Pedro Pablo Rosas Cebrian

Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
167/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Rosas Cebrian
  • Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Agréguese al sumario el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Pedro Pablo Rosas Cebrián, con dos copias y un anexo que acompaña; a través del cual cumple el requerimiento formulado en autos. Acto reclamado. Del contenido de la demanda, se pone de manifiesto que la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral 1191/2022 del índice del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, no se acordó de conformidad su solicitud respecto a que no se le tuviera ratificando el convenio sancionado en ese procedimiento. Antecedentes. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratoria de ésta, se desprende que: 1.- El cinco de julio de dos mil veintidós, demandó la reinstalación en su puesto de trabajo y pago de diversas prestaciones de carácter laboral a la moral Controladora MABE, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando registrada la demanda bajo el número 1191/2022. 2.- Por otro lado, al darse contestación a la demanda ante la autoridad responsable, con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, se hizo ofrecimiento de reinstalación en su puesto de trabajo. 3.- Sin embargo, en esa misma data, mediante comparecencia, la demandada a través de uno de sus representantes firmó un convenio conciliatorio con quien en ese momento era uno de sus apoderados, con lo que se daba fin al juicio 1191/2022, sin que se le llamara a ratificar el convenio. 4.- Que el ocho de diciembre citado se apersonó ante el Tribunal responsable, enterándose de la firma del convenio, y que la parte demandada había hecho un ofrecimiento de reinstalación, por lo cual, el trece de diciembre citado, presentó escrito por medio del cual solicitaba que se le tuviera por no ratificando ese acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós. 5.- Ante dicha situación, el cuatro de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Laboral respectivo, emitió un auto en el que se le dijo que no era procedente acordar de conformidad su solicitud, debido a que dicho convenio no estaba sujeto a ratificación. Esta última actuación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Desechamiento. Ahora bien, a consideración del suscrito, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que en lo conducente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente respectivo; y, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento -que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución-. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual, además, podrán impugnarse los vicios que en su caso se hubiesen cometido durante el mismo y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial, que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la página 75 del tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2004, Novena Época, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Ahora bien, por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia respectiva o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al efecto se invoca la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, en la página 31, de rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Asimismo, debe decirse que se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar, en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo aquí expuesto en forma breve, podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Siendo que sobre el tema relativo a la aprobación y sanción de un convenio que da por concluido un juicio laboral, se tiene que una vez que hay pronunciamiento de la autoridad en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretende cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio, salvo la posibilidad que existe de su impugnación por medio del juicio de amparo, sea indirecto o directo. Dichas consideraciones se extraen de la ejecutoria relativa a la tesis 2a./J. 17/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 699, Tomo I, Libro 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2015, Décima Época, registro digital: 2008806, que dice: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta." Establecido lo anterior, y confrontando tal criterio con el caso en particular, este órgano de control constitucional considera que respecto de la acción de amparo intentada por Pedro Pablo Rosas Cebrián, deviene dicha causal de improcedencia, pues si bien intenta combatir un acuerdo dictado después de concluido el juicio laboral, el contenido del mismo se relaciona estrechamente con la determinación que tuvo por aprobado y sancionado el convenio en el aludido juicio laboral, por lo que no se está en el supuesto que contempla la Ley de la Materia para combatir actos que gocen de autonomía en dicho procedimiento de ejecución. Se explica lo anterior. Como de los antecedentes señalados se desprende, la parte actora, aquí quejosa, a través de un diverso apoderado firmó un convenio conciliatorio para dar por terminado el juicio laboral instado ante la responsable; con lo cual estima que se vulneraron sus derechos fundamentales, al no haberle llamado para ratificar dicho acuerdo previo a su aprobación. Siendo que al expresar por escrito su rechazo al mismo, y solicitar que se le tuviera por no ratificando el convenio, la autoridad responsable, en el auto combatido, si bien estableció que dicho convenio no se encontraba sujeto a ratificación, de igual forma refirió que estarse a lo ordenado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós. Además de que, refiere que al no ser conforme con la aprobación y sanción del convenio que puso fin al juicio, del cual no tuvo conocimiento, promovió una demanda de amparo directo que fue admitida el veinte de enero de dos mil veintitrés, bajo el número de expediente 88/2023, encontrándose el expediente laboral en espera