Pedro Pablo Jiménez Méndez
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pedro Pablo Jiménez Méndez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al cual adjunta el testimonio de la ejecutoria de diecisiete de noviembre del año en curso, dictada en el recurso de queja 345/2023 de su índice; de lo cual acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la ejecutoria de mérito, se advierte que el Tribunal de Alzada se declaró legalmente incompetente, por razón de materia para conocer del recurso de queja y declinó competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec; de lo cual, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al Tribunal de Alzada. juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de cinco de julio del año en curso, quedó radicado con el número ********************/2023, de su índice y fue admitido a trámite; de lo cual, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LAS PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR NO ACUDIR AL JUZGADO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS A PESAR DEL CITATORIO QUE SE LE DEJO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo recibida en este órgano jurisdiccional el cuatro del mes en curso, promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 651/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Causa de improcedencia Analizada la demanda de amparo, este juicio resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción I y último párrafo y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para arribar a esa conclusión, conviene en principio destacar el contenido de tales numerales, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Al respecto, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ACTOS RECLAMADOS: "SE RECLAMA EL ILEGAL Y ANTICONSTITUCIONAL ACUERDO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DICTADO EN EL OFICIO NÚMERO SP/DAPE/AV/JRP/634/2023 QUE OTORGA EL ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL ISSSTE EN LA CIUDAD DE OAXACA, NOTIFICADO EL 14 DE JUNIO DEL 2023 CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PRÉSTAMOS PERSONALES 2022 PUNTO 18.2 NÚMERO 3 Y EN VÍA DE CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA NEGATIVA DE CANCELACIÓN DE EL PRÉSTAMO IRREGULAR NO SOLICITADO NI RECIBIDO POR EL QUEJOSO 20120482766 CON FOLIO 5858676 Y EL CUAL APARECE COMO CRÉDITO VIGENTE EN MI HISTORIAL CREDITICIO. [..]" Asimismo, en los antecedes narrados bajo protesta de decir verdad, en lo que aquí interesa, el quejoso indicó lo que a continuación se destaca: "[.] CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2023 EL QUE SUSCRIBE *************** EN PLENO USO DE MIS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE PROFESIÓN MÉDICO CIRUJANO Y EMPLEADO FEDERAL ACTIVO ADSCRITO AL SECTOR SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA SOLICITÉ QUE CON TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE OBRA EN PODER DE LA LICENCIADA ALBA LEONILA BENITEZ ZÁRATE QUE CON EL CARÁCTER DE OFENDIDO Y AGRAVIADO QUE TENGO DERECHO SE CANCELARA Y SE LIMPIARA MI HISTORIAL CREDITICIO SI TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN QUE CONSTA EN DICHA INSTITUCIÓN QUE YO NO SOLICITÉ NINGÚN CRÉDITO EN LA FECHA QUE ME ATRIBUYEN, EL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE Y CONSIDERANDO QUE EN EL AÑO 2013 DENUNCIE QUE FUI VÍCTIMA DE ROBO DE IDENTIDAD POR LO QUE SE INICIÓ LA INDAGATORIA CORRESPONDIENTE." [Énfasis añadido] Por tanto, de los preceptos previamente citados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que se actualiza una causa prevista en la Ley de Amparo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias, que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección por la propia Constitución. Ahora bien, los actos de que se duele la parte peticionaria del amparo y que atribuye a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, evidentemente, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. Ello, porque el quejoso se ostenta como un trabajador activo adscrito al Sector Salud en el Estado de Oaxaca, y en esencia, reclama el oficio número SP/DAPE/AV/JRP/634/2023, emitido por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que negó la cancelación del préstamo personal 20120482766 con folio 5858676, que aduce no solicitó. Por lo que, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otorga un crédito o préstamo personal a un trabajador activo, lo hace en cumplimiento del artículo 123 de la Constitución Federal, con el efecto de garantizar prestaciones dentro de la organización social del trabajo, por lo que toda cuestión que se suscite con motivo de dichos préstamos, así como los descuentos que se generen al trabajador, la liquidación o cancelación de los mismos, son de naturaleza eminentemente social y de manera específica en la materia de trabajo, no sólo porque incide en la garantía prevista en dicho precepto constitucional, sino además porque resulta una prestación laboral que recae sobre el salario de los trabajadores que representa el elemento más relevante de las relaciones de trabajo. En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, se reitera, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, para dirimir las cuestiones que devengan de prestaciones laborales, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de procedimientos de índole laboral. De ahí que las partes involucradas deben acudir a los tribunales laborales para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley. Por ello, el acto reclamado no se puede entablar en una relación entre gobernante y gobernado, en las que el primero actúe en un plano superior, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, el