PEDRO RAMIREZ MARTINEZ y Otros.

Expediente 728/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
728/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • PEDRO RAMIREZ MARTINEZ y Otros.
  • Pedro Ramirez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veinte de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento de constancias. La Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, da cumplimiento al auto de once de julio de dos mil veintidós y, al efecto, remite copia certificada de la constancia de determinación de quince de julio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese orden, respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. La negativa de regularización y, como consecuencia, la escrituración del predio identificado como Lote 23, Manzana 69, Zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III; y, 2. La omisión de girar oficio al Agente del Ministerio Público María Eugenia Flores Pastelín, del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informe el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso, se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En ese sentido, en relación al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que la parte quejosa señaló como actos reclamados la negativa de regularización y, como consecuencia, la escrituración del predio identificado como Lote 23, Manzana 69, Zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III, contenida en el oficio 1.8.21/0257/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, así como la omisión de girar oficio al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informe el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -ocho de abril de dos mil veintidós-, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, había emitido el oficio 1.8.21/0257/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el cual, en relación a su petición de regularización y como consecuencia la escrituración del predio identificado -según la cartografía del aludido Instituto- como "lote 23, manzana 69, zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III", determinó que no era procedente acordar favorable dicha petición, toda vez que el trámite se encontraba suspendido atento a la solicitud del Ministerio Público de Tepeaca, por estar relacionados con diversas averiguaciones previas; así mismo, ordenó girar oficio al representante social que llevó esas averiguaciones previas, a efecto de que informara sobre su estado procesal. Ahora, entre las constancias que adjunta a su oficio de cuenta, remitió copia certificada de la resolución dictada el quince de julio de dos mil veintidós en la determinó: "VI. AUNADO A LO ANTERIOR Y EN VIRTUD DE QUE SE HA PRODUCIDO UNA PARALIZACIÓN POR MÁS DE TRES MESES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS INTERESADOS QUIENES PROMOVIERON LAS ACCIONES PENALES Y QUE EL DÍA DE HOY LES HAN DECRETADO EL ARCHIVO DEFINITIVO DE SUS RESPECTIVAS AVERIGUACIONES; Y TODA VEZ QUE POR AUTO DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ESTA REPRESENTACIÓN FUE REQUERIDA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS INFORME AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EL ACUERDO QUE RECAYÓ POR PARTE DE ESTA REPRESENTACIÓN A LO INFORMADO POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, NOS ENCONTRAMOS EN UNA CAUSA DE URGENCIA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA; PARA DETERMINAR EL ARCHIVO, POR LA CADUCIDAD DE TODO LO ACTUADO DENTRO DEL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, Y COMO CONSECUENCIA SE DEJAN SIN EFECTO LOS OFICIOS QUE SE GIRARON A ESTA REPRESENTACIÓN DENTRO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS NÚMERO 2599/2015/TEPEA Y 3253/2015/TEPEA. VII.- EN LAS RELATADAS CONDICIONES, LO PROCEDENTE ES QUE LA SUPERFICIE QUE DE ORIGEN SE ENCONTRABA IDENTIFICADA COMO LOTE 23, MANZANA 69, ZONA 01, POBLADO CHACHAPA III, SE REGULARICE A FAVOR DE LOS AVECINDADOS QUE ACREDITEN LA TITULARIDAD Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE." De lo anterior se advierte que la resolución de archivar el trámite administrativo de origen, por estimarse que se había actualizado la figura de la caducidad, es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), como se señaló en el párrafo que antecede, el Instituto responsable, mediante constancia de determinación del quince de julio de dos mil veintidós, tuvo por actualizada la figura de la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo y, en consecuencia, dejó sin efectos los oficios que se giraron a la representación social respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. Se destaca, además, que la autoridad estipuló que "lo procedente es que la superficie que de origen se encontraba identificada como lote 23, manzana 69, zona 01, poblado chachapa III, se regularice a favor de los avecindados que acrediten la titularidad y cumplan con los requisitos que establece la normatividad aplicable del Instituto Nacional del Suelo Sustentable". En consecuencia, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados (es decir, la negativa de regularización y como consecuencia la escrituración del predio descrito en los párrafos que anteceden y la omisión de girar oficio a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informara el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA), sin afectar la nueva situación jurídica (constancia de determinación dictada el quince de julio de dos mil veintidós, por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo al estimarse que se actualizó la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo y en consecuencia sin efectos los oficios que se giraron a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA). Por