Pedro Pelagio García
Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Pedro Pelagio García
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Por último, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recibir las documentales que anexó al presente juicio, previa razón de recibo que otorgue al momento de su entrega, apercibida que de no hacerlo, bajo su propio riesgo, se destruirán junto con el expediente principal. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", para recoger las documentales referidas, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Colima, Colima, siete de julio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Evelia Berenice Aldaco López Apoderada General para Pleitos y Cobranzas, actos de Administración y Dominio de Pedro Pelagio García, como lo dicta la copia certificada de la escritura pública número 21, 590, emitida por la Notaria Pública número 4, en Manzanillo, Colima, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 680/2022-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el auto de seis de junio del año en curso, dentro del juicio de nulidad TJA-188/2019-JM, en el que se negó la solicitud planteada por la apoderada legal del quejoso de requerir información a diversas autoridades. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.)." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. De las manifestaciones que la promovente vierte bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que anexa a la demanda de amparo, se acredita que el juicio de nulidad TJA-188/2019-JM se encuentra en etapa de ejecución, pues ya se dictó sentencia definitiva y el auto de seis de junio del año en curso, en el que se negó al aquí quejoso su petición en el sentido de requerir a la parte demandada para que informara como obtuvo el monto de la deducción del impuesto sobre la renta respecto de la cantidad con la que el patrón da cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen, es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución. Es así, dado que la consecuencia de dicho acto es que el procedimiento de ejecución de sentencia continúe por sus etapas procesales, en el cual, aún falta que se declare cumplida la sentencia o se establezca la imposibilidad que para ello se tenga. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, cuando el acto que se reclame se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de garantías a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que el acto reclamado consistente en el auto dictado el seis de junio del año en curso, por el Magistrado Instructor del Tribunal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad TJA-188/2019-JM, en el que negó al aquí quejoso su petición en el sentido de requerir a la parte demandada para que informara como obtuvo el monto de la deducción del impuesto sobre la renta respecto de la cantidad con la que el patrón da cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen, es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia; además, que no se trata de algún acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se tratan de actos que afectan derechos procesales de las partes del juicio. De ahí que podrá ser reclamado conjuntamente con la última resolución que se dicte en dicho procedimiento de ejecución, pudiendo impugnarse entonces las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es aplicable la tesis aislada V.2o.225 K, Octava Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 354, Tomo XV-2, Febrero de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACION DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCION EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos realizados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en tal procedimiento." Así, que al no ser éste el último acto emitido en la etapa de ejecución de la sentencia, para que proceda el juicio de amparo, en virtud de que no se decretó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se ha establecido la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; ni se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, en indudable que no se satisfacen los extremos requeridos para la procedencia de dicho juicio. Es aplicable la tesis aislada número 2°.VIII/98, Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En las relatadas circunstancias, al existir motivos manifiestos e indudables de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Pelagio García, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior el hecho de se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función" Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Alejandro Montaño Saucedo y Carlos Ramírez Aguilar, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos); sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Francisco Javier García Contreras, quien actúa asistido de la Secretaria Andreína Yunuén Herrejón Chávez, que autoriza y da fe, quien certifica que la promoción y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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