Pedro Reyna Salgado
Expediente 1749/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1749/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Reyna Salgado
- TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILlACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. En virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio de la autoridad responsable Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretario General, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa en su demanda de amparo presentada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, reclamó la omisión de dictar acuerdo a las promociones presentadas por el quejoso el doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con número de folio 007084 y 010184 en el expediente 01/11/2019. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el tres de enero de dos mil veintidós, dictó el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas el doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, notificado a la parte quejosa el treinta y uno de enero del año en curso, a través de su apoderado legal. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había pronunciado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el tres de enero del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a los registros 007084 y 010184, requiriendo de pago, asimismo en auto de cuatro de enero de esta anualidad, en alcance a los libelos de referencia fijó las once horas con treinta minutos del diecisiete de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la reinstalación de la parte quejosa, el cual se notificó el treinta y uno de enero de este año, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente a los registros 007084 y 010184 de doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos de hoy, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio de la autoridad responsable Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretario General, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa en su demanda de amparo presentada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, reclamó la omisión de dictar acuerdo a las promociones presentadas por el quejoso el doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, con número de folio 007084 y 010184 en el expediente 01/11/2019. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el tres de enero de dos mil veintidós, dictó el acuerdo correspondiente a las promociones presentadas el doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, notificado a la parte quejosa el treinta y uno de enero del año en curso, a través de su apoderado legal. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había pronunciado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el tres de enero del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a los registros 007084 y 010184, requiriendo de pago, asimismo en auto de cuatro de enero de esta anualidad, en alcance a los libelos de referencia fijó las once horas con treinta minutos del diecisiete de marzo del año en curso, para que tenga verificativo la reinstalación de la parte quejosa, el cual se notificó el treinta y uno de enero de este año, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente a los registros 007084 y 010184 de doce de julio y diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos de hoy, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Secretario General y Actuarios adscritos a dicho órgano laboral, con domicilio en esta ciudad, en el que ACEPTA el acto reclamado. Vista Con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que a la parte quejosa en caso de considerarlo necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con las constancias de cuenta. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Domicilio y Delegados En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Autorización de medios electrónicos Como lo solicita, se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, mediante reproducción de "imágenes digitalizadas"; en el entendido, que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal y bajo su más estricta responsabilidad el uso y destino del material digitalizado. Autoridad cumple requerimientoTéngase por satisfecho el requerimiento formulado en autos, toda vez que la responsable informa la inexistencia de diverso juicio relacionado con el que nos ocupa, lo anterior para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, toda vez que se considera que la documental allegada por la autoridad responsable es insuficiente para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que, dentro del término, de veinticuatro horas, siguiente a la notificación de este proveído, se sirva remitir copia certificada, debidamente cotejada y legible de la notificación practicada a la parte actora de los acuerdos de tres y cuatro de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ***********; con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento a lo solicitado o en su caso de informar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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