Pedro Pablo Cardenas García

Expediente 1215/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1215/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Cardenas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el catorce de enero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual modo, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1215/2018-IV, promovido por Pedro Pablo Cárdenas García, contra los actos reclamados y respecto de las autoridades responsables que se precisaron en el considerando tercero de este sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de este propio fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Como lo solicita(n) la(s) autoridad(es) responsable(s) citada(s), con fundamento en el artículo 9° de la Ley de la materia, téngase como delegados de su parte a las personas que menciona(n) y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica(n). Finalmente, con fundamento en la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento de cuenta, que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que en auto de once de diciembre del presente año, se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos, el acta de comparecencia de diecinueve de diciembre del presente año, mediante la cual el quejoso Pedro Pablo Cárdenas García, ratifica el contenido y firma de su escrito presentado el trece del mismo mes y año, que obra en autos; en atención a lo anterior, se procede a acordar dicho ocurso. Glósese a los autos el escrito presentado por el quejoso Pedro Pablo Cárdenas García, por el cual amplía su escrito inicial de demanda. Ahora bien, a fin de proveer sobre el escrito ratificado, es necesario precisar el acto por el que se pretende ampliar la demanda de amparo. A fin de lograr lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral del escrito de ampliación, así como del análisis de la demanda de amparo y constancias que integran el presente sumario, se advierte que la parte quejosa pretende ampliar la presente demanda de amparo, respecto del acto que atribuye al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Región Centro y Altiplano en el Estado, consistente en: - La orden de enviar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que tome conocimiento de la condena impuesta al quejoso en la sentencia dictada en el proceso penal 172/2014, del índice del Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, consistente en su destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; orden contenida en proveído dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, en autos del expediente de ejecución 216/2018. Ello, toda vez que de la copia certificada del oficio 1277/2018 que la responsable adjuntó a su informe de ley, en el cual se contiene la transcripción del aludido proveído emitido el dieciocho de septiembre del año en curso, en autos del expediente de ejecución 216/2018, del índice del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Región Centro y Altiplano en el Estado, se señaló textualmente lo siguiente: "Por otra parte, en cuanto a la destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, se ordena enviar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, para que tome conocimiento de dicha circunstancia, toda vez que el sentenciado pertenece a dicha corporación policiaca." Precisado lo anterior, se estima que en el caso no resulta procedente admitir la ampliación de demanda propuesta por el quejoso. Al respecto, es necesario tener presente el contenido del artículo 111 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Del citado precepto legal se advierte que sólo podrá ampliarse el escrito de demanda cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; en este caso, la ampliación deberá presentarse dentro del plazo de quince días. Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 1º fracción I, 107, fracción II, 108 fracción IV, y 115 de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, no ha lugar a tener por ampliada la demanda inicial respecto del acto y conceptos de violación que atribuye al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Región Centro y Altiplano en el Estado, de conformidad con las siguientes consideraciones: En principio es necesario destacar que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la Jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados. Sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio al amparista podrán tener remedio a través de su impugnación en otro juicio de garantías, ya que no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. En ese tenor, como se señaló con antelación, el peticionario de amparo pretende ampliar la demanda de amparo por lo que se refiere a la orden emitida por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Región Centro y Altiplano en el Estado, consistente en enviar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que tome conocimiento de la condena impuesta al quejoso en la sentencia dictada en el proceso penal 172/2014, del índice del Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, consistente en su destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, contenida en proveído dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, en autos del expediente de ejecución 216/2018. Sin embargo, dicho acto, de ninguna forma tiene vinculación estrecha con el originalmente reclamado. En efecto, en principio cabe señalar que el quejoso reclama en su escrito inicial de demanda de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Dirección General de Seguridad Pública del Estado, el acto que precisó de la siguiente manera: "[.] IV.-ACTO RECLAMADO.- La instauración de procedimiento injusto e ilegal para Cesar, destituir e inhabilitar al Suscrito sin cumplir las formalidades exigidas por la ley y sin mediar las reglas esenciales y sin haber sido oído y vencido, y que pretenden materializar las responsables." En ese tenor, deviene evidente que el acto por el que se pretende ampliar la demanda de amparo, carece de estrecha vinculación con el acto inicialmente reclamado, pues aquél se encuentra vinculado con la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 172/2014, del índice del Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, y no con la instauración de un procedimiento instaurado por las autoridades administrativas señaladas originalmente como responsables, tendiente a cesar, destituir o inhabilitar al quejoso, ergo no es susceptible de actualizar la segunda hipótesis prevista en el numeral 111 de la Ley de Amparo, para ampliar la demanda. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, se desecha la ampliación de demanda propuesta por la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior consideración, la Jurisprudencia número VI.2º.C.J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1339 del Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS.- La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Se invoca por su contenido, la jurisprudencia P./J. 15/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." No obstante lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto por el que se pretende ampliar la presente demanda de amparo, adicionalmente se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Asentado lo anterior, se concluye que la orden emitida por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Región Centro y Altiplano en el Estado, consistente en enviar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que tome conocimiento de la condena impuesta al quejoso en la sentencia dictada en el proceso penal 172/2014, del índice del Juzgado Cuarto Penal de esta ciudad, consistente en su destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, contenida en proveído dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, en autos del expediente de ejecución 216/2018 (acto por el que se pretende ampliar la demanda de amparo), no constituye en forma definitiva la última resolución emitida en dicha etapa. Se afirma lo anterior, pues deviene evidente que a través de dicha determinación de ninguna manera se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco se ordena el archivo definitivo del expediente, de ahí que el juicio de amparo que se intenta en su contra resulte improcedente. Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada, sino que por el contrario tiende a ejecutar la sentencia condenatoria emitida en la causa penal de origen, pues precisamente de su contenido se advierte textualmente lo siguiente: "Por recibido .el oficio 2439/2018, que remite la .Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto del Ramo Penal .al que acompaña el duplicado del proceso penal 172/2014 del índice de su juzgado, en el cual consta .la sentencia condenatoria emitida el 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, así como de la resolución emitida en fecha 18 dieciocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, dentro de los autos del toca de apelación número 761/2017 emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado la que en donde confirma la sentencia condenatoria dictada a PEDRO CARDENAS GARCÍA y JOSÉ MARTÍNEZ CASTILLO, por los delitos de LESIONES CALIFICADAS y ABUSO DE AUTORIDAD cometidos en agravio de Ángel López Niño, quienes fueron condenados a: TERCERO. Por su probable responsabilidad penal. se les impone la destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. De conformidad con .la Ley Nacional de Ejecución Penal, se INICIA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL, únicamente en lo que refiere al sentenciado PEDRO PABLO CARDENAS GARCÍA .se procede a ejecutar la sentencia, requiérase a PEDRO PABLO CARDENAS GARCÍA, .para que dentro del término de 3 TRES DIAS, contados a partir del día siguiente a la notificación que se realice comparezca antes este órgano jurisdiccional, a manifestar si es su deseo acogerse a alguno de los beneficios que le fueron concedidos, así como cubrir los requisitos a que se refiere el artículo 81 del Código Penal para el Estad, vigente al momento en que sucedieron los hechos, particularmente para que pague íntegramente la reparación del daño y (en su caso la sanción pecuniaria) .Por otra parte, en cuanto a la destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, se ordena enviar atento oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, para que tome conocimiento de dicha circunstancia, toda vez que el sentenciado pertenecía a dicha corporación policiaca." Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 28/2010, en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 60, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." Luego, debe tenerse presente que el acto reclamado no se produce de forma independiente a la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva con que concluyó la causa penal 172/2014, condenándolo a la destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la ampliación demanda de que se trata. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.".

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