Pedro Reynol Ozuna Fernández
Expediente 1688/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1688/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Pedro Reynol Ozuna Fernández
- Sala Regional Chiapas, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de esta ciudad
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, los escritos de cuenta signados por el quejoso ++++, mediante los cuales: I. Señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ++++. II. Interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Por lo que hace al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos para que obre como constancia, y téngase como nuevo domicilio el que señala el promovente. Respecto del punto II, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el quejoso. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la misma, en razón de que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo indirecto 1672/2019, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ++++ Atento a lo anterior, una vez notificado por lista, con el original y copia del escrito de agravios, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, la comparecencia de once de diciembre del año en curso, realizada por la Actuarial Judicial adscrita al autorizado del quejoso, en la cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en +++ Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no ha lugar a tener por designado el domicilio que indica, toda vez que la autorización que tiene no es en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, sino únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con la parte in fine del numeral en comento en relación con el numeral 24, párrafo segundo, de la citada legislación. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de diciembre de dos mil diecinueve. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por Pedro Reynol Ozuna Fernández, remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y anexos consistentes en copias certificadas del juicio de amparo e incidente de suspensión 1025/2019-I; así como del expediente 421/17-19-01-8-OT. Lo anterior, con motivo de la resolución interlocutoria de veintinueve de noviembre del año en curso, dictada en el expediente 1025/2019-I, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, de esta residencia, que resolvió declarar procedente la separación de juicios, correspondiendo conocer a este Órgano de Control Constitucional respecto del apercibimiento y multa decretados en el procedimiento administrativo 421/17-19-01-8-OT, del índice de la Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1688/2019-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente: El apercibimiento y multa, consistente en Trescientas Unidades de Medida y Actualización, decretada en el procedimiento administrativo 421/17-19-01-8-OT; y, Su ejecución. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así, respecto del acto que reclama el impetrante de amparo, se advierte que se actualiza de modo, manifiesto, indudable y notorio, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, los cuales establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la misma ley. A efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia, se hace necesario destacar lo señalado por el artículo 5º, de la Ley de Amparo, en su fracción I, primer párrafo, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, conviene precisar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Del contenido de los artículos reseñados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, así como del diverso 6º de la ley de Amparo, sólo la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo. Por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. En esa línea de argumentación, para el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento o cualquier otro acto que se reclame y conculque derechos fundamentales; esto es, el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte que sufre directa y personalmente el agravio originado por el acto de autoridad que se reclama. Es decir, los artículos citados aluden a la institución jurídico-procesal de la legitimación. En relación con este tema, es pertinente hacer las acotaciones siguientes. El concepto de legitimación se define bajo dos ópticas: en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa hace referencia a la relación sustancial, que con el carácter de litigiosa, es materia del juicio; es decir, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el juicio. Por otra parte, la legitimación procesal se refiere a la calidad o carácter con el cual actúa quien comparece a juicio; esto es, por quien tiene derecho de hacer valer la acción o excepción materia de la controversia, lo que determina si actúa a nombre propio o en nombre de otro. En ese tenor, la legitimación en la causa llevada al juicio de amparo adquiere una connotación particular, pues quien está legitimado activamente para la promoción del juicio de amparo es la persona física o jurídica colectiva que es titular de los bienes, derechos o posesiones afectados por el acto de autoridad y en razón de ello, haya sufrido un agravio por la violación a sus derechos públicos subjetivos que impugna. Es aplicable a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial. LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. En el caso particular, como se anunció con antelación, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Pedro Reynol Ozuna Fernández, acudió a este medio de control constitucional aduciendo ser ex Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, reclamando el apercibimiento y multa impuesta en el procedimiento administrativo 421/17-19-01-8-OT. Ahora, para una mejor comprensión del asunto es conveniente hacer las siguientes precisiones. En su escrito de demanda de amparo refiere el quejoso que ostentó el cargo de Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del dieciséis de marzo al treinta de noviembre de dos mil dieciocho. De las constancias que acompañó la autoridad responsable como apoyo a su informe se advierte que el acuerdo de apercibimiento y el diverso donde se le impuso multa al Delegado de esa dependencia, fueron emitidos el ocho de enero y seis de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente. De lo antes expuesto se pone de manifiesto que el hoy quejoso no tiene legitimación para promover juicio de amparo contra los acuerdos de apercibimientos y multa dictados ocho de enero y seis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo 421/17-19-01-8-OT, en virtud de que en esas fechas ya no ostentaba el cargo de Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ya que ese nombramiento lo tuvo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Máxime que de las constancias antes reseñadas no se advierte dato que ponga de manifiesto que la multa pretende ejecutarse en su persona, de ahí que la afectación con motivo de su imposición sólo afecta a quien en ese periodo ostentó el cargo de Delegado de esa dependencia. Por tanto, si en las fechas en que se apercibió y multó al titular de esa dependencia, el hoy quejoso ya no ostentaba la calidad de Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante o apoderado legal. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de garantías y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, pues los conceptos hechos valer, reflejan que la afectación que aduce el promovente, no se materializa en su perjuicio como particular. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, conviene la jurisprudencia aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir el ubicado en calle diez (10), poniente norte, número diez mil treinta y cinco (1035), colonia Vistahermosa, en esta ciudad; asimismo se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Cristian Allan Herrera Gómez, María del Carmen Pérez Gutiérrez, Francisco Moguel Cortázar, y Alejandro López Constantino; lo anterior, por así haberlo solicitado el promovente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a la parte quejosa, así como a sus autorizados, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.
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