Pedro Parra Galeana
Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pedro Parra Galeana
- Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 381/2021-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse 46 anexos; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. RAZÓN ACTUARIAL IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR SENTENCIA A PARTE TERCERO INTERESADA Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintinueve de octubre del año en curso, a la parte tercera interesada JUAN ANTONIO VARGAS MERCADILLO, JOSÉ EDUARDO YEVER LÓPEZ y JOSEFINA LÓPEZ ARANDA también conocida como JOSEFINA LÓPEZ ARANA VIUDA DE YEVER, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a las referidas partes, la notificación de la sentencia de mérito, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. AVISO NUEVA TITULAR DEL JUZGADO Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 381/2021-II, promovido por PEDRO PARRA GALENA, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado el mismo día, PEDRO PARRA GALENA, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. El veintitrés de abril del año en curso se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, ordenó el emplazar a la parte tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, en el Estado de Morelos radica la autoridad que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido, se advierte que lo reclamado por el quejoso consiste en: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno emitida en el toca civil 33/2020-16-M, que confirmó la interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte dictada por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ya que así lo aceptó al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora, con las fotocopias certificadas de las constancias del referido toca civil 33/2020-16-M, que remitió la responsable como justificación a su informe; copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 571/2008, así como copia certificada de diversos cuadernos relacionados con dicho controvertido mercantil (anexos I al XXXXVI), las cuales, por ser documentos públicos ameritan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer, ni que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Son infundados lo conceptos de violación aducidos por la parte quejosa cuyo estudio se abordará conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia mercantil, sin que se ubique en alguno de los supuesto previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En primer lugar, se estima pertinente realizar una relatoría de los antecedentes que se extraen de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 571/2008. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil ocho, en la vía ejecutiva mercantil, Pedro Mario Arellano Romero demandó a José Eduardo Yever López y otros el pago de doscientos cincuenta mil pesos entre otras prestaciones. Luego de la secuela procesal, el veintiséis de enero de dos mil diez, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado dictó sentencia definitiva por la que condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. El cuatro de marzo de dos mil diez, el juez del proceso declaró ejecutoriada la sentencia referida en el punto que antecede. A instancia de la parte actora se dio inicio al procedimiento de ejecución, embargando el inmueble identificado como lote de terreno 25, manzana 67, zona 01 ubicado en avenida Manuel Ávila Camacho, poblado Tlaltenango de esta ciudad, gravamen que quedó inscrito en el entonces Registro Público de le Propiedad y Comercio del Estado el nueve de marzo de dos mil diez. El diez de octubre de dos mil catorce, el actor en el juicio de origen endosó en favor de Pedro Parra Galeana el título ejecutivo que dio origen al juicio de origen. Mediante auto de treinta de octubre de dos mil catorce, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado reconoció el carácter de actor a Pedro Parra Galeana. El doce de octubre de dos mil dieciocho, Juan Antonio Vargas Mercadillo -con el carácter de acreedor laboral de José Eduardo Yever López y otra persona- presentó tercería excluyente de preferencia respecto del bien inmueble identificado como lote de terreno 25, manzana 67, zona 01 ubicado en avenida Manuel Ávila Camacho, poblado Tlaltenango de esta ciudad, el cual se radicó el doce de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó a las partes actora y demandada. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen, el veintiocho de febrero de dos mil veinte se verificó la audiencia de remate en quinta almoneda a la que compareció la parte actora y el tercerista por conducto de su apoderado legal, no así los demandados y, en uso de la palabra, la parte ejecutante solicitó el señalamiento de fecha para la audiencia de remate en quinta almoneda, mientras que la parte tercerista solicitó la adjudicación en su favor del inmueble embargado entre otras manifestaciones, a cuyo término, la Jueza de los autos turnó para resolver lo que en derecho correspondiera. El cinco de marzo de dos mil diecinueve la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado resolvió sobre las peticiones efectuadas en la audiencia referida en el apartado que antecede y decidió aprobar el remate en quinta almoneda del bien inmueble embargado en el juicio de origen, y declaró procedente la adjudicación del inmueble consistente en el lote de terreno número 25, de la manzana 67, Zona I, ubicada en Avenida Manuel Ávila Camacho, Colonia La Pradera, Poblado de Tlaltenango de Cuernavaca, Morelos, sin determinar a favor de quien procedía tal adjudicación; toda vez que indicó, previo a ello, se debía resolver la tercería excluyente de preferencia que se vinculó al juicio principal a fin de establecer cuál de los créditos que ampara el bien inmueble rematado resultaba preferente. Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso apelación, de la que correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien radicó el toca 32/2020 16-M y el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, confirmó la interlocutoria combatida, siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado. Sentado lo anterior, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación alegados. En efecto, es infundado el argumento consistente en que la Sala responsable haya violado en perjuicio del quejoso las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; al sostener el quejoso que la responsable pasa por alto lo establecido en el numeral 1368 del Código de Comercio en el sentido de que la tercería excluyente de preferencia no suspende el curso del negocio, pues, dice, el procedimiento de remate implica desde el embargo hasta la adjudicación. En ese sentido, que la tercería excluyente de preferencia ya había sido resuelta desde el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Para dar respuesta a dichos asertos, es importante destacar las premisas normativas que rigen las tercerías en materia mercantil las cuales encuentran previstas en los artículos 1362 al 1376 Bis del Código de Comercio que establecen lo siguiente: Artículo 1362.- En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre aquellos. Este nuevo litigante se llama tercer opositor. Artículo 1363.- Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es coadyuvante la tercería que auxilia la pretensión del demandante o la del demandado. Las demás se llaman excluyentes. Artículo 1364.- Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite, y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. Artículo 1365.- Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que el de asociar a quien las interpone con la parte cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentre, y se sustancíe hasta las ulteriores diligencias con el tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente lo prevenido en el artículo 1060. Artículo 1366.- La acción que deduce el tercero coadyuvante deberá juzgarse con lo principal en una misma sentencia. Artículo 1367.- Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia: en el primer caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero, y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado. Artículo 1368.- Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada, conforme a los artículos siguientes, oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres días a cada uno. Artículo 1369.- Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación del tercer opositor, solo se seguirá el juicio de tercería entre éste y el ejecutante. Artículo 1370.- El opositor deberá fundar su oposición precisamente en prueba documental. Sin este requisito se desechará desde luego y sin más trámite. Artículo 1371.- Evacuando el traslado de que trata el art. 1368, el juez decidirá si hay méritos para estimar necesaria la tercería, y en caso afirmativo, a petición de cualquiera de las partes, abrirá una dilación probatoria de quince días. Artículo 1372.- Vencido el término de prueba se pasará al periodo de alegatos por tres días comunes para las partes. Artículo 1373.- Si la tercería fuere de dominio sobre bienes muebles, el juicio principal en que se interponga seguirá sus trámites y la celebración del remate únicamente podrá ser suspendida cuando el opositor exhiba título suficiente, a juicio del juez, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la acción que se ejercita. Tratándose de inmuebles, el remate sólo se suspenderá si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente, inscritos en el Registro Público correspondiente. Artículo 1374.- Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta. Artículo 1375.- Bastará la interposición de una tercería excluyente, para que el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del demandado y si éste no los tuviere, para pedir la declaración de quiebra. Artículo 1376.- Si la tercería, cualquiera que sea, se interpone ante un juez de paz o menor, y el interés de ella excede del que la ley respectivamente somete a la jurisdicción de estos jueces, aquel ante quien se interponga remitirá lo actuado en el negocio principal y tercería, al juez que designe el tercer opositor y sea competente para conocer del negocio que representa mayor interés. El juez designado correrá traslado de la demanda verbal entablada y decidirá la tercería, sujetándose en la sustanciación a lo prevenido en los artículos anteriores. Artículo 1376 Bis.- A todo opositor que no obtenga sentencia favorable, se le condenará al pago de gastos y costas a favor del ejecutante De la interpretación armónica de dichos preceptos, en lo que interesa, se desprende que dentro de un juicio seguido por dos o más personas puede presentarse un tercero a deducir una acción diversa; dichas tercerías serán coadyuvantes o excluyentes, como en el caso que nos ocupa, se trata de la segunda de las mencionadas; asimismo, este tipo de procesos será de dominio o de preferencia. Asimismo, en el trámite de dichos juicios, se advierte que, por regla general estas no suspenden el negocio del que derivan, que se tramitarán por cuerda separada y con el escrito correspondiente se dará vista a las partes por tres días para que manifiesten lo que a su interés conviene; hecho lo anterior y desahogado el traslado, el Juez decidirá si hay necesidad de dicha tercería, de ser así, a petición de parte abrirá un periodo probatorio de quince días; terminado dicho plazo, se pasará a la etapa de alegatos por tres días comunes a las partes. Ahora, por cuanto hace a la suspensión que en su caso pueda decretarse al promoverse la tercería, esta resulta distinta para el caso de ser tercería excluyente de domino o de preferencia, tal y como se desprende de los artículos 1373 y 1374 del Código de Comercio. El primero de los mencionados preceptos legales contempla dicha suspensión del proceso en lo principal para las tercerías excluyentes de dominio, señalando que la celebración del remate únicamente podrá ser suspendida cuando el tercero exhiba título suficiente, a juicio del juez, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la acción que se ejercita; y, tratándose de bienes inmuebles, el remate sólo se suspenderá si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente, inscritos en el Registro Público correspondiente. Por su parte el diverso 1374 del Código de Comercio, prevé la suspensión por lo que refiere a las tercerías excluyentes de preferencia, la cual únicamente será respecto del pago, es decir, se continuará con la ejecución de la sentencia en todos sus