Pedro Patricio Lopez Arreola

Expediente 942/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
942/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California
  • Pedro Patricio Lopez Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de esta fecha y el estado de los autos; atento a ello, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias presentadas por las autoridades responsables, a fin de determinar si efectivamente se acató la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, tomando en consideración que la verificación del cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de oficio se analizarán las constancias de autos y con base en ellas se determinará si la ejecutoria de mérito se encuentra cumplida, o no. ANTECEDENTES. En ese sentido, por sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado de distrito, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Pedro Patricio López Arreola para los siguientes efectos: "SEXTO. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en el derecho fundamental vulnerado, con apoyo en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, en el ámbito de su debida competencia: 1. Deje insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio SSEP/6275-1/2018 de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente por lo que se refiere al quejoso Pedro Patricio López Arreola; y, 2. Tome las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al Centro de Reinserción Social de Mexicali, Baja California, lugar donde se encontraba recluido previo a la emisión de dicho acto. En apoyo a lo anterior se cita la tesis I.7o.P.78 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2974, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto son: 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO LOGRA SU CONVALIDACIÓN EN CASO DE QUE ALEGUE UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN. El 19 de junio de 2011 entró en vigor el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, previsto en los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerará de competencia exclusiva del Poder Judicial. No obstante, en la legislación secundaria se establecieron casos de excepción, los que acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal, son los señalados en su artículo 52, esto es, en casos de: i) delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; mientras que de acuerdo con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, son los previstos en su artículo 9o., fracción XII, párrafo segundo, esto es, cuando se ponga en riesgo: i) la seguridad integral de los internos; ii) la de los centros penitenciarios; y, iii) por urgencia médica. Entonces, en el caso de que se alegue un caso de excepción, y sin previa autorización judicial, la autoridad administrativa ejecute el traslado ??? de un centro penitenciario a otro, deberá informar motivadamente al Juez las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular, por las cuales consideró acreditado el supuesto de excepción, para que, analizadas éstas se califique la legalidad y, en su caso, se convalide dicha determinación. Con la precisión de que cuando el traslado se ejecute con base en la Ley Nacional, el informe aludido debe rendirse en las veinticuatro horas siguientes a que se ejecutó el traslado. Razón por la cual, en caso de que no se rinda el informe en el plazo establecido, o se haga deficientemente motivado, la orden de traslado no se tendrá por justificada y, por ende, se estimará emitida por autoridad incompetente, contraviniendo no sólo el modelo penitenciario imperante en nuestro país, sino también el derecho a que todo acto de molestia deba ser emitido por autoridad competente, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que la concesión del amparo tiene como efectos que la autoridad responsable incompetente deje insubsistente el acto reclamado y ordene el regreso inmediato del quejoso al centro penitenciario donde se encontraba previo a la emisión del acto. Hecho lo anterior, la autoridad administrativa podrá solicitar al Juez correspondiente que ordene el traslado, sin que sea dable que el quejoso continúe interno en el lugar al que se le trasladó pues, bajo esas condiciones, no se estarían restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto declarado inconstitucional.' (.)" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En acatamiento a ello, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el oficio SGG/SSEP/1390/2020 suscrito por el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario con residencia en Mexicali, Baja California, en el que destaca lo siguiente: "En este sentido, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y atendiendo a los efectos de la protección constitucional, esta autoridad responsable comunica a su Señoría lo siguiente: a).- Con relación al primer efecto de la protección constitucional, esta autoridad responsable dejó insubsistente el oficio número SSEP/6275-1/2018, de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Pedro Patricio López Arreola; y, b).- Con relación al segundo efecto de la protección constitucional, en el sentido de que se dicten las medidas necesarias para la reincorporación del quejoso al centro penitenciario donde se encontraba recluido previo a la emisión del acto reclamado que se deja insubsistente, es de precisarse que mediante oficio número SGG/SSEP/1389/2020 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordenó a la Dirección de Centros de Reinserción Social, para que de inmediato y con las medidas de seguridad que sean necesarias se lleve a cabo el traslado del quejoso Pedro Patricio López Arreola, del Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja California, al Centro de Reinserción Social Mexicali, Baja California, para con ello restituir a este en el pleno goce del derecho fundamental violado en su agravio." Asimismo, adjuntó copia certificada de la ficha signalectica en la que se desprende que a las once horas con treinta y siete minutos del veinte de febrero de dos mil veinte, ingresó al Centro de Reinserción Social en Mexicali Baja California. Tales documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Con lo anterior, este juzgado federal, dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo cual fue notificado por exhorto número 48/2020, número de orden 51/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Baja California con residencia en esa ciudad como se advierte en autos. ANÁLISIS EVALUATIVO La sentencia amparadora tenía como finalidad primordial que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario con residencia en Mexicali, Baja California, dejara insubsistente el oficio por el que se ordenó el traslado del quejoso a diverso centro??????????????? de reclusión y lo devolviera al Centro de Reinserción Social en Mexicali, Baja California en el que se encontraba previamente. Consecuentemente, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con lo siguiente: ? Dejó sin efectos el oficio SSEP/6275-1/2018 de diecinueve de febrero e dos mil diecinueve; ? Dictó las medidas necesarias para la reincorporación del quejoso al Centro de Reinserción Social en Mexicali, Baja California donde se encontraba recluido antes de la emisión del acto reclamado. ? Informó que el veinte de febrero de dos mil veinte, el quejoso ingresó al centro penitenciario en comento. Por lo anterior, es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. ORDEN DE ARCHIVO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, se establece que atendiendo a las particularidades de este asunto, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como en la relación que se integre para su transferencia. En relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 21 del citado Acuerdo General, que establece que el archivo judicial reciente será conservado en el órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. ??????????????? En consecuencia, remítase el presente expediente al archivo de este Juzgado Federal para el resguardo, hasta en tanto transcurra dicho plazo. De conformidad con el artículo 25 del multicitado Acuerdo, se instruye al Secretario encargado del asunto para que verifique que la versión electrónica coincida en la totalidad con la impresa, previo a la transferencia de la documentación. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que conforme a las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, ambas de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se dieron a conocer las medidas adoptadas, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, entre las cuales fue regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, así como del doce al dieciocho de enero del presente año. Mientras que en la circular SECNO/4/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, entre aspectos, se determinó la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante a contingencia, conforme al acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. Atento a lo anterior, se reanudan los plazos en el presente asunto en el estado procesal en que se encontraba en la última actuación. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que no obra la notificación personal a la parte quejosa del siete de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, requiérase al área de actuaría de este Juzgado, para que procedan a notificar dicho auto siguiendo los protocolos de salud implementados por el Consejo de la Judicatura Federal y la integren al expediente electrónico, o señalen el impedimento que tengan para cumplir con dicha determinación.

  3. Principal

    Del estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo de los oficios 33668/2019 y 33669/2019, dirigidos a las autoridades responsables Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario y Director de Centros de Reinserción Social, ambas con residencia en Mexicali, Baja California; en el que se les notifica la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, como los mencionados acuses son necesarios para efectuar el compto a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de causar ejecutoria a la sentencia dictada en el presente juicio, requiérase a las autoridades citadas, vía telegráfica, para que dentro del plazo de tres días, informe por la misma vía, o mediante correo electrónico a la dirección oficial: 3jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibieron los oficios 33668/2019 y 33669/2019, respectivamente, o en el caso el impedimento legal que tenga para hacerlo, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa. No obstante lo anterior, reexpídase en esta fecha, los oficios de referencia.

  4. Principal

    notifíquese personalmente

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