Pedro Reynol Ozuna Fernández
Expediente 450/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/09/2021
Partes del expediente
- Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad.
- Pedro Reynol Ozuna Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado de autos se advierte que, ha trascurrido el plazo establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictada en este juicio el veinticinco de agosto de este año. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I. con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable puesto que para los efectos del recurso de revisión condigno, el sentido del proveído pronunciado (sobreseimiento fuera de audiencia) no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 21, inciso a), por ser un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin pronunciarse en este rubro, toda vez que no se formaron los cuadernos incidentales. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierte documentos exhibidos por las partes se deja de proveer lo respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Ricardo Enoch Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado por la Presidenta y Secretario de Acuerdos adscritos a la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en el diverso 14946/2021, del índice de este juzgado, informa que no tiene conocimiento de que la Administración Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1", haya ordenado dar de baja la multa impuesta al quejoso, pues únicamente comunicó la imposibilidad material y legal para su ejecución, sin pronunciarse respecto a la baja del crédito, toda vez que no se encontró domicilio ni bienes propiedad del sancionado, consecuentemente, atendiendo a que la sentencia en el juicio de nulidad 784/17-19-01-9-OT, ha quedado cumplida, no existe materia para insistir en su cobro. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Ahora bien, del contenido del citado oficio y de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de amparo es improcedente, cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Como se advierte, para que se actualice la causa de improcedencia referida, se requiere que ante la subsistencia del acto reclamado, por no haberlo revocado expresamente la autoridad responsable, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que, en su caso, se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al agraviado en el goce de los derechos humanos violados, o bien, que los efectos jurídicos de esa restitución fueran intrascendentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso particular, la parte quejosa se duele de la multa de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, impuesta como medida de apremio en el expediente administrativo 784/17-19-01-9-OT, del índice de la Sala Regional Chiapas, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, la autoridad responsable mediante el oficio de cuenta informa que ante la imposibilidad manifestada por la responsable exactora -Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1" del Servicio de Administración de Chiapas-, para llevar a cabo el cobro de la multa dado que la sentencia del juicio de nulidad 784/17-19-01-9-OT, ha quedado cumplida, no existe materia para insistir en su cobro. Documental a la cual se concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse de un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. De lo anterior se deduce que si bien el acto reclamado, subsiste, más cierto resulta que los efectos legales ya no pueden lesionar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en virtud a que la sentencia en el juicio de nulidad del cual deriva ha sido cumplida, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, esto es así, porque ha quedado sin materia su cobro. En ese tenor, de concederse la protección constitucional solicitada, ésta carecería de efectos, en razón de que no es posible sustentar que pudiera otorgarse el amparo solicitado, para el efecto de declarar la insubsistencia de multa de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, impuesta como medida de apremio en el expediente administrativo 784/17-19-01-9-OT, dado que como lo señaló la autoridad responsable, no existe materia para su cobro. Bajo esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada ley. En ese contexto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINTUOS DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación de esta determinación, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que aún no obra el informe que le fue requerido a la autoridad responsable ordenadora Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en proveído de nueve de agosto del año en curso, ni constancia de notificación que acredite que se encuentra emplazado para tal efecto. Asimismo, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra fijada para esta data. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que de ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Ricardo Enoch Cancino Osorio, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vistos: I. La certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente de la demanda de amparo, no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno. II. El oficio signado por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", con residencia en esta ciudad, por medio del cual en vía de alcance a su informe justificado, informa que procedió a dar de baja en su sistema institucional el crédito fiscal a cargo del aquí quejoso Pedro Reynol Ozuna Fernández -cuya actuación reclama en esta instancia-, asimismo, que devolvió el documento determinante a la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el cual contiene la solicitud para hacer efectiva la multa que impuso; por lo que, ofrece como medio de prueba diversas documentales, y designa delegados y domicilio. Al efecto se acuerda: Respecto al punto I, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído; y en consecuencia, se tiene por no presentada la ampliación de demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Tocante al punto II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración las manifestaciones de la autoridad oficiante, en el sentido de que procedió a la cancelación de la multa impuesta al aquí quejoso, cuya actuación reclama en este sumario, con fundamento en el ordinal 75, de la ley de la materia, REQUIÉRASE a la diversa autoridad responsable Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad -ordenadora-, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe a este juzgado lo que proveyó en consecuencia, y remita las documentales atinentes. Con el apercibimiento que DE NO HACERLO O DE NO MANIFESTAR EL IMPEDIMENTO LEGAL que tenga para ello se le IMPONDRÁ MULTA de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; en términos de lo señalado por el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del precepto legal 26, de la Constitución Federal. Por su parte, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que exhibe, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Finalmente, respecto de la designación de delegados, deberá estarse a lo determinado en acuerdo de siete de julio de este año. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Ricardo Enoch Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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