Pedro Pérez Alvarado

Expediente 480/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
480/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Margarita Escobar Ávila
  • Pedro Pérez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de quince de febrero de dos mil dieciocho ; este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "(.) Con base en lo hasta aquí expuesto, y contrario a lo resuelto por la sección responsable, no era al quejoso a quien correspondía la carga probatoria, sino a las autoridades demandadas, demostrar que el elemento policial, aquí quejoso, se ausentó de sus labores sin justificación alguna, lo que en su caso, sería motivo de la separación del empleo: Consecuentemente ante la ilegalidad que presenta la sentencia reclamada, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la sección responsable deje insubsistente dicha sentencia y en su lugar, emita otra en la que, atendiendo los lineamientos expuestos en este fallo, analice correctamente el material probatorio, partiendo de la base de que, era la autoridad a quien correspondía probar que el elemento policial se ausentó de sus labores sin justificación alguna, lo que en su caso, sería el motivo de la separación del empleo, hecho lo anterior, pronunciándose, en su caso, respecto de todas las prestaciones reclamadas, en uso de la facultad que tiene para reasumir la jurisdicción de la sala primigenia". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio TJA/SS/II/2925/2018, de once de abril de dos mil dieciocho , la Secretaria General de Acuerdos de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de cumplimiento dictada en esa misma fecha, de la que se advierte, que se determinó entre otros aspectos, lo siguiente : "(.) III. A efecto de cumplimentar la ejecutoria de amparo del quince de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el juicio de amparo 480/2017, interpuesto por Pedro Pérez Alvarado; esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deja insubsistente la sentencia pronunciada el treinta de junio del dos mil diecisiete, que puso fin al recurso de revisión 337/2017, en que se actúa y en su lugar se emite otra acatando los lineamientos vertidos en la ejecutoria que se cumplimenta, en los siguientes términos: (.) VI. Ahora bien, se analiza el acto impugnado, mismo que comparado con los fundamentos de hecho y de derecho que se señalaron en el escrito de demanda y contestación a la misma, así como de la valoración de las pruebas ofrecidas, exhibidas y admitidas a las partes en términos de lo dispuesto por los numerales 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, que obran agregadas en el juicio administrativo 1126/2016, se tiene que con fundamento en el arábigo 273 fracciones III y IV del Código Adjetivo de la Materia, los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora en su escrito inicial de demanda, con atendibles y suficientes para desvirtuar la validez del acto de molestia antes citado (orden de destitución, decreto o resolución de baja, o separación del cargo de Oficial "C"), los cuales por economía procesal se tienen como reproducidos como si a la letra se insertaran. (.) De lo que se colige que el acto impugnado por el actor fue negado por las demandadas ".se niega lisa y llanamente que el suscrito haya emitido, ordenado o ejecutado acto de índole verbal tendiente a dejar de asignar servicio al actor o impedirle firmar listas de asistencia de su empleo, cargo y/o comisión al hoy actor.", acto del cual hasta ese momento el demandante se encontraba obligado acreditar su existencia con medio de prueba idóneo como lo es la testimonial, sin embargo lo argumentado por las autoridades demandadas dio un giro a las circunstancias que se analizan, porque si bien, éstas negaron la existencia del acto controvertido (baja verbal), inmediatamente afirmaron lo siguiente: ".desconozco los motivos personales que tuvo la parte actora para dejar de prestar los servicios en los términos que le fueron encomendado..:", sin que señalaran ni sustentaran la consecuencia que produjo tal situación. Aunado a lo ya expuesto, al tener a la vista las constancias que obran en autos se aprecia que no obra documental pública alguna de la que se desprenda que el actor dejó de prestar sus servicios, como lo serían listas de asistencia donde se observe el nombre del actor y que éste no firmó, con lo que se acreditaría que el accionante fue quien incumplió con el contenido de los artículos 140, 152, apartado B, fracciones XIV y XV, 158, fracción III, 160, 163 a 167, 175, 177, 179 y 180 de la Ley de Seguridad del Estado de México, al ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días consecutivos o de cinco dentro de un términos de treinta días, lo cual al ser un requisito de permanencia en las instituciones policiales, como consecuencia produce su eventual separación, remoción, baja o cese. (.) Por tanto, al no acreditar las autoridades demandadas la afirmación de que fue el propio elemento quien dejó de asistir a sus labores, en consecuencia esta Segunda Sección de la Sala Superior concluye que el acto verbal a que hace alusión el actor subsiste, dado que las enjuiciadas de forma implícita reconocieron la terminación de la relación laboral con el actor, sin justificar el procedimiento ni las consecuencias jurídicas de ello; resultando procedente declarar la invalidez del acto controvertido de conformidad con el artículo 1.8 fracciones I, IV, V y VII del Código Administrativo del Estado de México. Ante lo cual, de las prestaciones alegadas por el actor, consistentes en: a) se le reinstale en el cargo de oficial "C"; y b) el pago de todos y cada uno de los salarios, desde la emisión del acto impugnado, así como todas y cada una de las prestaciones inherentes a dicho cargo, tales como vacaciones, prima vacacional, aguinaldos y reparto de utilidades. Por cuanto hace a la señalada en el inciso a), ésta no prospera en su favor, dado que con independencia de que el servidor público interponga medio de defensa en contra de la determinación respectiva y obtenga sentencia favorable, por haberse acreditado violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, incluso cuando sea propicia la reposición de la instancia, existe prohibición constitucional para reinstalar al particular en el empleo, cargo o comisión que desempeñaba. Y por cuanto hace a su pretensión marcada con el inciso b), ante la conclusión alcanzada, prospera en su favor únicamente el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.". [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Del contenido de dicha sentencia, cuya copia certificada se tiene a la vista, se observa que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, puesto que, por un lado, dejó insubsistente la sentencia reclamada y, por el otro, dictó otra en la que analizó correctamente el material probatorio, partiendo de la base de que, era la autoridad a quien correspondía probar que el elemento policial se ausentó de sus labores sin justificación alguna, lo que en su caso, sería el motivo de la separación del empleo, y se pronunció, respecto de todas las prestaciones reclamadas, declarando así la nulidad del acto impugnado. Por ende, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Así, hágase saber a la parte quejosa y al tercero interesado, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Notifíquese; por medio de lista al quejoso y mediante oficio a la parte tercero interesada, en su oportunidad, archívese el presente asunto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y anexo que se acompaña, por medio del cual remite copia certificada de la sentencia de once de abril de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente asunto y los autos originales del recurso de revisión y del juicio administrativo de origen e informa las medidas tendentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en virtud de que la autoridad responsable manifiesta que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y se le concede por única ocasión un plazo de diez días hábiles improrrogable para que dé cumplimiento a la sentencia constitucional, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el juicio de amparo y anexos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el caso de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad correspondiente. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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