Pedro Peres Zárate
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Pedro Peres Zárate
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************** por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 371/********************0********************3-III. Ahora bien a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-********************000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución de diez de abril hogaño, dictada en ejecución de la sentencia dentro del juicio ********************y toca civil ******************** de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, materializada respecto de la entrega de una parte del lote ********************, manzana ********************, de la colonia ********************. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es la determinación del juez responsable que ordena poner en posesión a José Juan Méndez Serrano de una porción del lote ********************, manzana ********************, de la colonia ******************** de esta localidad, dentro del juicio civil juicio C-037********************/********************013, es inconcuso que dicho acto fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, puesto que, guarda plena vinculación con la ejecución de la misma, por lo que, dicho acto no es autónomo; razón por la cual, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, debido a que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. De proceder con el trámite del presente juicio, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.********************8/********************010., sostenida por la Primera En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la manifestación del quejoso, en el sentido de que no fue oído y vencido sobre sus derechos posesorios, toda vez que ello, se encuentra desvirtuado con sus propias manifestaciones, dado que afirma que fue parte actora en el juicio de origen y también fue parte procesal en el recurso de apelación, lo cual desvirtúa el carácter que refiere. Además, tampoco se soslaya que el solicítate del amparo manifieste que la determinación reclamada constituye la última resolución en etapa de ejecución, debido a que como ya se dijo, debe entenderse como último acto el que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la sola afirmación de ser el último acuerdo en ejecución de sentencia no le da ese carácter. En los mismos términos se desechó la demanda de amparo promovida en contra del mismo acto reclamado, el veintisiete de abril hogaño en el diverso juicio constitucional 318/********************0********************3-II del índice de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su líbelo constitucional y como autorizado en término amplios del artículo 1******************** de la Ley de Amparo a Gerardo Saúl García Cornejo, toda vez que obra su cédula profesional número 187391******************** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General ********************4/********************005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo ********************8******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo ********************7, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ********************5 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante el secretario Marco Antonio Tamayo Martínez, que autoriza y da fe.-
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ************** por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 371/********************0********************3-III. Ahora bien a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-********************000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución de diez de abril hogaño, dictada en ejecución de la sentencia dentro del juicio ********************y toca civil ******************** de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, materializada respecto de la entrega de una parte del lote ********************, manzana ********************, de la colonia ********************. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es la determinación del juez responsable que ordena poner en posesión a José Juan Méndez Serrano de una porción del lote ********************, manzana ********************, de la colonia ******************** de esta localidad, dentro del juicio civil juicio C-037********************/********************013, es inconcuso que dicho acto fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, puesto que, guarda plena vinculación con la ejecución de la misma, por lo que, dicho acto no es autónomo; razón por la cual, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, debido a que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. De proceder con el trámite del presente juicio, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.********************8/********************010., sostenida por la Primera En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la manifestación del quejoso, en el sentido de que no fue oído y vencido sobre sus derechos posesorios, toda vez que ello, se encuentra desvirtuado con sus propias manifestaciones, dado que afirma que fue parte actora en el juicio de origen y también fue parte procesal en el recurso de apelación, lo cual desvirtúa el carácter que refiere. Además, tampoco se soslaya que el solicítate del amparo manifieste que la determinación reclamada constituye la última resolución en etapa de ejecución, debido a que como ya se dijo, debe entenderse como último acto el que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que la sola afirmación de ser el último acuerdo en ejecución de sentencia no le da ese carácter. En los mismos términos se desechó la demanda de amparo promovida en contra del mismo acto reclamado, el veintisiete de abril hogaño en el diverso juicio constitucional 318/********************0********************3-II del índice de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su líbelo constitucional y como autorizado en término amplios del artículo 1******************** de la Ley de Amparo a Gerardo Saúl García Cornejo, toda vez que obra su cédula profesional número 187391******************** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General ********************4/********************005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo ********************8******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo ********************7, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ********************5 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.
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