Pedro Ramírez Pacheco
Expediente 367/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Ramírez Pacheco
- Pedro Ramírez Pacheco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Pedro Ramírez Pacheco, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, expídase copia certificada por duplicado de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que indica en su escrito inicial de demanda, previa razón que de ello obre en autos. Notifíquese. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó por otra se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, para resolver respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por este Juzgado en el juicio de garantías número 367/2016, promovido por Pedro Ramírez Pacheco y Moisés Ramírez Pacheco; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Registro 192174, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir lo siguiente: I. Pedro Ramírez Pacheco y Moisés Ramírez Pacheco, demandó el amparo contra actos del Presidente Municipal, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca; y otras autoridades, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas como Responsables ORDENADORAS reclamo: La ilegal, violatoria y arbitraria orden dado para que se modifique nuestra ruta de entrada y salida a la Ciudad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, que siempre hemos utilizado los suscritos desde que iniciamos a prestar el Servicio Publico Mixto de Pasaje y Carga con nuestros vehículos de motor, con la ruta Zipolite- Puerto Ángel- San Pedro Pochutla y viceversa, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, como se demuestra con el oficio de fecha 16 de agosto de 2016, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, que se anexa al presente. De las Autoridades señaladas como EJECUTORAS reclamo la ejecución material que pretenden hacer de esa orden, mediante de intimidación, como lo es infraccionando nuestros vehículos y, quitándonos los mismos para depositarlos en el corralón o encierro, aplicando ilegalmente el Reglamento de la Ley de Transito Reformada Vigente, supuestamente por circular fuera de ruta, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que hace al suscrito PEDRO RAMIREZ PACHECO respecto del vehículo de motor de mi propiedad, Marca Nissan, Modelo 2015, TIPO NP300 Pick up T/M DH Versión Especial, Motor KA24802681A, con capacidad 1000 Kilogramos, con número de serie 3N6DD21X0FK038789, con placas de circulación 3RTN445, del Servicio Público de Pasaje y Carga; y por lo que hace al suscrito MOISES RAMIREZ PACHECO respecto del vehículo de motor de mi propiedad, Marca Nissan, Tipo Pick-Up, Modelo 2014, con capacidad 1000 Kilogramos, con número de serie 3N6DD21T0EK068578, con número de motor KA24711840A, con placas de circulación IRTN655, del Servicio Público de Pasaje y Carga." (SIC). II. Previo trámite del juicio, en sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito, concedió la protección de la Justicia Federal a los quejosos Pedro Ramírez Pacheco y Moisés Ramírez Pacheco, para el efecto de que el Presidente Municipal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, dejara insubsistente el oficio sin número de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 130). III. Por acuerdo de fecha diez de febrero del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió al Presidente Municipal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que diera cumplimiento en sus términos con lo ahí establecido (foja 163 y 164). IV. Mediante oficio sin número, signado por el Síndico Procurador Representante Jurídico del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, refirió dar cumplimiento con la sentencia ejecutoriada remitiendo constancia certificada de diversa documental (foja 195). Ahora bien, de la copia certificada de la constancia de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que el Presidente Municipal de San Pero Pochutla, Oaxaca, por medio de su representante Jurídico, dejó insubsistente el oficio sin número de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, manifestando que los quejosos podrían continuar con la ruta acostumbrada, misma que ha sido respetada por el Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, desde el uno de enero de dos mil diecisiete en que entraron en funciones (foja 196). Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a los quejosos, el pleno goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida la sentencia en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese. IIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Síndico Procurador de San Pedro Pochutla, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, remite copia certificada de diversa constancia. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese. IIB-A
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