como tres cuadernos de pruebas, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Pedro Rocha Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente y expresa agravios. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, escrito de interposición de dicho recurso y escrito de expresión de agravios, así como tres cuadernos de pruebas, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Por otra parte, fórmese el cuaderno de antecedentes, con copia simple de la demanda, auto admisorio, sentencia y escrito de agravios. Notifíquese por lista al quejoso y tercero interesado Joel Temoltzin Cuahutle; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable y tercero interesado.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 604/2022, promovido por ********************, por propio derecho, y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado diecisiete de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado de la Sala Penal con sede en Ciudad Judicial Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: - La resolución de once de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 35/2022, con la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el veinte de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial 554/2021, por el delito de abuso de autoridad previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). SEGUNDO. Admisión de la demanda, trámite y audiencia constitucional. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se ordenó radicar el asunto con el número 604/2022 y se admitió a trámite la demanda. Atento a ello, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento (fojas 54 a 67). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, concretamente al Agente del Ministerio Público que intervino en el toca de apelación; así como del ofendido Eliel Cervantes Sanluis, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos (fojas 30 y 169). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que ********************, reclama: - La resolución de once de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 35/2022, con la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el veinte de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa judicial 554/2021, por el delito de abuso de autoridad previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Titular de la Ponencia Uno actuando como Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando de manera Unitaria, en virtud de que, al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 33, aceptó el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el expediente original del toca penal 35/2022-2 y con la copia auténtica de la causa judicial ********************que remitió la referida autoridad responsable, donde obra el acto reclamado por el quejoso, así como el registro del audio y video de la audiencia inicial y su continuación llevada a cabo por el Juez de primera instancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, la suscrita Juzgadora debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito aduce que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 63 todos en relación directa con el 62 y el 217 de la Ley de Amparo. Dichas causales de improcedencia son inatendibles ya que son señaladas de manera genérica, por lo cual la suscrita no tiene obligación de analizarlas. Además contrario a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, el acto reclamado sí existe y además la quejosa, formuló conceptos de violación en contra de éste. No existiendo diversa causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación que se hicieron valer. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupció de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en turno, solicitó audiencia inicial para ejercitar acción penal en contra de entre otros, ********************, ello en virtud de que contaba con datos de prueba suficientes que establecían la comisión de los hechos con apariencia de delito de abuso de autoridad cometido en victimización de Joel Temoltzin Cuautle, el cual se encuentra previsto y sancionado por los artículos 157, fracción II y 169 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, por lo que solicitó se citara al imputado (fojas 1 a 6 del tomo II de pruebas). 2. La Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial y se citó a las partes (investigado y víctima) (foja 7 ídem). 3. El Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el veinte de febrero de dos mil veintidós dictó auto de vinculación a proceso (fojas 586 y 87 ídem). 4. ******************** mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós interpuso recurso de apelación en contra del mencionado auto de vinculación a proceso (fojas 89 a 94 ídem). 5. El Magistrado Integrante de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, dictó resolución el once de abril de dos mil veintidós, en el toca penal 35/2022-2 en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veinte de febrero de dos mil veintidós por el Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa judicial ********************instruida contra de otros, ********************, por hechos considerados en la ley como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado cometido en agravio de ******************** (fojas 21 a 48 del tomo I de pruebas). SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que en el caso se advierta queja deficiente por suplir, atento a lo cual lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En efecto, contrario a lo aducido por el promovente, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, al encontrarse debidamente fundada y motivada, y toda vez que como lo concluyó el magistrado responsable, el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, se emitió respetando sus derechos humanos, específicamente los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". "Artículo. 19 Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Además, conviene precisar el contenido de los artículos 313, párrafos primero, segundo y tercero, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga (.)". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De acuerdo a las disposiciones transcritas se advierte que para la emisión de un auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer ciertos requisitos de forma y fondo, a fin de que no resulte violatorio de derechos fundamentales, debiéndose anotar como de los primeros: a) Debe ser dictado en la audiencia inicial inmediatamente después de formulada la imputación y desahogado el debate, o dentro de las setenta y dos horas siguientes o su ampliación, después de desahogarse la audiencia relativa. b) Que se haya formulado imputación por parte de la representación social, y que se haya otorgado la oportunidad al imputado de declarar, en la forma y con los requisitos que establece el código procesal en cita, con independencia que aquél se rehúse a declarar. c) Los datos personales del imputado, y el delito que se le imputa. d) Las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar. e) Los datos de prueba que consten en la carpeta de investigación y que hayan sido señalados por las partes. Como que los datos de prueba sean suficientes para establecer la existencia de indicios razonables de que se han cometido hechos