PEDRO PEREZ RODRIGUEZ y Otros.

Expediente 1081/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1081/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2018

Partes del expediente

  • PEDRO PEREZ RODRIGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que las partes hubieran interpuesto dicho recurso contra la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Sin que pase desapercibido para este Juzgado Federal como hecho notorio que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, fue notificada de la sentencia que obra en autos hasta el día dos del mes y año en curso, toda vez que se encontraba en periodo vacacional. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL:....R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A Pedro Pérez Rodríguez y Ramona Leyva Saenz, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    MESA I SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE:Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por los quejosos Pedro Pérez Rodríguez y Ramona Leyva Sainz, por medio del cual, manifiestan que es su deseo ampliar la demanda de amparo inicial, respecto de la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Junta Federal Número Treinta y Nueve de Conciliación y Arbitraje, en la que se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio laboral 329/2015, el cual le fue remitido previamente por la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, y consecuentemente ordenó remitir los autos originales de dicho juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de dirimir sobre el conflicto competencial planteado. DESECHAMIENTO Ahora bien, analizada la ampliación de demanda de cuenta, enseguida, se provee: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, y además considerando que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que también resulta aplicable a la ampliación de demanda. En el caso en particular se advierte que los promoventes de amparo reclaman de la Junta Especial Número y Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio laboral ****, el cual le fue remitido previamente por la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, y consecuentemente ordenó remitir los autos originales de dicho juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de dirimir sobre el conflicto competencial planteado. Establecido lo anterior, esta Juzgadora estima que la presente ampliación de demanda resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Para mayor claridad precisa necesario establecer lo que disponen los indicados numerales; El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos:. El propio artículo 107, fracción V, define que los actos intraprocesales de imposible reparación son aquellos que pueden afectar materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. La interpretación de esta norma requiere diferenciar los derechos sustantivos de los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son los que se derivan de preceptos destinados a regir bienes jurídicos protegidos más allá de los límites formales del juicio; como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la educación, el trabajo, el patrimonio, la intimidad, entre otros. La afectación de alguno de esos derechos derivada de un acto intraprocesal se considera de imposible reparación, porque deja una huella en la esfera jurídica material del gobernado que no podría desvanecerse mediante el dictado de una sentencia o laudo favorable. En oposición a los derechos sustantivos, los derechos procesales se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos laborales. Este tipo de derechos tutelan intereses instrumentales, que sólo implican beneficios formales dentro del procedimiento, es decir, situaciones y oportunidades adjetivas que por sí mismas no trascienden los límites del juicio; como los derechos de ofrecer, preparar y desahogar pruebas; intervenir en las actuaciones; recibir notificaciones; promover medios de defensa; y el desarrollo del procedimiento en los plazos y términos prescritos en la ley. En este contexto, los actos intraprocesales que afecten materialmente derechos sustantivos son de imposible reparación y, por ende, podrán impugnarse a través del amparo indirecto. En cambio, los actos intraprocesales que únicamente incidan sobre derechos adjetivos no son considerados de imposible reparación. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que originó la jurisprudencia 37/2014 (10.), de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), estableció que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal' o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa resolución el Máximo Tribunal del País sostuvo que no debe seguirse aplicando la jurisprudencia P./J. 4/2001, rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", que resultó fundamental en los asuntos tramitados al amparo de la legislación de amparo abrogada, porque en la misma se determinó que la regla general relativa a la afectación de derechos sustantivos admitía excepciones, cuando la violación jurídica procesal ocasione efectos igual de trascendente que una material. Esto, porque dicha jurisprudencia se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Lo anterior, dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en la citada jurisprudencia expresamente se determinó que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible, con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Conclusiones que también fueron expresadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Tercer Circuito y Tercero del Sexto Circuito, al resolver la improcedencia 65/87 y el amparo en revisión 208/89, respectivamente, de rubro "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO", en donde refirieron ". los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado". Conforme a las premisas expuestas, es inconcuso que la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la que la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para conocer del juicio laboral ****, que a su vez le fue enviado por la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, y ordenó remitir los autos originales de dicho juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, a fin de que dirima el conflicto competencial planteado entre las citadas autoridades, es un acto intraprocesal, consistente en una actuación realizada por la autoridad responsable dentro del desarrollo de un juicio laboral, que evidentemente no implica afectación material a ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución o algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, menos al derecho humano de audiencia, pues precisamente los aquí quejosos, son parte actora en el juicio natural. Se estima lo anterior, pues la determinación de la Junta Especial Número y Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, no es de carácter definitivo, precisamente por estar supeditado a lo que determine el Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al que por razón de turno correspondió conocer del conflicto, lo que hace inconcuso que el acto reclamado no afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales (como lo dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo), sino que solo produce efectos intraprocesales, cuyo objetivo es definir la autoridad laboral a la que corresponderá el conocimiento de la demanda de los aquí quejosos, lo que en sí mismo no materializa afectación a los solicitantes de amparo, pues no es factible anticipar lo que determinará en su caso el órgano colegiado. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE GARANTÍAS QUE SE ANALIZA. Por último en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizada de la parte quejosa a Beatriz Adriana Moreno Segura, dado que los quejosos son parte actora en el procedimiento laboral de origen. Sin proveer de las demás personas que refiere, toda vez que mediante auto de veintitrés de octubre del año en curso, se les tuvo por autorizadas en los términos solicitados.

  4. Principal

    MESA I NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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