lo que quedó superado el fin que tenían los promoventes de amparo, con la solicitud que previamente no les fue admitida, esto es, que se acordara lo conducente respecto a la regularización y escrituración del predio identificado -según la cartografía del aludido Instituto- como "lote 23, manzana 69, zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III", y girar los oficios al Agente del Ministerio Público respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA, pues ante la constancia de determinación dictada, la autoridad responsable decretó la caducidad respecto de lo planteado, manifestando que lo procedente era regularizar a favor de los avecindados que acreditaran la titularidad y cumplan con los requisitos contemplados en la normatividad del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo, toda vez que la analizada resolución, afecta directamente al trámite administrativo de origen, pues la autoridad determinó que se había extinguido el derecho ejercido por los quejosos, ante su inacción. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas al acto reclamado, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la caducidad y consecuente archivo del trámite de origen, estipulados en la determinación de quince de julio de dos mil veintidós. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el acuerdo reclamado y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la negativa de regularización y como consecuencia la escrituración del predio descrito en los párrafos que anteceden por virtud de solicitud expresa del Ministerio Público de Tepeaca, y la omisión de girar oficio a esa representación social, a efecto de que informara el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA- y la situación jurídica que se originó posteriormente -la constancia de determinación dictada el quince de julio de dos mil veintidós, mediante la cual tuvo por anunciada la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo, su archivo definitivo y en consecuencia, sin efectos los oficios que se giraron a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, respecto de las averiguaciones previas de trato. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la negativa y omisión reclamada, pues el Instituto Nacional de Suelo Sustentable emitió una determinación en la cual se tuvo por caducado todo lo actuado en el expediente administrativo, se archivó en definitiva y se dejaron sin efectos los oficios girados a la extinta Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, porque ello implicaría examinar y afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) SIGUIENTE (S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento de constancias. La Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, da cumplimiento al auto de once de julio de dos mil veintidós y, al efecto, remite copia certificada de la constancia de determinación de quince de julio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese orden, respecto de los actos reclamados consistentes en: 1. La negativa de regularización y, como consecuencia, la escrituración del predio identificado como Lote 23, Manzana 69, Zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III; y, 2. La omisión de girar oficio al Agente del Ministerio Público María Eugenia Flores Pastelín, del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informe el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. Se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso, se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En ese sentido, en relación al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que la parte quejosa señaló como actos reclamados la negativa de regularización y, como consecuencia, la escrituración del predio identificado como Lote 23, Manzana 69, Zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III, contenida en el oficio 1.8.21/0257/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, así como la omisión de girar oficio al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informe el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -ocho de abril de dos mil veintidós-, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, había emitido el oficio 1.8.21/0257/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el cual, en relación a su petición de regularización y como consecuencia la escrituración del predio identificado -según la cartografía del aludido Instituto- como "lote 23, manzana 69, zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III", determinó que no era procedente acordar favorable dicha petición, toda vez que el trámite se encontraba suspendido atento a la solicitud del Ministerio Público de Tepeaca, por estar relacionados con diversas averiguaciones previas; así mismo, ordenó girar oficio al representante social que llevó esas averiguaciones previas, a efecto de que informara sobre su estado procesal. Ahora, entre las constancias que adjunta a su oficio de cuenta, remitió copia certificada de la resolución dictada el quince de julio de dos mil veintidós en la determinó: "VI. AUNADO A LO ANTERIOR Y EN VIRTUD DE QUE SE HA PRODUCIDO UNA PARALIZACIÓN POR MÁS DE TRES MESES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS INTERESADOS QUIENES PROMOVIERON LAS ACCIONES PENALES Y QUE EL DÍA DE HOY LES HAN DECRETADO EL ARCHIVO DEFINITIVO DE SUS RESPECTIVAS AVERIGUACIONES; Y TODA VEZ QUE POR AUTO DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ESTA REPRESENTACIÓN FUE REQUERIDA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS INFORME AL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EL ACUERDO QUE RECAYÓ POR PARTE DE ESTA REPRESENTACIÓN A LO INFORMADO POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL, NOS ENCONTRAMOS EN UNA CAUSA DE URGENCIA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA; PARA DETERMINAR EL ARCHIVO, POR LA CADUCIDAD DE TODO LO ACTUADO DENTRO DEL PRESENTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, Y COMO CONSECUENCIA SE DEJAN SIN EFECTO LOS OFICIOS QUE SE GIRARON A ESTA REPRESENTACIÓN DENTRO DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS NÚMERO 2599/2015/TEPEA Y 3253/2015/TEPEA. VII.