que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión; además, que no esté actualizada a favor del imputado, alguna causa de extinción de la acción o excluyente de responsabilidad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia J/26 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de dos mil doce, tomo 3, décima época, con registro digital 160331, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". Además, como requisito de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso, debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Es importante señalar que para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa, quienes en la audiencia inicial, específicamente el fiscal que formule la imputación, deberán reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estado procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente por no tenerlos a la vista, pues se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Así pues, la fundamentación y motivación no pueden soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando, atento a esa regla general, de que los jueces de control no tienen acceso a la carpeta de investigación y se imponen de su contenido de primer momento, en la audiencia para la formulación de la imputación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, en ese propio escenario procesal ante las partes ahí presentes. Efectivamente, en acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado. Es decir, la autoridad judicial cumplirá la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. En ese contexto, no puede pretenderse por parte de los juzgadores, atendiendo al principio de oralidad y de la ausencia de forma escrita de algunas actuaciones dentro del proceso una relajación en el deber de fundar y motivar las decisiones que asuman, pues, una motivación adecuada y suficiente se torna más necesaria que nunca, para evitar no solamente arbitrariedades reales, sino incluso irregularidades imaginadas por las partes en el juicio. Así las cosas, del contenido de los artículos anteriormente transcritos, interpretados de manera sistemática, se advierte que para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: de forma y fondo. Requisitos de forma. Dichas exigencias formales consisten en que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por un Juez de Control a petición del Ministerio Público, a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que la parte imputada fue puesta a disposición de autoridad judicial; y, en él deben expresarse el delito y/o delitos que se imputan, así como las circunstancias de su ejecución; se haya otorgado la oportunidad para declarar al imputado. Los anteriores requisitos se encuentran debidamente cumplidos, toda vez que como acertadamente lo advirtió el magistrado responsable, en la audiencia inicial el Agente del Ministerio Público formuló imputación al aquí quejoso por la comisión de los hechos que la ley señala como delito de abuso de autoridad, quien manifestó su deseo de acogerse a la ampliación del plazo constitucional de setenta y dos horas; por lo que, el juez resolvió dentro de ese término y cumplido lo anterior, emitió la resolución correspondiente a resolver lo relativo a su situación jurídica. Requisitos de fondo. La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales señalan como requisitos de fondo para el dictado de un auto de vinculación a proceso lo siguiente: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2) La ley señale como delito a ese hecho; y, 3) Exista la probabilidad de que la indiciada hoy quejosa lo cometió o participó en su comisión. En ese orden, del estudio detallado del registro audiovisual de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, remitido por el juez de control, se obtiene que el tribunal de apelación correctamente consideró que el auto materia de la apelación se dictó al tenor del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en efecto se estiman colmados los requisitos de forma y fondo. En efecto, el requisito consistente en que el auto de vinculación a proceso conste por escrito se advierte satisfecho, pues tal situación se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, y el DVD de la audiencia inicial de formulación de imputación comenzada el quince de febrero de dos mil veintidós y concluida ese mismo día y del auto de vinculación a proceso dictado el veinte de febrero de dos mil veintidós. De igual forma, el requisito relativo a la competencia del juez responsable está cumplido, ya que sus atribuciones se encuentran contempladas en la constitución y en leyes secundarias, a saber, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que en ese sentido, el juzgador de origen es competente para conocer del asunto, entonces, se evidencia que la resolución de situación jurídica fue emitida por una autoridad judicial competente, en el caso, la Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Asimismo, se aprecia que en el caso la representación social formuló la imputación en contra del quejoso, como autor material del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala esencialmente en los términos siguientes: Que el día ocho de septiembre de dos mil diecisiete, aproximadamente a la una de la mañana con cincuenta minutos, Joel Temoltzin Cuautle, iba conduciendo su vehículo marca Chevrolet, tipo cavalier, modelo 1999, color rojo, con placas de circulación UAJ3669 particulares del Estado de Puebla, específicamente a la altura del vado antes de llegar al recinto ferial, en el Barrio de Texcacoac, una patrulla de la policía municipal de Chiautempan le realizó el señalamiento de que se detuviera, y en ese momento Julio César Sánchez Peña, elemento de policía, se dirigió hacia Joel Temoltzin Cuautle, refiriéndole que descendiera del vehículo, le mostrara la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, a lo que accedió la hoy víctima, una vez revisada su documentación, Julio César Sánchez Peña, le refirió que tenía que acompañarlo a la comandancia de Chiautempan, debido a que presentaba aliento alcohólico, motivo por el cual esposaron a Joél Temoltzinn Cuautle, subiéndolo a la patrulla en donde iba acompañado de dos elementos de policía, uno de cada lado, quienes durante el transcurso del camino a la comandancia le buscaron en las bolsas de su pantalón y chamarra para ver qué llevaba y al poner resistencia los policías comienzan a golpearlo en las costillas y en diversas partes del cuerpo, siendo que en ese momento que los policías le quitan la cantidad de diez mil pesos de la bolsa trasera del lado derecho de su pantalón y diciéndole "hijo de la chingada, si nos denuncias sabemos tu nombre, tu domicilio y nos desquitaremos con tu familia", al llegar a la comandancia, Julio César Sánchez Peña, comienza a apretarle las esposas, junto con otros dos policías comienzan a golpearlo en la cara y en diversas partes del cuerpo, trasladándolo a la celda, donde lo dejan tirado, ******************** les pide a los policías que llamaran a un doctor porque se sentía mal y aproximadamente a las cinco horas con treinta minutos se acercó un oficial quien le dijo, que ya se podía retirar, que ya habían pagado la multa. Asimismo, se le dio al imputado la oportunidad para declarar, sin que al efecto hubiese hecho uso de ese