trámites, suspendiéndose, como ya se apuntó, únicamente por lo que respecta al pago, el que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho, depositándose el precio de la venta. Expuesto lo anterior, tenemos que la Sala responsable correctamente justificó la determinación combatida; al argumentar que eran infundados los agravios planteados por el aquí quejoso; dado que no era procedente la adjudicación del bien inmueble materia de la ejecución del juicio natural a favor del actor, fundado dicha determinación en lo dispuesto en el artículo 1374 del Código de Comercio. De igual forma correctamente refirió que la adjudicación equivale al pago, por lo que es adecuado que no se realice éste, hasta en tanto se defina la tercería de preferencia interpuesta. Además, lo señalado por la Sala responsable en el sentido de que fue correcto que la juez natural reservara la adjudicación del inmueble objeto de la ejecución del juicio de origen, señalando que ya se había llevado a cabo la diligencia de remate del bien inmueble objeto de la ejecución en quinta almoneda con la debida satisfacción de los requisitos legales. Ello es así, en atención a que dada la existencia de la tercería excluyente relacionada con el bien embargado en el juicio de origen, como correctamente lo dijo la Sala responsable, es menester definir a quien asiste el mejor derecho a ser pagado con el producto de la venta, de ahí que la suspensión en el pago se encuentre justificada. En otro orden de ideas es igualmente infundado el motivo de disenso del quejoso en el que aduce que la Sala responsable pasa por alto que en una ejecutoria de amparo concedida en el juicio de amparo 706/2019-V del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, que este órgano jurisdiccional concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución emitida el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 19/2019 16 M y dictara otra en su lugar, donde sustentara su fallo en el artículo 1368 del Código de Comercio relativo a las tercerías excluyentes no suspenden el cuso del negocio en el que se interpondrán; y que se ordenó al Juez de primer grado continuara con el procedimiento de ejecución de la sentencia. Ello es así, dado que el quejoso parte de una premisa errónea, por las siguientes consideraciones. En este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se radicó el juicio de amparo 706/2019-V, lo cual se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". En el aludido juicio, se determinó conceder la protección federal solicitada mediante sentencia emitida el nueve de octubre de dos mil diecinueve, tras advertir que resultó incorrecto que la Sala responsable avalara el criterio de la Juez natural, en cuanto paralizar el procedimiento y abstenerse de señalar fecha para la celebración de la audiencia de remate en quinta almoneda y reservarse a hacerlo hasta en tanto se resolviera la tercería radicada ante ella. En dicha concesión del amparo se indicó que la responsable no atendió a lo que prevé el numeral 1368 del Código de Comercio, conforme al cual no es motivo para suspender la etapa de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil de origen, cuando se haya interpuesto una tercería intentada por un trabajador que obtuvo un laudo favorable y esté pendiente de resolverse ésta. Sin embargo, contrario a lo que estima el quejoso, la Sala responsable, con la emisión de la resolución ahora reclamada en esta instancia constitucional, no contraviene lo resuelto en la aludida ejecutoria de amparo, ni trasgrede el artículo 1368 del Código de Comercio; puesto que como acertadamente se indicó por la Sala responsable, la regulación de las tercerías no se contiene únicamente en dicho dispositivo, el que incluso remite a la aplicación de los siguientes cuando establece: "Artículo 1368.- Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada, conforme a los artículos siguientes, oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres días a cada uno.". Es decir que las tercerías se regulan en un conjunto de artículos dentro de los cuales destaca el invocado 1374 del mismo ordenamiento legal que, tal y como quedó establecido, sí resulta aplicable al caso. De modo que, como lo señaló la juez natural y lo confirmó la Sala responsable, con motivo de la negativa a adjudicar el procedimiento de ejecución no se suspendió indebidamente, sino que se llevó a cabo hasta donde lo permite el numeral 1374 del Código de Comercio; es decir, que al estar en trámite la tercería de preferencia promovida por el aquí tercero interesado, deben seguir los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará una vez definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Dicha norma es del tenor literal siguiente: "Art. 1,374. Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta.". En tal virtud, la juez invocó que la tercería promovida no había sido dirimida aún, de ahí que por ello debía abstenerse de adjudicar el inmueble por constituir ese acto procesal propiamente el pago a que alude el citado artículo 1374 del Código de Comercio. En ese sentido, se estima correcto que la Sala responsable avalara el criterio de la juez natural, ya que el hecho de no encontrarse concluida en definitiva la tercería excluyente de preferencia promovida por JUAN ANTONIO VARGAS MERCADILLO, implicó que conforme a dicha disposición, la juez del procedimiento se encontraba constreñida a reservar la adjudicación, acto que, como adecuadamente refirió la Sala responsable, es el acto por el que se atribuye o reconoce el derecho de gozar de un bien patrimonial, una vez determinado el monto a que equivale el bien, entendiéndose que la adjudicación representa el pago que el deudor hacer al acreedor. En ese sentido, este juzgado de Distrito estima adecuado el criterio asumido por la Juez y sostenido por la Sala responsable, al entender que debe ser hasta la definición de la tercería que se decidirá a quien se realiza el pago, es decir, a favor de quien se otorgue la adjudicación del inmueble embargado; sin que en efecto, exista una trasgresión al artículo 1368 del Código de Comercio, en tanto que esta disposición lo único que alude es que la interposición de las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; lo que no significa que deba