Pedro Patricio Estrada

Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
516/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Pedro Patricio Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la certificación anterior y advirtiéndose que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de quince de abril de este año, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto, toda vez que no se advierten documentos que sea necesaria su devolución.

  2. Principal

    Vistos: I. La constancia de notificación de doce de abril del año en curso, realizada por el Actuario adscrito a este Juzgado, mediante la cual el quejoso+++, no ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por +++da, en contra de los actos de la Fiscalía de Distrito Metropolitana y Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, registrada en este juzgado con el número 516/2019-V. II. Los oficios de cuenta signados por el Director Jurídico Normativo, en ausencia del Fiscal General del Estado y por el Fiscal de Distrito Metropolitano, respectivamente, ambos con sede en esta ciudad, y sus anexos consistentes en copias autenticadas constantes de veinticinco fojas útiles dentro de la carpeta de investigación 3135-101-0101-2017, oficio número FGE/MT10/AI/018/2019, y copias simples de los diversos FGE/FJ/1512/2019 y FGE/FJ/1512/2019 por medio de los cuales rinden informes respecto de la suspensión de plano. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I), con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA en el presente juicio de amparo y se deja sin efectos las providencias dictadas en la misma. Ahora, por lo que hace al punto II), con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos los informes de cuenta y sus anexos, únicamente para que obren como correspondan, dejándose de proveer al respecto, toda vez que en esta misma data se tuvo por no presentada la demanda de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Visto, el estado de autos de los cuales se advierte que +++, apoderado legal de la parte quejosa +++, mediante escrito de quince de abril del presente año, se pronunció respecto de la vista concedida en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, y tomando en consideración que los efectos para los cuales se concedió el amparo son los siguientes: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que declaró fundado el procedimiento de responsabilidad administrativa número 88/2013, en contra de la aquí quejosa. 2. En consecuencia, deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 88/2013, de su índice, incluyendo el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil trece, por el que dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa contra la hoy quejosa. 3. En el supuesto de determinar iniciar nuevamente el procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá pronunciarse si en el caso se actualiza la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de responsabilidad, fundada y motivadamente; en el entendido que al dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento antes citado, no hubo interrupción del plazo para la prescripción que prevén los artículos 308 y 309 del Código de Organización del Estado de Chiapas. (.) 4. En el caso de no configurarse tal prescripción, remita el asunto a la Comisión de Vigilancia, para que esta conforme a sus facultades, inicie, substancie y dictamine el procedimiento relativo; y ésta en el acuerdo de inicio del procedimiento, le hará saber a la peticionaria de amparo, de manera específica, cuales son los hechos o conductas que serán materia de procedimiento y respecto de qué hipótesis normativas que establecen la o las causas de responsabilidad administrativas se seguirá el mismo; en el entendido que deberá adecuar cada una de las causas de responsabilidad que considere actualizadas, con los hechos o conductas que le atribuya a la aquí quejosa. En ese sentido, se estima que la autoridad responsable no atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, específicamente en el punto 3, pues al momento de pronunciarse sobre la prescripción de la facultad sancionadora en el procedimiento de responsabilidad administrativa y aun cuando dejó sin efectos el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil trece, por el que dio inicio al procedimiento de responsabilidad de la hoy quejosa, omitió la determinación que subyace en la parte final del referido punto 3 en análisis, esto es, ".en el entendido que al dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento antes citado, no hubo interrupción del plazo para la prescripción que prevén los artículos 308 y 309 del Código de Organización del Estado de Chiapas." Por tanto, requiérase nuevamente al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional las acciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia emitida en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 192 y 193, relacionados con el diverso 258, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, dígase a la responsable que todos los documentos relacionados con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente asunto, deberá remitirlos en original y firmados por quien legalmente concierna, o en su defecto, en copia debidamente certificada por el funcionario que corresponda, en la que se hará constar los nombres de los Consejeros que firman el acto, la fecha de sesión, si la decisión se tomó por mayoría o unanimidad de votos, así como quiénes fueron ausentes o disidentes, lo anterior, a efecto de verificar su validez.

  4. Principal

    RADICACIÓN Vista; la demanda de amparo electrónica, presentada por ++, en representación de +++, en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Fiscalía de Distrito Metropolitana. Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ambas con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Privación de la libertad fuera de procedimiento. Incomunicación. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de amparo 516/2019-V. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), sub incisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2, inciso d); 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; así como, los artículos 15, 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 15, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, si dicha restricción de la libertad proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese el ataque a su libertad, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Y, de no tener relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Así, las autoridades deberán respetar la medida cautelar hasta en tanto así le sea indicado por este Órgano Jurisdiccional, ello en términos del diverso 126, de la propia Ley de la materia. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN INCOMUNICACIÓN. Asimismo, la suspensión de plano concedida respecto a la incomunicación, implica que de manera inmediata las autoridades responsables permitan que el quejoso, tenga una entrevista en privado con gente de su confianza y a quien designe como defensor particular, por lo que las autoridades responsables deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten que el quejoso tuvo dicha entrevista en privado, firmada por la persona que se haya entrevistado con el directo agraviado; en el entendido de que las autoridades deberán proporcionar al impetrante de amparo los medios para que se comuniquen con gente de su confianza, abogado particular y familiares, de lo cual también deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron al quejoso para dicha comunicación. Ahora bien, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: . III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Además, se hace saber a las autoridades responsables, que queda bajo su más estricta responsabilidad velar por la seguridad y custodia del aquí quejoso. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien y toda vez que el promovente afirma que el quejoso +++, se encuentra recluido en los separos de la Fiscalía General del Estado o en los de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, de conformidad con el numeral 15, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya a dichas instalaciones y en caso de su localización, lo requiera personalmente para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que le surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda promovida en su favor; con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio. No se soslaya que el escrito de demanda carece de firma electrónica; sin embargo el amparo se solicita en términos del artículo 15, de la ley de la materia; además, con la ratificación respectiva se convalidará la irregularidad destacada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia +++, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley. De igual manera, el actuario judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso, a efecto de resguardar la seguridad personal del mismo; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la autoridad responsable. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de que en dicha diligencia obtenga los nombres y cargos de los elementos policiacos que se encuentren custodiando al referida quejoso en el lugar donde se encuentre detenido, les entregue copia certificada de la presente determinación y los aperciba de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en caso de que el actuario judicial adscrito a este Juzgado no localice al directamente quejoso en las instalaciones anteriormente citadas se requiere al promovente así como a sus autorizados para que dentro del término de veinticuatro horas proporcionen información del domicilio donde puede ser localizado; apercibidos que de no hacerlo en el término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO Además, hágase saber a las autoridades responsables, así como a los elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando al quejoso, que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades necesarias para que el actuario notifique este proveído al directo agraviado, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrá constituir el delito de "desaparición forzada" en términos de los artículos 2, 3 y 6, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y III de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 215-A, del Código Penal Federal; los cuales establecen: "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas . PRIMERA PARTE . Artículo 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3 Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. ." "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas . Artículo I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Artículo II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Artículo III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. ." "CÓDIGO PENAL FEDERAL . CAPITULO III BIS Desaparición forzada de personas Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. . Por lo tanto, si las autoridades responsables o los elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando al quejoso, obstruyen, limitan, entorpecen o prohíben de cualquier manera que el actuario dé cumplimiento a este proveído, con fundamento en el artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación, por la comisión del delito de "Desaparición Forzada". Aunado a lo anterior, prevéngase a las responsables; así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, de la artículo 26, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se señala en el escrito inicial de demanda; y como autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que refiere, por así solicitarlo el promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17, de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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