derecho. Posteriormente la representación social solicitó formular la vinculación a proceso, para lo cual describió los datos de prueba consistentes en: Denuncia por comparecencia de ********************, de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, presentada ante la Licenciada Denisse George González, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la que se advierte sustancialmente que ese día aproximadamente a la una de la mañana con cincuenta minutos, mientras circulaba a la altura del barrio Texcacoac, perteneciente al Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, específicamente en el vado, lo detuvieron los oficiales ********************, Julio César Sánchez Peña y Jashiel Calderón Sastre, quienes iban a bordo de una patrulla municipal, y lo golpearon, lesionándolo en diferentes partes de su cara y cuerpo; saliendo de los separos aproximadamente a las cinco horas, posteriormente fue al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para su valoración (fojas 8 y 9 del tomo III). Resumen clínico a favor de ********************, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete, signado por el Doctor Leonardo Fernando Valencia Romero, médico cirujano partero quien asentó que presentaba politraumatismo con fractura de tabique nasal, fractura de 7 y 8 arcos costales, esguince de tobillo izquierdo (foja 23). Acta de entrevista de testigo de nombre ********************, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, realizada por Luis Alberto Hernández Hernández, oficial de policía de investigación del cuarto grupo chiautempan, de la que se desprende que el día de los hechos se percató que a su esposo Joel Temoltzín Cuahutle un oficial lo agarró muy fuerte de su mano izquierda y comenzó un forcejeo donde le propinaron tres goles en lado izquierdo a nivel de las costillas con su mano derecha, después llegaron dos oficiales más y lo empezaron a golpear en su nariz y en diversas partes de su cuerpo (foja 44). Acta de entrevista de testigo de nombre ********************, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, realizada por Pablo Flores Atriano Ofical de Policía de Investigación del Segundo Grupo, de la cual se desprende que vio cuando un policía le pegó a Joel Temoltzín Cuahutle, con el puño cerrado en el costado izquierdo, al momento que otro policía se le acercó y le pegó con la palma de la mano en la cara (foja 47). Inspección ocular del lugar de los hechos ubicado en Calle Moctezuma, sin número, Colonia Texcacoac del Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, de fecha treinta de septiembre de dos mil diecisiete, realizada por Luis Alberto Hernández Hernández, Oficial de Policía de Investigación del Grupo Chiautempan (foja 50). Dictamen médico de lesiones 4202/2017 de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, a favor de ********************, realizado por la médico Elizabeth Osorno Loranca, perito médico forense adscrita al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, del que se hizo constar que las lesiones físicas que presentaba era de las que por sus características no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar en más de quince días y menos de sesenta días (foja 56). Hoja de urgencias con número de folio UA170908004, a nombre de ********************, de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizado por el médico Hilario Jiménez Rojano de la que se desprende fractura de tabique nasal y fractura de 7° y 8° arcos costales izquierdos (foja 57). Resumen clínico a favor de ********************, de nueve de octubre de dos mil diecisiete signado por el doctor Diego Flores Nava, médico general, del que se advierte las fracturas antes mencionadas (fojas 65). Parte de novedades de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el policía primero Cuauhtémoc Corona Báez, Encargado del Grupo Alfa, del que se desprende que informaron que a las dos horas con tres minutos los policías Julio César Sánchez Peña, ******************** y Jashiel Calderón Sastre, procedieron a la detención de ******************** y de Saúl Noche Ramos, quienes fueron puestos a disposición del Juez Municipal y que a las cinco horas con cuarenta y nueve minutos se recibió acta de libertad a nombre del primeramente mencionado (fojas 84 y 85). Despliege operativo Grupo Alfa, de siete de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el policía primero Cuauhtémoc Corona Báez, del que se advierte el cargo, nombre y servicio dentro del cual obran: Julio César Sánchez Peña, ******************** y Jashiel Calderón Sastre (foja 87). Lista de asistencia del Grupo Alfa, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Chiautempan, de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, del que se desprende que los policías mencionados firmaron entrada y salida de servicio (foja 89). Identificaciones oficiales a favor de ********************, Jashiel Calderón Sastre y Julio César Sánchez Peña expedidas por el Instituto Federal Electoral (fojas 92 a 94). Parte informativo y puesta a disposición número 0490/09/2017, con anexos, de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, signado por ********************, Julio César Sánchez Peña y Jashiel Calderón Sastre, elementos de policía adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Chiautempan, de los que se advierte expusieron los hechos que se suscitaron (foja 101). Examen médico, clínico, físico, mental y toxicológico, a favor de ********************, de ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, signado por el doctor Pedro M. Gutiérrez de Casa, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (foja 105). Valoración médica expedida por la Unidad Médica Quirúrgica Ambulatoria "AVC" a favor de ********************, de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, signado por la doctora Norma Edith Verónica Rosete Carrera de la que se advierte que tiene traumatismo craneoencefálico postraumático, deformidad rinoseptal postraumática, condritis de pabellón auricular izquierdo (foja 147). Dictamen médico de reclasificación de lesiones número 5080/2017, a favor de ********************, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete signado por la médico Elizabeth Osorno Loranca (foja 167). Certificado médico a favor de ******************** de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, signado por Mayra Conde Hernández, medico perito de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, del que se advierte se concluyó que el referido Temoltzin Cuahutle, presentó huellas de lesiones físicas internas no recientes que por sus características, tardaban en sanar más de sesenta días, que si ameritaba hospitalización para reconstrucción quirúrgica y no ponen en peligro la vida pero si comprometen la función respiratoria (fojas 169 y 170). Nombramientos expedidos a favor de ********************, Jashiel Calderón Sastre y Julio César Sánchez Peña, de fecha tres de julio, dos de agosto y veinte de abril de dos mil diecisiete, signadas por el licenciado Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala. Constancias de consulta de registro nacional del personal de seguridad pública, a favor de Julio César Sánchez Peña, ******************** y Jashiel Calderón Sastre, como policías municipales