procederse al pago o adjudicación del inmueble sin que esté resuelta una tercería de preferencia, como a su vez, lo dispone el diverso numeral 1374 del Código de Comercio. Sin que asista razón a la parte quejosa quien en los conceptos de violación sostiene que dicha tercería excluyente de preferencia ya fue resuelta; ya que como lo sostuvo tanto la Juez como la Sala al resolver la apelación, no se ha resuelto la misma, lo cual se puede constatar de la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se determinó que el juicio laboral 01/882/13-JE1, había sido promovido por JOSÉ ANTONIO VARGAS MERCADILLO Y MARCOLINA DOMINGUEZ GUADALUPE, y que existía un litisconsorcio pasivo necesario. En consecuencia, dado que la tercería no había sido promovida por ambos, debía regularizarse el procedimiento a efecto de que se llamara a juicio a la última mencionada, a fin de no colocarla en estado de indefensión. En consecuencia se determinó llamar a dicha persona a juicio, a fin de que dedujera el derecho que le asistía respecto al bien materia de ejecución en el juicio. Finalmente, se determinó dejar sin efecto alguno la citación para sentencia del juicio, Todo lo cual se deduce del cuaderno de tercería respectivo, que se exhibió conjuntamente con los autos en del juicio natural de origen. En tal virtud, no asiste razón al quejoso para aducir que la tercería se encuentra resuelta, precisamente porque se dejó sin efectos la citación para sentencia y se ordenó llamar a juicio a una diversa acreedora en materia laboral; lo que demuestra que no se encuentra dirimida la cuestión de preferencia en el pago alegada y por ende, que es infundado el argumento relativo a que la Sala debía revocar el criterio sostenido por la Juez natural, y por consiguiente que se debió adjudicar a favor de la parte actora, aquí quejosa, el bien inmueble embargado; precisamente por el hecho de que la tercería al estar vigente su tramitación, impedía el pago, traducido en la adjudicación solicitada. A mayor abundamiento resulta, oportuno hacer notar que el aquí quejoso tiene intervención en el procedimiento relativo a la tercería excluyente preferente, por lo que el agravio que en su caso le pudiera generar la falta de resolución oportuna debe hacerlo valer en dicho procedimiento y no en el relativo al remate que es el que guarda relación con el acto que aquí reclama. Finalmente, aduce que la Sala responsable realiza una indebida fundamentación y motivación; dado que las tesis que invoca carecen de obligatoriedad y que resultan inaplicables al caso. Tal argumento es infundado, porque si bien es verdad que las tesis aisladas no son de aplicación obligatoria, lo cierto es que sí constituyen criterios orientadores emitidos por Tribunales terminales de la Federación, en los cuales válidamente puede encontrar motivación una determinación judicial, con independencia de la materia originaria de la tesis; además de que el juzgador puede utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 778, Libro 38, de Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de título, subtítulo y texto siguiente: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, consultable en la página 1684, Tomo XIII, de Marzo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR JERARQUÍA DE AQUELLOS QUE LAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO. El hecho de que en una resolución se invoque una tesis que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, ello no impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que sustentan el criterio, puedan tomarlo en consideración para ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate." Por lo demás, se considera que las tesis invocadas por la Sala, sí resultan orientadoras en el caso a estudio, porque ambas contienen una interpretación del artículo 1374 del Código de Comercio aplicado tanto por la Juez natural, lo que resultan conducentes en el estudio de los agravios que emprendió la Sala responsable. En consecuencia, resulta correcto y apegado a derecho que la Sala responsable haya empleado las tesis aisladas que consideró aplicable al caso, como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Máxime que las tesis citadas por la Sala del conocimiento guardan relación con el estudio que realizó, pues refieren cuando se tiene la oportunidad para promover una tercería excluyente de preferencia y en qué momento debe suspenderse el juicio en lo principal cuando está pendiente de resolverse la misa; de ahí lo infundado de su argumento. Por último, no se soslaya que la parte quejosa aduzca que el criterio empleado por la juez del proceso y avalado por la Sala responsable, entraña permitir a los terceristas decidir si promueven o no lo conducente en el juicio de tercería, originando la paralización indefinida del procedimiento de ejecución del juicio principal; sin embargo, se estima que en tal supuesto, es en dicho procedimiento de tercería donde, en su caso, está en aptitud de promover lo que estime conveniente a fin de evitar la prolongación indefinida del proceso; además, no queda en estado de indefensión por ese solo hecho, ya que incluso conforme al 1375 del Código de Comercio, bastará la interposición de una tercería excluyente, para que el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del demandado y si éste no los tuviere, para pedir la declaración de quiebra. De lo que se deduce que la resolución combatida, no conlleva conducir a la parte actora a un estado de indefensión en la ejecución del crédito que tiene a su favor. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja que suplir, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A PEDRO PARRA GALENA, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos que se expusieron en el último resolutivo. