Pedro Pablo García Hernández
Expediente 645/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pedro Pablo García Hernández
- Vicente Vázquez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto...se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte... resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales... el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva por un quejoso y negado por el diverso quejoso, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a la DEPURACIÓN del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ... Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado del Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, no se tiene a la autoridad Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, rindiendo su informe justificado, toda vez que no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, dado que los quejosos señalaron como autoridad responsable a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Por otro lado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de las responsables las constancias que anexan a su ocurso de cuenta. De igual modo, como lo solicitan las responsables téngase como domicilio y delegados, a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por los numerales 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, toda vez que proporciona los usuarios: ksalgado1969, fergpalet2020, hpacheco1995 y wenosma; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de los usuarios referidos a fin de que las autoridades responsables estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la demanda de amparo, donde se advierte que el acto que se reclama por esta vía es: "LOS DESCUENTOS ILEGALES APLICADOS A NUESTROS SALARIOS EL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO Y LOS POSTERIORES DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGOS A FINANCIERAS CON LAS QUE NOSOTROS NO HEMOS CELEBRADO NINGÚN CONTRATO Y POR LO TANTO, DESCONOCEMOS DICHOS DESCUENTOS." Ahora, las autoridades responsables Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los descuentos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas a este juzgado en copia certificada, documentales que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. ... En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. ... Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el Máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ... En ese contexto, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Expuesta la anterior premisa legal, en el caso, el quejoso Vicente Vázquez Rodríguez, reclama de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, los descuentos y/o retenciones identificados con los conceptos "147 CONSUPAGO S.A. DE C.V" y "246 PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFON", realizados a su pago de nómina correspondiente a la quincena número diez, relativo al mes de mayo de dos mil veintidós. Por su parte el quejoso Pedro Pablo García Hernández también reclama de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, los descuentos y/o retenciones que le son realizados a su pago de nómina. Ahora, la autoridad Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado señalaron que los descuentos reclamados en esta instancia constitucional, se encuentran amparados por mandatos irrevocables de autorización de pago a favor de terceros, a través de los cuales, los quejosos solicitaron les fueran realizados descuentos y retenciones a su salario, por lo que respecta a Vicente Vázquez Rodríguez, para hacer pagos a la persona moral denominada PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y en relación al quejoso Pedro Pablo García Hernández a la persona moral CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., por lo que dichos descuentos y retenciones han sido autorizados en cumplimiento de los contratos celebrados entre Vicente Vázquez Rodríguez, Pedro Pablo García Hernández y las personas morales referidas. En ese sentido, de una lectura integral a los documentos que refieren las autoridades responsables, se advierten los mandatos irrevocables de autorizado para pago a tercero, con las siguientes peculiaridades: 1) El primer escrito de once de octubre de dos mil diecinueve, firmado por el quejoso Vicente Vázquez Rodríguez, en su carácter de mandante en donde, de conformidad con el artículo 98 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, y en atención a la relación de trabajo que tiene con el Gobierno del Estado de Veracruz, solicitó la realización de descuentos y retenciones correspondientes a su salario, así como los pagos detallados de la siguiente manera: a) del salario percibido por los servicios prestados a la Secretaría de Seguridad Pública, un descuento de manera quincenal, en forma consecutiva e ininterrumpida por un total de noventa y seis descuentos por la cantidad de $3,001.00 (tres mil un pesos 00/100 moneda nacional), hasta que sea cubierto el saldo insoluto del crédito derivado de Crédito simple, que en su favor otorgó la empresa PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., el cual asciende a la cantidad de $288,096.09 (dos cientos ochenta y ocho mil noventa y seis pesos 09/100 moneda nacional). 2. El segundo escrito con número de registro: 13413-140-028602/01-06639-1217, por el cual el quejoso Pedro Pablo García Hernández, por medio del cual se otorga mandato irrevocable al Gobierno del Estado de Veracruz y/o SEFIPLAN, para que a través del departamento de Recursos Humanos o la que dicha dependencia designe, a fin de que haga entrega a la empresa CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM ER, con cargo a nómina, la cantidad de $29,420.64 (veintinueve mil cuatrocientos veinte pesos 64/100 moneda nacional), a través de cuarenta y ocho pagos quincenales en pago del efectivo que recibió en ese momento por el financiamiento que le otorgó dicha empresa, en la que se conforma y autoriza para que se efectúen las retenciones respectivas para ser entregadas directamente a dicha persona moral. En ese tenor, es claro que, en la especie, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Humanos adscritos a dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre los aquí quejosos, en sus carácter de Policías de Comandancia de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y las señaladas como responsables en su carácter de ente que se encarga del pago de su nómina. De modo que, la dependencia que fue señalada como responsable, sólo actúa en función del pago de nómina, y por ello se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral. Además, de las documéntales que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que los ahora quejosos realizaron trato comercial con las entidades financieras denominadas PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., acordando que las amortizaciones generadas con motivo de esos créditos, se harían a través de descuentos de manera quincenal en su nómina, como se observa de los mandatos irrevocables de autorización. Por ello, debe decirse que la Secretaría de Finanzas y Planeación no actuó en forma unilateral y por vía de consecuencia y no ejecutó actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la parte quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de la autoridad señalada como responsable sea coercitiva, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad de los trabajadores quejosos a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Máxime que de los medios de prueba que anexó a su escrito de demanda se advierte que los quejosos adjuntaron las documentales consistente en copias de los escritos de nueve de junio de la presente anualidad, dirigido al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sello de recibidos de diez de junio de dos mil veintidós, firmados por los quejosos, a través de los cuales solicitaron que no les fueran aplicados los descuentos vía nómina por diversas financieras y de donde se lee que los quejosos adujeron que las financieras a que se ha hecho referencia incumplieron con los convenios realizados, debido a que: ".en la cláusula cuarta la Secretaría manifiesta que las cantidades que retenga del salario de los trabajadores no son de su propiedad por lo que en caso que CONSUPAGO no reciba las cantidades retenidas por la Secretaría en los términos establecidos en el convenio, dará derecho a aquellas a ejercer las acciones legales que le correspondan, y es en ese contexto en que los suscritos deslindamos de cualquier responsabilidad, asumiendo todas las consecuencias legales que se deriven de no realizar los descuentos a favor de esta financiera y cualquier otra." Bajo tales supuestos, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en los salarios de los solicitantes de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por los peticionarios del amparo, en esta instancia constitucional. