Pedro Pablo Chim Bacab
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pedro Pablo Chim Bacab
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SECCION AMPAROS EXP. III. 129/2023-A. OFICIO. III. 8871/2023. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. P R E S E N T E. De conformidad con lo acordado en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por PEDRO PABLO CHIM BACAB, contra el acto que reclama de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; me permito remitirle el presente expediente de manera electrónica, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, donde se encuentra de manera electrónica el escrito de expresión de agravios, siendo innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada, que éste Juzgado se encuentra en total disposición de remitir las constancias que la Superioridad estime en su caso, ello, para la correcta substanciación de los recursos de que se trata. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Mérida, Yucatán a doce de abril de dos mil veintitrés. A T E N T A M E N T E. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
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Mérida, Yucatán; a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ... con el cual interpone el recurso de revisión contra el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto y con el cual formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de revisión y expresión de revisión a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito con el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, y de la revisión del informe justificado rendido por el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjuntó, mismo que ya obra agregado en los presentes autos, se advierte que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la denegación de justicia de la responsable, al omitir hacer pronunciamiento respecto del escrito de once de abril de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa ante la responsable, en el sentido de emitir una resolución en el expediente ********************Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la denegación de justicia de la responsable, al omitir hacer pronunciamiento respecto del escrito de once de abril de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa ante la responsable, en el sentido de emitir una resolución en el expediente ********************Ahora bien, de las constancias remitidas por el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que la responsable dictó el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, una resolución en el expediente ********************contestando así el escrito presentado por la parte quejosa el once de abril de dos mil veintidós. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó una resolución el veinticinco de enero del año en curso, en el que se pronunció respecto del escrito presentado por la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar una resolución respecto del escrito de la parte quejosa, en el expediente de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dio contestación al escrito de parte la quejosa, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No pasa desapercibido para esta Juzgadora, que si bien al constituir el acto reclamado en este asunto, una omisión en pronunciarse respecto del escrito de once de abril de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa ante la responsable, en el sentido de emitir una resolución en el expediente ********************respecto de la determinación que emitió la responsable al respecto, podría la parte quejosa ampliar su demanda de amparo. Sin embargo, quien ahora resuelve atendiendo a la naturaleza de la resolución emitida y de la autoridad que en el presente caso dictó la misma, estima que en la especie, no resulta procedente la ampliación de la demanda de amparo, pues de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; de ahí, que las determinaciones que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Lo anterior, determinado así en la tesis VIII.1o.P.A.11 A (11a.), sustentada Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, que realizó una interpretación extensiva de la tesis aislada P. XCVII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo resuelto en los amparos en revisión 448/2015 y 742/2015, por su Primera y Segunda Salas, respectivamente. Tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, página 3757, con registro digital: 2025520, de la Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNO DE SUS VISITADORES REGIONALES QUE DETERMINA DARLA POR CONCLUIDA AL NO ACREDITARSE LOS HECHOS QUE LA SUSTENTARON, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de un visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que determinó que no existían elementos de prueba suficientes y aptos que acreditaran la existencia de los hechos de su queja por la presunta violación de derechos humanos, por lo que de conformidad con el artículo 94, fracción XII, de su reglamento interior se procedió a concluirla. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de uno de los visitadores regionales de dicha comisión estatal de derechos humanos en la que determina dar por concluida la queja presentada ante ese organismo por la presunta violación de derechos humanos, al no acreditarse los hechos que la sustentaron. Justificación: Ello, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 102, apartado B y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se aprecia de una interpretación extensiva de la tesis aislada P. XCVII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo resuelto en los amparos en revisión 448/2015 y 742/2015, por su Primera y Segunda Salas, respectivamente. En este sentido, si de la interpretación del artículo 102, apartado B, de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a su cargo la tutela de los derechos humanos desde una perspectiva política y cuasi jurisdiccional; entonces, las determinaciones finales que emita en ese sentido no pueden analizarse mediante otro mecanismo, como lo es el juicio de amparo, porque ello implicaría ejercer un medio de control sobre otro, en particular, uno jurisdiccional sobre uno no jurisdiccional. Luego, de conformidad con el artículo 94, fracción XII, del Reglamento Interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la resolución que determina que no se acreditaron los hechos reclamados es una forma de conclusión de los expedientes de queja. Por tanto, no es factible estudiar en el juicio de amparo la validez del resto de los procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución General frente a actos y normas que la hayan transgredido." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como correo electrónico de la autoridad responsable y como sus números de teléfono, los que señala en su informe de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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