Pedro Pablo Chim Bacab

Expediente 33/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
33/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Chim Bacab
  • Pedro Pablo Chim Bacab y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil diecinueve Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Pedro Pablo Chim Bacab, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Pedro Pablo Chim Bacab, con el que cumple el requerimiento que le formuló este Juzgado en auto de diez de enero del año en curso. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 en relación con el 61, fracción XVIII, procede desechar la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En dicha disposición legal se consagra el principio de definitividad, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Ahora bien, la disposición normativa antes citada contempla las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En el caso, el acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende se actualiza la hipótesis en comento. En efecto, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en las causas penales 242/2018 y 247/2018, respectivamente, con las cuales se desechó de plano la acción penal instada por el aquí quejoso. Ahora bien, el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido del delito podrán impugnar las resoluciones que ponen fin al proceso. Por su parte, el diverso 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citado establece que son apelables las resoluciones que pongan término al procedimiento o lo suspendan. Bajo esa tesitura, si los actos reclamados consisten en los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, con las cuales la autoridad responsable desechó de plano la acción penal instada por el aquí quejoso, es indudable que dichas determinaciones ponen fin al procedimiento y por ende, son susceptibles de ser apeladas en términos de los artículos 459 y 467, fracción VI, del código adjetivo penal. En ese contexto, previo a ocurrir al juicio del amparo, el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad, esto es, impugnar a través del recurso de apelación la determinación que constituye el acto reclamado, el cual estaba obligado a agotar por no ser extraño al proceso de origen y no encuadrarse en los supuestos de excepción previstos la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que el citado recurso no se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, por lo que el quejoso no estaba en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De ahí que el juicio de amparo en contra de los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en las causas penales 242/2018 y 247/2018, respectivamente, resulta improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad con la interposición del recurso de apelación correspondiente, dado que a través de este medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la determinación reclamada. En tales condiciones, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación aludido, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Pablo Chim Bacab, contra actos del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado, por actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO: Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Pedro Pablo Chim Bacab, con el que cumple el requerimiento que le formuló este Juzgado en auto de diez de enero del año en curso. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 en relación con el 61, fracción XVIII, procede desechar la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En dicha disposición legal se consagra el principio de definitividad, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. Ahora bien, la disposición normativa antes citada contempla las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En el caso, el acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende se actualiza la hipótesis en comento. En efecto, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en las causas penales 242/2018 y 247/2018, respectivamente, con las cuales se desechó de plano la acción penal instada por el aquí quejoso. Ahora bien, el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido del delito podrán impugnar las resoluciones que ponen fin al proceso. Por su parte, el diverso 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citado establece que son apelables las resoluciones que pongan término al procedimiento o lo suspendan. Bajo esa tesitura, si los actos reclamados consisten en los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, con las cuales la autoridad responsable desechó de plano la acción penal instada por el aquí quejoso, es indudable que dichas determinaciones ponen fin al procedimiento y por ende, son susceptibles de ser apeladas en términos de los artículos 459 y 467, fracción VI, del código adjetivo penal. En ese contexto, previo a ocurrir al juicio del amparo, el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad, esto es, impugnar a través del recurso de apelación la determinación que constituye el acto reclamado, el cual estaba obligado a agotar por no ser extraño al proceso de origen y no encuadrarse en los supuestos de excepción previstos la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que el citado recurso no se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, por lo que el quejoso no estaba en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De ahí que el juicio de amparo en contra de los autos fechas veintitrés de noviembre y seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en las causas penales 242/2018 y 247/2018, respectivamente, resulta improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad con la interposición del recurso de apelación correspondiente, dado que a través de este medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la determinación reclamada. En tales condiciones, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación aludido, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Pedro Pablo Chim Bacab, contra actos del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado, por actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el quejoso Pedro Pablo Chim Bacab, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que le formuló este Juzgado en proveído de diez de enero del año en curso. Ahora bien, no ha lugar a tener por subsanada la prevención efectuada en dicho proveído, toda vez que si bien es cierto señala que reclama ambos autos dictados en las causas penales 247/2018 y 242/2018, también es cierto que en el referido acuerdo se apercibió que de no cumplir con lo precisado, se tendría por no presentada la demanda de amparo, y se hizo de su conocimiento que debería adjuntar las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, al no haber exhibido las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes en este juicio, subsiste dicha prevención. Atento a lo anterior, es inconcuso que la parte quejosa cumple parcialmente con lo requerido en el señalado acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, por lo que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado el alto interés público que existe en la tutela de los derechos humanos, por cuanto que aún no transcurre el término de cinco días concedido en el referido acuerdo, el cual le fue notificado a la promovente el dieciséis de los cursantes, y a efecto de no hacer nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando todavía está en tiempo para hacerlo, se le hace saber a la parte quejosa que subsiste el apercibimiento formulado en el proveído de diez de enero del año que transcurre para que dentro de los días restantes del plazo otorgado, que empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo, cumpla con lo anteriormente señalado. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con dicho requisito en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo establecido en el invocado precepto legal 114 de la Ley de la materia aplicable, tal y como se estableció en el acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve. Con apoyo en la tesis jurisprudencial número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

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