activos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chiautempan, Tlaxcala de fechas siete y uno de noviembre de dos mil diecisiete (foja 133). De esta forma, con dichos datos de prueba la representación social estimó que en el caso se acreditaba la existencia del delito de abuso de autoridad, así como la posibilidad de que el quejoso participó en su comisión. Posteriormente, el juez del conocimiento preguntó al indiciado si era su deseo resolver su situación jurídica en ese acto o en el término constitucional, a lo cual previa consulta con su asesor, solicitó la ampliación del término constitucional. Posteriormente se le dio participación a la representación social y al asesor de la víctima, para concluir la juez con la emisión del auto de vinculación materia del recurso de apelación, concluyendo que no se acreditó la excluyente del delito, ni de extinción de la acción penal, y que los datos de prueba aportados, eran idóneos y suficientes para acreditar la comisión del ilícito de abuso de autoridad, así como la probable participación del quejoso en su comisión, señalando al efecto: Que quedó justificado el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad al quedar demostrado que el día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, aproximadamente a la una de mañana con cincuenta minutos, la víctima conducía su vehículo cavalier, año mil novecientos noventa y nueve, color rojo, placas de circulación UAJ-3669, quien es detenido por una patrulla a la altura del vado del barrio de Texcacoac, Municipio de Chiauteman, Tlaxcala, del cual los elementos de policía le solicitan su licencia y tarjeta de circulación, diciéndole que olía a alcohol, momento en que dos sujetos activos lo golpean a la altura de las costillas y diferentes partes del cuerpo, diciéndole hijo de la chingada si nos denuncias ya sabemos dónde vives, junto con tu familia, por lo que uno de los sujetos activos le aprieta las esposas y al llegar a la comandancia municipal, lo golpean en las costillas, nariz y diferentes partes del cuerpo, sintiéndose mal la víctima, la cual solicita un médico, sin que se le brindara la atención médica, trastocando así el bien jurídico tutelado por la norma penal; concluyendo dicho juez que la descripción típica del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, en la época en que sucedieron los hechos establece: "Artículo 157. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta días de salario, al servidor público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas: II. Use ilegalmente la fuerza pública". Del numeral transcrito el juez de control obtuvo los elementos siguientes: La calidad de servidor público Que se encuentre en el ejercicio de sus funciones y que con motivo de ellas; Hacer uso ilegal de la fuerza pública; Sosteniendo dicho juez que quedó demostrado que ********************, tiene la calidad de servidor público, pues el día que sucedieron los hechos se desempeñaba como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, lo que tuvo por acreditado con los siguientes datos de prueba: Con el nombramiento expedido a su favor; Así también con la constancia de consulta de Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública; Además de tener por acreditada la calidad de servidor público del imputado como policía se encontraba en el ejercicio de sus funciones, lo que se acreditó con los siguientes datos de prueba: Con el informe sobre el despliegue operativo del grupo Alfa, de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete; Con la lista de asistencia del grupo Alfa; Con el parte de novedades; Con el parte informativo y puesta a disposición número 0490/09/2017; Que una vez acreditada la calidad de servidor público del imputado como policía, además que con motivo de sus funciones hiciera uso ilegal de la fuerza pública sobre la víctima, lo que quedó acreditado con los siguientes datos de prueba: Con la inspección ocular; Con el parte informativo y puesta a disposición número 0490/09/2017; Con el acta de entrevista a la testigo ********************; Con la entrevista al testigo de nombre ********************; Con el resumen clínico a favor de ********************; Con el dictamen médico de lesiones 4202/2017; La hoja de urgencias con número de folio UA170908004; El resumen clínico a favor del agraviado; Examen médico, Clínico, Físico, Mental y Toxicológico; Con la valoración médica expedida por la Unidad Médica Quirúrgica Ambulatoria "AVC", a favor del agraviado; Dictamen médico de reclasificación de lesiones; Con el certificado médico a favor del agraviado de ocho de septiembre de Dos mil diecisiete; Datos de prueba con los que el juez tuvo por acreditado que el Servidor Público ********************, policía adscrito a la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, encontrándose en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, ejerció el uso ilegal de la fuerza pública, en perjuicio de la víctima ********************, ocasionándole diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo; por lo que era el caso de tener por justificado el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 157, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado. De igual forma, en cuanto a la probable participación, se justifica con los datos de prueba, de los que se advierte que el imputado es la persona que probablemente cometió el delito de abuso de autoridad, al existir señalamiento directo de la víctima, que es la persona que el día, hora y lugar del hecho ejerció violencia física sobre él, siendo miembro de una corporación policiaca en ejercicio de sus funciones. Finalmente, el juez dio contestación a las manifestaciones formuladas por la defensa, concluyendo que las mismas resultaban insuficientes, esencialmente atendiendo a las razones siguientes: Que no se incumplió con el principio de oralidad. Que sí se hizo análisis de la intervención del sujeto activo. Que la circunstancia de que fueran tres o cuatro elementos policíacos no implicaba su ilegalidad. Que no obstante que existiera convenio el mismo fue firmado bajo presión. Que la entrevista de ******************** y ******************** fueron contradictorias, y que ********************, se quedó en todo momento con el chofer de la grúa, así como que el dato de la hoja de urgencias no es un dato lícito y que los horarios no coincidían con las documentales que relativas; sosteniendo dicho juez que respecto de éstas cuestiones se debió de haber ofrecido dato de prueba, lo que no se hizo. En mérito de lo anterior, fue correcto que el magistrado responsable confirmara el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso, en tanto que sí cumple con los lineamientos del artículo 19 Constitucional, pues no es necesario analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, el cuerpo del delito, sino solo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/25, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el citado órgano jurisdiccional, intitulada: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Bajo este contexto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, se advierte que el magistrado responsable de manera fundada y motivada, llevó a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir que con los datos de prueba incorporados, sí