Pedro Pérez Ovalle

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Pedro Pérez Ovalle

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL [...] NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a doce de marzo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo que promueve PEDRO PÉREZ OVALLE; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 293/2021-P, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Atento, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o. de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme a lo estatuido por el artículo que precede, y en específico con el numeral 6° de la ley de la materia, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En tal virtud, si el escrito de demanda no contiene la firma -electrónica- al haberse tramitado a través del juicio en línea, de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la ausencia de firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que constituye un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar la demanda de amparo ante la falta de expresión de la voluntad del promovente. Y si bien, el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, también es verdad, que en el caso, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior, no obstante, del capítulo de garantías violadas señala el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, examinado en forma concatenada tanto los actos reclamados, como los conceptos de violación y el capítulo de suspensión, incluso por la manera en que administrativamente fue turnado el asunto a este órgano jurisdiccional -no fue hecho de forma urgente-, se puede advertir claramente que dada la naturaleza de los actos reclamados, se puede distinguir que no se trata de actos expresamente contemplados por el artículo 15 de la Ley de Amparo y que permitan su paralización de oficio y de plano conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.A.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito1 , que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Por lo expuesto, notorio e indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo; por lo cual, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable la tesis VI. 2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (antes de su especialización), página 435, Tomo XIV, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 209959, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO." De igual forma, se cita a tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (antes de su especialización), página 303, Tomo XV-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA." AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como domicilio del quejoso para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, asimismo, se tiene por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo al profesionista que señala en el mismo y únicamente para oir y recibir notificaciones a la persona que indica en el mismo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a doce de marzo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo que promueve PEDRO PÉREZ OVALLE; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 293/2021-P, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Atento, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o. de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme a lo estatuido por el artículo que precede, y en específico con el numeral 6° de la ley de la materia, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En tal virtud, si el escrito de demanda no contiene la firma -electrónica- al haberse tramitado a través del juicio en línea, de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la ausencia de firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que constituye un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar la demanda de amparo ante la falta de expresión de la voluntad del promovente. Y si bien, el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, también es verdad, que en el caso, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior, no obstante, del capítulo de garantías violadas señala el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, examinado en forma concatenada tanto los actos reclamados, como los conceptos de violación y el capítulo de suspensión, incluso por la manera en que administrativamente fue turnado el asunto a este órgano jurisdiccional -no fue hecho de forma urgente-, se puede advertir claramente que dada la naturaleza de los actos reclamados, se puede distinguir que no se trata de actos expresamente contemplados por el artículo 15 de la Ley de Amparo y que permitan su paralización de oficio y de plano conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.A.19 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito1 , que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Por lo expuesto, notorio e indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo; por lo cual, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable la tesis VI. 2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (antes de su especialización), página 435, Tomo XIV, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 209959, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO." De igual forma, se cita a tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (antes de su especialización), página 303, Tomo XV-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA." AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como domicilio del quejoso para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, asimismo, se tiene por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo al profesionista que señala en el mismo y únicamente para oir y recibir notificaciones a la persona que indica en el mismo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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