Pedro Rafael Davila Mendivil
Expediente 63/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2016
Partes del expediente
- Pedro Rafael Davila Mendivil
- Director del Centro de Readaptación Social.- Tijuana, Baja California.
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a doce de abril de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, proveniente del JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, atento a su contenido queda enterado este juzgado que el cuatro de marzo del presente año, ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto que nos ocupa, registrándolo con el número de amparo 286/2016-I-A de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE como asunto totalmente concluido. Por último, se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. N O T I F Í Q U E S E.
- Principal
Con lo anterior, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 63/2016. Del análisis integral de la demanda de amparo se observa que Pedro Rafael Dávila Mendivil, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Director de el Centro de Readaptación Social de Tijuana Baja California. b).- Director de la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. c).- Juez Tercero de Distrito Especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) ACTO QUE SE RECLAMA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: La dilación, inacción y omisión en la tramitación y resolución favorable de mis solicitudes de libertad preparatoria, violando con ello los preceptos contenidos en los artículos 8, 17 y 18 Constitucionales." En ese orden de ideas, se advierte que este juzgador carece de competencia legal para conocer de la misma, esto es así, pues el artículo 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Articulo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando so se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, la normatividad anteriormente reproducida establece como elemento central en la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón del territorio, la ejecución del acto reclamado, sobre el que regula tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que impone como condición necesaria que dicho acto sea de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse, se haya ejecutado, o se esté ejecutando el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, se hayan realizado, o se estén realizando, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se estén ejecutando, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se estén ejecutando, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Sobre ese concepto, el peticionario de amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de dar trámite a su petición del beneficio de libertad preparatoria que dice, solicitó a las autoridades penitenciarias, así como su ejecución, que se traduce en la continuación del quejoso dentro del Centro de Reinserción Social ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por ende, si el quejoso se encuentra privado de su libertad personal en un centro ubicado fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en virtud de la sentencia condenatoria que alude fue dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad preparatoria continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica ese centro penitenciario, es decir, en la ciudad de Tijuana, Baja California. En efecto, tomando en consideración que el quejoso está privado de su libertad en el momento en que solicitó la concesión del beneficio de libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde está recluido y, por ende, al haberse negado el beneficio solicitado, resulta que seguirá compurgando la pena en ese centro penitenciario. Por ende, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, el suscrito es incompetente para conocer de este juicio de amparo. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 48/2005, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XXI, junio de 2005, página 5, registro 178232, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así como el criterio que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo expuesto y, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, así como el punto tercero, apartado XXI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California. Así, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, se DECLINA LA COMPETENCIA del presente asunto a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se deje del mismo, remítase el presente expediente, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Efectúense las anotaciones en el libro de Gobierno, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se tiene como autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia, a Jaime Bazua Martínez; y señalando domicilio procesal el ubicado en kilómetro 19.5 de la Carretera Ensenada-Ojos Negros de este municipio. N O T I F Í Q U E S E.
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