se justificó el hecho ilícito que se le atribuye al quejoso y la probabilidad de que lo hubiese cometido o participado en su comisión. Lo anterior, ya que los datos de prueba, valorados en su conjunto, aportan indicios que concatenados entre sí son suficientes para tener por acreditados los elementos del delito de abuso de autoridad, en la medida de que ponen en evidencia el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los hechos y sin que se aportara dato de prueba que demostrara lo contrario o restara valor a aquellos ofrecidos por la representación social. De esta forma, concluyó acertadamente que se encuentra demostrado, al menos hasta esa etapa procesal del juicio de origen, que el ahora quejoso participó de manera probable, en su calidad de autor material y ejecutor directo del delito de abuso de autoridad. Ello es así, en tanto que este órgano jurisdiccional advierte que las consideraciones de la alzada contenidas en el acto reclamado, resultan esencialmente lógicas y acordes a la exposición formulada en la causa de origen, porque normó su arbitrio judicial en observancia a las reglas fundamentales de la lógica y las máximas de la experiencia; así, concluyó que la idoneidad y pertinencia de los datos ya relatados, contemplados en su conjunto permiten establecer la existencia de un hecho delictuoso y, además, la probabilidad de que el imputado lo cometió. Lo anterior, ya que tal como lo estableció el magistrado responsable, al confirmar el auto de vinculación, sí se advierte la probabilidad, hasta este momento, que el quejoso posiblemente participó en los hechos materia de la imputación. Asimismo, se aprecia que el magistrado responsable realizó el estudio de los agravios, calificándolos en los siguientes términos: Que los agravios resultan inoperantes por impertinentes, ya que en cuanto a los hechos que menciona sobre documentos y al audio y video, por cuanto hace al primero, no fue materia de investigación y en cuanto al segundo, no fue dato de prueba aportado por alguna de las partes, motivo por el cual, no fueron objeto de debate ni de valoración, sea para establecer o desestimar los datos de prueba que sirvieron de base para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 19 de la Constitución. Que respecto al agravio formulado en el sentido de que el tribunal compartió el criterio del juez en el sentido de que dicho convenio sobre reparación del daño que refiere el inculpado, no lo exime de responsabilidad penal que le pudiera resultar en la comisión del delito de abuso de autoridad por el que le formuló imputación el Ministerio Público, máxime que el procedimiento penal tiene por objeto la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impugne y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior aunado a que dicho convenio adolece de nulidad, pues fue celebrado al momento en que la víctima se encontraba detenida, tal como lo refiere el juez de la causa, razón por la cual no le irroga agravio alguno en su perjuicio, por lo que su alegato en este agravio deviene inoperante por infundado. Que contrario a lo afirmado por el apelante, sí existe una relación clara de los hechos del delito, pues como lo expuso el juez de la causa al dar contestación a sus alegaciones respecto a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público en su solicitud de vinculación a proceso, de los datos de prueba existentes, efectivamente se advierte que en los hechos investigados intervinieron cuatro personas, de las cuales solo tres de ellas les fue formulada imputación por los hechos investigados en esta causa penal; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional es facultad del ministerio público la investigación de los delitos, por lo que es a éste a quien corresponde investigar a esa cuarta persona en la intervención de los hechos, lo que no causa ningún agravio al inconforme. Que como consta en audio y video de la audiencia de veinte de febrero de dos mil veintidós, en cuanto a lo alegado en el agravio, tal como lo refirió el juez de control al dar contestación a los argumentos de la defensa del inculpado y hoy apelante, formulados respecto de los datos de prueba aportados por la ministerio público en su solicitud de vinculación a proceso del imputado ********************, el resguardo de vehículo al que hace referencia, no fue considerado como un dato de prueba, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos penales, resultando un dato de información aislado que no fue corroborado con otros elementos de prueba, por lo que este concepto de agravio resultaba inoperante por infundado. Que como se advierte del audio y video de la audiencia de continuación de veinte de febrero de dos mil veintidós, estos datos de prueba fueron valorados de manera libre y lógica en términos de lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que con base en su apreciación conjunta, integral y armónica, se advirtieron idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que el día en que incurrieron los hechos investigados, el imputado ********************, quien se desempeñaba como policía adscrito a la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, estando en ejercicio de sus funciones y con motivos de ellas conjuntamente con otro elemento de la corporación policiaca, ejerció el uso de la fuerza pública de manera ilícita, en victimización de ********************, ya que sin causa justificada, estando primero en el interior de una patrulla le apretó las esposas y lo golpeó en las costillas y posteriormente, al llegar a la comandancia municipal, lo golpearon en las costilla, nariz y diferentes partes del cuerpo, sintiéndose mal la víctima, la cual solicitó un médico, sin que se le brindara la atención médica, trastocando así el bien jurídico tutelado por la norma penal; de donde deviene inoperante por infundado este agravio. Que contrario a lo afirmado por el inconforme, como se ha dejado precisado en la resolución y como se advierte del audio y video de grabación de la audiencia inicial y de su continuación de veinte de febrero del mismo año, en todo momento ha sido respetado el principio de presunción de inocencia del imputado; en acatamiento al principio de legalidad que es garantizar la protección y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, y de seguridad jurídica atendiendo lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, fracción I, 17, fracción I, 18, párrafo primero, 19 y 20 de la Constitución, relacionados con los artículos 1 y 2 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, por lo que no le irroga agravio de ninguna especie. En ese sentido, es inconcuso que el acto que se reclama no es violatorio de derechos, ya que fue emitido en términos de ley, de manera fundada y motivada, justificando las razones por las cuales confirmó la legalidad del acto recurrido, y dando contestación de manera congruente y exhaustiva, a los agravios que el indiciado hizo valer. Sin que sea óbice a la anterior conclusión, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en los que refiere: Que en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, última parte, solicita la no vinculación a proceso en virtud de que efectivamente no existe un dato de prueba contundente o cuando menos indiciario que esté debidamente