Pedro Reynol Ozuna Fernández

Expediente 1646/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1646/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Pedro Reynol Ozuna Fernández
  • Pedro Reynol Ozuna Fernández y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1646/2019 y testimonio de la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el amparo en revisión ***, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA el auto recurrido. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo de estilo a la superioridad; y archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, toda vez que el mismo consta de las actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 18, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Sin que obste a lo anterior, que en contra de la resolución incidental de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *** del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del que deriva este sumario, se haya interpuesto recurso de revisión, del cual no obra la resolución respectiva, ya que es un hecho notorio para la suscrita, el cual se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que éste fue radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el número de recurso ***, en el que se analizaron actos reclamados emanados de los procedimientos administrativos ***, por lo que, es dable concluir que el cuadernillo incidental no se encuentra sujeto al referido medio de impugnación ya que el acto aquí analizado derivó de diverso expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1646/2019 y testimonio de la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el amparo en revisión ***, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA el auto recurrido. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo de estilo a la superioridad; y archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, toda vez que el mismo consta de las actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 18, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Sin que obste a lo anterior, que en contra de la resolución incidental de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del que deriva este sumario, se haya interpuesto recurso de revisión, del cual no obra la resolución respectiva, ya que es un hecho notorio para la suscrita, el cual se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que éste fue radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el número de recurso ***, en el que se analizaron actos reclamados emanados de los procedimientos administrativos ***, por lo que, es dable concluir que el cuadernillo incidental no se encuentra sujeto al referido medio de impugnación ya que el acto aquí analizado derivó de diverso expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, por medio del cual interpone recurso de revisión, en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 138 a 145). En consecuencia, a efecto de proveer lo que corresponda, con fundamento el artículo 88 último párrafo de la Ley de Amparo, prevéngase al ocursante para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba un juego más de copias del escrito de cuenta, para distribuirlas entre las partes. Lo anterior, toda vez que sólo anexó el original y cuatro copias dicho ocurso, por lo que resultan imprescindibles una para el expediente en que se actúa, dos para los Agentes del Ministerio Público adscritos a este Juzgado y al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, una para la parte tercero interesada y una para la autoridad responsable. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de separación de juicios tramitado en el juicio de amparo ****, de su índice, remite copia certificada de dicho procedimiento constitucional, así como del cuaderno incidental respectivo, a fin de que este Juzgado conozca del acto reclamado relativo al juicio de nulidad *** del índice de la autoridad responsable Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. En consecuencia, esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable: 1. Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad En ese sentido, toda vez que en auto de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 46 y 47), el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda que dio origen al presente asunto, se convalidan las actuaciones llevadas a cabo por el mencionado juzgado federal, continuándose con el trámite del procedimiento. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo *** INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Respecto a la suspensión del acto reclamado, no es el caso ordenar la apertura de los cuadernos incidentales, en razón de que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***, del cual deriva este expediente, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, proveyó lo conducente. Por lo anterior, al haberse recibido las copias certificadas del incidente de suspensión a que se hizo referencia, se ordena la impresión de las caratulas respectivas, a fin de que, por cuerda separada, formen parte del presente asunto. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en el acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en autos del procedimiento administrativo ***, en el que la Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, requirió al Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad demandada, en el plazo de tres días la obligara a cumplir sin demora con la sentencia definitiva de siete de septiembre de dos mil diecisiete, apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio una multa por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. ". Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) , sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión del que emanó la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) , de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el particular, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en autos del procedimiento administrativo **** en el que la Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, requirió al Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad demandada, en el plazo de tres días la obligara a cumplir sin demora con la sentencia definitiva de siete de septiembre de dos mil diecisiete, apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio una multa por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización. Luego, el enfoque de afectación con el que será analizado el acto reclamado no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, presupuestos del interés jurídico, pues por disposición constitucional, tratándose de actos o resoluciones provenientes de procedimientos jurisdiccionales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho que se afecte de manera personal y directa, con lo cual el legislador dejó plasmada su voluntad de que en dichos procedimientos no pudiera alegarse afectación al interés legítimo. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo se encontraba supeditada a que el solicitante del amparo acreditara en forma fehaciente la existencia de un derecho subjetivo y que el acto de autoridad haya afectado ese derecho, lo que en la especie no aconteció. En efecto, el quejoso se duele en la presente instancia constitucional, en esencia, de la determinación en la que se le apercibió con multa para el caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado por la responsable en el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento administrativo *** Al respecto, debe decirse que el apercibimiento se hace consistir en una comunicación emitida por los jueces o tribunales en la cual se hace un llamado a alguna de las partes implicadas en un proceso judicial de una orden relacionada con el proceso y, al mismo tiempo, se hace una advertencia de las consecuencias que acarrearía dejar de cumplir con lo solicitado en la comunicación. Diversos autores han definido dicho vocablo como: el requerimiento que hace el Juez a alguna persona para que ejecute lo que le manda o tiene mandado o para que proceda como debe, conminándola con multa, pena o castigo si no lo hiciere. Por lo que podemos concluir que el apercibimiento no deja de ser una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, donde se especifica el hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia conminatoria, respecto de una sanción que también se puede aplicar en caso de incumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." Ahora bien, la ejecución del apercibimiento depende de la conducta que el obligado asuma en relación al mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo, y de no cumplir, entonces sí se hará efectivo. Esto es, la ejecutividad del apercibimiento se haya condicionada a que el obligado acate o no lo ordenado. Luego, los apercibimientos de imposición de una medida de apremio, como lo es la multa, son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. En ese sentido, por actos futuros e inciertos se entienden aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; en contraposición, los actos futuros de inminente realización son aquellos que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de forma que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Así, los apercibimientos constituyen actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, sino que depende de la conducta que el obligado asume en relación con el específico mandato judicial. De ahí, que el apercibimiento formulado al quejoso, por si mismo, no le irrogue perjuicio alguno, pues su ejecutividad es remota e incierta, en tanto que depende de la actividad previa del peticionario o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el apercibimiento. Cabe retomar que el interés jurídico para acudir al juicio de amparo supone una afectación real o actual, es decir, existente al momento de promover el juicio constitucional, la que no se surte cuando el acto reclamado se hace consistir en el simple apercibimiento de imposición de una medida de apremio, por tratarse de una determinación cuyos efectos no son inminentes, sino que se encuentran condicionados al eventual desacato en el que incurra el sujeto obligado. En ese contexto, la multa a que alude la quejosa no constituye una consecuencia necesaria e inevitable del auto combatido, ya que depende de la actitud que asuma frente al mandato relativo, así como de la decisión de la responsable de hacer efectiva la prevención decretada. Por tanto, se estima que la quejosa carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo en reclamo de la inconstitucionalidad del apercibimiento formulado en el juicio de origen. Al respecto, cobra aplicación, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) , sustentada por el Pleno en Materia del Trabajo del Primero Circuito, de rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 6o. y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA.

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