- EN LAS RELATADAS CONDICIONES, LO PROCEDENTE ES QUE LA SUPERFICIE QUE DE ORIGEN SE ENCONTRABA IDENTIFICADA COMO LOTE 23, MANZANA 69, ZONA 01, POBLADO CHACHAPA III, SE REGULARICE A FAVOR DE LOS AVECINDADOS QUE ACREDITEN LA TITULARIDAD Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE." De lo anterior se advierte que la resolución de archivar el trámite administrativo de origen, por estimarse que se había actualizado la figura de la caducidad, es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), como se señaló en el párrafo que antecede, el Instituto responsable, mediante constancia de determinación del quince de julio de dos mil veintidós, tuvo por actualizada la figura de la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo y, en consecuencia, dejó sin efectos los oficios que se giraron a la representación social respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA. Se destaca, además, que la autoridad estipuló que "lo procedente es que la superficie que de origen se encontraba identificada como lote 23, manzana 69, zona 01, poblado chachapa III, se regularice a favor de los avecindados que acrediten la titularidad y cumplan con los requisitos que establece la normatividad aplicable del Instituto Nacional del Suelo Sustentable". En consecuencia, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados (es decir, la negativa de regularización y como consecuencia la escrituración del predio descrito en los párrafos que anteceden y la omisión de girar oficio a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a efecto de que informara el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA), sin afectar la nueva situación jurídica (constancia de determinación dictada el quince de julio de dos mil veintidós, por medio de la cual se ordenó el archivo definitivo al estimarse que se actualizó la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo y en consecuencia sin efectos los oficios que se giraron a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA). Por lo que quedó superado el fin que tenían los promoventes de amparo, con la solicitud que previamente no les fue admitida, esto es, que se acordara lo conducente respecto a la regularización y escrituración del predio identificado -según la cartografía del aludido Instituto- como "lote 23, manzana 69, zona 01 del poblado de San Salvador Chachapa III", y girar los oficios al Agente del Ministerio Público respecto de las averiguaciones previas 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA, pues ante la constancia de determinación dictada, la autoridad responsable decretó la caducidad respecto de lo planteado, manifestando que lo procedente era regularizar a favor de los avecindados que acreditaran la titularidad y cumplan con los requisitos contemplados en la normatividad del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo, toda vez que la analizada resolución, afecta directamente al trámite administrativo de origen, pues la autoridad determinó que se había extinguido el derecho ejercido por los quejosos, ante su inacción. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas al acto reclamado, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la caducidad y consecuente archivo del trámite de origen, estipulados en la determinación de quince de julio de dos mil veintidós. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el acuerdo reclamado y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la negativa de regularización y como consecuencia la escrituración del predio descrito en los párrafos que anteceden por virtud de solicitud expresa del Ministerio Público de Tepeaca, y la omisión de girar oficio a esa representación social, a efecto de que informara el estado procesal que guardan las averiguaciones previas números 2599/2015/TEPEA y 3253/2015/TEPEA- y la situación jurídica que se originó posteriormente -la constancia de determinación dictada el quince de julio de dos mil veintidós, mediante la cual tuvo por anunciada la caducidad de todo lo actuado dentro del expediente administrativo, su archivo definitivo y en consecuencia, sin efectos los oficios que se giraron a la representación social del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, respecto de las averiguaciones previas de trato. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la negativa y omisión reclamada, pues el Instituto Nacional de Suelo Sustentable emitió una determinación en la cual se tuvo por caducado todo lo actuado en el expediente administrativo, se archivó en definitiva y se dejaron sin efectos los oficios girados a la extinta Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, porque ello implicaría examinar y afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Sin mayor acuerdo. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Amozoc, Puebla, en relación a los requerimientos realizados en autos, manifiesta que ha dado cumplimiento pues remitió copia certificada de la determinación mediante la cual ordena el archivo definitivo de la averiguación previa 2599/2015/TEPEA de la extinta Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la representación social oficiante, ya dio cumplimiento a los requerimientos realizados en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

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