acto que reclama la parte quejosa no constituye un acto de autoridad que deba ser materia de juicio de amparo, sino precisamente se trata de una cuestión derivada de una prestación laboral; motivo por el cual, debe ser ventilado ante la autoridad jurisdiccional laboral competente y no ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se trae al caso la Jurisprudencia 2a./J. 58/2011, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 162132, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 375, del tenor siguiente: "FOVISSSTE. LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SON DE NATURALEZA LABORAL. Cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Fondo de la Vivienda, otorga crédito, lo hace en cumplimiento del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado para obtener a través de un crédito barato y suficiente, habitaciones cómodas e higiénicas, y de acuerdo con el sistema de financiamiento desarrollado en la ley, se destaca que conforme al artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la forma de pago del crédito será mediante descuentos que no excederán el 30% del sueldo básico de los trabajadores. Por tanto, la orden a las dependencias o entidades de incrementar los descuentos por concepto de pago del crédito de vivienda del 30% al 50% del salario de los trabajadores en activo, es de naturaleza eminentemente social y se encuentra inmersa en la materia de trabajo, no sólo porque incide directamente en la garantía prevista en la norma constitucional aludida, al impactar en el esquema de financiamiento previsto en la ley, sino además porque altera el salario de los trabajadores que representa uno de los elementos más relevantes de las relaciones de trabajo." De igual manera, la Jurisprudencia PC.IV.L J/14 L (10a.), Décima Época, del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; registro digital: 2012874; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, página 1442, del tenor: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. Del análisis correlacionado de los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D, de la Ley Federal del Trabajo, adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte que los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprenden el régimen obligatorio del seguro social y que las demandas relativas, según el respectivo conflicto de seguridad social de que se trate, deberán contener: nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad, exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación, sus pretensiones, expresando claramente lo que se pide, nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social, número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada, en su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda, los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud relativa y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez, las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones y las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Por tanto, los requisitos establecidos en el referido artículo 899-C se vinculan, en todo caso, con la información que el actor debe proporcionar en su demanda, como presupuesto esencial que el legislador impuso para que su acción se configure en los hechos y el demandado pueda controvertir las especificaciones hechas; en el entendido de que en todo caso, de conformidad con el artículo 899-D indicado, corresponde a los organismos de seguridad social probar su dicho cuando exista controversia, entre otros aspectos, sobre la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, el número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, los promedios salariales de cotización de los promoventes y la vigencia de derechos, de manera que la autoridad laboral pueda analizar la controversia respectiva en forma correcta. Luego, los requisitos exigidos por el artículo 899-C del ordenamiento legal citado constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor en los que se deben fundar sus acciones en materia de seguridad social, y si no se cumplen esos requisitos de procedibilidad necesarios acorde a la acción intentada, esta última no podría configurarse. Lo anterior, sin perjuicio de que la Junta, en cumplimiento al segundo párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pudiera prevenir al actor para que corrija los defectos u omisiones en que haya incurrido al presentar su demanda." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo origen de este juicio. Domicilio y autorizados Por otra parte, se autoriza como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio del escrito de demanda; y por autorizada en términos amplios de la Ley de Amparo a********************, porque a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, conforme a la certificación de cuenta, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional********************, expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si la parte quejosa otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se les tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Asimismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a las restantes personas que indica el quejoso, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el referido sistema y no haber proporcionado mayores datos de los que se advierta su calidad de licenciados en derecho, además de así haberlo solicitado el quejoso. Luego, respecto al correo electrónico señalado, téngase habilitado únicamente como medio alterno para entablar comunicación no procesal. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente.
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