Pedro Pérez Nuñez
Expediente 144/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2017
Partes del expediente
- Pedro Pérez Nuñez
- Pedro Pérez Nuñez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de veintisiete de febrero del año en curso, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO PASADO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre en autos y surta sus efectos legales correspondientes, el escrito firmado por *******, representante común de la parte quejosa, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veinte de febrero del actual. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo así como del anexo que acompañan a su demanda de amparo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo que conde a desechar de plano la demanda en comento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo, sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En tal virtud, en acatamiento a lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la Ley de Amparo y atento a la obligación que ahí se contiene, se procede a analizar el escrito de demanda de amparo, así como el anexo que se acompaña. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los que enseguida se transcriben: "1. Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con residencia en esta ciudad. 2. Secretaría de acuerdos del Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con residencia en esta ciudad. 3. Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, residente en esta ciudad "ACTO RECLAMADO. La falta de notificación del inicio, así como todo lo actuado, sus efectos y consecuencias del expediente agrario *******, Municipio de Chicoasen, Estado; Chiapas, del índice del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Tres, con domicilio bien conocido en esta ciudad capital". Asimismo, del anexo que acompaña a su demanda de amparo se desprende lo siguiente: "(.) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio del ingeniero ******, Presidente del IV Consejo Directivo del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Topógrafos A.C., a través del cual remite lista de peritos que cuentan con la experiencia y capacidad para desarrollar los trabajos relacionados en materia Topográfica.- Agréguese a los autos el de cuenta para que obre como corresponda.- Atento a su contenido y el estado procesal que guarda el sumario, con fundamento legal en lo previsto en los artículos 186,187 y 195 de la Ley Agraria, en relación con los numerales 145, 146 148 y 297, fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene a la ingeniera *****, como perito en materia topográfica en rebeldía y costa de los demandados ****, *****, ***** y ******; en tal virtud se requiere a la parte en cita, para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído concurran al domicilio del citado experto ubicado en Calle*****, fraccionamiento**** de esta ciudad capital, con número de teléfono ****** y acuerden lo conducente para el inmediato desahogo de la pericial de que se trata, el cual será a su costa, debiendo informar a este Unitario dentro del mismo plazo lo acordado con el aludido perito; por única ocasión notifíquesele el presente proveído a los demandados a los demandado en el domicilio habitual que es en el domicilio del caso, así también, notifíquesele personalmente a la Ingeniera *******, para que en un término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación, comparezca ante este Tribunal Unitario Agrario, Distrito Tres, sito en la 8ª Poniente Norte número 164, de ésta ciudad capital, para los efectos de aceptación, protesta y discernimiento del cargo de perito en materia de topografía conferido a su favor; hecho lo anterior, se proveerá lo conducente para el desahogo de la pericial de que se trata." NOTIFIQUESELE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADAS Y A LA ***** EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS PARA ESOS EFECTOS Y CUMPLASE.". De lo anterior se desprende que el acto reclamado consiste en el ilegal emplazamiento de los quejosos ********, al juicio agrario ****** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad a que estaba obligado. Dicho artículo en su fracción XVIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la transcripción se advierte que dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Asimismo se establecen excepciones al citado principio, en tratándose de actos que: importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento o del auto de vinculación a proceso. En ese sentido, dado que del contenido del anexo que se acompaña a la demanda, se advierte que en el juicio de origen se encuentra en etapa probatorio y no se ha dictado sentencia, luego entonces, la parte quejosa se encuentra en aptitud de impugnar el emplazamiento reclamado, y en ese tenor, como carece del carácter de tercero extraño por equiparación, el amparo en vía indirecta es improcedente porque no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1627, del Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, con número de registro 2000293, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". En ese contexto, a efecto de evidenciar la causal de improcedencia en estudio, resulta necesario señalar que los quejosos, en esencia reclaman el ilegal emplazamiento al juicio agrario ****** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con residencia en esta ciudad. , la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el emplazamiento reclamado, debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse ese acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.28/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2001-SS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 467, Tomo XIV, Julio de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena época, registro 189290, de contenido siguiente: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento". En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional (ilegal emplazamiento al juicio agrario *****), trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo, por las razones ya expuestas. Notifíquese personalmente.
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