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 381/2021-II, promovido por PEDRO PARRA GALENA, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado el mismo día, PEDRO PARRA GALENA, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. El veintitrés de abril del año en curso se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, ordenó el emplazar a la parte tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que inició al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, en el Estado de Morelos radica la autoridad que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido, se advierte que lo reclamado por el quejoso consiste en: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno emitida en el toca civil 33/2020-16-M, que confirmó la interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veinte dictada por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ya que así lo aceptó al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora, con las fotocopias certificadas de las constancias del referido toca civil 33/2020-16-M, que remitió la responsable como justificación a su informe; copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 571/2008, así como copia certificada de diversos cuadernos relacionados con dicho controvertido mercantil (anexos I al XXXXVI), las cuales, por ser documentos públicos ameritan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer, ni que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Son infundados lo conceptos de violación aducidos por la parte quejosa cuyo estudio se abordará conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia mercantil, sin que se ubique en alguno de los supuesto previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En primer lugar, se estima pertinente realizar una relatoría de los antecedentes que se extraen de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 571/2008. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil ocho, en la vía ejecutiva mercantil, Pedro Mario Arellano Romero demandó a José Eduardo Yever López y otros el pago de doscientos cincuenta mil pesos entre otras prestaciones. Luego de la secuela procesal, el veintiséis de enero de dos mil diez, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado dictó sentencia definitiva por la que condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. El cuatro de marzo de dos mil diez, el juez del proceso declaró ejecutoriada la sentencia referida en el punto que antecede. A instancia de la parte actora se dio inicio al procedimiento de ejecución, embargando el inmueble identificado como lote de terreno 25, manzana 67, zona 01 ubicado en avenida Manuel Ávila Camacho, poblado Tlaltenango de esta ciudad, gravamen que quedó inscrito en el entonces Registro Público de le Propiedad y Comercio del Estado el nueve de marzo de dos mil diez. El diez de octubre de dos mil catorce, el actor en el juicio de origen endosó en favor de Pedro Parra Galeana el título ejecutivo que dio origen al juicio de origen. Mediante auto de treinta de octubre de dos mil catorce, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado reconoció el carácter de actor a Pedro Parra Galeana. El doce de octubre de dos mil dieciocho, Juan Antonio Vargas Mercadillo -con el carácter de acreedor laboral de José Eduardo Yever López y otra persona- presentó tercería excluyente de preferencia respecto del bien inmueble identificado como lote de terreno 25, manzana 67, zona 01 ubicado en avenida Manuel Ávila Camacho, poblado Tlaltenango de esta ciudad, el cual se radicó el doce de octubre de dos mil dieciocho, se emplazó a las partes actora y demandada. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen, el veintiocho de febrero de dos mil veinte se verificó la audiencia de remate en quinta almoneda a la que compareció la parte actora y el tercerista por conducto de su apoderado legal, no así los demandados y, en uso de la palabra, la parte ejecutante solicitó el señalamiento de fecha para la audiencia de remate en quinta almoneda, mientras que la parte tercerista solicitó la adjudicación en su favor del inmueble embargado entre otras manifestaciones, a cuyo término, la Jueza de los autos turnó para resolver lo que en derecho correspondiera. El cinco de marzo de dos mil diecinueve la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado resolvió sobre las peticiones efectuadas en la audiencia referida en el apartado que antecede y decidió aprobar el remate en quinta almoneda del bien inmueble embargado en el juicio de origen, y declaró procedente la adjudicación del inmueble consistente en el lote de terreno número 25, de la manzana 67, Zona I, ubicada en Avenida Manuel Ávila Camacho, Colonia La Pradera, Poblado de Tlaltenango de Cuernavaca, Morelos, sin determinar a favor de quien procedía tal adjudicación; toda vez que indicó, previo a ello, se debía resolver la tercería excluyente de preferencia que se vinculó al juicio principal a fin de establecer cuál de los créditos que ampara el bien inmueble rematado resultaba preferente. Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso apelación, de la que correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien radicó el toca 32/2020 16-M y el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, confirmó la interlocutoria combatida, siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado. Sentado lo anterior, como se adelantó, son infundados los conceptos de violación alegados. En efecto, es infundado el argumento consistente en que la Sala responsable haya violado en perjuicio del quejoso las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; al sostener el quejoso que la responsable pasa por alto lo establecido en el numeral 1368 del Código de Comercio en el sentido de que la tercería excluyente de preferencia no suspende el curso del negocio, pues, dice, el procedimiento de remate implica desde el embargo hasta la adjudicación. En ese sentido, que la tercería excluyente de preferencia ya había sido resuelta desde el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Para dar respuesta a dichos asertos, es importante destacar las premisas normativas que rigen las tercerías en materia mercantil las cuales encuentran previstas en los artículos 1362 al 1376 Bis del Código de Comercio que establecen lo siguiente: Artículo 1362.- En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre aquellos. Este nuevo litigante se llama tercer opositor. Artículo 1363.- Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es coadyuvante la tercería que auxilia la pretensión del demandante o la del demandado. Las demás se llaman excluyentes. Artículo 1364.- Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite, y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. Artículo 1365.- Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que el de asociar a quien las interpone con la parte cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentre, y se sustancíe hasta las ulteriores diligencias con el tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente lo prevenido en el artículo 1060. Artículo 1366.- La acción que deduce el tercero coadyuvante deberá juzgarse con lo principal en una misma sentencia. Artículo 1367.- Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia: en el primer caso deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero, y en el segundo, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado. Artículo 1368.- Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada, conforme a los artículos siguientes, oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres días a cada uno. Artículo 1369.- Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación del tercer opositor, solo se seguirá el juicio de tercería entre éste y el ejecutante. Artículo 1370.- El opositor deberá fundar su oposición precisamente en prueba documental. Sin este requisito se desechará desde luego y sin más trámite. Artículo 1371.- Evacuando el traslado de que trata el art. 1368, el juez decidirá si hay méritos para estimar necesaria la tercería, y en caso afirmativo, a petición de cualquiera de las partes, abrirá una dilación probatoria de quince días. Artículo 1372.- Vencido el término de prueba se pasará al periodo de alegatos por tres días comunes para las partes. Artículo 1373.- Si la tercería fuere de dominio sobre bienes muebles, el juicio principal en que se interponga seguirá sus trámites y la celebración del remate únicamente podrá ser suspendida cuando el opositor exhiba título suficiente, a juicio del juez, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la acción que se ejercita. Tratándose de inmuebles, el remate sólo se suspenderá si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente, inscritos en el Registro Público correspondiente. Artículo 1374.- Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta. Artículo 1375.- Bastará la interposición de una tercería excluyente, para que el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del demandado y si éste no los tuviere, para pedir la declaración de quiebra. Artículo 1376.- Si la tercería, cualquiera que sea, se interpone ante un juez de paz o menor, y el interés de ella excede del que la ley respectivamente somete a la jurisdicción de estos jueces, aquel ante quien se interponga remitirá lo actuado en el negocio principal y tercería, al juez que designe el tercer opositor y sea competente para conocer del negocio que representa mayor interés. El juez designado correrá traslado de la demanda verbal entablada y decidirá la tercería, sujetándose en la sustanciación a lo prevenido en los artículos anteriores. Artículo 1376 Bis.- A todo opositor que no obtenga sentencia favorable, se le condenará al pago de gastos y costas a favor del ejecutante De la interpretación armónica de dichos preceptos, en lo que interesa, se desprende que dentro de un juicio seguido por dos o más personas puede presentarse un tercero a deducir una acción diversa; dichas tercerías serán coadyuvantes o excluyentes, como en el caso que nos ocupa, se trata de la segunda de las mencionadas; asimismo, este tipo de procesos será de dominio o de preferencia. Asimismo, en el trámite de dichos juicios, se advierte que, por regla general estas no suspenden el negocio del que derivan, que se tramitarán por cuerda separada y con el escrito correspondiente se dará vista a las partes por tres días para que manifiesten lo que a su interés conviene; hecho lo anterior y desahogado el traslado, el Juez decidirá si hay necesidad de dicha tercería, de ser así, a petición de parte abrirá un periodo probatorio de quince días; terminado dicho plazo, se pasará a la etapa de alegatos por tres días comunes a las partes. Ahora, por cuanto hace a la suspensión que en su caso pueda decretarse al promoverse la tercería, esta resulta distinta para el caso de ser tercería excluyente de domino o de preferencia, tal y como se desprende de los artículos 1373 y 1374 del Código de Comercio. El primero de los mencionados preceptos legales contempla dicha suspensión del proceso en lo principal para las tercerías excluyentes de dominio, señalando que la celebración del remate únicamente podrá ser suspendida cuando el tercero exhiba título suficiente, a juicio del juez, que acredite su dominio sobre el bien en cuestión, o su derecho respecto de la acción que se ejercita; y, tratándose de bienes inmuebles, el remate sólo se suspenderá si el tercero exhibe escritura pública o instrumento equivalente, inscritos en el Registro Público correspondiente. Por su parte el diverso 1374 del Código de Comercio, prevé la suspensión por lo que refiere a las tercerías excluyentes de preferencia, la cual únicamente será respecto del pago, es decir, se continuará con la ejecución de la sentencia en todos sus trámites, suspendiéndose, como ya se apuntó, únicamente por lo que respecta al pago, el que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho, depositándose el precio de la venta. Expuesto lo anterior, tenemos que la Sala responsable correctamente justificó la determinación combatida; al argumentar que eran infundados los agravios planteados por el aquí quejoso; dado que no era procedente la adjudicación del bien inmueble materia de la ejecución del juicio natural a favor del actor, fundado dicha determinación en lo dispuesto en el artículo 1374 del Código de Comercio. De igual forma correctamente refirió que la adjudicación equivale al pago, por lo que es adecuado que no se realice éste, hasta en tanto se defina la tercería de preferencia interpuesta. Además, lo señalado por la Sala responsable en el sentido de que fue correcto que la juez natural reservara la adjudicación del inmueble objeto de la ejecución del juicio de origen, señalando que ya se había llevado a cabo la diligencia de remate del bien inmueble objeto de la ejecución en quinta almoneda con la debida satisfacción de los requisitos legales. Ello es así, en atención a que dada la existencia de la tercería excluyente relacionada con el bien embargado en el juicio