de lo que se resuelva en dicho juicio constitucional. En ese sentido, es evidente que la materia del acto aquí reclamado, se relaciona íntimamente con la determinación que aprobó y sancionó el convenio que dio por concluido el juicio laboral, por lo cual, el acto aquí combatido no goza de autonomía en el periodo de ejecución, y tampoco resulta ajeno a la cosa juzgada. Efectivamente, basta analizar los conceptos de violación, para advertir que la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable, de llamarlo a efecto de ratificar el convenio; así como transgresión a lo establecido en el numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo, en lo relativo a la renuncia de derechos, ya que el convenio aprobado, acorde a su señalamiento, es un acuerdo en el que se realiza un pago indemnizatorio para poner fin al juicio, conteniendo renuncia de derechos de la parte trabajadora, como es la reinstalación que es la acción principal ejercitada por esa parte. Circunstancias que ponen en evidencia la relación existente entre la materia del reclamo que eleva el quejoso en este juicio, con la resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós en que se aprobó el convenio. De ahí que, se considere que el auto combatido en modo alguno goza de autonomía en el proceso de ejecución, pues se tiene que el mismo fue emitido con base en la determinación que autorizó dicho acuerdo de voluntades. Por lo cual, se estima que el reclamo en este caso deviene improcedente, pues las cuestiones o motivos de agravio expresados por la quejosa, deberán ser analizados por la autoridad de amparo en el procedimiento que en la vía directa instó para combatir precisamente la autorización del Tribunal Laboral de dar por terminado el juicio que promovió a través de esa vía. Estimar lo contario, implicaría incluso que este juzgado pudiera analizar las cuestiones relativas a la necesidad de ratificación de ese convenio como lo refiere la quejosa, cuando el Tribunal Colegiado que conoce del procedimiento, en su caso, pudiera de igual forma someter al escrutinio constitucional dichos requisitos, pues se insiste que, aun y cuando en el acto aquí reclamado se hubiese negado al quejoso tenerle por no ratificando el convenio, la determinación relacionada con la impugnación de este último, se encuentra sub judice a la resolución que se emita en dicho juicio de amparo. Motivos por los cuales, el suscrito considera improcedente admitir la demanda de que se trata. Decisión. En consecuencia, como el acto reclamado no goza de autonomía en el procedimiento de ejecución y no es ajeno a la cosa juzgada, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, de tal modo que, con fundamento en lo dispuesto por el 11 artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Agréguese al sumario el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Pedro Pablo Rosas Cebrián, con dos copias y un anexo que acompaña; a través del cual cumple el requerimiento formulado en autos. Acto reclamado. Del contenido de la demanda, se pone de manifiesto que la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio laboral 1191/2022 del índice del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, no se acordó de conformidad su solicitud respecto a que no se le tuviera ratificando el convenio sancionado en ese procedimiento. Antecedentes. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratoria de ésta, se desprende que: 1.- El cinco de julio de dos mil veintidós, demandó la reinstalación en su puesto de trabajo y pago de diversas prestaciones de carácter laboral a la moral Controladora MABE, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando registrada la demanda bajo el número 1191/2022. 2.- Por otro lado, al darse contestación a la demanda ante la autoridad responsable, con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, se hizo ofrecimiento de reinstalación en su puesto de trabajo. 3.- Sin embargo, en esa misma data, mediante comparecencia, la demandada a través de uno de sus representantes firmó un convenio conciliatorio con quien en ese momento era uno de sus apoderados, con lo que se daba fin al juicio 1191/2022, sin que se le llamara a ratificar el convenio. 4.- Que el ocho de diciembre citado se apersonó ante el Tribunal responsable, enterándose de la firma del convenio, y que la parte demandada había hecho un ofrecimiento de reinstalación, por lo cual, el trece de diciembre citado, presentó escrito por medio del cual solicitaba que se le tuviera por no ratificando ese acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil veintidós. 5.- Ante dicha situación, el cuatro de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Laboral respectivo, emitió un auto en el que se le dijo que no era procedente acordar de conformidad su solicitud, debido a que dicho convenio no estaba sujeto a ratificación. Esta última actuación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Desechamiento. Ahora bien, a consideración del suscrito, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que en lo conducente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente respectivo; y, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento -que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución-. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual, además, podrán impugnarse los vicios que en su caso se hubiesen cometido durante el mismo y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial, que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la página 75 del tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2004, Novena Época, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Ahora bien, por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia respectiva o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al efecto se invoca la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, en la página 31, de rubro: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Asimismo, debe decirse que se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar, en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo aquí expuesto en forma breve, podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Siendo que sobre el tema relativo a la aprobación y sanción de un convenio que da por concluido un juicio laboral, se tiene que una vez que hay pronunciamiento de la autoridad en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretende cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio, salvo la posibilidad que existe de su impugnación por medio del juicio de amparo, sea indirecto o directo. Dichas consideraciones se extraen de la ejecutoria relativa a la tesis 2a./J. 17/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 699, Tomo I, Libro 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2015, Décima Época, registro digital: 2008806, que dice: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta." Establecido lo anterior, y confrontando tal criterio con el caso en particular, este órgano de control constitucional considera que respecto de la acción de amparo intentada por Pedro Pablo Rosas Cebrián, deviene dicha causal de improcedencia, pues si bien intenta combatir un acuerdo dictado después de concluido el juicio laboral, el contenido del mismo se relaciona estrechamente con la determinación que tuvo por aprobado y sancionado el convenio en el aludido juicio laboral, por lo que no se está en el supuesto que contempla la Ley de la Materia para combatir actos que gocen de autonomía en dicho procedimiento de ejecución. Se explica lo anterior. Como de los antecedentes señalados se desprende, la parte actora, aquí quejosa, a través de un diverso apoderado firmó un convenio conciliatorio para dar por terminado el juicio laboral instado ante la responsable; con lo cual estima que se vulneraron sus derechos fundamentales, al no haberle llamado para ratificar dicho acuerdo previo a su aprobación. Siendo que al expresar por escrito su rechazo al mismo, y solicitar que se le tuviera por no ratificando el convenio, la autoridad responsable, en el auto combatido, si bien estableció que dicho convenio no se encontraba sujeto a ratificación, de igual forma refirió que estarse a lo ordenado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós. Además de que, refiere que al no ser conforme con la aprobación y sanción del convenio que puso fin al juicio, del cual no tuvo conocimiento, promovió una demanda de amparo directo que fue admitida el veinte de enero de dos mil veintitrés, bajo el número de expediente 88/2023, encontrándose el expediente laboral en espera de lo que se resuelva en dicho juicio constitucional. En ese sentido, es evidente que la materia del acto aquí reclamado, se relaciona íntimamente con la determinación que aprobó y sancionó el convenio que dio por concluido el juicio laboral, por lo cual, el acto aquí combatido no goza de autonomía en el periodo de ejecución, y tampoco resulta ajeno a la cosa juzgada. Efectivamente, basta analizar los conceptos de violación, para advertir que la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable, de llamarlo a efecto de ratificar el convenio; así como transgresión a lo establecido en el numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo, en lo relativo a la renuncia de derechos, ya que el convenio aprobado, acorde a su señalamiento, es un acuerdo en el que se realiza un pago indemnizatorio para poner fin al juicio, conteniendo renuncia de derechos de la parte trabajadora, como es la reinstalación que es la acción principal ejercitada por esa parte. Circunstancias que ponen en evidencia la relación existente entre la materia del reclamo que eleva el quejoso en este juicio, con la resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós en que se aprobó el convenio. De ahí que, se considere que el auto combatido en modo alguno goza de autonomía en el proceso de ejecución, pues se tiene que el mismo fue emitido con base en la determinación que autorizó dicho acuerdo de voluntades. Por lo cual, se estima que el reclamo en este caso deviene improcedente, pues las cuestiones o motivos de agravio expresados por la quejosa, deberán ser analizados por la autoridad de amparo en el procedimiento que en la vía directa instó para combatir precisamente la autorización del Tribunal Laboral de dar por terminado el juicio que promovió a través de esa vía. Estimar lo contario, implicaría incluso que este juzgado pudiera analizar las cuestiones relativas a la necesidad de ratificación de ese convenio como lo refiere la quejosa, cuando el Tribunal Colegiado que conoce del procedimiento, en su caso, pudiera de igual forma someter al escrutinio constitucional dichos requisitos, pues se insiste que, aun y cuando en el acto aquí reclamado se hubiese negado al quejoso tenerle por no ratificando el convenio, la determinación relacionada con la impugnación de este último, se encuentra sub judice a la resolución que se emita en dicho juicio de amparo. Motivos por los cuales, el suscrito considera improcedente admitir la demanda de que se trata. Decisión. En consecuencia, como el acto reclamado no goza de autonomía en el procedimiento de ejecución y no es ajeno a la cosa juzgada, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, de tal modo que, con fundamento en lo dispuesto por el 11 artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LUIS EDGAR CORONADO GUEL, EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que el uno de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 362/2022-III, promovido por ***, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; por lo que dicho expediente se encuentra en estudio para el dictado de la sentencia respectiva; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; como consecuencia, con lo anterior dese vista a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Lo anterior, acorde al criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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