Pedro Pliego Gonzalez

Expediente 647/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
647/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Pedro Pliego Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Pedro Pliego González, mediante el cual solicita que se revoquen el domicilio para recibir notificaciones y los autorizados que señaló en autos, así mismo, señala un nuevo domicilio y un autorizado para tales efectos. A lo anterior, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, esto es "la casa marcada con el número 304 despacho uno de la avenida reforma de la Colonia Centro Histórico de la Ciudad de Puebla", y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Lamberto Gómez Martínez, por así haberlo solicitado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (fojas 464 a 501): ".1. Deje insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. 2. Emita un nuevo auto en el que prescinda de estimar extemporáneo el incidente de nulidad promovido por el quejoso, y, con plenitud de jurisdicción, acuerde lo que en derecho corresponda sobre el particular." Asimismo, mediante oficios recibidos el siete y nueve de mayo de dos mil diecinueve, las autoridades responsables Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que la primera autoridad informo que dejó insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1139/2015 relativo al juicio ordinario civil y dictó otro siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; y la segunda autoridad informó que mediante auto de siete de mayo del año en curso, dentro del toca 396/2017, dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y dictó otro en el que admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el quejoso Pedro Pliego González (fojas 511 y 514). Por auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el dieciséis del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la primera autoridad dejó insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1139/2015 relativo al juicio ordinario civil y dictó otro siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; y, la segunda autoridad informó que mediante auto de siete de mayo del año en curso, dentro del toca 396/2017, dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y dictó otro en el que admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el quejoso Pedro Pliego González. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de destrucción, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser destruido, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". En consecuencia, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por medio del cual informa que mediante auto de siete de mayo del año en curso, dentro del toca 396/2017, dejó insubsistente el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y dictó otro en el que admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el quejoso Pedro Pliego González. Por otra parte, de autos se advierte que el Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio recibido el siete del mes y año en curso (foja 511), informó que dejó insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1139/2015 relativo al juicio ordinario civil y dictó otro siguiendo los lineamientos establecido en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca R-466/2018, derivado de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 647/2018; téngase a la superioridad remitiendo copia del testimonio, copia autorizada del testimonio y dos copias del voto particular, y devolviendo el expediente principal y un anexo del mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a PEDRO PLIEGO GONZÁLEZ, por propio derecho, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dicado en el toca 396/2017 del índice de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que fue desechado el incidente de nulidad de actuaciones que el nombrado quejoso promovió contra la notificación del fallo emitido en el toca ciado con antelación; así como su ejecución". Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente Elier Martínez Ayuso, al Diligenciario Par adscrito a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado Marco Antonio Arsencio Espinosa, y al Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla Hugo Isaac Arzola Muñoz, para que realicen los actos precisados por la superioridad en la ejecutoria pronunciada dentro del toca R-466/2018, dentro del término de tres días a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la sala y juez responsables, no tienen superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las copias certificadas remitidas como justificante del informe solicitado. Notifíquese.

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