Pedro Ramírez Martínez
Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Pedro Ramírez Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que envió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el amparo en revisión 243/2021, relacionado con el presente juicio para el dictado de la sentencia, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el autorizado del quejoso José Luis Avalos Gutiérrez, mediante el cual solicita se aperciba a la autoridad responsable con las penas previstas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, no ha lugar acordar de conformidad, pues la imposición de las penas en los términos que solicita, no se encuentra prevista en ley, de conformidad con el Título Tercero, Capítulo I, de la Ley de Amparo, que rige el cumplimiento e inejecución de sentencias. En efecto, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia - que enseguida se citará-, el procedimiento para la ejecución de las sentencias de amparo, -en lo que interesa- se lleva de la manera siguiente: En el mismo auto en que se ordena la notificación de ejecutoria, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la misma dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Cabe señalar que, el plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Luego, si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento (según la hipótesis), el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese caso, el Tribunal Colegiado de Circuito, realizará el trámite que por ley, corresponda y, finalmente, se dictará la resolución. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, y atendiendo a ello, se realizará el trámite correspondiente. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia de la cual se viene haciendo mención, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, registro digital: 2007918, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En otro orden de ideas, la consignación por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo, es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir la fase de análisis del cumplimiento o incumplimiento de la ejecución de amparo, de conformidad con el cuarto párrafo, artículo 198 de la Ley de Amparo, que establece: "Articulo 198.- Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. [.] Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior son que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupando con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria." (El énfasis es autoría de este Juzgado) En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2004696 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro XVV, octubre de 2013, tomo 2, página 1049, la cual en su rubro y texto refiere: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto referido, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, señala que el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal ante los tribunales competentes. Sobre tal cuestión, previo a la citada modificación constitucional, el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía tres principios fundamentales: a) el Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; b) gozaba a su vez del poder exclusivo para valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, c) el propio Ministerio Público tenía la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación). Así, la reforma al artículo 21 constitucional de 2008 moduló parcialmente dichos principios, al añadir el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores. Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino que constituye un requisito que actualmente sólo admite dos modulaciones: 1) la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2) el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normativa secundaria. En consecuencia, el artículo 21 constitucional no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República, por lo que funciona en todos los órdenes jurídicos (federal, estatal y del Distrito Federal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso." (El énfasis es autoría de este juzgado). Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores la solicitud del impetrante no es un trámite previsto en la Ley de Amparo para la ejecución de sentencias, dado que al encontrarse el presente asunto en esa etapa, su cumplimiento debe realizarse observado el trámite previsto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, por lo que ve al ámbito de competencia y actuación del Juez de Distrito. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 199/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 525, Novena Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. A FIN DE LOGRARLO, EL JUZGADOR DEBE AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO QUE LA LEY DE AMPARO PREVÉ, EL CUAL NO DISPONE QUE SE DENUNCIE A LA RESPONSABLE CON LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES EN SU CONTRA. Los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 104 a 112 de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras y la facultad de los juzgadores para evitar que las autoridades responsables lo eludan, como son dictar las medidas necesarias para evitar el desacato por parte de la autoridad, haciendo los requerimientos pertinentes a la responsable y a sus superiores jerárquicos, previniéndola que en caso de no acatar lo ordenado en dicho fallo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice si es el caso de separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito; determine los efectos precisos de la concesión, así como las autoridades encargadas de su cumplimiento, y la medida en que cada una debe participar, considerando, en su caso, la procedencia de un cumplimiento sustituto, y analizar si la realización de ciertos actos por parte de la responsable trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, lo que implica investigar y conocer los datos ciertos del promovente del juicio, así como los actos que originaron la protección constitucional, entre otros. Sin embargo, dentro de las indicadas medidas no se incluye la de prevenir a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a sus obligaciones se dará vista a la Secretaría de la Función Pública o a la Contraloría Interna del organismo, y hacer efectivo dicho apercibimiento, informando sobre su actitud contumaz con la finalidad de que se dé inicio a un procedimiento de responsabilidades en su contra, conforme al artículo 8o., fracciones I y V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que tal actuación excede del marco jurídico previsto en los numerales citados, y si bien es deber del juzgador velar por el cumplimiento de la ejecutoria, esto no implica denunciar a la autoridad para que se le inicie un procedimiento donde se analice si sus actos u omisiones constituyen una responsabilidad administrativa." Consecuente, no ha lugar acordar de conformidad en los términos que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario del Juzgado que autoriza y DA FE.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, programó para los últimos cinco días hábiles del mes de octubre de la presente anualidad, el pago correspondiente al quejoso, lo anterior, de acuerdo al presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en el cual contempla la partida presupuestal para cubrir las indemnizaciones que por resolución judicial deban erogarse en laudos laborales. Por otro lado, agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del oficio girado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro de los autos del expediente laboral número 164/E/2016, en los que obra el sello de recibido de dicha autoridad; el cual sin mayor trámite se agrega a los presentes autos, en virtud de que el mismo ya obre en el expediente en que se actúa. En tal virtud, téngase a las autoridades informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que este Juzgado sólo estará en posibilidad de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector una vez que se haya ejecutado el laudo emitido en el expediente laboral 164/E/2016. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de fecha catorce de febrero del año en curso, acredita con las constancias correspondientes las gestiones realizadas a fin de cumplir con la sentencia dictada dentro de este asunto. NOTIFÍQUESE.
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