sustentado, por prueba en su contra, el hecho de que el denunciante refiere hechos que no están debidamente acreditados como ciertos, invocando dicho numeral así como el principio in dubio pro reo que es parte del derecho fundamental y constitucional, sobre la presunción de inocencia en su vertiente, claro, de estándar de prueba, o como es de estudiado derecho, la apariencia del buen derecho que aplica en favor del imputado; por tanto en el caso particular no existe la exigencia constitucional y procesal para ratificar un auto de vinculación, ni mucho menos una prisión preventiva, pues se estaría en franco desacato a la ordenanza constitucional y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros dicen; "IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE IMPONE ESTE PRINCIPIO A LOS TRIBUNALES DE AMPARO". "IN DUBIO PRO-REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA". "IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A DICHO PRINCIPIO". Dicho concepto de violación es infundado, tomando en consideración que contrariamente a lo argumentado por el quejoso, en la especie, sí existen datos de prueba suficientes hasta este momento en su contra, entre otros, la denuncia del agraviado, resumen clínico a favor de dicho agraviado, acta de entrevista de testigo de nombre ********************, dictamen médico de lesiones, hoja de urgencias, despliegue operativo grupo alfa, lista de asistencia del grupo mencionado, valoración médica, certificado médico, nombramiento expedido a favor de ********************, constancias de consultas de Registro Nacional del Personal de Seguridad; con los que se acreditó que el hoy quejoso tiene la calidad de servidor público, que se encontraba en ejercicio de sus funciones y que con motivo de éstas, hizo uso ilegal de la fuerza pública al haber golpeado al agraviado en diversas partes de su cuerpo ocasionándole varias lesiones. Sin que sea cierto que el denunciante hubiera referido hechos que no están debidamente acreditados como ciertos, ya que tal como correctamente lo sostuvo la Sala responsable, con los datos de prueba quedó demostrado de manera generalizada que se cometió el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad por parte de un elemento, hoy quejoso y otros; de ahí que sí existan elementos para ratificar el auto de vinculación a proceso. Resultando inaplicables por ello, los criterios invocados antes mencionados. Que le causa agravios la resolución reclamada, en relación a los documentos que la supuesta víctima señala que venían adentro del vehículo que le fue asegurado el día de los hechos que dieron origen a la causa penal, sin que exista una sola acreditación de su dicho dentro de la misma carpeta, por parte del ministerio público acusador y la supuesta víctima, de igual forma le causa agravios que no fue tomado en cuenta el hecho que se dijo en audiencia que hubo un convenio anterior donde el agraviado aceptó la reparación del daño, sin que hubiese referido algún otro daño o acto del cual quejarse, por tanto se entiende que su intención de proseguir con la causa es solamente causarle problemas, tanto en su persona, en su trabajo, así como en su entorno familiar y social, y de igual forma obtener algún tipo de lucro económico muy diverso a la veracidad de los hechos. Dicho concepto de violación también es infundado, tomando en consideración que en relación a los documentos que la víctima señaló que venían adentro del vehículo que le fue asegurado el día de los hechos que dieron origen a la causa penal, sin que exista una sola acreditación de su dicho dentro de la misma carpeta, por parte del ministerio público acusador y la supuesta víctima; la Sala responsable, sostuvo que por cuanto hacía a dichos documentos no fue materia de investigación, motivo por el cual, no fueron objeto de debate, ni de valoración, sea para establecer o desestimar los datos de prueba que sirvieron de base para demostrar que, se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 19 Constitucional; argumentos éstos que por cierto no fueron combatidos por el hoy quejoso. Y por cuanto al argumento de que no fue tomado en cuenta el hecho que se dijo en audiencia que hubo un convenio anterior donde el agraviado aceptó la reparación del daño, sin que hubiese referido algún otro daño o acto del cual quejarse, por tanto se entiende que su intención de proseguir con la causa es solamente causarle problemas, tanto en su persona, en su trabajo, así como en su entorno familiar y social, y de igual forma obtener algún tipo de lucro económico muy diverso a la veracidad de los hechos. Dicho argumento también deviene infundado, ya que contrario a lo alegado por el quejoso, la Sala responsable, sobre el particular, sostuvo que compartía el criterio del juez del conocimiento, en el sentido de que dicho convenio sobre reparación del daño que refirió el inculpado, no lo eximía de responsabilidad penal que le pudiera resultar en la comisión del delito de abuso de autoridad, por el que le formuló imputación el Agente del Ministerio Público, máxime que el procedimiento penal tiene por objeto la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, tal como lo establece el artículo 2° del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior aunado a que dicho convenio adolece de nulidad, pues fue celebrado al momento en que la víctima se encontraba detenida, tal como lo refiere el juez de la causa, razón por la cual no le irroga agravio alguno en su perjuicio, por lo que su alegato en este agravio, concluyó dicha Sala responsable, deviene inoperante por infundado; argumentos que por cierto, tampoco combatió el impetrante de garantías. Que le causa agravios la resolución reclamada, toda vez que el juez de la causa omitió pronunciarse respecto a la manifestación que se realizó sobre que la hoy víctima no refirió los hechos de manera coherente ya que señala a cuatro elementos de la policía y posteriormente su ratificación refiere que la denuncia la hacía en contra de tres policías, lo cual aduce el quejoso, deja en claro que su estado de embriaguez en el que se encontraba, no le permitió tener un conocimiento claro y exacto de la veracidad de los hechos que pretende imputarle, por lo que el juez de la causa le dio valor jurídico, cuando es claro que la supuesta víctima está mintiendo, aprovechándose de la buena fe del ministerio público y el juzgador, con la finalidad de causarle un perjuicio; cabe mencionar que el Agente del Ministerio Público debió haber realizado actos de exhaustiva investigación sobre la honorabilidad de la persona que deponga en su contra, pues en muchas ocasiones las personas por el simple hecho de ser policía, realizaban denuncias con finalidad de que la autoridad administrativa (policías) no vuelvan a molestarles las conductas antisociales que cometen, como es el caso en particular. Dicho concepto de violación es infundado, ya que sobre el particular la Sala responsable, sostuvo que contrario a lo afirmado por el apelante, sí existe una relación clara de los hechos del delito, pues como lo expuso el juez de la causa al dar contestación a sus alegaciones respecto a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público en su solicitud de vinculación a proceso, de los datos de prueba existentes, efectivamente se advierte