de origen, como correctamente lo dijo la Sala responsable, es menester definir a quien asiste el mejor derecho a ser pagado con el producto de la venta, de ahí que la suspensión en el pago se encuentre justificada. En otro orden de ideas es igualmente infundado el motivo de disenso del quejoso en el que aduce que la Sala responsable pasa por alto que en una ejecutoria de amparo concedida en el juicio de amparo 706/2019-V del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, que este órgano jurisdiccional concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución emitida el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el toca civil 19/2019 16 M y dictara otra en su lugar, donde sustentara su fallo en el artículo 1368 del Código de Comercio relativo a las tercerías excluyentes no suspenden el cuso del negocio en el que se interpondrán; y que se ordenó al Juez de primer grado continuara con el procedimiento de ejecución de la sentencia. Ello es así, dado que el quejoso parte de una premisa errónea, por las siguientes consideraciones. En este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se radicó el juicio de amparo 706/2019-V, lo cual se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". En el aludido juicio, se determinó conceder la protección federal solicitada mediante sentencia emitida el nueve de octubre de dos mil diecinueve, tras advertir que resultó incorrecto que la Sala responsable avalara el criterio de la Juez natural, en cuanto paralizar el procedimiento y abstenerse de señalar fecha para la celebración de la audiencia de remate en quinta almoneda y reservarse a hacerlo hasta en tanto se resolviera la tercería radicada ante ella. En dicha concesión del amparo se indicó que la responsable no atendió a lo que prevé el numeral 1368 del Código de Comercio, conforme al cual no es motivo para suspender la etapa de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil de origen, cuando se haya interpuesto una tercería intentada por un trabajador que obtuvo un laudo favorable y esté pendiente de resolverse ésta. Sin embargo, contrario a lo que estima el quejoso, la Sala responsable, con la emisión de la resolución ahora reclamada en esta instancia constitucional, no contraviene lo resuelto en la aludida ejecutoria de amparo, ni trasgrede el artículo 1368 del Código de Comercio; puesto que como acertadamente se indicó por la Sala responsable, la regulación de las tercerías no se contiene únicamente en dicho dispositivo, el que incluso remite a la aplicación de los siguientes cuando establece: "Artículo 1368.- Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; se ventilarán por cuerda separada, conforme a los artículos siguientes, oyendo al demandante y al demandado en traslado por tres días a cada uno.". Es decir que las tercerías se regulan en un conjunto de artículos dentro de los cuales destaca el invocado 1374 del mismo ordenamiento legal que, tal y como quedó establecido, sí resulta aplicable al caso. De modo que, como lo señaló la juez natural y lo confirmó la Sala responsable, con motivo de la negativa a adjudicar el procedimiento de ejecución no se suspendió indebidamente, sino que se llevó a cabo hasta donde lo permite el numeral 1374 del Código de Comercio; es decir, que al estar en trámite la tercería de preferencia promovida por el aquí tercero interesado, deben seguir los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará una vez definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Dicha norma es del tenor literal siguiente: "Art. 1,374. Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta.". En tal virtud, la juez invocó que la tercería promovida no había sido dirimida aún, de ahí que por ello debía abstenerse de adjudicar el inmueble por constituir ese acto procesal propiamente el pago a que alude el citado artículo 1374 del Código de Comercio. En ese sentido, se estima correcto que la Sala responsable avalara el criterio de la juez natural, ya que el hecho de no encontrarse concluida en definitiva la tercería excluyente de preferencia promovida por JUAN ANTONIO VARGAS MERCADILLO, implicó que conforme a dicha disposición, la juez del procedimiento se encontraba constreñida a reservar la adjudicación, acto que, como adecuadamente refirió la Sala responsable, es el acto por el que se atribuye o reconoce el derecho de gozar de un bien patrimonial, una vez determinado el monto a que equivale el bien, entendiéndose que la adjudicación representa el pago que el deudor hacer al acreedor. En ese sentido, este juzgado de Distrito estima adecuado el criterio asumido por la Juez y sostenido por la Sala responsable, al entender que debe ser hasta la definición de la tercería que se decidirá a quien se realiza el pago, es decir, a favor de quien se otorgue la adjudicación del inmueble embargado; sin que en efecto, exista una trasgresión al artículo 1368 del Código de Comercio, en tanto que esta disposición lo único que alude es que la interposición de las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen; lo que no significa que deba procederse al pago o adjudicación del inmueble sin que esté resuelta una tercería de preferencia, como a su vez, lo dispone el diverso numeral 1374 del Código de Comercio. Sin que asista razón a la parte quejosa quien en los conceptos de violación sostiene que dicha tercería excluyente de preferencia ya fue resuelta; ya que como lo sostuvo tanto la Juez como la Sala al resolver la apelación, no se ha resuelto la misma, lo cual se puede constatar de la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se determinó que el juicio laboral 01/882/13-JE1, había sido promovido por JOSÉ ANTONIO VARGAS MERCADILLO Y MARCOLINA DOMINGUEZ GUADALUPE, y que existía un litisconsorcio pasivo necesario. En consecuencia, dado que la tercería no había sido promovida por ambos, debía regularizarse el procedimiento a efecto de que se llamara a juicio a la última mencionada, a fin de no colocarla en estado de indefensión. En consecuencia se determinó llamar a dicha persona a juicio, a fin de que dedujera el derecho que le asistía respecto al bien materia de ejecución en el juicio. Finalmente, se determinó dejar sin efecto alguno la citación para sentencia del juicio, Todo lo cual se deduce del cuaderno