Pedro Pablo Gámez Acuña

Expediente 1446/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1446/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Gámez Acuña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que este juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvase al Agente Investigador del Ministerio Público del Sistema Tradicional, con residencia en San Pedro de las Colonias Coahuila, las copias certificadas anexas a su informe justificado toda vez que resultan innecesarias conservarlas en este juzgado; a quien se solicita el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, se entenderá que fue recibido a entera satisfacción. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Vista la razón del fedatario judicial adscrito a este juzgado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada... el proveído de uno de octubre del año en curso, por los motivos que indica; consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se le comisiona a efecto de que practique la notificación del referido auto por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para ello. Notifíquese por lista a la tercera interesada... Se publica el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho: Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y analizar las constancias que obran en el sumario de amparo, para verificar si la autoridad responsable acató con el fallo protector, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Antes de analizar, se precisan los antecedentes del asunto en que se actúa, los cuales son los siguientes: 1. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, Pedro Pablo Gámez Acuña, por propio derecho, promovió el presente juicio contra actos del agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Mesa II de la Procuraduría General de Justicia del Estado Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, los cuales hizo consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO.- 1.- Lo es la ilegal notificación del acuerdo de fecha 02 de febrero del año 2015 y que supuestamente fue realizada el mismo día 02 de febrero del año 2015; dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015 y que lleva la autoridad responsable. 2.- Así como la segunda ilegal notificación del acuerdo de fecha 03 de febrero del año 2015, y que supuestamente fue realizada el día 06 de febrero del año 2015, dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015, y que lleva la autoridad responsable. 3.- Acuerdo de fecha 09 de febrero del año 2015. Donde se ordena que dicha denuncia sea enviada al archivo de esa Representación Social y que se tuviera por no puesta, dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015, y que lleva la autoridad responsable. Esto precisamente dada mi incomparecencia, que fue dada por la falta o nula notificación de los actos señalados en los puntos 1 y 2 que anteceden". 2. En sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo. 3. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. 4. Posteriormente en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria de amparo dictada con motivo del medio de impugnación de referencia, en la cual resolvió: ""PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a PEDRO PABLO GÁMEZ ACUÑA, contra los actos reclamados del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MESA II, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REGIÓN LAGUNA II, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". Asimismo, en ese proveído se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 5. Mediante oficio recibido en acuerdo de veintitrés de febrero del presente año, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Mesa II de la Procuraduría General de Justicia del Estado Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del citatorio a nombre del quejoso Pedro Pablo Gámez Acuña de diecinueve de febrero del actual, así como del proveído de veinte del mismo mes y año, en el que se hace constar la incomparecencia del quejoso (fojas 213 a 216), la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación; resolución la anterior, en la cual le fue concedido al quejoso el beneficio de remisión parcial de la pena solicitada. Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, se procede a analizar de oficio conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, si la ejecutoria se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. Asimismo, y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, pues al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, no existe actuación pendiente de realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se hace del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, hágase del conocimiento la presente determinación al Delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, TERCERA INTERESADA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REGIÓN LAGUNA II, CON RESIDENCIA EN SAN PEDRO, COAHUILA.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Pedro Pablo Gámez Acuña. Torreón, Coahuila, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y analizar las constancias que obran en el sumario de amparo, para verificar si la autoridad responsable acató con el fallo protector, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Antes de analizar, se precisan los antecedentes del asunto en que se actúa, los cuales son los siguientes: 1. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, Pedro Pablo Gámez Acuña, por propio derecho, promovió el presente juicio contra actos del agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Mesa II de la Procuraduría General de Justicia del Estado Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, los cuales hizo consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO.- 1.- Lo es la ilegal notificación del acuerdo de fecha 02 de febrero del año 2015 y que supuestamente fue realizada el mismo día 02 de febrero del año 2015; dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015 y que lleva la autoridad responsable. 2.- Así como la segunda ilegal notificación del acuerdo de fecha 03 de febrero del año 2015, y que supuestamente fue realizada el día 06 de febrero del año 2015, dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015, y que lleva la autoridad responsable. 3.- Acuerdo de fecha 09 de febrero del año 2015. Donde se ordena que dicha denuncia sea enviada al archivo de esa Representación Social y que se tuviera por no puesta, dentro de la Averiguación Previa LII/SP2/046/2015, y que lleva la autoridad responsable. Esto precisamente dada mi incomparecencia, que fue dada por la falta o nula notificación de los actos señalados en los puntos 1 y 2 que anteceden". 2. En sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo. 3. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. 4. Posteriormente en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria de amparo dictada con motivo del medio de impugnación de referencia, en la cual resolvió: ""PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a PEDRO PABLO GÁMEZ ACUÑA, contra los actos reclamados del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MESA II, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, REGIÓN LAGUNA II, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". Asimismo, en ese proveído se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 5. Mediante oficio recibido en acuerdo de veintitrés de febrero del presente año, la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora Mesa II de la Procuraduría General de Justicia del Estado Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del citatorio a nombre del quejoso Pedro Pablo Gámez Acuña de diecinueve de febrero del actual, así como del proveído de veinte del mismo mes y año, en el que se hace constar la incomparecencia del quejoso (fojas 213 a 216), la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación; resolución la anterior, en la cual le fue concedido al quejoso el beneficio de remisión parcial de la pena solicitada. Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, se procede a analizar de oficio conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, si la ejecutoria se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. Al respecto se aplica, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, el objeto del presente juicio ha sido remediado, en los términos del numeral 77, fracción I, de la ley de la materia, para los cuales fue concedida la ejecutoria de amparo, dado que el fiscal responsable al emitir el citatorio de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento al fallo protector, dejó procesalmente sin efectos los diversos de dos y tres de febrero de dos mil quince, así como el auto de nueve de febrero de esa anualidad, por el cual ordenó el archivo de la indagatoria de origen LII-SP2/046/2015, subsanando así, las irregularidades cometidas; de ahí que, se estime que la ejecutoria ha sido cumplida, sin exceso o defecto, atento a lo dispuesto por el precepto 196 del ordenamiento legal supracitado. Asimismo, y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, pues al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, no existe actuación pendiente de realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se hace del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, hágase del conocimiento la presente determinación al Delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna II, con residencia en San Pedro, Coahuila, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional, con residencia en San Pedro, Coahuila, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.

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