que en los hechos investigados intervinieron cuatro personas, de las cuales solo tres de ellas les fue formulada imputación por los hechos investigados en la causa penal; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución, es facultad del Ministerio Público la investigación de los delitos, por lo que es a éste a quien corresponde investigar a esa cuarta persona en la intervención de los hechos, lo que no causa ningún agravio al inconforme; consideraciones que de igual forma, tampoco fueron impugnadas por el hoy quejoso. Que le causa agravio la resolución impugnada, toda vez que bajo protesta de decir verdad el día de los hechos se quedó en el lugar en donde se aseguró el vehículo, sin que acompañara a sus compañeros al traslado en ese momento del asegurado, pues se quedó a realizar el aseguramiento del vehículo, entrega y elaboración del inventario del multicitado vehículo con el personal de las grúas, entendiéndose que no participó en el traslado de la persona puesta a disposición ahora víctima, hecho que se acredita con el resguardo que se realizó en el lugar de los hechos con el encargado de la empresa de grúas SCOP, misma que firmó y que se hizo referencia en la audiencia, sin que para ello el juez de la causa lo tomara en cuenta, pues fue omiso, con lo que se acredita que no participó en los actos de abuso de autoridad que señala la supuesta víctima, por lo que agrega copia del inventario del vehículo mismo que existe en la carpeta de investigación de la cual se deriva la causa penal. Dicho concepto de violación también deviene infundado, tomando en consideración que al respecto, la Sala responsable, consideró que como constaba en audio y video de la audiencia de veinte de febrero del año dos mil veintidós, tal como lo refirió el juez de control al dar contestación a los argumentos de la defensa del inculpado y hoy apelante, formulados respecto de los datos de prueba aportados por la Ministerio Público en su solicitud de vinculación a proceso del imputado, hoy quejoso, el resguardo de vehículo al que hace referencia, no fue considerado como un dato de prueba, por no cumplir con los requisitos que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultando un dato de información aislado que no fue corroborado con otros elementos de prueba, por lo que ese concepto de agravio deviene inoperante por infundado; consideración que de igual forma, no fue impugnado por el hoy quejoso. Que le causa agravio la resolución reclamada toda vez que el juez de la causa, da certeza jurídica a actos inverosímiles, pues dentro de actuaciones se dice que existe un video en donde supuestamente se muestra la supuesta agresión a la supuesta víctima; sin embargo, no existe ningún video en ese sentido, ya que hasta el momento no se les ha mostrado, ni corre agregado a la carpeta de investigación, por lo que es meramente una insidia, para lograr que se le de consideración para lograr su objetivo, mismo que es afectarlo en sus funciones, pues de ser ciertos los hechos de los cuales se dice ser víctima, habría lógica en su narrativa, así como también, tendría elementos suficientes para poder acreditar su dicho, sino que al contrario existen elementos que son completamente contrarios a lo que pretende justificar. Dicho concepto de violación es infundado, porque tal como lo sostuvo la Sala responsable, el video no fue dato de prueba aportado por alguna de las partes, motivo por el cual no fue objeto de debate, ni de valoración, sea para establecer o desestimar los datos de prueba que sirvieron de base para demostrar que, se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 19 Constitucional; aunado a que, como ya se vio, existe una relación clara de los hechos del delito, y de los datos de prueba existentes se advierte que el día en que ocurrieron los hechos investigados, el imputado, hoy quejoso, quien se desempeñaba como policía adscrito a la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, estando en ejercicio de sus funciones y con motivos de éstas, conjuntamente con otro elemento de la corporación policiaca, ejerció el uso de la fuerza pública de manera ilícita, en victimización de ********************, ya que sin causa justificada le apretó las esposas y lo golpeó en las costillas y nariz, así como en diferentes partes de su cuerpo. Que le causa agravio la resolución reclamada, ya que el juez de la causa tomó en consideración testimonios de personas que no se encontraban en el momento de los hechos y por tanto la narrativa de los hechos que supuestamente presenciaron no son claros, ni coherentes, ni mucho menos cronológicos, por lo que al no tratar de las formas y los sentidos de un solo hecho, se entiende que se encuentran manipulados y que no son ciertos, pues no los conocieron por sus propios sentidos, hecho que se le puso de conocimiento al juzgador, quedando de manifiesto que el dictado de la resolución se hizo sin dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, así como tampoco al Código Nacional de Procedimientos Penales, violando con esto los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro personae e inocencia, con la única finalidad de causarle un daño de difícil reparación. Dicho concepto de violación es infundado, tomando en consideración que contrario a lo alegado por el quejoso, tal como correctamente lo sostuvo la Sala responsable, se advierte del audio y video de la audiencia de continuación de veinte de febrero de dos mil veintidós, los datos de prueba fueron valorados de manera libre y lógica en términos de lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que con base en su apreciación conjunta, integral y armónica, se advirtieron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que el día en que ocurrieron los hechos investigados, el imputado, hoy quejoso, quien se desempeñaba como policía adscrito a la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, estando en ejercicio de sus funciones y con motivos de éstas, conjuntamente con otro elemento de la corporación policiaca, ejerció el uso de la fuerza pública de manera ilícita, en victimización de ********************, ya que sin causa justificada le apretó las esposas y lo golpeó en las costillas y nariz, así como en diferentes partes de su cuerpo; sin que tampoco dichas consideraciones las hubiera impugnado el quejoso. Sin que se advierta de autos que se hubieran tomado en consideración testimonios de personas que no se encontraran en el lugar de los hechos; aunado a que éstos forman parte de lo acontecido tanto en el lugar de la detención, como en la comandancia municipal; por tanto es claro que el acto reclamado no viola preceptos constitucionales, ni tampoco del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, mucho menos los principios de legalidad, seguridad jurídica, pro personae y el de presunción de inocencia. Que la resolución reclamada le causa perjuicios ya que en ningún momento se recabó la entrevista del acompañante de la víctima, lo cual deja de manifiesto que al recabar dicha entrevista, se le afectaría y no se vería beneficiado, ya que narraría la veracidad de los hechos, sin embargo, el agente del ministerio público omitió realizar dicha diligencia al ser un dato de prueba importante porque procedía de una persona que presenció por sus propios sentidos