Pedro Pascual Sánchez Esmeralda

Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Pedro Pascual Sánchez Esmeralda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 159 a 167), emitida por este juzgado de distrito; sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ********************. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Conforme al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el criterio de valoración para los expedientes judiciales, es el siguiente: Juicio de amparo principal Destruible, en el término de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme a lo expuesto en el artículo 20, párrafo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, ya que se sobreseyó en el juicio de derechos fundamentales. Incidente de suspensión Conservable, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva por todos los actos reclamados, conforme al artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 34 del multicitado Acuerdo General, hágase constar la valoración en la carátula del expediente respectivo, así como -de ser el caso-, en la relación que en su oportunidad se integre para efecto de su transferencia. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega escrito de la autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, dígasele a la ocursante que una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, se acordará lo procedente. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 574/2022, promovido por ***, contra actos del Juez Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, Jalisco, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Tiene ese carácter el titular del Juzgado Décimo Quinto en materia Oral Mercantil del Primero Partido Judicial, del Estado de Jalisco, antes denominado Juzgado Décimo Quinto en materia Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, de conformidad con el acuerdo general 000/2020 del pleno del consejo de la judicatura del estado de Jalisco, para establecer la ampliación de competencia y funciones de los juzgados quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo en materia mercantil en el primer partido judicial y a la transformación de los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno en materia oral mercantil del primer partido judicial con sede en el municipio de Zapopan, en juzgados décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno en materia mercantil del primer partido judicial, así como a su competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones ya a las reglas y exclusión para el turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre la totalidad de los juzgados mercantiles del primer partido judicial, con residencia en Anillo Periférico Poniente (Manuel Gómez Morín) número 7255, Código Postal 45010, Zapopan, Jalisco. b) También lo tiene, o puede tenerlo, el Actuario adscrito a ese juzgado o a la Central o coordinación de Actuarios que en su caso tuvieran a su cargo dichas funciones. c) También puede tenerlo, la persona moral denominada ***con domicilio conocido en razón de sus funciones en ***, 88240, de esta Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley de amparo pues ha realizado actos equivalentes a los de la autoridad, que afectan mi derecho a un patrimonio. IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Del titular del Juzgado Décimo Quinto en materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, del juicio oral ejecutivo mercantil número ***, promovido por ***, en contra del suscrito *** tramitado bajo el expediente ***, incluyendo desde luego la orden de embargo e inmovilización de mi cuenta de invención número ***, con número de cliente ***, a cargo de la institución bancaria denominada *** 2.- La sentencia definitiva que se haya dictado, los actos de ejecución que se hayan llevado a cabo, cualquier adjudicación realizada y la orden de inmovilización o embargo que en su caso haya sido emitida; en suma, todas las consecuencias de hecho y derecho que hayan derivado y que deriven las diligencias dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, en caso de haberse tramitado. 3.- Reclamo cualesquier actos de emplazamiento y/o notificación y/o requerimientos que haya realizado o pretendido realizar al hoy quejoso *** así como todas las consecuencias de hecho y derecho que hayan derivado y que deriven de estas diligencias. 4.- Reclamo, además, la resolución o cualquier diligencia de requerimiento de pago entrega material de inmueble o mueble en garantía, para el caso de este juicio de garantías la cuenta bancaria ***, con número de cliente ***, a cargo de la institución bancaria denominada *** 5.- Reclamo del C. Actuario Adscrito al Juzgado Décimo Quinto en materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, o en su caso la Central o Coordinación de Actuarios que tuviese a su cargo dichas funciones; Todas las diligencias legales o materiales que fueron ejecutadas o pudieron haberse ejecutado en cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro del expediente número ***, relativo al juicio oral ejecutivo, señalado como autoridad responsable ya sea dentro de la Instrucción o dentro del procedimiento de ejecución si en su caso fue tramitado. 6.- Por ultimo reclamo de la institución bancaria denominada ***, al negarme el acceso a mi cuenta bancaria así como a disponer de mis activos esta ha actuado en auxilio de la autoridad judicial hoy responsable, en virtud del trámite del juicio oral mercantil de origen en el que se me embargaron mis activo, pues su intervención se equipara a la de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente bloquearon mi cuenta e impiden que el quejoso realice cualquier operación financiera respecto de ésta; también dicho acto debe considerarse como de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que no se realizó en un plano de coordinación, sino de supra a subordinación, máxime que la institución de crédito actúan conforme lo estatuye una norma general y, ante la duda de si el acto reclamado proviene de una autoridad que tiene la calidad de responsable para los efectos del amparo, debe otorgarse la posibilidad al particular de acudir a un recurso judicial efectivo que, en el caso, es el juicio para la protección de los derechos fundamentales, previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a que si el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo otorga la calidad de autoridad a los particulares - con ciertos requisitos -, con mayor razón cuando una institución de crédito es autoridad ejecutora, en el desempeño de funciones bancarias, debe ser garante de los derechos humanos, por ser parte de un ente público, con obligaciones generales, principalmente las previstas en el artículo 1o. constitucional; entonces, la autoridad señalada como responsable, al cancelar las cuentas incurrió no sólo en un desacato a una orden judicial, como fue el embargo a aquéllas, sino que además, violó mis derechos humanos relativos a la seguridad jurídica como derecho humano y al principio de legalidad, sino que hubo un quebranto al orden jurídico nacional por un particular, lo que evidentemente no puede permitirse por el juzgador de garantías. [.]". La parte quejosa manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito ordenó registrar la demanda con el número 574/2022, y admitió a trámite la demanda; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior, al tratarse de un juicio de amparo indirecto en primera instancia, en el que se reclaman actos cuya ejecución tuvo lugar en esta ciudad. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso ***, reclama, lo siguiente: Del Juez Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan: ? El embargo de la cuenta bancaria ***, con número de cliente ***, aperturada en ***. ? La falta de emplazamiento al juicio oral mercantil ***. Del Actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y de ***, con sede en esta ciudad: ? La ejecución de los actos reclamados al Juez Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional en el país, que precisa lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada de las autoridades responsables Juez Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Actuario adscrito al Juzgado Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan y ***, con sede en esta ciudad, no obstante que las autoridades responsables negaron los actos reclamados, de autos se advierte que existe el juicio oral mercantil número *** del índice del Juzgado Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en donde se embargó la cuenta bancaria ***, con número de cliente ***, aperturada en ***, a nombre del quejoso, pero que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se comunicó que el demandado cubrió y se ordenó su archivo. Además, se corrobora con las constancias que remitió posteriormente el Juez Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (fojas 67 a 86); las cuales, al constituir documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202, del ordenamiento legal supletorio citado en el párrafo que antecede. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Ahora, de las constancias que obran en autos, se aprecia que, si bien es cierto, en los autos del juicio oral mercantil ***, promovido por ***, sociedad anónima de capital variable, del índice del Juzgado Décimo Quinto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, existió una persona con el nombre de la parte demandada ***; en donde se materializó el bloqueo en la cuenta ***, número de cliente ***, a nombre del citado quejoso, perteneciente a ***, también lo es que, mediante escrito recepcionado por el juzgado responsable el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, tuvo a la parte actora, informando que la parte demandada en dicho controvertido liquidó las prestaciones reclamadas; razón por la cual dio por concluido dicho asunto y giró oficio a la institución crediticia aludida, ordenando cancelar el embargo de la citada cuenta bancaria (foja 117). Constancias que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. En respuesta a dicha misiva, ***, informó a este juzgado que realizó el levantamiento del embargo en las cuentas materia de reclamo constitucional, remitiendo los estados de la cuenta número *** a nombre del quejoso ***, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintidós, así como los meses de enero y febrero del año dos mil veintitrés. Bajo ese panorama, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del texto del numeral antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesen los efectos del acto reclamado. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, para la actualización de dicha causal, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Pues bien -se itera-, se sostiene la configuración de la causa de improcedencia de mérito, en atención a que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclamó de forma destacada el embargo de la cuenta bancaria ***, a su nombre, aperturada en ***, afirmando tener el carácter de tercero extraño natural a la controversia mercantil de la que deriva la orden de inmovilización combatida. Por tanto, si la documental que obra en autos, otorga plena certeza respecto a que la parte actora informó que la parte demandada en aquél controvertido, liquidó las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, y en consecuencia levantó el embargo ordenado en dicha controversia con relación a la cuenta afecta, dando el juicio por concluido, es evidente que la causal de improcedencia invocada, se actualizó de forma manifiesta e indudable, pues el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se levantó el embargo de la cuenta bancaria de trato, y se tuvo al expediente de origen como asunto concluido, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda (cuatro de octubre de dos mil veintidós); de ahí que el acto reclamado cesó en sus efectos, lo que lleva a concluir que la conducto que en un principio se reclamó ha dejado de existir. Finalmente, si la parte quejosa reclamaba concomitantemente a la inmovilización o embargo de su cuenta bancaria, su intervención en el juicio génesis del acto del que provenía dicha orden, y en el caso, la parte actora en ese controvertido, manifestó ante el A quo, que la demandada cubrió el pago de lo requerido, deviene incuestionable que ningún caso práctico tendría pronunciarse respecto a la solicitud de que se le otorgue derecho de audiencia y defensa en aquél juicio, habida cuenta que, al margen de que concluyó, ha quedado acreditado en autos que el promovente dejó de encontrarse afectado en el derecho humano aquí reclamado. Entonces, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, concatenado con el diverso 77 aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, resultaría improcedente jurídicamente conceder el amparo y Justicia de la Unión, ya que no existe posibilidad de restituir al quejoso el derecho humano que aduce vulnerado, derivado de la propia situación que impera en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." QUINTO. DECISIÓN. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de dicha legislación, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. SÉPTIMO. AUTORIZACIÓN SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ. Sin que obste que la presente resolución constitucional la emita el Secretario en Funciones de Juez de Distrito, ello a que, aunado a que ésta determinación, junto con su respectiva acta de audiencia, constituyen un todo indivisible, dicho funcionario fue facultado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como así se asienta en la antefirma de la presente sentencia de amparo. Rige lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/2020 (10a.), resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2022487, perteneciente a la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16, la que es del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 574/2022, promovido por ***. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio consejo, hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistido de Mario Luis Bandala Ramírez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 132); asimismo, que a la hora programada no se habían recibido las constancias requeridas a la autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC México, relativas al estado de la cuenta bancaria ***, propiedad de la parte quejosa, que acreditara que ésta se encuentra desbloqueada. Ahora, se advierte que a las once horas con cuarenta y tres minutos se recibió a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el escrito signado por la apoderada legal de la autoridad responsable HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC México, por el que atiende el requerimiento realizado en proveído de veintidós de febrero del año que transcurre (foja 134), y remite la impresión de movimientos de la cuenta bancaria ***, propiedad de la parte quejosa, a fin de acreditar que ésta se encuentra desbloqueada y sin restricción alguna, con lo que se tiene por cumplido el requerimiento de que se trata, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Por tanto, a fin de dar vista a las partes con las documentales en cita por el término genérico de tres días a que alude el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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