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a los quejosos, porque tienen a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, labora, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pago de nómina. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a las empresas con quienes contrajo los créditos o las deudas, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada I.8o.C.74 C (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2020618, Décima Época, publicada en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1807, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." Además, si se tiene en cuenta que los multicitados descuentos no revisten el carácter de una determinación adoptada por sí y ante sí, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, que llevara a cabo unilateralmente, sin la participación de la voluntad de los afectados, sino, como se anticipó, es derivado de una obligación que éstos mismos asumieron frente a terceros, a nombre y por los cuales aquéllos efectuaron las referidas disminuciones salariales, cuestión que pone de manifiesto que los descuentos reclamados no se traducen en una decisión autoritaria, sino que son resultado de la autorización que concedieron a las empresas financieras señaladas como terceras interesadas PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., por lo que se insiste, los descuentos reclamados no son actos de autoridad, sino que se trata de gestiones o diligencias realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, únicamente en su calidad de patrón. De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la fracción II, del diverso artículo 5º, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. ... No está por demás señalar que este órgano jurisdiccional adoptó el mismo criterio en un diverso juicio de amparo 478/2021, en el que se analizó un supuesto similar al del presente juicio de amparo, el cual fue recurrido por la parte quejosa, tocando conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 6/2022, y por resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia. ... Las que invoca con la finalidad de robustecer la procedencia del juicio de amparo respecto del acto que reclama. Sin embargo, el primer criterio antes señalado no resulta aplicable al presente juicio, toda vez que la jurisprudencia invocada dispone la posibilidad que tiene el trabajador de reclamar el pago de su salario íntegro, en cuestiones relativas a cuando la autoridad que le cubre su sueldo, disminuye o anula una o más de las prestaciones que percibe con motivo de los servicios que presta; sin embargo, en esos casos, quienes se sientan afectados por actos de tal naturaleza, tienen a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral o administrativa, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa a los disminuciones en sus prestaciones o la desaparición de algún concepto de sus prestaciones y la consecuente omisión del pago de la misma. Es decir, los afectados están en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo a las disminuciones en sus sueldos con que se les afecta, lo que no sucede en el caso de que se trata, porque la autoridad que se señala como responsable no disminuye o desaparece prestación alguna, sino que realiza descuentos respecto de obligaciones que fueron contraídas por los solicitantes de amparo con empresas particulares, en donde se autorizó a la responsable a realizar los descuentos correspondientes para realizar el pago de los beneficios que fueron obtenidos, por lo que, en todo caso los solicitantes de amparo tienen expedito su derecho para ejercitar la vía legal que corresponda a fin de solicitar a las empresas con quienes contrajeron el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario, lo que deberá ser resuelto por el Tribunal común del Estado. En relación al segundo criterio emitido por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito considera que tampoco tiene aplicación al presente juicio, ya que en dicha jurisprudencia se determinó que las autoridades jurisdiccionales pueden ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter, civil o mercantil contraídas por el trabajador respecto del treinta por ciento de dicho excedente; sin embargo, en el juicio en que se actúa no se reclama la existencia de embargo alguno, ni que se hubiese determinado por alguna autoridad jurisdiccional, sino que el reclamo de los promoventes se hace consistir en los descuentos realizados a los quejosos con motivo de los créditos contraídos con las financieras PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R., y CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R. y no por embargos ordenados y ejecutados por autoridades jurisdiccionales, de ahí que, contrario a lo señalado por los quejosos, dicho criterio no puede ser aplicado al juicio en que se actúa. ... Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veinte de junio del año en curso, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; no obstante, la fecha y hora que fue registrada en la agenda electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para la celebración de dicha audiencia es DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual manera, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que no se haya ordenado el emplazamiento de a quien le pudo haber asistido el carácter de terceras interesadas Financiera CONSUPAGO S.A. DE C.V., y Financiera PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFON ENR, ya que si bien es cierto que en el juicio de amparo deben ser oídas las todas las partes y, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los terceros interesados tienen derecho a ser oídos en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa, consecuentemente, se causa un beneficio al tercero interesado; por tanto, resulta superfluo llamarlo a juicio, pues tal acontecimiento únicamente dilataría la impartición de justicia. ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Incidental
PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el cuarto considerando de la presente resolución. TERCERO. Hágase entrega de la copia de esta resolución, como está ordenado en el último considerando de esta resolución.
- Incidental
Téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Dirección General de Administración y Subdirección de Recursos Humanos, adscritas a dicha Secretaría, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, por cuanto al domicilio, delegados y acceso al expediente electrónico por cuanto a los usuarios ksalgado1969, fergpalet2020 y hpacheco1995, dígasele a la autoridad responsable que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de junio del año en curso. Finalmente, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, toda vez que proporciona el usuario wenosma; en consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de acceder al expediente electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos.
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