Pedro Pineda López
Expediente 756/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Pedro Pineda López
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual acusa recibo del comunicado mediante el cual se le remitió el juicio de amparo génesis de este cuaderno de antecedentes e informa que admitió el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa y lo radicó bajo el consecutivo 234/2023 de su índice. En tal virtud, hágase esto del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el correo electrónico que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual informa que el oficio 16384, del índice de este juzgado, así como sus anexos, fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esa ciudad capital, para efecto de sustanciar el recurso de queja interpuesto por María de Jesús López Guzmán, en su carácter de Defensora Pública Federal, y como tal, del quejoso Pedro Pineda López. Atento a ello, se toma nota de lo comunicado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado electrónicamente por María de Jesús López Guzmán, en su carácter de Defensora Pública Federal, y como tal, del quejoso Pedro Pineda López, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda de amparo génesis del presente sumario. En atención a ello, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a)1 , 98 y 101 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación de la impugnación interpuesta. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la impugnación, en el sentido de que: 1 Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; ES CIERTO que en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, este juzgado desechó la demanda de amparo interpuesta por María de Jesús López Guzmán, en su carácter de Defensora Pública Federal, y como tal, del quejoso Pedro Pineda López, contra actos del Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en esa pieza. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos administrativos a que haya lugar, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. REMISIÓN DE LA COMPETENCIA Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, a través del cual remite el expediente formado con la demanda de amparo promovida por María de Jesús López Guzmán, en su carácter de Defensora Pública Federal, y como tal, de Pedro Pineda López contra actos del Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en esta ciudad; ello, por considerar que este órgano jurisdiccional tiene conocimiento previo del asunto planteado en la demanda de origen, ya que el acto reclamado en ese libelo guarda relación directa con el diverso impugnado en un juicio de amparo que se tramitó ante este órgano jurisdiccional. ACEPTACIÓN DE LA POTESTAD DECLINADA Y REGISTRO En atención a ello, tomando en consideración que la resolución impugnada fue emitida en un procedimiento que 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 deriva del expediente 70/2019, de donde emana el acto reclamado en un diverso juicio de amparo tramitado ante este juzgado bajo el número 451/2020 del propio índice, con apoyo en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto planteado en la demanda de amparo de origen y, con base en el numeral 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y radíquese bajo el número 756/2023. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro y texto expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese tenor, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: "La resolución dictada en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la carpeta de ejecución 49/2019, que deriva de la causa penal 70/2019. Así las cosas, del escrito de demanda se desprende que el quejoso destaca como acto reclamado la resolución emitida por el Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual le niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la carpeta de ejecución 49/2019, que deriva de la causa penal 70/2019. En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." El precepto legal transcrito, tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 5 agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 128 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Asimismo, es de puntualizar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y además para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Al respecto, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 467.- Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 6 I.- Las que nieguen el anticipo de prueba; II.- Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III.- La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV.- La negativa de orden de cateo; V.- Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Causal de improcedencia que cobra vigencia, en virtud de que el promovente se encuentra indefectiblemente obligado a agotar el principio de definitividad que es uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, puesto que, conforme a dicho principio, para que sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente a través de todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige ese acto. Así, el acto que se impugna puede tener remedio ante las autoridades del orden común y ese remedio no fue seguido por el ahora promovente, por lo que es inconcuso que el juicio de que se trata resulta notoriamente improcedente. En efecto, de lo expuesto anteriormente, se evidencia que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual el Juez de Control responsable, le niega el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 7 dentro de la carpeta de ejecución 49/2019, que deriva de la causa penal 70/2019, no queda exento del principio de definitividad para los efectos del amparo, ya que tal actuación pudo haberla impugnado a través del recurso de apelación, que debió ser planteado ante el mismo Juzgador, para combatir la resolución referida, mismo que el quejoso estaba obligado agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Es aplicable la tesis CCLXXV/2012(10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, que concluye: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 8 sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Así entonces, la hoy promovente tuvo la posibilidad 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 9 de controvertir la citada resolución, de modo que resulta inconcuso que estuvo en condiciones y debió hacer uso de los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, con la finalidad de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, cuenta habida de que la inobservancia al principio de definitividad que rige la acción del amparo hace improcedente el mismo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues el numeral 61, fracción XVIII, determina que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por tanto, al establecer la ley un medio de defensa en contra de la determinación que constituye el acto reclamado, que no fue intentado previamente a la instauración del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que a más de indudable es manifiesta. En consecuencia, se estima que por virtud de sus efectos el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento, por lo que, es evidente que el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 10 Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En esa virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de garantías. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que designa y para los efectos legales que indica en su demanda. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente con el carácter con que se ostenta en su demanda. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 11 del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 12 En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS 26/04/24 13:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 13 Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. OFICIO PARA COMPENSACIÓN Por cuanto este asunto fue presentado directamente ante la oficina de correspondencia de este tribunal, gírese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que se sirva tomar en consideración el presenta asunto estadística de este órgano jurisdiccional, para la compensación de sus cargas laborales. Notifíquese personalmente
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