los hechos que dieron origen a la causa penal. Dicho concepto de violación es infundado, tomando en consideración que si bien es verdad que no se recabó la entrevista del acompañante de la víctima, ello se debió a que se consideró que con los datos de prueba existentes eran suficientes para tener por acreditado el delito de abuso de autoridad y la probabilidad que el imputado lo cometió; sin que pudiera tenerse la certeza de que al recabar dicha entrevista, se le afectaría al agraviado y no se vería beneficiado, además que será durante la etapa intermedia que el aquí quejoso podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la imputación y que en su caso las mismas sean recabadas durante el juicio. Que el juez de la causa tomó en consideración para dictar su resolución, el testimonio de ********************, y le otorga valor jurídico, cuando es claro que miente al igual que la supuesta víctima, lo anterior es así ya que de actuaciones se acredita que es falsa la narrativa hecha por la testigo pues el conductor de la grúa refiere que esa testigo se encontraba en su compañía y por tanto no es posible que hubiera presenciado los hechos por sus propios sentidos, por tanto su testimonio es completamente inverosímil y se debe desestimar. Dicho concepto de violación es infundado, tomando en consideración que contrariamente a lo considerado por el quejoso de la entrevista que se le realizó no se advierte que hubiera mentido; sino que por el contrario es clara en manifestar las circunstancia de modo, tiempo y lugar, al precisar que el día de los hechos cuando fue detenido su esposo por los oficiales preventivos de la policía municipal de Chiautempan, le pusieron los candados de seguridad con las manos hacía atrás y se lo llevaron a la comandancia y al irlo a sacar vio que los policías le pegaron en la nariz y en diversas partes del cuerpo; de ahí que dicho argumento como ya se dijo es infundado. De ahí que no resulte aplicable la tesis que invoca el quejoso cuyo rubro dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR FORMALIDES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO". Que en relación a las documentales exhibidas por el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, queda plenamente acreditado que tanto la supuesta víctima, como el agente del Ministerio Público, no se condujeron con veracidad, sino que al contrario en el caso del agente investigador es parcial, pues en ningún momento realizó actos de investigación para allegarse de datos verídicos con los que expuso el que se dice víctima, sino que únicamente se dejó llevar por la insidia de la víctima, ya que al existir dudas se debió haber actuado conforme al artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues queda claro que no es cierto que la hoy víctima hubiera ingresado al área de urgencias de la clínica del instituto mencionado, por lo que el juez omitió tomar en consideración el principio de inocencia que no está debidamente desvanecido, tal y como lo exige el artículo 20, aparatado A, fracción V, Constitucional, lo anterior debido a que el juzgador dictó una resolución que no se encuentra debidamente sustentada en datos de prueba fehacientes, por lo que se le violan sus derechos humanos, al dejarlo en estado de indefensión. Dicho concepto de violación es infundado, ya que contrariamente lo argumentado, como ya se vio, el agente del Ministerio Público, de manera imparcial investigó los hechos suscitados y se allegó de datos de prueba fehacientes que demostraron la existencia del delito de abuso de autoridad y la probable responsabilidad del hoy quejoso; y al no existir dudas es que dictó el auto de vinculación a proceso; sin que le asista razón al quejoso en el sentido de que no es cierto que la hoy víctima hubiera ingresado al área de urgencias de la clínica del instituto mencionado, pues de los medios de prueba se advierte lo contrario; de ahí que no se viole el principio de presunción de inocencia; pues tanto del audio y video de la audiencia inicial y de su continuación de veinte de febrero de dos mil veintidós, así como de la resolución reclamada se advierte que en todo momento ha sido respetado dicho principio. De ahí que no resulte aplicable la tesis que invoca el quejoso cuyo rubro dice: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Consecuentemente, debe decirse que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada. En efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes. Así, los requisitos que debe contener todo acto de autoridad son: a) Constar por escrito, b ) Que provenga de autoridad competente, y, c) Que esté fundado y motivado. Respecto de este último requisito, se entiende por lo primero (fundamentación), que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo (motivación), que también deben señalarse claramente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese contexto, en el caso la autoridad responsable determinó su competencia para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en los artículos 8, 39 bis, 40 fracción VII Y 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y sus correlativos numerales 133, fracción III, 467, fracción V, 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, precisó los efectos y finalidad de dicho medio de defensa, así como los límites del mismo, en términos del artículo 479 de dicha codificación. Posteriormente, realizó una breve narrativa de los principales antecedentes del asunto, y fijó con precisión el acto recurrido, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal ********************del registro del Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el delito de abuso de autoridad. De igual forma, procedió al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, el cual, al contener diversos argumentos, dividió realizando una clasificación de los mismos, para posteriormente dar contestación de manera fundada y motivada y en los términos en los que quedó precisado previamente en esta determinación, para lo cual expresó con precisión los preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal para el Estado de Tlaxcala aplicables al caso y, señaló claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Máxime que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta, toda vez que presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el que se respetaron las formalidades esenciales, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. Por tanto, toda vez que en el caso la autoridad responsable citó los preceptos con los que se cumple esa exigencia, se concluye que los razonamientos de la resolución conducen a las normas aplicadas, y por tanto, no hay necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sustenta lo anterior, la tesis aislada P. CXVI/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191358, intitulada "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS". En mérito de lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, Titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, actuando de manera Unitaria, precisado en el resultando primero, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista al quejoso y tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables y tercero interesado.

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