de tercería respectivo, que se exhibió conjuntamente con los autos en del juicio natural de origen. En tal virtud, no asiste razón al quejoso para aducir que la tercería se encuentra resuelta, precisamente porque se dejó sin efectos la citación para sentencia y se ordenó llamar a juicio a una diversa acreedora en materia laboral; lo que demuestra que no se encuentra dirimida la cuestión de preferencia en el pago alegada y por ende, que es infundado el argumento relativo a que la Sala debía revocar el criterio sostenido por la Juez natural, y por consiguiente que se debió adjudicar a favor de la parte actora, aquí quejosa, el bien inmueble embargado; precisamente por el hecho de que la tercería al estar vigente su tramitación, impedía el pago, traducido en la adjudicación solicitada. A mayor abundamiento resulta, oportuno hacer notar que el aquí quejoso tiene intervención en el procedimiento relativo a la tercería excluyente preferente, por lo que el agravio que en su caso le pudiera generar la falta de resolución oportuna debe hacerlo valer en dicho procedimiento y no en el relativo al remate que es el que guarda relación con el acto que aquí reclama. Finalmente, aduce que la Sala responsable realiza una indebida fundamentación y motivación; dado que las tesis que invoca carecen de obligatoriedad y que resultan inaplicables al caso. Tal argumento es infundado, porque si bien es verdad que las tesis aisladas no son de aplicación obligatoria, lo cierto es que sí constituyen criterios orientadores emitidos por Tribunales terminales de la Federación, en los cuales válidamente puede encontrar motivación una determinación judicial, con independencia de la materia originaria de la tesis; además de que el juzgador puede utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 778, Libro 38, de Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de título, subtítulo y texto siguiente: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, consultable en la página 1684, Tomo XIII, de Marzo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR JERARQUÍA DE AQUELLOS QUE LAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO. El hecho de que en una resolución se invoque una tesis que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, ello no impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que sustentan el criterio, puedan tomarlo en consideración para ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate." Por lo demás, se considera que las tesis invocadas por la Sala, sí resultan orientadoras en el caso a estudio, porque ambas contienen una interpretación del artículo 1374 del Código de Comercio aplicado tanto por la Juez natural, lo que resultan conducentes en el estudio de los agravios que emprendió la Sala responsable. En consecuencia, resulta correcto y apegado a derecho que la Sala responsable haya empleado las tesis aisladas que consideró aplicable al caso, como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Máxime que las tesis citadas por la Sala del conocimiento guardan relación con el estudio que realizó, pues refieren cuando se tiene la oportunidad para promover una tercería excluyente de preferencia y en qué momento debe suspenderse el juicio en lo principal cuando está pendiente de resolverse la misa; de ahí lo infundado de su argumento. Por último, no se soslaya que la parte quejosa aduzca que el criterio empleado por la juez del proceso y avalado por la Sala responsable, entraña permitir a los terceristas decidir si promueven o no lo conducente en el juicio de tercería, originando la paralización indefinida del procedimiento de ejecución del juicio principal; sin embargo, se estima que en tal supuesto, es en dicho procedimiento de tercería donde, en su caso, está en aptitud de promover lo que estime conveniente a fin de evitar la prolongación indefinida del proceso; además, no queda en estado de indefensión por ese solo hecho, ya que incluso conforme al 1375 del Código de Comercio, bastará la interposición de una tercería excluyente, para que el ejecutante pueda ampliar la ejecución en otros bienes del demandado y si éste no los tuviere, para pedir la declaración de quiebra. De lo que se deduce que la resolución combatida, no conlleva conducir a la parte actora a un estado de indefensión en la ejecución del crédito que tiene a su favor. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja que suplir, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A PEDRO PARRA GALENA, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos que se expusieron en el último resolutivo. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio proveniente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través del cual en alcance a su oficio 271/21-C, recibido en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, remite copia certificada del testimonio del expediente 571/08-1 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. En atención a lo anterior, toda vez que las documentales remitidas se tratan de constancias enviadas en relación con el informe justificado rendido por la aludida autoridad responsable, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias que remitió la referida autoridad responsable, se ordena formar XXXXVI anexos, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente; las cuales se prescinde de su digitalización en el expediente electrónico. Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dispone en el artículo 22 último párrafo, que la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio del juzgador, pudiéndose en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Asimismo, en el diverso artículo 23 del citado acuerdo, que de existir imposibilidad para digitalizar constancias aportadas por las partes, se debe acordar lo conducente y valorar si esto se hace del conocimiento de las partes y si se integran al expediente impreso, o bien, se ordene la integración de un expediente auxiliar, el cual podrá consultarse físicamente en el órgano judicial. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma a partir de las quince horas Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/1115/2021 de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.*Nmtg.
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