Pedro Reynol Ozuna Fernández
Expediente 1714/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1714/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2020
Partes del expediente
- Pedro Reynol Ozuna Fernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal, respecto al recurso de queja 11/2020, interpuesto por Pedro Reynol Ozuna Fernández, y devuelve el original del juicio de amparo 1714/2019. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, señalan lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo a los presentes autos, pues sus originales obran en el juicio; en consecuencia, se ordena su destrucción, glosándose al expediente de este sumario únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo. Acúsese de recibo a la Superioridad vía interconexión. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la superioridad confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, este órgano considera innecesario que la comunicación se haga de manera personal, en la medida en que la firmeza adquirida por dicha resolución y el sentido del proveído, no afecta a la seguridad procesal de las partes ni los deja en estado de indefensión, aunado a que el presente proveído no se ubica dentro de los supuestos de notificación personal que indica el dispositivo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, porque no se trata del desechamiento primigenio de la demanda, sino de la confirmación de esa decisión, máxime que los acuerdos pronunciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 2019, citados con anterioridad, no precisan su notificación en vía personal; por lo anterior, se ordena a los actuarios adscritos que la notificación de este proveído se haga por lista. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo y fue confirmado por la Superioridad; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se apertura incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso +++, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el quejoso. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la misma, en razón de que el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del juicio de amparo indirecto +++, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por +++. Atento a lo anterior, una vez notificado por lista, con el original y copia del escrito de agravios, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista, la comparecencia de diecisiete de diciembre del año en curso, realizada por la Actuarial Judicial adscrita, realizado al autorizado del quejoso, en la cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en +++++ Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no ha lugar a tener por designado el domicilio que indica, toda vez que la autorización que tiene no es en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia, sino únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con la parte in fine del numeral en comento en relación con el numeral 24, párrafo segundo, de la citada legislación. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la demanda de amparo promovida por ++, por propio derecho, remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y anexos consistentes en copias certificadas del juicio de amparo e incidente de suspensión +++; así como del expediente +++. Lo anterior, con motivo de la resolución interlocutoria de veintinueve de noviembre del año en curso, dictada en el expediente ++, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, de esta residencia, que resolvió declarar procedente la separación de juicios, correspondiendo conocer a este Órgano de Control Constitucional respecto del apercibimiento y multa decretados en el procedimiento administrativo +++, del índice de la Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. REGISTRO. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número +++, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama esencialmente: ? El apercibimiento y multa, consistente en Trecientas Unidades de Medida y Actualización, decretada en el procedimiento administrativo +++ y; ? Su ejecución. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. . Así, se advierte que en atención al acto que pretende combatirse, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. . De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer requisito para ser un acto consentido, referente a la existencia del acto reclamado, ya que de las constancias que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que el uno de octubre de dos mil dieciocho, se le requirió al aquí quejoso en su carácter de Delegado Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y como superior jerárquico de la demandada, para que dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo +++, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa por 300 Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, mediante acuerdo de siete de noviembre de esa misma anualidad, y notificado el veintiuno de esa misma mensualidad, le hizo efectivo el apercibimiento antes citado y se le impuso una multa por la cantidad de $24,180.00 (veinticuatro mil ciento ochenta pesos 00/100, moneda nacional). La segunda exigencia, relativa a que el acto reclamado le cause un agravio al quejoso, quedó satisfecha, pues se advierte que el acto reclamado le afecto en su esfera jurídica, ya que en su escrito inicial de demanda adujo bajo protesta de decir verdad que dentro del periodo comprendido del dieciséis de marzo al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se desempeñó como Titular de la Delegación Estatal en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, siendo que dentro de esas fechas la responsable lo apercibió e impuso la multa que reclama en esta instancia constitucional. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. +++ Así, de las constancias que acompañó la responsable como apoyo a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al juicio contencioso administrativo +++, se advierte que mediante oficios +++ y +++, recibidos en la Delegación Estatal en Chiapas del de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el quince de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se le notificó, respectivamente al titular de dicha dependencia, tanto el apercibimiento como la multa impuesta en ese expediente contencioso administrativo. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve; ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, según se aprecia del sello de recepción respectivo; por tanto, es indudable que la misma es notoriamente extemporánea, al haber sido presentada nueve meses después de haberse emitido el acto reclamado, esto es, fuera del plazo de quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo de manera extemporánea, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. . Sin que sea óbice a lo anterior que en su escrito de ampliación de demanda el quejoso aduzca que no fue debidamente notificado tanto del apercibimiento como de la multa, sin embargo, al ser autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, estaba en condiciones de haber hecho valer el incidente de nulidad de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para combatir dichas notificaciones, por lo que al no haberlo hecho, las mismas surten efectos legales y se mantiene vigente en esta instancia para determinar cuando tuvo conocimiento del acto que en esta vía reclama. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, conviene la jurisprudencia aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. . Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir el ubicado en calle diez poniente norte, número diez mil treinta y cinco colonia Vistahermosa, en esta ciudad; asimismo se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a +++o, lo anterior, por así haberlo solicitado el promovente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente a la parte quejosa, así como a sus autorizados, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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